déficit previsional

El Gobierno modifica el Presupuesto 2026 por DNU: refuerza fondos para el pago de salarios, deuda y programas sociales

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El Gobierno nacional volvió a recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia para introducir modificaciones al Presupuesto 2026 con el objetivo de reforzar partidas destinadas a áreas consideradas críticas para el funcionamiento del Estado. A través del DNU 594/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reasignó recursos para afrontar incrementos salariales, fortalecer el financiamiento de las universidades nacionales, ampliar el presupuesto de la ANSES para cubrir déficits previsionales provinciales y garantizar el funcionamiento de distintos organismos de la Administración Pública.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y la totalidad del Gabinete, sostiene que la adecuación presupuestaria resulta indispensable para evitar riesgos en la prestación de servicios esenciales y para atender compromisos que surgieron durante la ejecución del ejercicio fiscal. El decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez conforme al procedimiento previsto para los DNU.

Uno de los principales ejes de la modificación es el refuerzo presupuestario para la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Los nuevos recursos estarán destinados a financiar la política salarial de docentes y no docentes de las universidades nacionales y asegurar la continuidad del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, una herramienta orientada a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo. El área recibirá un aumento de $1.335.312.502.795 en su partida presupuestaria.

En paralelo, el Ejecutivo amplió el presupuesto de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para garantizar el financiamiento del Programa Monotributo Social, mecanismo que facilita la formalización laboral de trabajadores de bajos ingresos y emprendedores de la economía popular.

Otro de los capítulos de mayor impacto económico corresponde a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El decreto fija en $409.342.664.874 el crédito presupuestario destinado a financiar las transferencias hacia las cajas previsionales provinciales con déficit no transferidas al Estado nacional, consolidando uno de los principales compromisos financieros del sistema previsional argentino.

La readecuación también alcanza a la Jurisdicción Servicio de la Deuda Pública, cuyos créditos fueron incrementados para asegurar el cumplimiento de los vencimientos financieros previstos durante el ejercicio. Paralelamente, se modifican partidas de Obligaciones a Cargo del Tesoro para asistir financieramente a Educ.ar S.A.U., empresa estatal que depende de la Secretaría de Educación y desarrolla contenidos y plataformas digitales para el sistema educativo.

El decreto incorpora además una operación financiera relevante para las cuentas públicas. El Ministerio de Capital Humano deberá transferir al Tesoro Nacional $280.510.611.926, correspondientes al reembolso de fondos vinculados al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, recursos que habían sido adelantados previamente por el Tesoro.

La modificación presupuestaria también contempla ajustes administrativos derivados de cambios en la estructura del Estado. Mientras se completan las adecuaciones formales de organismos cuya naturaleza jurídica fue modificada durante 2026, el Ejecutivo dispuso que continúen ejecutando sus gastos con cargo a las partidas originalmente asignadas.

Se asignaron más fondos para el funcionamiento de hospitales nacionales. El Hospital Garrahan recibirá $103.966 millones, mientras que el Hospital Cuenca Alta Nestor Kirchner contará con $17.521 millones, entre otros centros de salud del sistema SAMIC.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) recibió un refuerzo total de $49.261 millones, que incluye partidas para personal, bienes de consumo y equipos de computación. Por su parte, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal también recibieron adecuaciones en sus créditos para gastos de personal y funcionamiento.

En cuanto a la deuda pública, se registró una readecuación importante del presupuesto para cumplir con los servicios financieros del ejercicio actual, incluyendo la amortización de letras intransferibles al Banco Central por más de $18 billones, utilizando recursos del Tesoro Nacional.

Las planillas anexas al decreto muestran que la redistribución de recursos alcanza a numerosos organismos del Estado. Entre ellos aparecen refuerzos para el Poder Judicial, el Ministerio Público, universidades nacionales, áreas de seguridad, cultura y diversos organismos descentralizados, principalmente para afrontar gastos salariales, funcionamiento e inversiones operativas.

Desde una perspectiva fiscal, el DNU refleja las tensiones propias de la ejecución presupuestaria en un contexto de fuerte disciplina sobre el gasto público. Aunque el Gobierno mantiene como objetivo central el equilibrio fiscal, la dinámica de la administración obliga a reasignar partidas para atender compromisos salariales, previsionales, educativos y financieros que no podían postergarse sin afectar el funcionamiento del Estado.

DNU 594/2026 by CristianMilciades

La decisión confirma, además, que el Poder Ejecutivo continúa utilizando la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia para introducir modificaciones presupuestarias durante la ejecución del ejercicio, una práctica prevista por la legislación vigente pero que, como ocurre con todos los DNU, quedará sujeta al control político posterior del Congreso de la Nación.

anexo 1 DNU 594/2026 by CristianMilciades

anexo 2 DNU 594/2026 by CristianMilciades

anexo 3 DNU 594/2026 by CristianMilciades

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Misiones y Nación firman un convenio para avanzar en la regularización de la deuda previsional

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El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), firmó un convenio con el gobierno de Misiones con el objetivo de avanzar en la regularización de la deuda vinculada al sistema previsional de la provincia. El acuerdo fue rubricado por el gobernador Hugo Passalacqua en un encuentro con la ministra Sandra Pettovello y el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi.

El entendimiento busca establecer un mecanismo de trabajo para comenzar a normalizar la situación derivada del déficit de la caja previsional misionera -administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS)- que no fue transferida a la órbita nacional durante el proceso de reformas previsionales de la década de 1990.

Como parte del acuerdo, la provincia se compromete a abstenerse de iniciar acciones legales de reclamo mientras se avanza en la revisión técnica de los montos adeudados y en la definición de un esquema de compensación progresiva.

Passalacqua valoró el entendimiento como un paso en la dirección correcta para resolver un conflicto de larga data entre la provincia y la Nación.

“Es para normalizar de a poco la deuda por la caja previsional no transferida a Nación desde los años noventa, que nos deben desde 2018. Buen paso la verdad”, señaló el mandatario en diálogo con Economis.

Una deuda previsional acumulada

Misiones mantiene desde hace años un reclamo ante la ANSES por las transferencias que corresponden al financiamiento de su sistema previsional provincial. La provincia decidió conservar su caja jubilatoria -a diferencia de otras jurisdicciones que la transfirieron al sistema nacional-, lo que habilita la compensación del déficit previsional mediante convenios con el Estado nacional.

De acuerdo con informes oficiales del gobierno misionero, la deuda acumulada por este concepto alcanzaba hacia fines de 2024 los 300.000 millones de pesos, correspondientes principalmente a los déficits registrados entre 2019 y 2024.

La falta de actualización y transferencia de esos fondos impactó en las cuentas públicas provinciales, ya que el financiamiento del sistema previsional debe sostenerse con recursos propios cuando los envíos nacionales se retrasan o no se concretan.

Misiones, bajo la gestión de Passalacqua, viene insistiendo en el cumplimiento de los pactos fiscales firmados entre Nación y las provincias, que establecen mecanismos de compensación para las jurisdicciones que mantuvieron sus sistemas previsionales propios.

En ese marco, el gobierno provincial exige el envío de fondos para el Instituto de Previsión Social, señalando que los retrasos en las transferencias se arrastran desde hace años y continúan incluso bajo la actual administración nacional. Esta situación, advierten desde la provincia, genera presión sobre el financiamiento del sistema de jubilaciones y pensiones provincial.

Frente a este escenario, Misiones intensificó en los últimos meses las gestiones administrativas y la verificación técnica de los datos previsionales para sustentar el reclamo ante la Nación. Incluso, desde el gobierno provincial se llegó a analizar la posibilidad de avanzar con medidas judiciales para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.

El convenio firmado con la ANSES abre ahora una instancia de revisión técnica de la deuda y establece una mesa de trabajo entre el organismo nacional y el gobierno provincial para auditar los números del sistema previsional y avanzar en un esquema gradual de compensación.

En términos fiscales, la normalización de estas transferencias resulta clave para la provincia, ya que el financiamiento del sistema jubilatorio constituye uno de los compromisos estructurales más relevantes del presupuesto público.

Para Misiones, el acuerdo representa un paso inicial hacia la resolución de un reclamo histórico que afecta de manera directa la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social y el equilibrio de las cuentas provinciales.

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