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Unión Europea redefine exigencias ambientales y mantiene presión sobre la soja argentina

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La Unión Europea introdujo cambios operativos en el reglamento contra la deforestación, pero mantuvo intacto el núcleo de exigencias para soja, carne y madera. Argentina sigue clasificada como país de “riesgo estándar” y el costo de trazabilidad continúa siendo uno de los principales desafíos para el sector exportador.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Comisión avanzó con una nueva etapa de ajustes sobre el Reglamento de Productos Libres de Deforestación (EUDR), una normativa que busca bloquear el ingreso al mercado europeo de materias primas y derivados vinculados a desmontes y degradación forestal.

Aunque Bruselas presentó modificaciones destinadas a simplificar procedimientos administrativos para operadores europeos, las exigencias estructurales sobre trazabilidad y debida diligencia continúan prácticamente intactas para los países exportadores. En el caso argentino, el impacto sigue concentrado sobre cadenas estratégicas como soja, carne bovina y madera, sectores con fuerte peso económico en el NEA y particularmente en Misiones.

La Comisión Europea aclaró que los cambios impulsados entre 2024, 2025 y la nueva revisión de abril de 2026 buscan aliviar la carga operativa de empresas europeas pequeñas y medianas, además de los actores “aguas abajo” dentro de la cadena comercial del bloque. Sin embargo, el esquema mantiene elevada la responsabilidad sobre quien introduce el producto en el mercado europeo.

La UE flexibiliza procesos internos, pero no modifica el corazón del sistema

Documentos, enmiendas legislativas y cambios en sistemas y criterios alivian la carga operativa y administrativa del downstream europeo, pero refuerza la carga de responsabilidad sobre el operador (importador) que ingresa productos al mercado de la UE.

En diciembre de 2025, el Parlamento y el Consejo Europeo adoptaron una enmienda en la regulación EUDR 2023/1115, la que busca combatir la deforestación y la degradación forestal en la cadena de suministro de materias primas y productos derivados que se colocan en el mercado europeo. A la vez, le pidieron a la Comisión Europea que hiciera una revisión simplificada y la presentara, junto con una propuesta legislativa, para su consideración a fines de abril de 2026. Así se dieron a conocer propuestas y aclaraciones, que, de todas formas, no cambian significativamente el rumbo que la EUDR empezó a trazar desde su sanción.

La Comisión Europea concluyó que las medidas introducidas en 2024 y 2025 y las de esta versión de abril de 2026 son más que suficientes para alivianar significativamente la carga administrativa y simplificar los trámites que las empresas deben cumplir en el marco de la EUDR. Si se leen detenidamente, se advierte que, por sobre todas las cosas, el conjunto de medidas apunta a los países de bajo riesgo (Argentina está calificada de riesgo estándar), a los operadores pequeños y medianos (de la UE) y a los actores aguas abajo en la cadena de abastecimiento (los que se encuentran en el mercado europeo, una vez introducido el producto relevante en el bloque). 

En los documentos recientemente publicados hay tres grupos de ajustes: 1) cambios normativos; 2) aclaraciones, remociones y agregados en los documentos Guía (Guidance, en su denominación en inglés) y Preguntas Frecuentes (FAQ o Frequently Asked Questions, en inglés); y 3) medidas tomadas en relación con el Sistema de Información y otras herramientas digitales.


En el primer grupo de cambios normativos, ¿cómo se verían afectados los productos argentinos?

Dentro del primer grupo, el de las modificaciones regulatorias, cabe repasar lo ocurrido desde la aprobación de la EUDR 2023/1115. Previo a los últimos conocidos en la primera semana de mayo, ocurrieron otros tres cambios importantes: 

1) se dilató en dos oportunidades la fecha de aplicación de las responsabilidades de todos los involucrados en lo que concierne a la EUDR, estableciendo distintos momentos de inicio según categoría de operador; 

2) se amplió la categorización de actores involucrados, los que asumen diferentes tipos de responsabilidades; y 

3) se pasó de un sistema de Declaración de Diligencia Debida (DDD) para todos los operadores y comerciantes a uno en donde la declaración únicamente la debe hacer quien primero introduce el producto relevante. Esto significa que se reduce significativamente la carga de responsabilidad en el resto de los operadores y comerciantes dentro del mercado de la Unión Europea, lo que varía el nivel de información o recopilación de datos que debe hacerse según la categoría en la que se encuentren. 

Cabe aclarar que, dentro de las novedades legislativas importantes, la categorización de riesgo de deforestación por país fue un punto crítico. Si bien no es una enmienda normativa, sí es una notificación que cumplió pasos legales e impactó en los países productores y proveedores de materias primas relevantes y de productos relevantes. 

En este mayo de 2026 se presentó una propuesta de Reglamento Delegado, con el que se busca modificar el Anexo I del EUDR. Dicho anexo contiene temas conceptuales y el listado de materias primas y productos relevantes para la regulación. En la enmienda se propone la remoción y exención de algunos productos relevantes y la inclusión de otros, pero no se cambian las materias primas relevantes -las mismas 7 originales; esto es, ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera-. 

Para nuestro país lo más importante está en el complejo del ganado bovino, ya que se eliminaron cuero y pieles en bruto, cuero y pieles curtidas y preparados después del curtido y cueros y pieles apergaminados derivados del ganado bovino. ¿Cuál fue la fundamentación para el cambio? La alta diferenciación de la cadena de valor del cuero respecto de la de la carne. Es que resulta raro que las curtiembres generen los suficientes incentivos económicos como para influir en la industria de la carne roja, que es la principal demanda en la cría, invernada y faena de los bovinos. Se considera que los operadores en la UE tienen una muy limitada influencia para exigir a sus proveedores la información de debida diligencia. Por otra parte, en pos de la coherencia, a la inclusión de lenguas de bovino frescas le agregaron las de congeladas. No hubo nada relevante o cambio alguno que implique al complejo soja.

Segundo grupo, el de las aclaraciones e interpretaciones

Con el objetivo de simplificar la carga administrativa, se introdujeron cambios y se hicieron precisiones dentro de los dos documentos mencionados más arriba, la Guía y el de Preguntas Frecuentes. Se mencionan algunas de esas alteraciones, sólo para que se tenga una idea de hasta qué punto se pone el foco en la menor carga administrativa [para los operadores, los industriales y los comerciantes europeos]. 

Además de que el obligado a efectuar la Declaración de Debida Diligencia (DDD) o Declaración Simplificada (DS) es el primero que introduce el producto relevante al mercado europeo, se refuerza el rol de los Operadores Intermedios o de aguas abajo como simples recolectores de los números de referencia de las DDD o DS. (Se recuerda que el Operador Intermedio es quien coloca en el mercado un producto pertinente, fabricado a partir de otro producto o materia prima pertinente que ya están cubiertos por la DDD o DS.) De hecho, ni siquiera tienen que requerir esa información a su proveedor, quien tiene la obligación de proporcionársela. En definitiva, se robustece el objetivo de simplificar la carga administrativa y operativa de todos los intervinientes aguas abajo en la cadena de transformación y comercialización de productos relevantes. 

Con la introducción de nuevas clasificaciones entre los participantes (Operador, Operador Intermedio, Micro y Pequeño Operador Primario, Comerciante –Trader-, Empresa y Consumidor final), la debida diligencia también toma distintas formas, pero todo enfatizando el objetivo mencionado en el párrafo anterior.

Se proporcionaron guías respecto de cuáles son los umbrales de tamaño para que un operador entre en la categoría de Micro y Pequeños Operadores Primarios, el cual sólo puede encontrarse en un país de bajo riesgo (país miembro de la UE y otros, como EE. UU.; ver mapa). Con una aplicación de la normativa desde el 30 de junio de 2027, los MyPOP pueden utilizar una dirección postal en lugar de la geolocalización, si la dirección se corresponde con las parcelas productivas, y presentar una declaración simplificada por única vez, sin necesidad de realizar la evaluación ni la mitigación de riesgo.  


El tercer grupo, el de herramientas operativas

Dentro de este grupo se incluyen respuestas a varias demandas hechas por los usuarios, demandas que se empezaron a plasmar en el Sistema de Información. En este sistema se permitirá la presentación de declaraciones simplificadas, únicas para micro y pequeños productores primarios, se habilitaron perfiles específicos para micro y pequeños operadores primarios downstream y se incluyeron herramientas para la agrupación voluntaria de números de referencia en DDD o DS. También se introdujeron mejoras en la interfaz de programación de APIs, lo que permitiría que las empresas que manejan grandes volúmenes puedan subir en un solo bloque las declaraciones debidas desde sus propios sistemas.

La segunda parte de este tercer grupo es la decisión de la Comisión de establecer dos repositorios centrales, que estarían disponibles para diciembre de 2026. Uno muy importante es el de las legislaciones relevantes de los países productores. Esto facilitará a los operadores –y a las autoridades de control de cada país miembro de la UE- estar chequeando los marcos legales extranjeros desde cero, permitiéndoles cumplir con el criterio de legalidad. El otro repositorio anunciado no menos importante es el de los esquemas de certificación. Es decir, la Comisión Europea ha manifestado en varias oportunidades que no hará reconocimiento de esquemas de certificación o verificación desarrollados por terceros aplicables para las materias primas relevantes, pero la sola introducción de cualquiera de estos sistemas en ese repositario implica que, mínimamente, habrá pasado algún filtro. 

En este sentido, cabe destacar el hecho de que el Reporte que preparó la Comisión para el Parlamento y el Consejo Europeos describe a VISEC como una plataforma digital innovadora de Argentina que permite la trazabilidad de las exportaciones de soja. Se menciona junto con otros sistemas y herramientas digitales nacionales que están siendo desarrollados o mejorados por diversos países para prepararse para el cumplimiento del Reglamento EUDR.


Ahora bien, ¿el conjunto de estos ajustes afecta a la cadena de valor del complejo soja argentino?

Para el sector agroindustrial enfocado en el complejo de la soja (grano, harina, aceite, etc.), el conjunto de estos ajustes no introduce flexibilidades operativas importantes, ya que estaban dentro de lo que se conocía hasta el momento. Sólo para resumirlas, se pueden mencionar:

a)    La flexibilidad de la “declaración en exceso” 
La regulación se basa en una trazabilidad estricta, pero reconoce la posibilidad de efectuar una “declaración en exceso” (declarar coordenadas de un número de parcelas mayor al que realmente produjo la soja comercializada) en casos específicos donde se produzca la rotación de cultivos. Esto facilita el trámite para las explotaciones donde la soja se cultiva en diferentes partes de la tierra cultivable total cada año.

b)    Manejo de silos y almacenamiento a granel 
La soja es un producto que se comercializa mayoritariamente a granel, pero se reitera que está prohibido el “balance de masa”; esto es, que mezclen soja libre de deforestación con soja de origen desconocido o no conforme. Cuando se mezcla soja conforme de múltiples orígenes en un mismo depósito: 1) el operador debe declarar el lugar de producción de “todos los bienes que ingresaron al silo desde la última vez que estuvo vacío”; 2) si los silos no se vacían regularmente, se puede usar un sistema de “primero en entrar, primero en salir” (FIFO) u otro equivalente que asegure que no se mezclen materias primas de origen desconocido.

c)    Delimitación de las parcelas de producción 
Si la soja se cultiva en una parcela que forma parte de una propiedad inmobiliaria más grande, el operador tiene la flexibilidad de “declarar únicamente el área específica cultivada con soja”, o bien declarar la propiedad entera siempre que toda ella goce de condiciones homogéneas de riesgo

d)    Reglas sobre la soja usada como alimento para ganado 
La harina y el pellet de soja son insumos clave para la alimentación animal. Por lo tanto, si un ganadero alimenta a sus animales con harina de soja, debe asegurarse de que ésta sea libre de deforestación. No obstante, “el ganadero no necesita proporcionar la geolocalización de esa soja”; le bastará con guardar las facturas o los números de referencia de la declaración de diligencia debida (DDS) de su proveedor de soja (el caso de un ganadero europeo). En el caso que un productor europeo importe harina de soja para alimentar aves de corral (como el caso de los pollos, que no están en el alcance del EUDR), se convierte en “operador” al importar la soja y debe presentar una DDS en la Aduana. Si usa su propia soja cultivada internamente para alimentar a sus pollos, queda fuera de la regulación porque no comercializa la soja.

e)    Reconocimiento a plataformas de trazabilidad 
El informe de la Comisión destaca positivamente el surgimiento de sistemas digitales innovadores en los países productores que facilitan el cumplimiento para el sector. Si bien no es un reconocimiento formal respecto de cuál sistema convalida y cuál no, la mención y potencial inclusión en un repositario es un paso adelante.

f)    Régimen simplificado para pequeños productores de soja 
Al igual que en otras cadenas, los agricultores de soja que califiquen como “micro o pequeños operadores primarios” (MSPOs) y estén en países de bajo riesgo, “ya no tendrán que presentar una declaración por cada envío”. Solo deberán realizar una “declaración simplificada” única e incluso podrán usar datos catastrales o direcciones postales en lugar de polígonos de geolocalización complejos.


Conclusión

Si bien el reporte de la Comisión celebró la reducción de costos que implicaría la simplificación del sistema debido a las menores obligaciones de distintos agentes aguas abajo (downstream) en el mercado europeo, no se ha evaluado el costo de la segregación y la trazabilidad de los productos en el upstream pasando las fronteras del bloque de la UE hasta las explotaciones del país productor.

Puede decirse, entonces, que para la cadena de valor exportadora del complejo soja de Argentina no ha cambiado mucho las cosas en lo que respecta al cumplimiento de la EUDR. En la vereda opuesta, sí resultaría significativo, en el caso de aprobarse la propuesta, la exclusión de los cueros vacunos, pero el impacto sólo se sentiría en la industria curtidora, ya que el sector ganadero en su conjunto sigue bajo la lupa de la EUDR.  

Por lo tanto, resta, por un lado, seguir la recepción de los ajustes sugeridos por la Comisión ante el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, por si hubiera algún cambio en ese frente. Aquí se está hablando de un plazo que podría prolongarse, como mucho, hasta agosto.

Por el otro, es importante apoyar, con todos los fundamentos y elementos posibles, las gestiones de nuestros propios funcionarios gubernamentales ante las autoridades europeas en dos temas claves. Uno de ellos es enfatizar la complejidad de la segregación en una materia prima a granel, como es la soja, ya que la regulación lleva a apartar a una parte importante de la producción oleaginosa de la comercialización de commodities para ubicarla en el proceso logístico del negocio de una specialty. En este punto, el costo no es un ítem despreciable. El otro tema no menor es insistir en la calificación de Argentina como país de riesgo bajo, para el que existen suficientes argumentos.

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La Corte interviene en una demanda de provincias por la eliminación del fondo de bosques

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió asumir competencia originaria en la demanda presentada por las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa contra el Estado nacional por la disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), dispuesta por el decreto 888/24. El tribunal corrió traslado al Gobierno para que responda en un plazo de 60 días, habilitando un conflicto de alto voltaje institucional.

El expediente introduce una tensión estructural: la disputa por recursos con asignación específica frente a la decisión del Ejecutivo de centralizarlos en el Tesoro. En juego no solo está la política ambiental, sino la arquitectura del federalismo fiscal.

Un fondo con anclaje legal y compromisos internacionales

El Fobosque fue creado por ley en 2018 como instrumento para financiar políticas de protección de bosques nativos, en línea con compromisos asumidos por Argentina en el marco del Acuerdo de París. Su objetivo era canalizar recursos hacia provincias para tareas de conservación, restauración y manejo sostenible.

Las provincias sostienen que su disolución implica una transferencia indebida de fondos que, por ley, tienen asignación específica dentro del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), previsto en la ley 26.331.

El planteo judicial apunta a declarar la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 del decreto, bajo el argumento de que vulnera normas legales y compromisos internacionales.

Judicialización de la política ambiental y financiera

La decisión de la Corte no resuelve el fondo del conflicto, pero altera el escenario: valida la vía judicial como canal de disputa entre Nación y provincias y abre la puerta a una eventual revisión del decreto.

Además, el tribunal dejó pendiente la evaluación de medidas cautelares solicitadas por las provincias —como la restitución de fondos— hasta que el Estado responda o venza el plazo otorgado.

El proceso también incorpora reclamos por transferencias no realizadas correspondientes a 2023 y 2024, lo que agrega una dimensión fiscal inmediata al conflicto.

El caso expone una tensión clásica del federalismo argentino: la administración de fondos con destino específico frente a decisiones centralizadas del Ejecutivo nacional.

Las provincias demandantes buscan preservar capacidad de ejecución sobre políticas ambientales y recursos asociados. El Gobierno, en cambio, avanzó con la disolución del fideicomiso, lo que implica un rediseño en la administración de esos fondos.

La intervención de la Corte coloca al Poder Judicial como árbitro de una disputa que trasciende lo ambiental y se inscribe en la puja por recursos.

Financiamiento en disputa y ejecución de políticas

El conflicto tiene efectos concretos sobre la economía de las provincias involucradas. Los fondos en discusión estaban destinados a financiar proyectos de conservación, lo que implica:

  • Recursos para actividades productivas sostenibles
  • Financiamiento para manejo de bosques
  • Transferencias directas a jurisdicciones

La eventual paralización o redireccionamiento de esos fondos puede afectar la ejecución de políticas públicas vinculadas al territorio.

Cautelares, respuesta del Estado y posible fallo de fondo

El proceso judicial entra ahora en una fase clave: la respuesta del Estado nacional y la eventual resolución de medidas cautelares. La Corte deberá evaluar si corresponde restituir fondos antes del fallo definitivo.

Las variables a seguir serán el alcance de la defensa del Gobierno, la posición de la Procuración y el eventual impacto de este caso en la relación fiscal entre Nación y provincias.

El conflicto ya está judicializado. Lo que resta definir es si se limita a un caso puntual o si reconfigura reglas más amplias sobre la gestión de recursos ambientales en Argentina.

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Efecto borde: un factor soslayado de la deforestación que genera degradación “invisible” de bosques nativos

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(Agencia CyTA-Leloir).- El Chaco Seco, un bosque seco subtropical que abarca porciones de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, es una de las regiones del mundo con mayor tasa de deforestación en las últimas décadas. Esto genera impactos negativos sobre la conservación de la biodiversidad y el balance de carbono, entre otros aspectos. Ahora, un equipo de investigación de Argentina y Alemania advierte que existe un factor subestimado o inadvertido que también produce una degradación forestal “muy relevante”: el llamado “efecto borde”, que define los cambios en la estructura y funcionamiento de los bosques en las áreas lindantes al desmonte. Una especie de daño a distancia.

El efecto borde “puede tener una profundidad de hasta 700 metros y una magnitud cercana al 40% en términos de la caída de la cobertura de árboles y arbustos y de la cantidad de biomasa, lo que implica una degradación de casi el 20% de los bosques remanentes”, explicó a la Agencia CyTA-Leloir el doctor en Biología y autor principal del estudio, Sebastián Torrella, docente investigador del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA), que depende del CONICET.

“Si como impacto del avance agropecuario contamos sólo el bosque perdido por deforestación (que es un montón) estamos subestimando el verdadero impacto. Los bosques que no son desmontados también son afectados de manera muy relevante a través del efecto borde”, remarcó Torrella.

Para el trabajo, publicado en la revista Global Change Biology, Torrella y colegas analizaron imágenes satelitales y diseñaron mapas de la región del Chaco Seco desde 1976, incluyendo un relevamiento de la cobertura vegetal del bosque, los lotes desmontados y la actividad desarrollada en cada uno de ellos, como agricultura o pastura.

Los resultados fueron alarmantes. Por distintos factores, como mayor exposición a la radiación solar o el viento, la deriva de agroquímicos o la incursión de ganado, el bosque sufre el impacto de los lotes contiguos. Y no es un perjuicio menor: el equipo de investigación calculó que el efecto borde en el Chaco Seco habría implicado la pérdida de 92,3 millones de toneladas de biomasa aérea, lo que equivale a llenar 1.000 estadios grandes de fútbol con madera y vegetación compactada. El efecto probó ser mayor cuando las áreas desmontadas se destinaron a cultivos.

“Esa degradación no se expresa en el momento, sino a lo largo de los años o décadas. Por eso decimos en el artículo que queda una ‘deuda de degradación’ pendiente”, sostuvo Torrella.

“En virtud del hallazgo ¿se deberían incluir ‘áreas de amortiguamiento’ o distancias mínimas obligatorias entre los cultivos y el bosque?”, preguntó la Agencia CyTA-Leloir“Para un desmonte nuevo no recomendaría utilizar parte del área habilitada como zona de amortiguamiento. Me parece más razonable que en esa área se mantenga bosque, porque es importante mantener la mayor superficie de bosque posible”, respondió Torrella. Y añadió que sería necesario planificar la forma y el tamaño de los lotes y bosques remanentes, evitando la fragmentación para minimizar la cantidad de estos últimos que queden expuestos al impacto del efecto borde.

“Nuestro trabajo apoya la visión de que la planificación de la conservación debe priorizar áreas forestales grandes y contiguas para ayudar a mantener bosques ecológicamente funcionales”, concluyó el equipo autoral.

Del estudio también participaron Rubén Ginzburg y Sebastián Aguiar, del IEGEBA; María Piquer Rodríguez, de la Universidad Libre de Berlín, Alemania; Matthias Baumann, Marie Pratzer y Tobias Kuemmerie, del Departamento de Geografía de la Universidad de Humboldt de Berlín, Alemania; y Gregorio Gavier Pizarro, del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales (IFRGV) del INTA, en Córdoba.

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PEFC impulsa “The Timber Truth” y busca posicionar la madera certificada en los mercados globales de la construcción sostenible

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En un escenario internacional donde la trazabilidad ambiental y la descarbonización se volvieron condiciones de acceso a mercados, el Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) acompañó la presentación de “The Timber Truth”, una publicación que apunta a desarmar 16 mitos sobre el uso de la madera en la construcción. La iniciativa no es meramente técnica: se inscribe en una estrategia más amplia para fortalecer la competitividad de la madera certificada frente a regulaciones ambientales cada vez más exigentes.

El mensaje es claro. La discusión sobre materiales de construcción ya no se limita a costos y prestaciones estructurales. Ahora incluye huella de carbono, trazabilidad y cumplimiento normativo internacional. En ese terreno, la certificación forestal se convierte en un activo económico.

Evidencia técnica para un mercado más exigente

“The Timber Truth” aborda percepciones extendidas en torno a la seguridad, durabilidad, disponibilidad y desempeño ambiental de la madera. A través de argumentos respaldados por datos y ejemplos concretos, la publicación busca ofrecer herramientas a arquitectos, desarrolladores, inversores y tomadores de decisión.

PEFC, como sistema de certificación de gestión forestal sostenible, respalda la iniciativa con un enfoque centrado en la madera de origen responsable. Según se destaca en la presentación, cuando proviene de bosques gestionados de manera sostenible y certificados, la madera es un material renovable con capacidad de almacenamiento de carbono, puede cumplir estándares técnicos exigentes, reduce la huella ambiental del sector y permite trazabilidad en cadenas internacionales.

El eje institucional es nítido: la certificación no solo valida prácticas forestales, sino que habilita cumplimiento regulatorio en mercados que exigen cadenas libres de deforestación y alineación con estándares ESG.

Construcción sostenible y acceso a mercados

La iniciativa se inserta en un contexto donde gobiernos e inversores incorporan criterios ambientales en políticas públicas y decisiones de financiamiento. La regulación internacional avanza hacia mayores controles sobre origen y sostenibilidad de insumos estratégicos, lo que redefine las condiciones de competencia.

En ese marco, la certificación forestal funciona como herramienta para facilitar acceso a mercados, reducir riesgos regulatorios y aportar transparencia en cadenas de valor globales. La madera certificada se presenta así no solo como alternativa técnica, sino como vehículo de inserción comercial.

El sector de la construcción tiene un rol clave en la transición hacia economías de bajas emisiones. Por eso, la discusión sobre materiales adquiere dimensión estratégica. Si la madera logra consolidarse como opción renovable y reutilizable con respaldo técnico y trazabilidad comprobable, el impacto trasciende al sector forestal e incide en desarrollos inmobiliarios, proyectos de infraestructura e inversiones institucionales.

Señal estratégica: sostenibilidad como competitividad

La presentación de “The Timber Truth” apunta a algo más que informar. Busca incidir en la toma de decisiones en un momento donde la descarbonización del sector edilicio ocupa un lugar prioritario en agendas públicas y privadas.

Al derribar mitos técnicos, PEFC intenta fortalecer la confianza en la madera certificada como parte de la solución climática global. La estrategia combina sostenibilidad ambiental y competitividad económica, dos variables que ya no se perciben como contrapuestas.

El desafío ahora pasa por la adopción efectiva de estos estándares en mercados concretos. A medida que la regulación internacional se vuelve más estricta y los compradores exigen mayor trazabilidad, la madera certificada podría ganar terreno. Pero esa transición dependerá de decisiones empresariales, políticas públicas y condiciones de mercado que aún están en evolución.

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Tras el robo de madera, ajustan controles en la reserva Piñalito Sur e involucran a vecinos

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En el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de Misiones y el municipio de San Pedro, este miércoles se realizó en el Parque Provincial Piñalito Sur un encuentro interinstitucional para avanzar en una agenda anual de actividades de restauración, sociales, recreativas y culturales dentro del área protegida.

La iniciativa se inscribe en un proceso de transformación profunda del Parque, que comenzó como respuesta al robo de madera detectado en años recientes y derivó en una batería de acciones concretas para fortalecer el control, la conservación y la vinculación con la comunidad. Entre ellas se destacan la mejora de accesos y condiciones operativas para los guardaparques, el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y monitoreo, la incorporación de equipamiento recuperado de delitos ambientales, la delimitación y puesta en valor del área, la elaboración del primer Plan de Manejo Integral y la implementación de herramientas tecnológicas y acciones de educación ambiental.

En este nuevo enfoque, la integración del deporte, el turismo y la cultura aparece como una estrategia clave para promover la participación comunitaria, generar apropiación social del territorio y consolidar una gestión sustentable del Parque como patrimonio común.

De esta forma, se avanzó en el compromiso de construir una agenda conjunta de actividades turísticas, deportivas y culturales dentro del Parque Provincial Piñalito Sur, concebida como una herramienta para fortalecer el vínculo con la comunidad, promover el disfrute responsable del área protegida y fomentar la participación activa de vecinos, instituciones y organizaciones locales en su cuidado.

Al respecto, el ministro de Ecología, Martín Recamán, destacó el trabajo articulado que se viene desarrollando para fortalecer el control, la prevención de delitos ambientales y proyectar nuevas acciones que permitan poner en valor el área. “Hoy podemos mostrar acciones concretas: la apertura de un camino estratégico para acceder a zonas complejas, la incorporación de cámaras de monitoreo, motocicletas y equipamiento, fruto de un trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio. Pero lo más importante es proyectar lo que viene, con una planificación que integre turismo, deporte y concientización, para darle vida a este espacio y revertir las consecuencias sufridas”, señaló.

Prevención, monitoreo y planificación integral del área protegida

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Ecología surge como respuesta a una problemática histórica vinculada a la presión sobre este territorio. En una primera etapa, se definió una estrategia conjunta con el municipio de San Pedro que permitió avanzar en acciones estructurales dentro del Parque.

Uno de los hitos fue la apertura de 12 kilómetros de caminos internos, una obra clave para mejorar el acceso a zonas vulnerables y áreas en proceso de restauración, optimizando la capacidad operativa del cuerpo de guardaparques y la respuesta ante situaciones de riesgo.

En materia de vigilancia, se instalaron cámaras de seguridad en puntos estratégicos del Parque para el monitoreo constante y en tiempo real de movimientos vehiculares y posibles actividades irregulares. Este sistema se complementa con conectividad satelital de internet, fortaleciendo la presencia del Estado en territorio. A su vez, se incorporaron tres motocicletas recuperadas del delito ambiental, que ahora forman parte del equipamiento operativo del Parque y mejoran la capacidad de respuesta en zonas de difícil acceso.

Otra acción relevante fue la correcta delimitación del área protegida mediante cercado, cartelería y señalización perimetral, además de la entrega de luminarias LED para reforzar la iluminación de calles lindantes al Parque.

En paralelo, durante el encuentro se formalizó el compromiso de afectar recursos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos para la elaboración del primer Plan de Manejo Integral del Parque Provincial Piñalito. Se trata de una herramienta clave para ordenar la gestión de esta área estratégica del norte de Misiones, que permitirá establecer criterios claros de conservación, ordenar los usos del territorio y orientar la toma de decisiones a mediano y largo plazo, bajo un enfoque interdisciplinario y participativo.

Asimismo, se anunció que Piñalito Sur será el primer Parque Provincial en implementar el nuevo Sistema de Alerta Temprana de Deforestación Satelital del Observatorio Ambiental. Esta herramienta utiliza imágenes satelitales para detectar en pocos días pérdidas de bosque nativo, permitiendo respuestas más rápidas y precisas frente a desmontes, aperturas de caminos o intervenciones selectivas, y fortaleciendo el control ambiental con tecnología aplicada a la conservación.

Finalmente, se avanzó en la planificación de acciones de educación ambiental y participación ciudadana, con charlas, talleres y encuentros con vecinos de zonas aledañas. El objetivo es consolidar una presencia institucional constante a lo largo del año y promover actividades de restauración, educativas, recreativas y culturales, bajo la premisa de que la protección del territorio requiere control y prevención, pero también participación social y apropiación comunitaria.

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