La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió asumir competencia originaria en la demanda presentada por las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa contra el Estado nacional por la disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), dispuesta por el decreto 888/24. El tribunal corrió traslado al Gobierno para que responda en un plazo de 60 días, habilitando un conflicto de alto voltaje institucional.

El expediente introduce una tensión estructural: la disputa por recursos con asignación específica frente a la decisión del Ejecutivo de centralizarlos en el Tesoro. En juego no solo está la política ambiental, sino la arquitectura del federalismo fiscal.

Un fondo con anclaje legal y compromisos internacionales

El Fobosque fue creado por ley en 2018 como instrumento para financiar políticas de protección de bosques nativos, en línea con compromisos asumidos por Argentina en el marco del Acuerdo de París. Su objetivo era canalizar recursos hacia provincias para tareas de conservación, restauración y manejo sostenible.

Las provincias sostienen que su disolución implica una transferencia indebida de fondos que, por ley, tienen asignación específica dentro del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), previsto en la ley 26.331.

El planteo judicial apunta a declarar la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 del decreto, bajo el argumento de que vulnera normas legales y compromisos internacionales.

Judicialización de la política ambiental y financiera

La decisión de la Corte no resuelve el fondo del conflicto, pero altera el escenario: valida la vía judicial como canal de disputa entre Nación y provincias y abre la puerta a una eventual revisión del decreto.

Además, el tribunal dejó pendiente la evaluación de medidas cautelares solicitadas por las provincias —como la restitución de fondos— hasta que el Estado responda o venza el plazo otorgado.

El proceso también incorpora reclamos por transferencias no realizadas correspondientes a 2023 y 2024, lo que agrega una dimensión fiscal inmediata al conflicto.

El caso expone una tensión clásica del federalismo argentino: la administración de fondos con destino específico frente a decisiones centralizadas del Ejecutivo nacional.

Las provincias demandantes buscan preservar capacidad de ejecución sobre políticas ambientales y recursos asociados. El Gobierno, en cambio, avanzó con la disolución del fideicomiso, lo que implica un rediseño en la administración de esos fondos.

La intervención de la Corte coloca al Poder Judicial como árbitro de una disputa que trasciende lo ambiental y se inscribe en la puja por recursos.

Financiamiento en disputa y ejecución de políticas

El conflicto tiene efectos concretos sobre la economía de las provincias involucradas. Los fondos en discusión estaban destinados a financiar proyectos de conservación, lo que implica:

• Recursos para actividades productivas sostenibles
• Financiamiento para manejo de bosques
• Transferencias directas a jurisdicciones

La eventual paralización o redireccionamiento de esos fondos puede afectar la ejecución de políticas públicas vinculadas al territorio.

Cautelares, respuesta del Estado y posible fallo de fondo

El proceso judicial entra ahora en una fase clave: la respuesta del Estado nacional y la eventual resolución de medidas cautelares. La Corte deberá evaluar si corresponde restituir fondos antes del fallo definitivo.

Las variables a seguir serán el alcance de la defensa del Gobierno, la posición de la Procuración y el eventual impacto de este caso en la relación fiscal entre Nación y provincias.

El conflicto ya está judicializado. Lo que resta definir es si se limita a un caso puntual o si reconfigura reglas más amplias sobre la gestión de recursos ambientales en Argentina.