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“La falsificación de mercaderías es un delito federal con penas muy laxas”, reconocieron especialistas

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Se realizó hoy una capacitación para el personal de las fuerzas de Seguridad y empresarios sobre prevención de piratería, venta ilegal de productos con marca, las campañas anti-falsificación, su formato y finalidades, y el reconocimiento de productos genuinos. La actividad estuvo a cargo de los abogados Miguel O’Farrell, Fernando Frávega y Andrés O’Farrell.

El seminario de Entrenamiento para Organismos de Control y Fuerzas de Seguridad, fue coordinado por el Ministerio de Gobierno y el prestigioso estudio jurídico de Buenos Aires Marval, O´Farrell & Mairal. De la actividad participaron más de 100 personas en el Salón Auditórium de la Jefatura de Policía.

El seminario tenía como objetivo combatir la piratería a través de la capacitación de efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales y federales en el reconocimiento de productos genuinos. Además, articular planes entre el sector público y privado para combatir la venta ilegal de productos con marca, explicar las campañas anti-falsificación, su formato y finalidades.

En la apertura el Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez planteó que la actividad es parte de los ejes de trabajo que lleva adelante la provincia para combatir todo tipo de delitos. Consideró “fundamental la capacitación del personal de las fuerzas de seguridad para poder repeler este tipo de actividades ilícitas”.

Pérez, explicó que “se ha incorporado tecnología además de personal y el trabajo conjunto entre la Policía provincial y las fuerzas federales está dando sus frutos. La acción coordinada entre eso que es lo público y lo privado, como esta capacitación, apunta a concientizar, a explicar esta problemática”, consideró.

“El delito existe y siempre va a existir. Nosotros tenemos que estar a la altura de la circunstancia para poder detectarlo y combatirlo. Así como va mutando el delito, tenemos que hacerlo nosotros para combatirlo”, remató el funcionario provincial.

En tanto Miguel O´Farrel planteó que el ingreso de mercadería en infracción no es solamente un delito económico, sino que atenta contra la seguridad de las personas, porque detrás de la falsificación y el contrabando hay grandes organizaciones delictivas. Y recordó que es una de las fuentes de “financiamiento de las organizaciones terroristas”.

Llamó a trabajar entre el sector público y privado para “proteger al público consumidor”. Aunque reconoció que la lucha siempre sera en potencial “con el fin de combatir, reducir o minimizar los efectos, porque las organizaciones delictivas van mutando las operatorias y es un delito complejo”.

Los delitos de falsificación de marca atentan contra las grandes marcas y se aprovechan para usar su imagen y su impulso publicitario, en muchos casos los productos falsificados pueden afectar al consumidor por no tener las medidas de seguridad y calidad pertinentes.

En relación a la realidad local de Misiones, el abogado Andrés O´Farrel reconoció que la región es una frontera caliente donde este “es un delito que muta constantemente y tiene detrás a organizaciones con muchos recursos”.

“Es una situación compleja porque se trata de un negocio que deja mucha plata y por lo tanto genera muchos incentivos para transportar la mercadería. Por eso están continuamente buscando la forma de cómo estar siempre un paso delante de las autoridades”, indicó.

“Del otro lado hay organizaciones muy sofisticadas, que tienen muchos recursos”, admitió O’Farrell. “El tema de los paseros obliga a estar siempre alerta para detectar los modus operandi de ingreso ilegal de productos. Cuando se detecta uno, siempre surge otro”, señaló.

O’Farrell pidió tener en cuenta que “las penas para el incumplimiento a la Ley de Marcas son muy bajas. Entonces lo que tratamos de hacer es concientizar de además de ese ilícito hay detrás otros más graves: explotación laboral, evasión impositiva y contrabando, que pueden configurar castigos más duros”.

El estudio Marval, O´Farrell & Mairal representa en nuestro país marcas como Procter & Gamble, Adidas, Hasbro, Chanel, Gucci, Tommy Hilfiger, Entertaiment One, Luxottica, Asics, entre otras.

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El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de régimen penal juvenil tras las elecciones

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Gavarano, anticipó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de régimen penal juvenil, después de las elecciones legislativas del 22 de octubre, con el propósito de “mejorar la situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal”.

“Hay un proyecto que seguramente después de las elecciones sea enviado al Congreso”, adelantó Garavano en una conferencia de prensa que realizó luego del acto de entrega de 20 millones de pesos por parte del gobierno nacional al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, destinado a los institutos de menores provinciales.

Garavano adujo que la iniciativa “forma parte del proceso que tiene que ver con mejorar la situación de jóvenes en conflicto con la ley penal”, y añadió que “nosotros siempre pensamos en un abordaje integral”.

“No se trata solamente de un tema de edad, sino de tener una ley que permita un abordaje integral de jóvenes en conflicto con la ley penal”, remarcó.

Dijo además que en la elaboración del proyecto “estamos coordinando con (los ministerios de) Desarrollo Social y con Seguridad, y esperamos poder también abrir luego con el resto de las jurisdicciones”.

“En esto la provincia de Buenos Aires es uno de los actores más importantes, porque es una de las jurisdicciones que tiene una de la problemáticas más crítica en esta materia”, aseveró, y evaluó que, en este sentido, “la opinión de la provincia de Buenos Aires va a ser clave para esta ley nacional”.

 

En esta línea, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, aseguró que “la provincia tiene un régimen penal juvenil que sigue los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño y que da todas las garantías”.

“Nosotros tenemos el programa Autonomía Joven en el que trabajamos el último año de la condena para que esos chicos, cuando salen del régimen penal juvenil, tengan la posibilidad de insertarse y no vuelvan al sistema adulto en pocos meses, como solía pasar”, destacó.

Garavano y López Medrano firmaron un convenio con el fin de garantizar “el estricto respeto de los derechos humanos de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal”.

Garavano se comprometió a erogar 20 millones de pesos para financiar las obras que se ejecutarán a través del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, que tiene a su cargo los centros de alojamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil en territorio bonaerense.

 

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Especialista disertará sobre la realidad compleja del delito en la Cuenca del Plata

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El destacado jurista Dr. Emilio García Méndez, brindará en la Universidad de la Cuenca del Plata Sede Regional Posadas una Clase Magistral en el marco Especialización de Derecho Penal titulada “La Realidad compleja del Delito” el próximo 18 de agosto, de 16 a 21hs; y 19 de agosto, de 8 a 13hs. La Especialización acreditada por CONEAU con la resolución 547/10 se dicta en la UCP desde 2015, es dirigida por el Doctor Daniel Domínguez Henaín y coordinada localmente por el Dr. Hugo Daniel Zapana.

El viernes 18 y el sábado 19 el Dr. Emilio García Méndez visitará la ciudad de Posadas para brindar una clase en el marco de la carrera de Posgrado en Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y P​olíticas  de la UCP. La  misma parte de la idea que la Criminología es esencial en la Ciencia del Derecho. Los hechos delictivos erosionan las pautas básicas de subsistencia social y la capacidad de estudiar científicamente las conductas humanas presuntamente delictivas para descubrir y explicar lo sucedido, constituye una habilidad fundamental que contribuye al resguardo de las instituciones, afianza la justicia y le da dignidad al hombre en sociedad.

García Méndez es Doctor   en   Derecho   (PHD)   por   la   Universidad   de   Saarland,   Saarbrucken, República  Federal de Alemania. Abogado  graduado  en  la  Universidad  Nacional  de  Buenos  Aires,  Argentina; Profesor Regular Titular Cátedra de  “Criminología”  en la Facultad de  Psicología de la UBA; se desempeñó como asesor regional en derechos del niño de la Oficina Regional de UNICEF para América latina y el Caribe, entre otros.

La clase magistral se destina a los especializandos cohorte 2015 y 2017 de la carrera de Posgrado en Derecho Penal de la UCP, estudiantes de Abogacía, Criminología y carreras afines.  Quienes deseen participar de la conferencia que cincuenta con una carga horaria e 10hs. Reloj deberán abonar un arancel,  $900 para público en general; $850 para Comunidad UCP. De carácter gratuito para los especializandos 2015 de la carrera en Derecho Penal de la UCP.

Por mayor información  los interesados ​pueden escribir  ingresoposadas@ucp.edu.ar o acercarse a la sede de Barrufaldi 2364 –casi Francisco de Haro- en la capital misionera. También comunicarse al teléfono (376) 4424700 o al Facebook Universidad de la Cuenca del Plata Sede Posadas.

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El Gobierno le prohibió a los jefes de ‘La 12‘ el ingreso a los estadios por dos años

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Es la primera medida que se da en el marco de la nueva legislación que dictó el Gobierno días atrás para combatir la violencia en el fútbol.

El Ministerio de Seguridad prohibió hoy el ingreso a los estadios por dos años a los jefes de ‘La 12‘, la barra brava de Boca, en lo que es la primera medida que se da en el marco de la nueva legislación que dictó el Gobierno días atrás para combatir la violencia en el fútbol.

La decisión, oficializada con la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 1-E/2017 de la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, alcanza a 12 personas, entre las que figuran Rafael Di Zeo y Mauro Martín, los líderes de ese grupo.

La prohibición, que alcanza a los estadios de todo el país, se debe a que los barrabravas fueron procesados en febrero pasado por el juez Sebastián Ramos acusados de encubrir, junto a un jefe policial, la fuga de otro integrante de ‘La 12‘, Maximiliano Germán Oetinger, a quien buscaban por el secuestro de un odontólogo jubilado, en abril de 2015.

“Teniendo en mira los antecedentes y comportamientos de los nombrados en ocasión de la disputa de un encuentro futbolístico, de público y notorio conocimiento, por otro lado, hacen concluir indefectiblemente y de manera objetiva que los citados son considerados como capaces de generar un riesgo que atente contra el normal desarrollo de un encuentro futbolístico, que al tratarse de un evento de asistencia masiva, conmueve al mantenimiento de la seguridad pública”, señala la disposición

La fuga de ‘Mey‘ Oetinger ocurrió el 19 de mayo de 2016, en la Bombonera, día en que Boca se enfrentaba a Nacional de Uruguay por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Al ser divisado en la tribuna, la Policía Antisecuestros esperó al barrabrava para detenerlo a la salida del estadio, tras la finalización del encuentro, pero Oetinger, ayudado por los acusados, se cambió de ropa y logró escapar a través del estacionamiento

En esta investigación, el fiscal federal Paul Starc también investiga a un empleado de seguridad del club y al comisario general Guillermo Calviño, ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal.

Además de Di Zeo y Martín, la prohibición alcanza a Luis César Arrieta (DNI 23.551.005); Cristhian Leonardo Roblero (DNI 25.059.618); Carlos Cristian Santa Cruz (DNI 23.606.738); Eduardo Alberto Trípodi (DNI 18.010.913); Carlos Sebastián Maciel (DNI 23.473.591); Antonio Orlando Viñales (DNI 12.028.427); Ariel Maximiliano Pinazzi (DNI 30.724.593); Miguel Ángel De Santis (DNI 25.474.126); Gustavo Alberto Iglesias (DNI 20.842.048); y Eduardo Elías Aballay (DNI 17.709.821), todos en la ‘primera línea‘ de ‘La 12‘.

La medida se enmarca en la nueva legislación que dictó el Gobierno para combatir la violencia en el fútbol.

Entre otras cosas, dispuso que podrá prohibirse el ingreso a los estadios a toda persona “que se encuentre condenada, procesada o con auto de elevación a juicio”.

También a quien “se encuentre sujeta a suspensión de juicio a prueba, respecto de delitos que hayan sido cometidos en el marco de la Ley N° 23.184 (Ley de Espectáculos Deportivos), o por cualquier otro delito cometido en el exterior, con motivo u ocasión de un espectáculo futbolístico”.

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