DEMOCRACIA

Stelatto: “Mantener una ciudad es tan exigente como construirla”

Compartí esta noticia !

En la apertura del período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, eligió comenzar por donde entiende que empieza toda gestión pública responsable: la defensa irrestricta de la democracia. No fue una mención protocolar. A pocos días de cumplirse 50 años del último golpe cívico-militar, el jefe comunal enmarcó su discurso en una advertencia política y ética: “Nunca Más una Argentina sin Democracia”.

El mensaje no fue retórico. En un clima nacional atravesado por tensiones institucionales y discursos de confrontación, Stelatto reivindicó el Estado de Derecho como límite al poder y garantía de convivencia. Habló de resistir los discursos de odio, de preservar la libertad de expresión sin convertirla en herramienta de división, y de asumir el “contrato democrático” como un compromiso activo: proteger derechos individuales y atender el bienestar general.

Desde ese punto de partida, el intendente hilvanó un discurso que combinó principios, números y una línea política clara: sostener y eficientizar la ciudad en un contexto de ajuste nacional y retracción de recursos.

“El retiro de recursos directos e indirectos destinados a la administración de las ciudades y a la atención de los vecinos que venían de programas e impuestos recaudados por la Nación, y el desigual crecimiento económico que no ha derramado hacia ciudades de frontera como la nuestra, dejaron a las administraciones locales en la dificultad de atender áreas esenciales como obras públicas, servicios de saneamiento urbano, atención de la salud o políticas de contención social, con menos herramientas”, describió. 

“No dudamos a la hora de tomar decisiones difíciles para hacer más eficiente la gestión, maximizando la austeridad y el impacto directo de nuestras acciones en beneficio de los vecinos. Lo hicimos con plena confianza en la capacidad de nuestra ciudad para salir adelante, crecer y generar prosperidad, a través de la profundización de la alianza entre Estado y comunidad, que está en la base de las estrategias de las sociedades que en el mundo han alcanzado el desarrollo y los máximos estándares de calidad de vida”, remarcó. Stelatto confirmó una reducción del 40% en la cúpula del Ejecutivo local: de 12 a 7 secretarías, con eliminación de direcciones generales y direcciones, sin afectar la planta de trabajadores operativos.

La decisión, explicó, no fue simbólica sino estructural: menos jerarquías, más eficiencia administrativa y ahorro operativo en un escenario donde -según señaló- “a los municipios nunca se les pidió tanto y se les brindó tan poco”.

El plan de ajuste no implicó despidos en la planta operativa, sino una reorganización funcional para ganar agilidad. La señal política es evidente: ajustar la estructura jerárquica para sostener los servicios esenciales.

Ese proceso se complementó con la eliminación de 13 tasas municipales y del canon de venta de bebidas alcohólicas, en una apuesta por aliviar la carga sobre comerciantes y contribuyentes en un contexto económico difícil. La digitalización fue el instrumento clave de la modernización: más de 34.000 expedientes se tramitan íntegramente en formato digital, se implementó el Boletín Oficial Digital y se simplificaron los derechos de construcción, pasando de 30 categorías a solo 4. El resultado fue concreto: reducción de más del 60% en tiempos de tramitación y un incremento del 120% en trámites aprobados.

En materia de habilitaciones comerciales, el cambio fue sustantivo: de 48 días promedio a apenas tres días para actividades de bajo riesgo. Durante 2025 se tramitaron 2.036 habilitaciones, 721 de ellas nuevas aperturas. En un escenario de retracción económica, el dato adquiere peso político: más emprendimientos que apuestan por la ciudad.

El intendente no eludió el condicionante estructural de Posadas como ciudad de frontera. El paso Posadas–Encarnación registró más de 8,5 millones de cruces en el último dato publicado, una circulación anual equivalente a 26 veces la población del municipio. A ello se suman asimetrías tributarias significativas entre Argentina y Paraguay. 

“A las asimetrías económicas propias de la política cambiaria de cada país, y los niveles de informalidad de cada margen de la frontera, se suma la dispar presión tributaria; en Paraguay representa el 14,5 % del PBI, mientras que en Argentina asciende al 27,6 % del PBI, es decir, casi el doble. Pero acá viene lo más importante: en esa carga tributaria los impuestos nacionales representan el 83 % del total, y no todos son coparticipables, siendo el impacto de los impuestos municipales absolutamente marginal. En resumen, los municipios tenemos muy poco margen de acción para atender este fenómeno, pero cargamos con las consecuencias en la actividad económica y los niveles de empleo de nuestra ciudad”, detalló.

La conclusión fue directa: el margen fiscal municipal es limitado, pero el impacto económico recae sobre la ciudad. Por eso, sostuvo, cada peso debe administrarse con criterio.

En infraestructura, el mensaje fue de continuidad en tiempos de restricción. En 2025 se ejecutaron 263 cuadras de pavimento, más de 19.000 toneladas de asfalto, 145 cuadras de cordón cuneta, obras pluviales, veredas y mantenimiento integral de 270 espacios públicos. Sin embargo, la frase que condensó la visión estratégica fue otra: “Mantener una ciudad es tan exigente como construirla”.

No se trata solo de inaugurar obras, sino de sostenerlas. El bacheo permanente, el mantenimiento de playas como Costa Sur y El Brete, la preservación del Parque de la Ciudad, la limpieza urbana sistemática y el alumbrado público -con 7.600 nuevas luminarias LED instaladas en 2025 y más de 50.000 desde 2020- forman parte de esa lógica de consolidación. La modernización semafórica en 280 intersecciones redujo fallas y mejoró la circulación. La renovación integral de la Terminal de Ómnibus elevó estándares para 380.000 usuarios mensuales. La red de ciclovías ya alcanza 53 kilómetros y cubre al 68% de los barrios.

Entre los hitos institucionales destacó la sanción del nuevo Código de Edificación, que reemplaza una normativa vigente desde 1980. El intendente lo definió como un “contrato urbano”: reglas claras, criterios ambientales actualizados, accesibilidad, simplificación administrativa y mayor transparencia. Se suman ordenanzas que permiten regularizar superficies no declaradas o antirreglamentarias, otorgando seguridad jurídica a propietarios y desarrolladores. Es, en términos políticos, una señal de ordenamiento territorial y previsibilidad.

La estrategia de Ciudad Turística también exhibe cifras contundentes: más de 350.000 visitantes en 2025, 670.000 pernoctes, 233 eventos y un impacto económico estimado en 103.000 millones de pesos. La ocupación hotelera promedió el 53%, con picos superiores al 85% en temporada alta. Cultura, eventos y espacio público se integran como motor económico autónomo, menos dependiente de transferencias nacionales.

La agenda ambiental y de forestación acompañó esa visión de largo plazo: más de 6.000 árboles plantados en el año, 31.610 plantas producidas en vivero municipal, 1.360 toneladas recicladas en el Centro Verde, 12 EcoPuntos activos y 22 kilómetros de ribera saneados. La forestación fue presentada como política climática y sanitaria, no meramente ornamental.

En el plano social, la red de salud municipal realizó 41 operativos integrales, más de 41.000 determinaciones de laboratorio y 17.000 controles de alcoholemia. Se sostuvieron 5.600 raciones semanales en comedores, intervenciones en más de 800 casos de vulneración de derechos de niños y adolescentes y políticas de inclusión como el CIMPA, centro de referencia en evaluación de trastornos del espectro autista.

El cierre volvió al punto de partida: la democracia como valor estructural. Stelatto agradeció el acompañamiento provincial, pero subrayó que el mandato central proviene de los vecinos. “Esta gestión les rinde cuentas con humildad. Porque eso es la Democracia”, sostuvo visiblemente emocionado, tras mencionar el respaldo de su familia y de los vecinos, además de destacar la buena atención recibida en el hospital Madariaga, donde fue internado hace unos pocos días.

Compartí esta noticia !

FOPEA rechaza la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial”

Compartí esta noticia !

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su profunda preocupación y rechazo ante la creación de la cuenta de la red social X, denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, promovida desde la Presidencia de la Nación con el objetivo declarado de “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia operaciones”.

A través de un pronunciamiento institucional, la entidad recordó que el Artículo 1 de su Código de Ética establece que el compromiso primordial del periodismo es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual. En ese marco, subrayó que el periodismo no impone dogmas ni define verdades desde posiciones de poder, sino que trabaja para aportar información verificada a la sociedad.

Desde FOPEA advirtieron que la pretensión del Gobierno de instalar una “verdad oficial” indiscutible colisiona de manera directa con los principios fundamentales de una sociedad libre. En ese sentido, alertaron sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un “tribunal de la verdad”, especialmente cuando la iniciativa fue difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia de la Nación.

Según señaló la organización, este hecho confirma el uso de estructuras oficiales —y, por lo tanto, de recursos públicos sostenidos por el conjunto de la ciudadanía— para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o el ejercicio del periodismo crítico.

El comunicado también contextualiza esta preocupación en un escenario más amplio, marcado por restricciones al acceso a la información pública, como la modificación por decreto de los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública, la ausencia de conferencias de prensa regulares y la falta de una vocería presidencial con funcionamiento pleno.

FOPEA recordó que, a lo largo de sus 23 años de vida institucional, ha expresado públicamente su preocupación frente a iniciativas similares impulsadas por distintos gobiernos. El argumento, indicaron, ha sido siempre el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar.

Finalmente, la entidad sostuvo que el periodismo, como toda actividad pública, está expuesto y debe someterse a la crítica, pero advirtió que ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público, ya que hacerlo implica invalidar al otro, debilitar la libertad de expresión y erosionar la necesaria rendición de cuentas en una democracia.

Compartí esta noticia !

Organizaciones piden derogar el DNU de Inteligencia por “debilitar controles democráticos”

Compartí esta noticia !

Una veintena de organizaciones de derechos humanos, políticas  y sociales pidieron que el Congreso proceda a la derogación del DNU que reforma de la ley de Inteligencia, al advertir que “debilita los controles democráticos” porque permite la “aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial“.

La postura está plasmada en un documento firmado por la Amnistía Internacional Argentina, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas,  Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, CELS, Democracia en Red, Fundación SES, Fundación Vía Libre y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), entre otros.

Las entidades de derechos humanos y sociales pidieron al Congreso que rechace ese DNU y la oposición está buscando alcanzar el número para poder anular esa medida del Poder Ejecutivo.

“Advertimos que se trata de un DNU manifiestamente inconstitucional, que amplía la discrecionalidad estatal y habilita prácticas que creíamos superadas. El Congreso debe rechazarlo”, expresaron.

Esos organismos señalaron que el DNU de reforma de la ley de Inteligencia “es grave” porque el “decreto habilita vigilancia masiva, concentra más poder en la SIDE y debilita los controles democráticos”

Por primera vez en democracia, la SIDE  puede proceder a la aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”, señalaron.

Y destacaron que “esto deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación. Es transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control. 

En esa línea, sostuvieron que el DNU “obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control”.

Agregaron que se “se vuelve así una herramienta para realizar vigilancia masiva. Además, la acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es todavía más peligrosa en la medida en que el Estado no tiene una política adecuada de seguridad de la información y las filtraciones son frecuentes”.

“El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia. Puede pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan”, puntualizaron.

Más críticas

Otro punto rechazado por las organizaciones de derechos humanos es que el decreto “establece que las actividades de inteligencia son encubiertas por definición. Esto significa que no vas a poder saber si te están investigando, por qué, ni qué información tienen sobre vos. El carácter encubierto puede frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado. No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan. El secreto es la regla”.

En otro tramo del documento rechazaron que los militares realicen tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales.

En ese sentido señalaron que “durante décadas, Argentina trabajó para separar claramente defensa (militares) de seguridad interna (policías). Era una lección aprendida de la dictadura: los militares no deben ejercer funciones de control de la población civil”

Agregan que “este decreto permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales” —sin aclarar cuáles ni los criterios que harían que las organizaciones ingresaran en esa categoría— y les quita el control civil. Es un retroceso histórico peligroso.”__IP__

La polémica

El Gobierno dictó el 31 de diciembre el DNU 941-2025, que introduce profundos cambios a la ley de inteligencia al establecer que toda la actividad será “secreta”, permitir la aprehensión del personas y otorgar un amplio poder a la SIDE, y tiene hasta el jueves próximo para poder enviar esa norma al Congreso.

Tras llegar al Congreso, la Comisión de Trámite Legislativo contará con diez días hábiles para su tratamiento, pero es probable que ese plazo se venza ya que ni siquiera está constituida la comisión, con lo cual la oposición puede impulsar su tratamiento en el recinto de sesiones.

Compartí esta noticia !

“Principio de revelación”: Milei respaldó el fin del régimen de Maduro y marcó postura

Compartí esta noticia !

En un mensaje de alto voltaje político e institucional, el presidente de la Argentina, Javier Milei, se pronunció sobre lo que definió como el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del ejército de Estados Unidos, y calificó el hecho como un punto de inflexión histórico para la región. Bajo el título de “Principio de Revelación”, el mandatario argentino celebró lo que consideró la caída de un “dictador narcoterrorista” y afirmó que la Argentina está dispuesta a colaborar en una transición hacia una Venezuela “libre, democrática y próspera”.

La declaración, difundida públicamente, expone con claridad la posición del Gobierno argentino frente al conflicto venezolano y consolida un alineamiento discursivo explícito en materia de política exterior, con implicancias políticas, diplomáticas y económicas a nivel regional.

“Principio de revelación”: democracia, libertad y una lectura binaria del escenario político

En su mensaje, Milei planteó que el acontecimiento permite identificar con claridad las posiciones de dirigentes y formadores de opinión frente a lo que definió como una disputa entre valores irreconciliables. “En días históricos como el de hoy podemos ver realmente de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión”, sostuvo el Presidente.

El mandatario estableció una división tajante entre dos campos. Por un lado, ubicó a quienes defienden “la democracia, la vida, la libertad y la propiedad”, valores que —según afirmó— muchos dicen defender solo cuando les resulta conveniente. En contraposición, señaló a quienes considera “cómplices de una dictadura narcoterrorista y sangrienta”, a la que atribuyó haber sido “un cáncer para nuestra región”, vinculándola con el denominado Socialismo del Siglo XXI y sus consecuencias de “miseria y muerte”.

Aquí no hay medias tintas ni grises. Se está del lado del BIEN, o se está del lado del MAL”, afirmó Milei, y agregó que quienes no defiendan “con uñas y dientes la causa de la libertad” pasan a formar parte del problema y no de la solución.

Venezuela, transición política y rol de la Argentina

En uno de los tramos más relevantes del pronunciamiento, el Presidente argentino expresó de manera explícita su respaldo al desenlace que describió y su proyección hacia el futuro institucional de Venezuela. “Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro”, afirmó.

Además, Milei sostuvo que la Argentina está lista para ayudar en la transición hacia una Venezuela libre, democrática y próspera, lo que introduce un componente activo de política exterior en el discurso presidencial. Si bien no se detallaron mecanismos ni alcances de esa eventual colaboración, la afirmación implica una toma de posición concreta frente a un proceso de reconfiguración política regional.

El mensaje concluyó con una consigna que se ha convertido en marca identitaria del oficialismo: “Viva la libertad, carajo”, reforzando el tono ideológico y confrontativo del pronunciamiento.

Impacto político e institucional del mensaje presidencial

La declaración de Milei no solo fija postura sobre la situación en Venezuela, sino que también interpela al sistema político y al debate público regional. La definición binaria entre democracia y dictadura, bien y mal, consolida una narrativa que trasciende lo diplomático y se inscribe en una visión ideológica del orden regional.

En términos institucionales, el mensaje anticipa posibles reacciones y tensiones en el plano internacional, al tiempo que refuerza el posicionamiento del Gobierno argentino en defensa explícita de la libertad económica y política como eje rector de su política exterior.

Compartí esta noticia !

Preocupación por el DNU que modifica la Ley de Inteligencia y alerta por un retroceso institucional

Compartí esta noticia !

El Llamamiento Argentino Judío expresó una “honda preocupación” por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia, al advertir que la ampliación de facultades de los organismos de inteligencia, la opacidad en su funcionamiento y el debilitamiento de los controles democráticos configuran un grave retroceso institucional. El pronunciamiento, fechado el viernes 2 de enero de 2026, plantea objeciones de fondo sobre el impacto político, constitucional y democrático de la medida, y reclama la intervención de la Justicia y del Congreso Nacional.

Según el documento, la modificación del régimen de inteligencia no responde a una emergencia concreta ni constituye una acción aislada, sino que se inscribe en una modalidad de gobierno que concentra poder en el Poder Ejecutivo y avanza sobre garantías democráticas en un contexto de deterioro social y económico.

Ampliación de facultades y debilitamiento de controles democráticos

En su declaración, la organización advierte que la ampliación de las facultades de los organismos de inteligencia, sumada a la falta de transparencia en sus mecanismos de funcionamiento, “no solo constituyen un retroceso institucional grave, sino que ponen en tensión principios elementales del orden constitucional y del Estado de derecho”.

El Llamamiento Argentino Judío remarca que la experiencia histórica demuestra que, cada vez que los servicios de inteligencia operaron sin límites claros ni control efectivo, fueron utilizados para la persecución política, el espionaje interno y la vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, el comunicado señala que el DNU se vincula con procesos antidemocráticos de la historia moderna y compromete de manera directa la orientación ideológica del actual gobierno.

La entidad subraya que el uso sistemático de decretos para impulsar reformas de alto impacto institucional consolida una dinámica de concentración de poder que debilita los equilibrios propios del sistema democrático.

Reclamo de intervención del Congreso y la Justicia

Frente a este escenario, la organización considera “urgente la intervención de la Justicia y del Congreso Nacional” para frenar lo que define como un “descalabro de la democracia” y resguardar el orden democrático que, a su entender, se encuentra en riesgo.

El documento sostiene que “no hay seguridad posible al margen de la Constitución, ni gobernabilidad legítima sin control, legalidad y respeto por los derechos”, y enfatiza que la defensa de la democracia no puede basarse en la vigilancia de la sociedad ni en la concentración de poder en el Ejecutivo.

En esa línea, el pronunciamiento también interpela a los distintos sectores de la oposición, a los que exhorta a “ocupar el lugar que les corresponde en los momentos álgidos del devenir ciudadano”, reforzando su rol institucional en la defensa de las libertades públicas y la división de poderes.

El planteo

El posicionamiento del Llamamiento Argentino Judío introduce un nuevo foco de tensión en el debate sobre el alcance del DNU que modifica la Ley de Inteligencia, con implicancias directas sobre el funcionamiento del sistema democrático, el control del poder estatal y la vigencia de los derechos fundamentales.

Desde una perspectiva institucional, el planteo anticipa posibles escenarios de judicialización y discusión parlamentaria, al tiempo que pone en agenda el rol de los organismos de inteligencia y los límites de su accionar en un Estado de derecho. El documento reafirma que la democracia se fortalece mediante instituciones sólidas, controles efectivos y respeto por la legalidad, y no a través de mecanismos excepcionales que concentran poder y reducen la transparencia.

El comunicado lleva la firma de Elina Malamud, presidenta, y Marcelo Horestein, secretario, quienes ratifican el compromiso de la organización con la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin