DESAFUERO

Persecusiones a la carta

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San Martín, Rosas y Perón fueron forzados al exilio, y solo Perón pudo regresar. No fue casual pues fueron los tres grandes referentes del Pensamiento Nacional, y como tales fueron denigrados, perseguidos, con riesgos certeros de ser asesinados, y condenados al exilio forzoso, por el sector reaccionario que opera al servicio de intereses foráneos e identificados por el liberalismo, doctrina antinacional si las hay.
Liberalismo que es doctrina tan apátrida como el marxismo en sus distintas variantes, lo cual “casualmente” no lo saben muchos “progres” y los patrioteros de bandera, y no se enseña en los Institutos Militares ni en muchas Universidades Nacionales. De allí muchas de las gruesas confusiones de los patrioteros de bandera y otros apátridas, pero ese ya es otro tema…
De asesinados políticos hay una larguísima lista, de la cual pueden citarse Dorrego, El Chacho Peñaloza, los cientos federales hechos degollar por mandatos de Mitre y Sarmiento, los bombardeados en 1955, los fusilados de 1956, los desaparecidos y asesinados en el infame “proceso” por entorpecer negociados y ser “malos ejemplos” pese a no ser guerrilleros (como el sindicalista Oscar Smith y el cantautor Jorge Cafrune), las víctimas de la represión delarruista en 2001, y recientemente los reprimidos por orden de Macri – Bulrich, Maldonado y Nahuel.
Referente a la violencia ejercida contra los liberales, cabe citar a la temible Mazorca de Rosas, si bien cabe la honestidad histórica de reconocer que el accionar de La Mazorca fue la defensa ante las constantes agresiones que Don Juan Manuel recibió de los unitarios – rivadavianos, tanto desde adentro, como desde Montevideo y Santiago de Chile; unitarios que gustosamente y demostrando nulo patriotismo se aliaron a agresores franceses, británicos, lusitanos e incluso a la invasión de la efímera alianza boliviano-peruana en el NOA. Y como sea, los mazorqueros parecerían carmelitas descalzas comparados con la ferocidad de los coroneles de Mitre contra los caudillos federales y sus tropas.
Tampoco cabe omitir que Balbín, Frondizi y otros fueron presos en la primera década de Perón, claro que en el marco de la violenta insurrección de Menéndez en 1951, y los atentados terroristas de 1953 atribuidos a Roque Carranza y sus seguidores, el mismo que años después fuera ministro de Alfonsín.
Queda muy en claro que lo precedente expuesto ni nada, justifica al “indigenismo” (fogoneado y financiado por los anglos), ni la violencia guerrillera, la cual también fue al menos parcialmente equipada por Gran Bretaña, muy acorde a las recomendaciones de Harry S. Ferns, para destruir los avances logrados por Argentina. Pero tampoco se justifica la utilización de Nuestras Fuerzas Armadas como tropas de ocupación en el propio territorio, como ocurrió en el “proceso”, como requisito para imponer el neoliberalismo. Metodología de violencia a la cual apelaron los noventistas y a la que recurre ahora el régimen oligárquico macrista.
Presos políticos hubo en la historia, siendo una larga lista, y la metodología se repite, en causas con claras connotaciones de vengatividades, por haber tocado intereses de la oligarquía apátrida o de corporaciones transnacionales, acostumbradas al poder omnímodo y a las ganancias exorbitantes sin nadie que les haga frente.
Entre muchos otros casos, podemos mencionar que Yrigoyen, Baldrich (principal colaborador de Mosconi en YPF), Perón, Frondizi, M. E. Martínez de Perón, Julio Carlos González (Secretario Legal y Técnico de Perón y de su sucesora), fueron apresados como claras venganzas políticas, por haber sido indóciles a los poderes establecidos locales y sus amos extranjeros.
Con esos antecedentes históricos insoslayables, que muchos desconocen u olvidan, no puede sorprender que armen todo un circo mediático y que castiguen con la cárcel en forma poco o nada acorde procedimentalmente (según opinaron prestigiosos juristas), en base a fotocopias de un simple cuadernito, las que según trascendió tienen una redacción pulcra que no condice con el hablar algo tosco y elemental del chofer “arrepentido”, a la vez suboficial retirado del Ejército (y posiblemente apalabrado “convenientemente” por retirados proceseros, muy afines al neoliberalismo imperante, todos ellos); todo eso seria para reírse si no fuera por la saña feroz con la cual se ejecuten esas acciones, que son continuadoras de otras similares ya perpetradas antes, con esta especie de “justicia a la carta” puesta a obedecer lo “políticamente correcto” en algunos cuantos sectores de ese poder, precisamente en nada independiente en esos sectores cooptados por la politización de parte del Poder Judicial.
Y la persecución contra el exvicepresidente Boudou, es clara venganza por haber estatizado las muy corruptas AFJP, que ahora quieren reinstalar.
Por supuesto que no se trata de cubrir ningún tipo de ilícitos, pero tampoco se puede caer en el facilismo de presumir culpabilidades en base a pruebas muy endebles, o directamente truchas; o el criterio inocentón de aceptarse procedimientos no solo burdos, sino que tiran por la borda principios elementales, como la presunción de inocencia; fogoneando otros como el de “meter preso por si acaso” (dicho en castellano coloquial), lo cual encubre malamente una práctica pseudo sofisticada de tortura, habida cuenta que la privación de la libertad en es sí misma una tortura, además de las “condenas mediáticas” de los multimedios al servicio de los poderes neoliberales.
Mientras tanto, mostrando en forma ostensible la doble vara que se institucionaliza en partes del Sector Judicial, actúa la “justicia express” y la “justicia freezer” para exculpar o congelar sucesivas acusaciones, existiendo según trascendió pruebas concretas y no simples fotocopias, las que involucran al presidente y a su CEOcracia gobernante; siendo el listado de causas “dormidas” o sobreseídas, muy extenso. Entre otros, los Panamá Papers, el caso Odebrecht y sus vinculaciones con personajes del gobierno, la vergonzosa autocondonación de deuda por el Correo Argentino que quiso hacer Macri, el escándalo del dólar futuro con funcionarios actuales en los dos lados del mostrador, el ministro – empresario farmacéutico que presionó para pasar sobre leyes vigentes para favorecer a su empresa, las acusaciones contra Arribas con diversas “explicaciones” y sin tener en cuenta los antecedentes concretos recibidos de Brasil, los aumentos tarifarios para beneficiar a empresas “de amigos” del poder o del propio poder, la vista gorda ante la descomunal fuga de divisas y el endeudamiento feroz e irracional, recientemente los robos de identidades y dineros negros aportados a las campañas de “Cambiemos”, las dos muertes por desidia culposa en una escuela en el Gran Buenos Aires; y el listado sigue…sin que cierta parte del Poder Judicial se de por enterada…o así parecería.
Queda muy claro que quieren proscribir a Cristina F. K., y con ella a todo el peronismo opositor, al estilo del juez Moro contra Lula en Brasil.
Y a la vez es evidente que quieren tapar los desmanes inmanejables que son consecuencia del neoliberalismo “reinante”, buscando seguir confundiendo a la gente, mientras avanzan en la tarea infame de la destrucción nacional, con el neo Plan Morgenthau en evidente perpetración.
Claro que para entender de esto último, se requiere conocer Historia y Geopolítica, dos asignaturas desconocidas tanto para “progres” como para patrioteros de bandera, tal como sus erráticos y negativos accionares lo demuestran.
Todo esto tiene un claro trasfondo geopolítico, habida cuenta de la vergonzosa subordinación de la Argentina macrista, a los dictados de las potencias anglosajonas, las cuales para seguir manejando nuestro país necesitan evitar posibles gobiernos futuros “indóciles” y no subordinados.
Mi libro Tormentosa Argentina, disponible en el blog, describe diversos hechos terribles de violencia política acaecidos en nuestra Argentina. A él me remito, si alguien quisiera ampliaciones y datos documentales, de la parte histórica del tema acá expuesto.

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Nuevo revés judicial para la diputada chaqueña ligada a Macri

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La jueza chaqueña Zunilda Niremperger negó el pedido de eximición de prisión que había presentado la defensa de la legisladora de Cambiemos, acusada de liderar una banda dedicada al lavado de dinero.
La diputada radical Aída Ayala tuvo un nuevo revés judicial en la causa que la investiga por haber sido una presunta líder de una banda dedicada al lavado de dinero cuando era intendenta de Resistencia.
La jueza federal de la capital chaqueña, Zunilda Niremperger, negó el pedido de eximición de prisión que había presentado la defensa de la legisladora radical chaqueña, quien esta semana rechazó las acusaciones.
Ante un requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini, la magistrada chaqueña dispuso el pedido de detención y solicitó el desafuero de la legisladora de Cambiemos.
El pedido ya comenzó a ser tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
En la causa, la exintendenta de Resistencia está imputada por “haber conformado un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”.

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Aida Ayala pide que rechacen su desafuero

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La exintendente de Resistencia aseguró ante la Comisión de Asuntos Constitucionales que es “falsa” la imputación que se le hace sobre supuestos hechos de corrupción durante su gestión en la capital chaqueña.
La diputada oficialista Aída Ayala compareció este miércoles ante los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a la que ingresó un pedido de desafuero contra la legisladora chaqueña a raíz de una causa que investiga presuntos hechos de corrupción.
Ayala hizo su descargo frente a la comisión que preside el macrista Pablo Tonelli. Allí dijo que “es falso de toda falsedad” la imputación que le hace la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger por hechos supuestamente sucedidos cuando la actual diputada era intendente de esa ciudad. Ayala pidió a sus pares que “analicen” el pedido de desafuero en su contra y lo rechacen porque -según dijo- “es ilegal y no hay motivos”.
La actual diputada fue intendenta de Resistencia (Chaco) y está acusada por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, en el marco de una investigación por la renegociación de contratos para la recolección de residuos mientras estaba al frente de aquel gobierno municipal. La Justicia chaqueña solicitó su desafuero y detención por considerar que en libertad podría perjudicar el proceso de investigación.
“Creo que estamos todos de acuerdo en que para tomar una decisión, tenemos que proceder como ordena el artículo 70 de la Constitución Nacional y examinar el mérito del sumario” antes de emitir una resolución, expresó Tonelli, al dar por concluida la reunión.
Tonelli aclaró que el objetivo de la comisión “no es juzgar a Ayala, tampoco a la jueza, sino analizar el mérito del sumario, y cuando estén reunidos los visos de verosimilitud, disponer el eventual desafuero”.
Con ese fin se distribuyó entre todos los inte grantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales el expediente judicial enviado por la Justicia chaqueña, como así también documentación aportada por la diputada kirchnerista Analía Rach Quiroga, cercana a Jorge Capitanich, que agrega información sobre el tema.
De tal manera, se estableció que los legisladores volverán a reunirse en pocos días, ya con el expediente leído y analizado, para dictaminar, aunque el diputado Tonelli no dio precisiones sobre cuándo será esa reunión. “Vamos a hacer lo posible para que sea a la brevedad”, señaló.
Al tomar la palabra, la legisladora de Cambiemos agradeció la posibilidad de exponer ante la comisión y dijo que contestaría “cada una de las preguntas”, al tiempo de “aportar todas las pruebas” como ya lo hizo ante la justicia federal. Entre ellas, presentó para cada uno de los diputados una copia de su declaración jurada.
Luego de enfatizar que se enteró “por los medios televisivos y radiales” del pedido de desafuero y que “en ningún momento” fue notificada, Ayala recordó que se presentó de forma espontánea para que se le tome indagatoria. “Se me acusa de ser jefa de una banda para lavado de dinero, se me acusa de haber llamado a licitación para la concesión de servicios de recolección de residuos y se me acusa de enriquecimiento ilícito”, señaló.
Y, a continuación, aseguró: “Esto es falso de toda falsedad”. Además, la exintendenta de Resistencia negó ser “rica ni lícita ni ilícitamente”. “No soy jefa de una supuesta banda de empresarios que están hace muchos dedicados a distintos rubros”, amplió y resaltó que “esos empresarios están hoy trabajando bajo esa misma figura contractual con el intendente (Jorge) Capitanich y el gobierno provincial”.
En relación a los hechos, la exjefa comunal sostuvo que “el llamado a una licitación para una concesión de servicios está prohibida por la Constitución del Chaco”, y explicó que “se trata de una licitación para alquiler de 21 camiones compactadores, 100 contendores y una camioneta”.
Mencionó que la contratación se realizó en el año 2014 “bajo las normas vigentes”. “Está hecho a derecho, legalmente y esa contratación es el motivo de sospechas infundadas por parte del fiscal (Patricio Sabadini)”, agregó. Acompañada por su abogada, Olga Mongelós, la radical afirmó que durante sus 12 años como intendenta “todo lo que se ha hecho fue correcto” y “sin observaciones” por parte del Tribunal de Cuentas.
Ayala apuntó al actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, quien “en la prensa habla de sobreprecios, pero en el testimonio él dice que no puede decir técnicamente absolutamente nada sobre eso; en la prensa dice que hubo una renegocia ción, pero en el expediente declara que continúa con el mismo régimen de contratación”.

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Diputados discutirá el desafuero de la radical misionera Aída Ayala

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La ex secretaria de Asuntos Municipales de la Nación está acusada de lavado de dinero y asociación ilícita. Los distintos bloques analizan sus estrategias.
La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocó para el próximo 2 de mayo a una reunión para analizar el pedido de desafuero que hizo la Justicia contra la diputada de Cambiemos por Chaco Aída Ayala, acusada de lavado de dinero y asociación ilícita.
El presidente de la comisión, el macrista Pablo Tonelli, citó a un encuentro para el 2 de mayo a las 10:00 en la Sala 1 del edificio anexo de la Cámara baja.
Ese día, se someterá a discusión el pedido de desafuero que hizo la jueza federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, quien dispuso una orden de detención sobre Ayala en una causa por el presunto lavado de dinero y asociación ilícita durante su gestión como intendenta de la capital chaqueña, por el contrato de la firma PIMP SA de recolección de residuos con sobreprecios.
Además, la diputada radical estará presente en la reunión para hacer su descargo.
El año pasado, el oficialismo impulsó en Diputados el desafuero del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, acusado en causas por corrupción, con el argumento de que la Cámara debe permitir que la Justicia avance y que el legislador no debe tener el resguardo del Congreso.
Esa posición viene ahora a poner incómodo al frente Cambiemos, más allá de que considera que el pedido de desafuero de Ayala es parte de una maniobra política del justicialismo chaqueño que busca impedirle ser candidata a gobernadora el próximo año.
Según supo NA, el Frente para la Victoria, que no había participado del debate por De Vido, volvería a ausentarse o se abstendría de votar, a la espera de que el oficialismo y los bloques del Frente Renovador y Justicialista reiteren sus posturas a favor del desafuero como en el caso del ex ministro.
El bloque Justicialista ya adelantó que impulsará la quita de los fueros de la radical, lo mismo que haría el FR.
Fuente NoticiasArgentinas

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Piden el desafuero y detención de la diputada oficialista Aída Ayala

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El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó el desafuero y posterior detención de la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita dedicada a la malversación de fondos y lavado de dinero -entre otros ilícitos- mientras se desempeñaba como intendenta de la capital del Chaco. La solicitud debe ser autorizada por la jueza Federal, Zunilda Niremperger.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió el desafuero y detención de la diputada nacional radical Aída Ayala, a quien se acusa de ser la presunta jefa de una asociación ilícita dedicada a la malversación de fondos y lavado de dinero -entre otros ilícitos- mientras se desempeñaba como intendenta de la capital del Chaco. La solicitud ahora debe ser autorizada por la jueza Federal, Zunilda Niremperger.
El dictamen de Sabadini acusa a la legisladora nacional de Cambiemos por los delitos de lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, entre otros, en el marco de la causa PIMP SA, empresa a cargo de la recolección de residuos.
Según recuerda el sitio Chaco Día por Día, en esta causa están actualmente detenidos el sindicalista Jacinto Sampayo; su hijo, Facundo, y los empresarios Carlos Huidobro y Alejandro Fischer.
Sabadini acusó a Ayala de lavado de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda. En cuanto a los denominados “delitos precedentes” (al lavado de activos), el fiscal la señaló por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, ser presunta jefa de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Teniendo en cuenta los fueros que detenta Ayala como diputada nacional, la jueza Niremperger solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación que inicie el proceso de desafuero para posibilitar su detención.
Aída Ayala fue intendenta de Resistencia, candidata a gobernadora del Chaco y fue electa diputada nacional de Cambiemos en las elecciones de 2015. En la actualidad preside la Comisión de Economías Regionales.

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