Desarrollo Económico

El FMI calcula que un golpe de Estado puede restar hasta cinco puntos al PIB en cinco años

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La estabilidad política no solo es una condición institucional deseable: también constituye un factor determinante para el crecimiento económico. Un nuevo estudio elaborado por los economistas Luc Tucker e Idrissa Aladji Aya para el Fondo Monetario Internacional (FMI) aporta evidencia contundente sobre los costos económicos de las rupturas institucionales y concluye que los golpes de Estado generan efectos significativamente más profundos y duraderos de lo que se estimaba hasta ahora.

La investigación señala que un golpe de Estado puede reducir el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en aproximadamente 2,3 puntos porcentuales durante el mismo año en que ocurre el evento. Sin embargo, el impacto no se limita al corto plazo. Según el análisis, las consecuencias económicas persisten durante varios años, provocando una pérdida acumulada cercana a cinco puntos porcentuales del PIB en los cinco años posteriores.

Los resultados surgen de la aplicación de un modelo de equilibrio de entropía, una metodología estadística diseñada para aislar con mayor precisión los efectos causales de eventos políticos disruptivos sobre variables económicas. El estudio sostiene que el deterioro observado tras un golpe de Estado supera las estimaciones realizadas en trabajos previos y ofrece nuevas explicaciones sobre los mecanismos que amplifican el daño económico.

Uno de los hallazgos más relevantes es el papel que desempeñan las sanciones económicas internacionales. Los investigadores concluyen que gran parte de la desaceleración posterior a los golpes se encuentra asociada a medidas restrictivas impuestas por organismos multilaterales o países socios, que limitan el acceso al financiamiento, reducen los flujos comerciales y deterioran las condiciones para la inversión.

No obstante, el trabajo también identifica factores internos de gran peso. La incertidumbre política que generan estos episodios afecta directamente las decisiones de hogares y empresas, provocando una contracción del consumo privado y una fuerte caída de la inversión. Ambos componentes son señalados por el FMI como los principales canales de transmisión del impacto económico negativo.

La evidencia resulta particularmente relevante en un contexto global donde distintos países enfrentan crecientes tensiones institucionales, conflictos internos y crisis de gobernabilidad. Para economías emergentes y en desarrollo, donde la confianza de los inversores suele ser más sensible a los riesgos políticos, los efectos pueden amplificarse aún más.

El informe también aporta una lectura estratégica para los responsables de política económica. Más allá de las reformas fiscales, monetarias o productivas, la estabilidad institucional aparece como un activo económico de primer orden. La previsibilidad política, la vigencia del Estado de derecho y el respeto por las reglas democráticas no solo fortalecen la calidad institucional, sino que también constituyen condiciones esenciales para sostener la inversión, el empleo y el crecimiento de largo plazo.

La conclusión del FMI es clara: los golpes de Estado no solo alteran el orden político, sino que generan costos económicos persistentes que pueden comprometer durante años las posibilidades de desarrollo de un país. En un escenario global cada vez más competitivo, la estabilidad institucional emerge como uno de los recursos más valiosos para preservar el crecimiento y atraer inversiones.

Impacto económico de los golpes de Estado by CristianMilciades

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Cerca del empleo: más de 400 estudiantes se conectan con el sector productivo

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La Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI) llevó adelante la charla “Conectando Talento: del aula al mundo productivo” junto al ISET de Posadas, con la participación de estudiantes de distintas tecnicaturas.

La actividad forma parte de un programa orientado a fortalecer la articulación entre la formación académica y el sector productivo, acercando herramientas, información y experiencias concretas a quienes se encuentran en etapa de formación. En este marco, ya se capacitó a más de 400 estudiantes a través de distintos cursos con más de 20 instituciones.

Durante el encuentro se abordaron las transformaciones del mercado laboral, las nuevas demandas en términos de habilidades y competencias, y las oportunidades de desarrollo profesional en la provincia. Además, se compartieron claves sobre el entramado productivo misionero y la importancia de generar redes y acceder a primeras experiencias laborales.

La jornada contó también con la participación del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), Federico Panozzo, quien aportó su mirada sobre el sector y compartió experiencias vinculadas al desarrollo productivo local.

Desde la entidad destacaron la relevancia de estos espacios para acompañar a los jóvenes en la construcción de su futuro profesional y fortalecer el desarrollo del talento local.

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Ha-Joon Chang: “No hay ningún país que haya tenido éxito con este tipo de políticas liberales de Milei”

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En un contexto global que vuelve a tensionarse hacia el proteccionismo, el economista surcoreano Ha-Joon Chang reaviva un debate central para la Argentina: qué tipo de modelo económico permite crecer de manera sostenida.

Autor de Patear la escalera, uno de los textos más influyentes de la economía heterodoxa, Chang sostiene que las recetas de liberalización extrema no tienen antecedentes exitosos en la historia económica mundial. Y advierte que el país enfrenta problemas mucho más profundos que la inflación.

“La alta inflación es un problema menor ante las debilidades estructurales de la Argentina a largo plazo”, señaló en un reportaje con Alejandro Rebossio de ElDiarioAr.

El mito del libre mercado

El núcleo del planteo de Chang es histórico: las economías desarrolladas no crecieron bajo esquemas de libre mercado, sino mediante políticas activas del Estado.

“Todos los países ricos de hoy se enriquecieron usando políticas que recomendaban a los países en desarrollo no usar”, describe.

Según el economista, potencias como Estados Unidos, Japón o Corea del Sur aplicaron durante décadas altos niveles de proteccionismo, subsidios y regulación para consolidar sus industrias. Recién después, ya consolidadas, promovieron el libre comercio a nivel global.

Esa lógica, sintetizada en la metáfora de “patear la escalera”, vuelve hoy a escena en un mundo que abandona progresivamente el consenso liberal de los años noventa.

Para Chang, el escenario internacional actual confirma su tesis. Las economías centrales están reintroduciendo políticas industriales activas ante el avance de China.

“Los países occidentales están usando proteccionismo y subsidios ellos mismos. Ya ni siquiera pueden ser hipócritas”, explica.

Sin embargo, advierte que el caso estadounidense presenta debilidades estructurales: la falta de inversión productiva y el predominio de la lógica financiera.

“Distribuyeron el 90-95% de sus ganancias a accionistas. Perdieron la capacidad de invertir”, remarca.

“En el caso de Estados Unidos, básicamente no hay una política real. Lo que Estados Unidos está haciendo es explotar su posición como el mercado más grande del mundo para amenazar a otros países con acceso limitado a su mercado mediante barreras arancelarias y forzar a otros países a no competir con empresas americanas o a invertir en Estados Unidos para construir capacidades manufactureras allí. Podría decir que esto es una versión geriátrica de la protección de la industria infantil. La protección de la industria infantil es la idea de que, de la misma manera que necesitamos proteger y nutrir a nuestros hijos hasta que crezcan y puedan competir en el mercado laboral, los gobiernos de países en desarrollo necesitan proteger y nutrir sus industrias jóvenes antes de que puedan desarrollarse y competir en el mercado mundial. No podíamos competir con lo mejor, no sé, las empresas automotrices coreanas en los 70 o las empresas textiles americanas en los 1850, pero teníamos que hacerlo algún día. Y vamos a proteger nuestras industrias para que puedan invertir, aumentar la productividad y eventualmente volverse internacionalmente competitivas. Lo que está haciendo Trump es como tener un hijo de 55 años que fracasó en su negocio porque no estaba invirtiendo, estaba gastando dinero en jets privados, yates y casinos en Las Vegas. Ahora su negocio está en problemas. Entonces su padre llega y dice: “OK, te voy a ayudar porque quiero hacerte grande otra vez. Voy a impedir que empresas extranjeras compitan contigo poniendo muros arancelarios. Y también voy a forzar a algunos de estos tipos, coreanos, japoneses, alemanes, a invertir en tu empresa”. El problema es que este tipo no tiene incentivos para mejorar su desempeño porque no hay condiciones. En los últimos 25, 30 años, las empresas americanas han dejado de invertir. Distribuyeron el 90-95% de sus ganancias a accionistas en forma de dividendos muy altos y recompras de acciones, lo que significa que la empresa compra sus propias acciones para que suban los precios y los accionistas puedan obtener ganancias extra vendiendo sus acciones. Perdieron la capacidad de invertir. Entonces, a menos que hagas que estas empresas vuelvan a invertir, no van a poder revivir su competitividad”, detalla.

Milei y el experimento argentino

El economista es categórico sobre el rumbo adoptado por el gobierno de Javier Milei:

No hay ningún país que haya tenido éxito con este tipo de políticas liberales que está implementando el gobierno del señor Milei”.

Chang ubica este proceso en una secuencia histórica conocida para América Latina, donde la región ha funcionado como laboratorio de reformas de mercado.

“Argentina ya lo intentó, bajo la dictadura militar, con Carlos Menem. No funciona”.

Incluso desarma el caso de economías consideradas “liberales”, como Singapur, al señalar el fuerte rol estatal en su estructura productiva.

Más allá del debate ideológico, Chang identifica un núcleo estructural que explica la recurrencia de crisis en Argentina: la falta de divisas.

Argentina no desarrolló la capacidad de exportar más allá de commodities primarios”.

El problema, según explica, es cíclico: cada vez que la economía crece, aumenta la necesidad de importar insumos, tecnología y bienes de capital, lo que genera tensiones en la balanza de pagos.

“Apenas crecés unos años, tenés crisis de balanza de pagos”.

Este diagnóstico conecta con una de las restricciones históricas del país y explica por qué las soluciones basadas exclusivamente en estabilización macroeconómica resultan insuficientes.

Sobre el rol de sectores como energía y minería, el economista introduce un matiz clave: pueden aportar divisas en el corto plazo, pero no resuelven el problema estructural.

“En el corto plazo puede ayudar. Pero el petróleo va a ser un activo varado”.

Chang advierte sobre la transición energética global y el desarrollo tecnológico, que podrían reducir la demanda de recursos estratégicos como hidrocarburos e incluso litio.

“Los chinos ya están desarrollando baterías de sodio. Cuando eso pase, la demanda de litio va a colapsar”.

Frente a este escenario, el economista plantea que el desarrollo requiere una estrategia activa, focalizada y con condiciones claras.

“La política industrial tiene que ser focalizada. La protección general no funciona”.

El modelo exitoso, según explica, combina protección selectiva, inversión en infraestructura, desarrollo tecnológico y formación de capital humano, con exigencias concretas de desempeño al sector privado.

Chang también describe un cambio profundo en el orden global: el avance de China, el debilitamiento del multilateralismo y la emergencia de un sistema más multipolar.

“Hoy los países en desarrollo tienen diferentes opciones. Si juegan inteligentemente, pueden mejorar sus posiciones”.

Sin embargo, advierte que la Argentina sigue atrapada en debates del pasado.“Me da pena que Argentina esté atrapada en debates de los 80 y 90”, analizó.

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América Latina crecerá menos en 2026 y reabre el debate sobre el rol del Estado en la inversión

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América Latina y el Caribe ingresan en 2026 con una previsión de crecimiento del 2,1% del PIB, por debajo del 2,4% registrado en 2025, en un escenario marcado por la incertidumbre global y la debilidad persistente de la inversión. El dato, que surge de un informe económico regional, vuelve a colocar a los gobiernos frente a una disyuntiva conocida: sostener el crecimiento apoyado en el consumo o reconfigurar el esquema productivo para dinamizar la inversión. La pregunta que atraviesa el diagnóstico es si la región está ante un estancamiento estructural o ante una nueva fase de ajuste en su modelo de desarrollo.

El crecimiento moderado no es un fenómeno aislado ni coyuntural. Se inscribe en una dinámica donde la falta de inversión y las condiciones financieras restrictivas limitan la expansión económica, incluso en contextos donde el consumo privado sigue funcionando como principal motor. En ese equilibrio inestable, la política económica vuelve a quedar bajo presión.

Consumo como sostén, inversión como deuda pendiente

El informe describe una matriz que se repite: el consumo privado sostiene la actividad, mientras la inversión permanece en niveles bajos. Esta combinación, lejos de ser virtuosa, refleja un límite estructural. Sin expansión del capital productivo, el crecimiento pierde capacidad de sostenerse en el tiempo.

Las condiciones de financiamiento, ajustadas por inflación, continúan siendo restrictivas. Esto impacta directamente en las decisiones empresariales y en la capacidad de los Estados para impulsar proyectos de infraestructura o desarrollo. A la vez, la incertidumbre global —tanto económica como geopolítica— actúa como freno adicional.

Las revisiones a la baja en las proyecciones de algunos países refuerzan ese diagnóstico. No se trata solo de un crecimiento bajo, sino de una tendencia que no logra consolidar un sendero ascendente.

Vuelve la discusión sobre política industrial

En este contexto, la política industrial reaparece en el centro del debate regional. El estancamiento del crecimiento y las dificultades persistentes para generar empleo obligan a los gobiernos a revisar sus estrategias.

El dato no es menor: cuando el mercado no logra traccionar inversión, el rol del Estado vuelve a ser objeto de discusión. La tensión se reconfigura entre modelos que priorizan estabilidad macroeconómica y aquellos que buscan intervenir más activamente para dinamizar sectores estratégicos.

La debilidad en la creación de empleo agrega presión. Sin expansión del trabajo formal, el crecimiento económico pierde traducción social, lo que impacta en la gobernabilidad y en la sostenibilidad de las políticas públicas.

Entre la inercia y la redefinición del modelo

El panorama para 2026 deja más interrogantes que certezas. El crecimiento del 2,1% no implica una crisis inmediata, pero sí evidencia un techo que la región no logra perforar.

En las próximas semanas y meses, el foco estará puesto en cómo los distintos países responden a este escenario: si profundizan estrategias actuales o si avanzan hacia esquemas que intenten reactivar la inversión. También será clave observar si las condiciones globales se estabilizan o si continúan agregando volatilidad.

La región vuelve a enfrentar un dilema recurrente: crecer poco pero de manera estable, o asumir riesgos para modificar su estructura productiva. Esa discusión, lejos de cerrarse, empieza a tomar forma en un contexto donde los márgenes de acción parecen cada vez más estrechos.

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El Banco Mundial lanza Water Forward para llevar seguridad hídrica a mil millones de personas para 2030

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El Grupo Banco Mundial presentó este martes la iniciativa global Water Forward, un esquema que apunta a mejorar la seguridad hídrica de mil millones de personas hacia 2030 mediante la articulación de políticas públicas, financiamiento internacional y alianzas con el sector privado. El anuncio se realizó en el marco de las Reuniones de Primavera 2026, con participación de gobiernos, bancos multilaterales y organismos de desarrollo.

El lanzamiento introduce un nuevo eje de política global: convertir el acceso al agua en una plataforma de desarrollo económico. El dato central es que, según lo informado, el organismo ya comprometió alcanzar a 400 millones de personas dentro de ese objetivo ampliado, en un contexto donde 4.000 millones enfrentan escasez hídrica.

Agua, desarrollo y financiamiento global

La iniciativa se apoya en una lectura estructural: el agua dejó de ser solo un recurso ambiental para convertirse en un insumo crítico de la economía. El organismo advierte que sostiene alrededor de 1.700 millones de empleos en sectores como agricultura, energía e industria.

Sin embargo, el diagnóstico identifica fallas persistentes en los países en desarrollo: marcos regulatorios débiles, servicios públicos con problemas financieros y falta de coordinación institucional. Esa combinación, según el Banco Mundial, limita la inversión y ralentiza la expansión de infraestructura básica.

En ese escenario, Water Forward propone ordenar ese esquema mediante “pactos nacionales sobre el agua”, instrumentos donde los gobiernos fijan prioridades, comprometen reformas y definen rutas de inversión.

Coordinación de reformas y capital

El nuevo esquema busca alinear tres variables que suelen operar de manera fragmentada: Reformas regulatorias en cada país. Financiamiento de organismos multilaterales. Y participación del sector privado

Hasta el momento, 14 países ya anunciaron su adhesión a estos pactos, mientras otros se encuentran en proceso.

La plataforma también articula a múltiples actores financieros internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Asiático de Desarrollo, que comprometieron objetivos específicos hacia 2030.

Según explicó Ajay Banga, el foco está en escalar soluciones: garantizar servicios de agua confiables, fortalecer sistemas frente a sequías e inundaciones y generar condiciones para atraer inversión privada.

Quién ordena la agenda del desarrollo

El lanzamiento de Water Forward consolida al Banco Mundial como articulador de una agenda global donde el acceso a recursos básicos se vincula directamente con la estabilidad económica.

La iniciativa refuerza el rol de los organismos multilaterales en la definición de prioridades de política pública en países en desarrollo, especialmente a través de mecanismos como los pactos nacionales, que combinan asistencia técnica con financiamiento condicionado a reformas.

Al mismo tiempo, posiciona al sector privado como actor clave en la expansión de infraestructura, en un esquema donde la inversión depende de marcos regulatorios previsibles.

Agua como factor productivo

El enfoque económico es explícito: mejorar la seguridad hídrica no solo responde a una necesidad social, sino que apunta a destrabar productividad.

El organismo vincula directamente el acceso al agua con: Mayor producción agrícola. Funcionamiento de empresas. Atracción de inversiones en ciudades. Y generación de empleo

En un contexto donde más de 1.200 millones de jóvenes ingresarán al mercado laboral en los próximos años en países en desarrollo, el acceso a servicios básicos aparece como una condición estructural para sostener ese crecimiento.

Implicancias para América Latina y la región

Aunque el anuncio no detalla países específicos de la región, América Latina —y en particular economías con alta dependencia del agro— aparece como un territorio potencial de impacto.

En provincias como Misiones, donde la producción agrícola y forestal es central, la disponibilidad de agua y la resiliencia frente a eventos climáticos extremos son variables directamente vinculadas a la productividad. En ese marco, cualquier esquema de financiamiento internacional orientado a infraestructura hídrica podría tener efectos indirectos en la competitividad regional.

Financiamiento, reformas y ejecución

El alcance de Water Forward dependerá de la velocidad con la que los países adopten los pactos nacionales y logren implementar reformas efectivas.

Entre las variables a seguir se destacan: La capacidad de los gobiernos para sostener cambios regulatorios. El volumen de inversión movilizada. La participación real del sector privado. Y la coordinación entre organismos multilaterales

El objetivo de alcanzar a mil millones de personas hacia 2030 plantea un desafío de escala que excede el financiamiento: requiere ejecución sostenida y marcos institucionales estables.

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