En el marco del Día Mundial del Ambiente, que se conmemora el próximo 5 de junio, Biofábrica Misiones S.A. y el Centro de Educación Ambiental (CEA) impulsan una iniciativa conjunta destinada a acompañar a los estudiantes de 7° grado de la provincia que realizarán la tradicional Promesa de Cuidado del Ambiente.
La propuesta consiste en la entrega de un total de 500 árboles nativos a instituciones educativas, con el objetivo de que cada alumno reciba un ejemplar para su posterior plantación y cuidado, transformando el juramento institucional en una acción ecológica concreta.
Inscripciones y modalidad de entrega
Las escuelas interesadas en participar deberán registrarse a través de un formulario online, el cual debe ser completado por un responsable institucional (ya sea un directivo, docente o referente designado). En el formulario se deberá indicar la cantidad exacta de estudiantes que participarán de la promesa, ya que se asignará un árbol por estudiante.
Desde la organización señalaron que el cupo es limitado y el formulario permanecerá abierto únicamente hasta completar los 500 ejemplares disponibles.
Una vez recibidas y procesadas las solicitudes, el equipo organizador se pondrá en contacto con cada establecimiento para coordinar la logística de distribución. Para aquellas instituciones educativas ubicadas en el interior de la provincia, se evaluarán alternativas logísticas personalizadas, existiendo también la posibilidad de coordinar el retiro de los plantines directamente en las instalaciones de Biofábrica Misiones.
Esta iniciativa conjunta busca fortalecer el compromiso de los niños y niñas con el entorno que los rodea, promoviendo de forma activa la conservación de las especies nativas y fomentando el desarrollo sostenible en la tierra colorada.
“Cada árbol entregado simboliza el compromiso asumido por las nuevas generaciones en la protección de la biodiversidad y los recursos naturales de nuestra provincia”, destacaron desde la organización.
Para más información e inscripciones:
Las instituciones interesadas pueden acceder al formulario de solicitud a través de las vías de comunicación oficiales de Biofábrica Misiones y el Centro de Educación Ambiental.
La noticia tiene una dimensión que trasciende las fronteras provinciales. No se trata solamente de una validación técnica. Representa el reconocimiento internacional de un modelo de conservación forestal construido durante años y coloca a Misiones en una posición privilegiada dentro de los mercados globales de carbono, justo cuando la provincia se encuentra a las puertas de concretar su primera gran operación comercial vinculada a estos activos ambientales.
Según informó Verra, el programa misionero cubre aproximadamente más de un millón de hectáreas de Bosque Atlántico nativo y opera bajo el Escenario 2 del marco JNR, un esquema que permite a los gobiernos generar créditos de carbono por áreas forestales que no están incluidas dentro de proyectos privados específicos. Durante el primer período de monitoreo, comprendido entre 2017 y 2022, la provincia logró reducciones verificadas de emisiones equivalentes a unas 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ese volumen constituye la base para la generación futura de créditos comercializables en los mercados internacionales.
La directora ejecutiva de Verra, Mandy Rambharos, destacó que el caso de Misiones demuestra lo que puede lograrse cuando los gobiernos lideran políticas climáticas de largo plazo y logran articular instituciones, regulaciones y alianzas para transformar la conservación forestal en resultados verificables y comercializables.
El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, afirmó que “celebramos haber alcanzado un hito tan importante en materia de conservación. Misiones siempre ha considerado la protección de la selva como una política de Estado. Nuestro mecanismo de distribución de beneficios nos permitirá devolver a la comunidad el esfuerzo realizado durante décadas. Invitamos a los inversores calificados interesados en créditos de alta calidad a sumarse y apoyarnos en esta iniciativa. Agradecemos a Verra por su colaboración continua y su disposición para trabajar con nosotros”.
Se espera que esta aprobación impulse el desarrollo de programas adicionales bajo el Marco JNR del VCS en toda Argentina y en países de América Latina, África y Asia que están explorando enfoques jurisdiccionales a gran escala para la financiación climática y la protección de los bosques. El programa ofrece un modelo replicable para otros gobiernos nacionales y subnacionales que buscan alinear los objetivos de las políticas climáticas, las prioridades de conservación forestal y el acceso a los mercados internacionales de carbono.
La aprobación llega en un momento particularmente oportuno. Misiones se encuentra en negociaciones avanzadas para concretar la primera venta privada de créditos de carbono de su historia. La potencial compradora sería LATAM Airlines Group, interesada en adquirir entre 2,8 y 2,9 millones de toneladas de carbono para el mercado internacional CORSIA, el sistema global de compensación de emisiones para la aviación. La operación podría rondar los 65 millones de dólares.
La estrategia provincial comenzó formalmente en 2021, cuando Misiones inició el desarrollo de su programa jurisdiccional REDD+ junto a socios internacionales especializados en mercados ambientales. Desde entonces se desarrollaron auditorías, mediciones, validaciones independientes, consultas con comunidades, propietarios privados y organizaciones ambientales, además de la construcción de un sistema institucional capaz de sostener la trazabilidad exigida por los mercados internacionales.
El programa tiene además una característica singular: no concentra los beneficios exclusivamente en el Estado. El esquema prevé mecanismos de distribución para propietarios de tierras con bosque nativo, comunidades locales y proyectos de desarrollo sustentable, incorporando incentivos económicos para quienes contribuyen a la conservación de la Selva Paranaense.
La aprobación de Verra también fortalece la posición de Misiones frente a potenciales compradores internacionales. Los créditos certificados bajo estándares reconocidos globalmente tienen mayor liquidez, transparencia y aceptación en los mercados voluntarios y regulados de carbono. Precisamente, la organización certificadora acaba de incorporarse formalmente a la Mesa Argentina de Carbono, reforzando su presencia en el país y acompañando el desarrollo de proyectos de calidad internacional.
El avance se suma a otros hitos recientes del sector ambiental misionero. En las últimas semanas también fue certificado el primer proyecto argentino privado de carbono de bosque nativo bajo estándares Verra, desarrollado en la Selva Paranaense y validado por 138.000 créditos de carbono.
La validación del programa jurisdiccional de Misiones tiene además un valor simbólico. Durante décadas la provincia sostuvo políticas de conservación que limitaron actividades productivas sobre grandes extensiones de bosque nativo. Ahora, por primera vez, esa preservación comienza a transformarse en un activo económico reconocido por los mercados internacionales.
En un contexto de creciente demanda global por créditos ambientales de alta integridad, Misiones no solo aparece como la principal referencia argentina en mercados de carbono. Con la aprobación de Verra, la provincia se posiciona como uno de los casos más avanzados del mundo en la monetización de servicios ecosistémicos a escala gubernamental, abriendo una nueva etapa en la relación entre conservación, financiamiento climático y desarrollo económico.
En el extremo nordeste de Misiones, la localidad de Comandante Andresito consolida un modelo productivo basado en la sustentabilidad, el agregado de valor y el cuidado ambiental. Allí, productores yerbateros, cooperativas, instituciones educativas y técnicos del INTA trabajan de manera articulada para impulsar la producción de yerba mate orgánica, una actividad que gana terreno y abre nuevas oportunidades comerciales para las familias rurales.
Rodrigo Kramer, profesor en Ciencias Agrarias y técnico de la Agencia de Extensión Rural del INTA en Andresito, explicó que el desarrollo de esta experiencia comenzó a partir de la iniciativa de un pequeño grupo de productores interesados en generar un producto diferenciado y amigable con el ambiente.
“Ese fue el punto de partida de la producción orgánica en Andresito”, señaló Kramer. Según detalló, el proceso comenzó con cinco productores y actualmente ya son ocho los que cuentan con certificación orgánica y comercializan su producción bajo esta modalidad.
En total, el grupo certificado supera hoy las 350 hectáreas de yerba mate orgánica. A esto se suma un nuevo grupo integrado por 17 productores que inició recientemente el proceso de transición hacia la certificación. Entre las chacras ya certificadas y las que se encuentran en transición, Andresito cuenta actualmente con más de 500 hectáreas vinculadas a la producción orgánica.
El técnico del INTA indicó que el proceso de transición requiere una planificación rigurosa y un acompañamiento permanente. El primer paso consiste en la vinculación con una empresa certificadora, en este caso ECOCERT, y luego deben transcurrir 36 meses hasta obtener la certificación oficial.
“Es fundamental el acompañamiento técnico a los productores, porque eso también es la base para poder llegar a la certificación”, explicó Kramer. En ese sentido, remarcó que desde el INTA trabajan en la elaboración y actualización de los planes de producción, así como en la implementación de las normativas vinculadas al manejo orgánico del cultivo.
Además del trabajo técnico, el desarrollo de la producción orgánica en Andresito se apoya en una fuerte articulación institucional. INTA trabaja junto a cooperativas de la zona, como Andresito e Itatí, acompañando tanto los procesos productivos como la comercialización.
Uno de los avances destacados es el convenio con la Cooperativa Itatí, donde ya se puso en marcha un grupo de productores en transición y se avanza en la certificación de un secadero propio para procesar hoja verde orgánica. “Los productores van a poder elaborar y comercializar en el futuro su propia yerba directamente en su propia industria”, destacó Kramer.
Las instituciones educativas también cumplen un rol estratégico. La Escuela de la Familia Agrícola (EFA) participa activamente del proceso y cuenta incluso con su propia producción certificada. A esto se suma el Instituto Agropecuario Superior de Andresito, que forma técnicos vinculados al asesoramiento y acompañamiento de productores en manejo orgánico.
Para Kramer, uno de los principales logros es el creciente interés de los productores por incorporarse a este modelo productivo, impulsado por una demanda sostenida de productos diferenciados y ambientalmente responsables.
Según explicó, las empresas internacionales muestran cada vez mayor interés por la yerba mate orgánica producida en la zona, especialmente para el desarrollo de productos con valor agregado. Esto permite a los productores acceder a acuerdos comerciales con precios diferenciales. “Todo ese trabajo que vienen haciendo hoy se refleja en contar con un valor diferenciado en su producto”, afirmó.
El técnico consideró además que la producción orgánica ofrece mejores perspectivas a futuro para las familias rurales, especialmente por el creciente interés de los mercados en productos asociados al cuidado ambiental, la preservación del agua y la recuperación de vertientes. “Hoy el productor que tiene la intención de trabajar cuidando el ambiente y hacer un producto diferenciado como la yerba orgánica tiene un horizonte más seguro”, sostuvo.
A su vez, Kramer adelantó que dos productores certificados se encuentran próximos a lanzar sus propias marcas de yerba mate orgánica certificada. En el marco de un convenio de colaboración y asistencia técnica con el INTA, ese acompañamiento técnico también se verá reflejado en el packaging de los productos, que próximamente comenzarán a comercializarse en las góndolas de Misiones y distintos puntos del país.
Finalmente, Kramer destacó que la experiencia de Andresito no solo pone el foco en la sustentabilidad ambiental, sino también en la responsabilidad social y el arraigo rural. “Es un trabajo integral con cuidado ambiental pero también con responsabilidad social, dos factores muy valorados por las empresas con las cuales los productores están logrando acuerdos comerciales”, concluyó.
La visita del jurista español Antonio Embid Irujo a Misiones dejó algo más que una agenda académica. El profesor emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza instaló en Posadas una discusión de fondo sobre agua, energía, infraestructura y sostenibilidad, en momentos en que la región enfrenta tensiones crecientes entre preservación ambiental, desarrollo productivo y demanda energética.
Invitado por la Universidad Gastón Dachary (UGD), Embid participó del Seminario Internacional “Cambio Climático y Gobernanza del Agua: Perspectivas jurídicas, ambientales y culturales” y de la presentación de una propuesta de doctorado internacional en Derecho con anclaje regional para Misiones y el NEA.
Pero el núcleo político e institucional de su paso por la provincia estuvo en otro lugar: la necesidad de construir reglas modernas de gestión del agua y discutir públicamente el futuro de las grandes infraestructuras estratégicas.
“El agua abundante también puede convertirse en un problema”
Durante una entrevista concedida en el marco de su visita, Embid relativizó la idea de que Misiones está exenta de riesgos hídricos por su abundancia de agua.
“El problema fundamental hoy no es solamente tener agua, sino que sea potable y segura para el consumo humano”, sostuvo. Desde su mirada, la discusión contemporánea ya no se limita a la disponibilidad del recurso, sino a la calidad, la infraestructura de potabilización y la capacidad de sostener sistemas eficientes de abastecimiento.
El especialista remarcó que incluso territorios privilegiados desde el punto de vista hídrico pueden enfrentar problemas derivados de inundaciones, sequías o deficiencias estructurales en distribución y saneamiento.
La observación adquiere relevancia en una provincia atravesada por debates sobre expansión urbana, infraestructura pública y presión sobre recursos naturales estratégicos.
Uno de los planteos centrales de Embid fue la necesidad de contar con marcos regulatorios modernos que definan prioridades claras en el uso del agua.
Según explicó, las legislaciones contemporáneas establecen una jerarquía encabezada por el consumo humano, seguida por el uso agrario, industrial y energético. Para el jurista, el acceso al recurso por parte de los sectores productivos debe estar regulado mediante títulos jurídicos otorgados por el poder público.
La definición no es menor en una provincia donde el agua atraviesa actividades forestales, agrícolas, industriales, turísticas y energéticas.
En ese punto, Embid evitó ingresar en discusiones ideológicas sobre gestión estatal o privada del servicio. “Lo importante es que funcione con eficiencia y al menor costo posible”, señaló, aunque remarcó que en la mayor parte del mundo las grandes infraestructuras de abastecimiento continúan bajo titularidad pública.
Corpus, energía y sostenibilidad: el debate que vuelve
La entrevista también ingresó en uno de los debates históricos de Misiones: la posibilidad de avanzar en nuevas represas hidroeléctricas sobre el río Paraná.
Consultado sobre la eventual reapertura de la discusión en torno a Corpus, Embid evitó pronunciarse sobre el proyecto específico, aunque dejó una definición conceptual fuerte: “Las decisiones sin debate en estos temas son terribles normalmente”.
El jurista reivindicó la necesidad de plebiscitos, consultas públicas y procesos de evaluación ambiental previos a cualquier gran infraestructura. A su entender, la legitimidad de esas obras depende de que la sociedad conozca de antemano impactos, beneficios, territorios afectados y consecuencias ambientales.
“Sin información absolutamente difundida no se deberían adoptar esas decisiones”, afirmó.
La postura introduce un elemento institucional relevante en un contexto donde la discusión energética vuelve lentamente a escena impulsada por proyecciones de aumento de demanda eléctrica a mediano plazo.
Embid también buscó desmontar interpretaciones sobre una supuesta retirada europea de la energía hidroeléctrica.
Según explicó, en España no se eliminaron grandes represas hidroeléctricas, sino pequeñas infraestructuras obsoletas que interrumpían el flujo natural de los ríos y ya no cumplían funciones productivas.
El proceso responde —detalló— a directrices de la Unión Europea orientadas a la restauración ambiental y a recuperar dinámicas naturales de los cursos de agua.
Aun así, defendió la energía hidroeléctrica como fuente limpia dentro de las estrategias frente al cambio climático, aunque insistió en que cualquier nuevo desarrollo debe atravesar evaluaciones ambientales rigurosas y análisis de sostenibilidad.
La UGD busca posicionar a Misiones en una agenda jurídica regional
La presencia de Embid también funcionó como plataforma para presentar el Doctorado en Derecho de la Universidad de Zaragoza, una iniciativa impulsada junto a la UGD que permitirá a profesionales del NEA desarrollar trayectos doctorales internacionales sin residencia permanente en España.
La propuesta apunta especialmente a líneas vinculadas con derecho ambiental, recursos naturales, integración regional y gobernanza hídrica.
La elección de Misiones como punto de articulación no parece casual. La provincia concentra biodiversidad, recursos hídricos estratégicos y una ubicación transfronteriza que la convierte en un laboratorio natural para discusiones jurídicas sobre sostenibilidad, regulación ambiental y desarrollo.
Más allá de la actividad universitaria, el paso de Embid dejó instalada una discusión que empieza a ganar densidad institucional en el NEA: cómo compatibilizar crecimiento económico, expansión energética y preservación ambiental en un escenario atravesado por cambio climático y nuevas exigencias regulatorias internacionales.
El jurista español insistió en que el desarrollo sostenible implica precisamente eso: crear infraestructura y actividad económica sin deteriorar el recurso que deberá sostener a futuras generaciones.
Para Misiones, donde conviven presión productiva, patrimonio natural y demandas de infraestructura, la discusión sobre agua y energía podría dejar de ser exclusivamente técnica para transformarse en un eje cada vez más político y estratégico.
El modo en que evolucionen esos debates —y el nivel de consenso público que logren construir— aparece como una de las variables que marcarán la agenda ambiental e institucional de la región en los próximos años.
La Universidad Gastón Dachary (UGD) puso en marcha esta semana una doble iniciativa orientada a consolidar una agenda jurídica con proyección regional e internacional: un seminario sobre cambio climático y gobernanza del agua y la presentación de un programa doctoral en Derecho vinculado a la Universidad de Zaragoza. Ambas actividades cuentan con la participación del jurista español Antonio Embid Irujo, referente iberoamericano en derecho de aguas y medio ambiente.
La propuesta combina formación académica, discusión institucional y debate sobre políticas públicas vinculadas a recursos estratégicos. En una provincia atravesada por discusiones sobre preservación ambiental, infraestructura energética y uso productivo del agua, el eje hídrico deja de ser exclusivamente ambiental para ingresar de lleno en el terreno del desarrollo, la regulación y la gobernanza.
El Seminario Internacional “Cambio Climático y Gobernanza del Agua: Perspectivas jurídicas, ambientales y culturales”, realizado en la sede central de la UGD, profundiza una línea de trabajo iniciada en 2025 sobre gestión hídrica trinacional y desarrollo sostenible en la región de frontera.
El nuevo enfoque incorpora variables que exceden la discusión técnica tradicional: derecho humano al agua, justicia ambiental, litigación climática, preservación del Acuífero Guaraní y regulación del uso de los recursos naturales en escenarios de mayor presión climática y productiva.
La actividad reunió a especialistas nacionales e internacionales junto a representantes institucionales vinculados a biodiversidad, derecho ambiental y gestión pública. Desde el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) se presentaron trabajos sobre conservación del patrimonio natural y legislación aplicada a los recursos hídricos provinciales.
La agenda no es menor para Misiones. Aunque la provincia posee disponibilidad hídrica superior a otras regiones del país, el debate comienza a desplazarse desde la abundancia hacia la calidad del agua, la infraestructura de potabilización y los criterios de sostenibilidad para actividades productivas y energéticas.
Embid: “El debate público debe preceder cualquier gran infraestructura”
Durante una entrevista concedida a Economis en el marco de su visita, Antonio Embid Irujo planteó que los grandes proyectos vinculados al agua y la energía requieren discusión pública, evaluación ambiental y legitimidad social previa.
El especialista señaló que el acceso al agua para consumo humano debe ocupar el primer nivel en la jerarquía de usos, seguido por los sectores productivos, agrícolas e industriales, bajo esquemas regulatorios modernos y con intervención del poder público.
En esa línea, el jurista vinculó el debate energético con la sostenibilidad ambiental, en referencia a discusiones históricas en Misiones sobre proyectos hidroeléctricos sobre el río Paraná. Según sostuvo, la construcción de grandes infraestructuras debe contemplar evaluación de impacto ambiental, análisis económico y participación ciudadana.
También remarcó que en Europa las decisiones sobre obras de gran escala vinculadas al agua no avanzan sin procesos formales de consulta y difusión pública. Para Embid, el problema no pasa exclusivamente por definir si la infraestructura es estatal o privada, sino por garantizar eficiencia, calidad del servicio y acceso seguro al agua potable.
Un doctorado internacional con base en Misiones
El segundo eje de la visita apunta al fortalecimiento académico regional. La UGD presentará el Doctorado en Derecho de la Universidad de Zaragoza, una propuesta orientada a profesionales de Misiones y el NEA que permitirá desarrollar trayectos doctorales sin residencia permanente en España.
El esquema prevé seguimiento académico, definición de líneas de investigación y actividades presenciales periódicas en la provincia junto a docentes e investigadores españoles.
La iniciativa busca construir masa crítica regional en áreas vinculadas a derecho ambiental, gobernanza de recursos naturales, integración regional y políticas públicas. La articulación con un equipo académico especializado en agua y sostenibilidad adquiere relevancia en una región marcada por la biodiversidad, los recursos hídricos y las tensiones entre conservación y desarrollo productivo.
La discusión ambiental entra en una nueva etapa institucional
La actividad impulsada por la UGD refleja además un cambio en el tipo de discusión jurídica y política que empieza a consolidarse en el NEA. El debate ya no se limita a la preservación ambiental como concepto abstracto, sino que incorpora variables de infraestructura, seguridad hídrica, energía, inversión y regulación estatal.
En la entrevista, Embid insistió en que el desarrollo sostenible implica compatibilizar crecimiento económico, creación de empleo y conservación del recurso para futuras generaciones. Bajo esa lógica, la sostenibilidad aparece como criterio ordenador de decisiones públicas que involucran desde producción hasta obras energéticas.
Para Misiones, donde conviven demandas de expansión económica con una fuerte identidad ambiental, la evolución de estas discusiones podría impactar tanto en políticas públicas como en futuros marcos regulatorios vinculados al agua, energía y uso territorial.
La agenda presentada por la UGD deja planteado un escenario de mediano plazo donde el derecho ambiental, la gestión del agua y la gobernanza climática ganarán centralidad institucional.
El avance de proyectos energéticos, la presión sobre infraestructura hídrica, las exigencias internacionales sobre sostenibilidad y la necesidad de financiamiento para obras públicas podrían convertir estos debates en un componente cada vez más relevante de la agenda regional.
La evolución de la discusión dependerá de cómo se articulen universidad, Estado, sistema judicial y sectores productivos en torno a un tema que, aunque históricamente asociado al ambiente, empieza a ser leído también como un factor de competitividad, gobernabilidad y planificación estratégica.
