Este 23 de abril, en Posadas, la jornada que se realiza en su sede no solo reúne a investigadores, sino que pondrá sobre la mesa una discusión de fondo: cómo el conocimiento genético puede influir en decisiones de gobierno vinculadas a la conservación y la salud. En ese marco, el investigador Diego Cadena Mantilla anticipó parte del enfoque: el ADN como puente entre biodiversidad, desarrollo y políticas públicas. La tensión es clara: ¿puede la ciencia convertirse en insumo efectivo para la toma de decisiones estatales?
Del laboratorio al territorio: el ADN como herramienta de gestión
El encuentro, abierto con inscripción previa y enmarcado en el Día Internacional del ADN (25 de abril), busca mostrar cómo una herramienta técnica puede tener impacto concreto en la gestión pública. Desde el IMiBio, el enfoque apunta a integrar investigación, conservación y desarrollo productivo.
Cadena Mantilla explicó que una de las líneas centrales es el uso del llamado ADN ambiental, una metodología que permite detectar especies a partir de rastros genéticos en el entorno —como pelos o residuos biológicos— sin intervenir directamente en el hábitat. El dato no es menor: habilita monitoreos no invasivos y la detección temprana de especies invasoras, lo que puede traducirse en decisiones más rápidas en materia de control ambiental.
La lógica institucional detrás de este enfoque es clara: generar información precisa para anticipar problemas, en lugar de reaccionar cuando el daño ya está consolidado. En ese esquema, el ADN deja de ser solo una herramienta de laboratorio y pasa a ser un insumo estratégico para la gestión.
Diego Cadena Mantilla, investigador del IMiBio
Biodiversidad y salud: un vínculo en construcción
El evento también busca ampliar el alcance del debate hacia el campo de la salud. Durante la jornada se presentarán avances sobre el uso de compuestos derivados de la biodiversidad misionera, en particular a partir de hongos, con potencial aplicación en tratamientos vinculados al virus del papiloma humano.
Según lo expuesto, las investigaciones se encuentran en una etapa inicial, centrada en revisión y delimitación de los proyectos, a la espera de validaciones institucionales para avanzar en ensayos. Sin embargo, el planteo introduce un punto clave: la biodiversidad como activo estratégico, no solo ambiental sino también sanitario.
En términos de política pública, esto abre una discusión sobre cómo transformar recursos naturales en desarrollos aplicados, bajo criterios de sustentabilidad. La ecuación no es lineal: requiere inversión, articulación institucional y marcos regulatorios adecuados.
El rol del biobanco y la disputa por el conocimiento
Otro de los ejes que emergen del planteo del IMiBio es el resguardo de material genético. El biobanco aparece como una pieza central para conservar información que, en muchos casos, podría perderse con la desaparición de especies.
La lógica es preventiva, pero también estratégica. Contar con ese material permite, a futuro, desarrollar investigaciones, comparar poblaciones y entender cambios ambientales. En términos de poder, implica resguardar conocimiento propio frente a un escenario global donde la biodiversidad adquiere valor económico y científico.
El propio investigador señaló que muchas veces la valoración de estos recursos llega tarde, cuando ya no están disponibles. En ese punto, el biobanco se posiciona como una herramienta de soberanía científica.
Ciencia, alianzas y capacidad de incidencia
El evento también apunta a fortalecer vínculos con otras instituciones, como la Universidad Nacional de Misiones, en un intento de consolidar redes de trabajo que permitan escalar investigaciones. La lógica es clara: sin articulación, los desarrollos quedan limitados; con alianzas, pueden transformarse en innovación aplicada.
A la vez, el planteo reconoce una limitación estructural: la falta de herramientas o recursos para avanzar en determinadas líneas de investigación. En ese contexto, el resguardo de material genético aparece como una forma de sostener potencial futuro, incluso cuando las condiciones actuales no permiten desarrollarlo plenamente.
Un debate que recién comienza
La jornada del 23 de abril se presenta como un punto de partida más que como una síntesis. El desafío es traducir el conocimiento científico en políticas concretas, en un terreno donde intervienen múltiples variables.
Habrá que observar si este tipo de iniciativas logra consolidarse como un canal efectivo de incidencia en la toma de decisiones o si permanece dentro del circuito técnico. Por ahora, el movimiento es evidente: la ciencia busca ocupar un lugar en la construcción de agenda pública. El alcance real de esa intervención todavía está en disputa.
Escribe Mario Osava / IPS Noticias – Brasil es un caso singular de desarrollo agrícola acelerado, multiplicó casi por nueve su producción de granos en 50 años, se presenta como un modelo de agricultura tropical, pero tiene vulnerabilidades acentuadas por las guerras y, más existencial y permanente, por la crisis climática.
De 39,4 millones de toneladas de cereales, leguminosas y oleaginosas en 1975, la cosecha anual saltó para 346,1 millones de toneladas en 2025, según datos del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge).
De importador de cerca de 30 % de los alimentos que consumía, el país se convirtió en gran exportador, con un superávit de 149 000 millones de dólares en el sector agrícola. Las importaciones se limitaron a 20 000 millones de dólares, registró el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
En ese período de cinco décadas, la población brasileña se duplicó, de 107 millones de habitantes a 213 millones, según el mismo Ibge. En 1975 aún era mayoritariamente rural, con 52 %. El censo de 2022 apuntó que 87 % de los brasileños viven en ciudades.
Es decir, el salto en la producción agrícola ocurrió en un período de intenso éxodo rural, con la rápida urbanización de la población brasileña.
La investigación científica que permitió al país incorporar a la agricultura extensas tierras del Cerrado, la sabana brasileña, antes consideradas inadecuadas, suele ser apuntada como un factor decisivo de la transformación de Brasil en uno de los graneros del mundo.
¿Razones financieras detrás del bum?
“Hay varias explicaciones, pero quizás una de las más importantes sean las restricciones de recursos externos para importar alimentos. Brasil era muy dependiente de alimentos importados, y eso se agravó por la crisis de los años 80”, evaluó Jorge Arbache, profesor de economía de la Universidad de Brasilia.
Los países latinoamericanos y muchos otros en desarrollo sufrieron en aquella “década perdida” una empobrecedora crisis de la deuda externa que forzó a duros ajustes económicos.
Brasil vivió entonces un recrudecimiento de la hiperinflación, que alcanzó 235 % en 1985, y el inicio de un proceso de desindustrialización. El sector manufacturero pasó a perder participación en el producto interno bruto (PIB), al contrario de la agricultura.
Para ello contribuyó, de forma decisiva en la mirada agronómica, un gran esfuerzo en investigación y desarrollo volcado al sector agrícola. La estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), creada en 1975, tuvo un rol principal, pero otras instituciones especializadas también fueron relevantes.
“Eso resultó en un plan sofisticado de cultivos en el Cerrado”, recordó Arbache, en referencia al bioma que conforma la sabana más biodiversa del mundo.
El maíz y el algodón también tuvieron saltos de producción en las dos últimas décadas, impulsados por la soja, la locomotora cultivada entre noviembre y marzo. Enseguida se siembra algodón o maíz en la misma tierra. Con dos o tres cosechas al año, la agricultura tropical es naturalmente competitiva. Imagen: Mario Osava / IPS
La decisiva soja
La adaptación de la soja al suelo ácido y al clima del Cerrado, que ocupa dos millones de kilómetros cuadrados en el centro de Brasil, fue determinante para el bum agrícola. En 2025 esa oleaginosa, y también leguminosa, representó 48 % de la producción total de granos en Brasil, o sea 166,1 millones de toneladas.
Hace 50 años era un cultivo marginal restringido al extremo sur del país. Hoy Mato Grosso, un estado de la región del Centro-oeste en su mayor parte ocupado por el Cerrado y parte por la Amazonia, concentra 30,4 % de la cosecha nacional de soja.
“La gran capacidad de adaptación de la soja a suelos y clima distintos favoreció esa expansión. La Embrapa y otros centros de investigación lograron seleccionar variedades de producción espectacular en el Centro-Oeste”, explicó Jean Marc von der Weid, economista agrícola con maestría en la francesa Universidad París I Panthéon Sorbone.
Pero más importante fue la inversión en recursos humanos y en la extensión rural, a través de una red que llevó el conocimiento a los agricultores, opinó Arbache a IPS en una entrevista desde Brasilia.
Además, la soja impulsó la siembra de maíz y algodón, de los que Mato Groso se convirtió en el mayor productor nacional en años recientes. Ello porque que esos dos cultivos componen la segunda cosecha anual en las mismas áreas, una ventaja de la agricultura tropical.
“No conozco otro caso (de desarrollo agrícola) comparable al de Brasil. Si hay proyectos específicos y controlados, casi experimentales, de siembras en zonas áridas, pero nada relevante en ninguna mirada global”, acotó Arbache
Una vulnerabilidad fue que la concentración de granos en la frontera agrícola centro-occidental generó una fuerte demanda logística.
Pequeña porción de un bosque amazónico incendiado. Cada árbol talado o quemado en la Amazonia representa miles de litros de agua a menos cada día en los llamados ríos voladores, que llevan lluvias a la agricultura más productiva de Brasil, hacía el sur. Imagen: Mario Osava / IPS
¿Bum sostenible pese a las vulnerabilidades?
Hay además otras neurálgicas vulnerabilidades.
“Nuestra agricultura es demasiado dependiente de insumos importados, tecnologías, fertilizantes, agroquímicos variados, servicios digitales, y buena parte del comercio es dominado por empresas internacionales”, señaló el profesor de economía Arbache.
“El valor agregado local es relativamente bajo. El sector tiene un talón de Aquiles. Una crisis internacional, como la que ocurre actualmente, puede poner nuestra agricultura de rodillas, a causa de un modelo de negocios muy vulnerable”, acotó.
Se refiere a la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, desde febrero de 2022, y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero, que afectan el suministro de dos insumos indispensables: fertilizantes y diésel.
Brasil importa cerca de 85 % de los fertilizantes que consume. Rusia, principalmente, y países del Medio Oriente como Arabia Saudí y Qatar son sus proveedores y, por lo tanto, fuentes de inseguridad, como las guerras en Ucrania y contra Irán evidencian.
Pero, sin duda, la mayor vulnerabilidad es la climática, dijo a IPS, en su residencia en Río de Janeiro, von der Weid, fundador de la organización no gubernamental AS-PTA Agricultura Familiar y Agroecología, originalmente Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, cuyas siglas mantiene.
Ferrocarriles y almacenes insuficientes encarecen la soja y otros granos de exportación brasileños. Esa infraestructura logística es de Anápolis, en el estado centro-oriental de Goiás, donde se conectan dos ferrocarriles. Imagen: Mario Osava / IPS
¿Camina la bonanza de monocultivos hacia la insolvencia?
Las olas de calor redujeron la producción de café y cacao en todo el mundo y hacen mucho daño a la soja y el maíz, los cultivos más voluminosos de Brasil, siendo el maíz el más vulnerable a la sequía, ejemplificó Von der Weid.
Campesinos del Corredor Seco Centroamericano se adiestran en la construcción de un estanque de piedra, una de las «tecnologías» de acopio de agua de lluvia en el Semiárido brasileño, donde estuvieron en junio de 2018, para un intercambio de conocimientos sobre cómo lidiar con las sequias. Imagen: Mario Osava / IPS
¿El Semiárido, la respuesta para el futuro?
La irregularidad climática provoca sequías y lluvias excesivas, dispersas e imprevisibles, de forma distinta en lugares incluso cercanos, se generaliza y se impone de manera similar a la que ocurre en la ecorregión del Semiárido, en el Nordeste de Brasil, donde AS-PTA más actúa desde su fundación en 1983, detalló Von der Weid.
En esa región predomina otro tipo de agricultura, la que en Brasil se denomina familiar, por involucrar poca tierra y el trabajo principalmente de las familias en la producción rural.
El Nordeste concentra 47 % de los predios de la agricultura familiar, según el censo del Ibge de 2017. Es donde más se diseminaron las prácticas agroecológicas, incluso por razones naturales, es decir las condiciones adversas, como lluvias concentradas en pocos meses, agua subterránea salobre, calor y mucha pobreza.
La mayor parte de esas cisternas, más de un millón, se destina a proveer agua potable para beber y cocinar en los hogares. Las demás, llamadas para producción, son para el riego de los huertos y para los animales.
A ello se sumaron variados programas sociales, como la Bolsa Familia, un subsidio directo a los más pobres, beneficios a los jubilados y discapacitados, y compras gubernamentales de alimentos producidos por agricultores familiares para la alimentación escolar y de las instituciones de asistencia social.
El futuro de la agricultura será agroecológico, asegura Von der Weid, una exigencia de la adaptación a los cambios climáticos, a las condiciones adversas que los campesinos ya enfrentan en el Semiárido.
“La crisis del agronegocio ya se instaló y va creciendo, pese a la pujanza que exhibe en Brasil. No se pueden ampliar indefinidamente los subsidios”, concluyó.
En el marco del Día Mundial del Agua, la planta de Papel Misionero -del Grupo Arcor- inauguró nuevas piletas de contención de efluentes, una obra estratégica que busca fortalecer el sistema de tratamiento y prevenir contingencias dentro de su proceso industrial. La iniciativa se concretó tras una visita de autoridades del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.
La inversión surge como respuesta a una infracción ambiental detectada en 2024 durante controles oficiales, que evidenciaron desajustes en el sistema de tratamiento. A partir de ese diagnóstico, el organismo provincial estableció exigencias técnicas que derivaron en una adecuación integral de la infraestructura. El resultado es una obra de gran escala orientada a garantizar el cumplimiento de los parámetros ambientales y mejorar la gestión de efluentes dentro de la planta.
La actividad fue encabezada por el gerente de planta, Gabriel Bortolon, junto al ministro de Ecología, Martín Recamán, quienes verificaron el funcionamiento del nuevo sistema. También participaron los intendentes de Puerto Leoni, Elvio Rivas, y de Capioví, Ramón Alberto Arrúa.
La infraestructura inaugurada cuenta con una capacidad total cercana a los 20.000 metros cúbicos, distribuida en dos piletas. El sistema permite captar, almacenar y regular el efluente interno antes de su ingreso al tratamiento biológico, considerado el núcleo del proceso de depuración.
Desde la empresa, Bortolon explicó que “esta obra consiste en un sistema avanzado de piletas de reservorio de contingencia y homogeneización del efluente interno de planta. Sin duda fue una inversión importante para la empresa, pero reafirma nuestro compromiso con el medio ambiente”.
Además, destacó que la incorporación de tecnología mejora la eficiencia del sistema y permite alcanzar estándares más exigentes: “Estamos trabajando alineados estrechamente con el Ministerio de Ecología, buscando alcanzar los estándares más exigentes en materia de tratamiento de efluentes”.
El directivo remarcó que estas inversiones forman parte de una estrategia integral de “fortalecer nuestro compromiso ambiental implica mejorar nuestras prácticas, invertir en tecnología y optimizar nuestros procesos. También buscamos transmitir que estamos llevando adelante un sistema transparente y responsable de gestión ambiental”.
El ministro Recamán subrayó el proceso que llevó a la concreción de la obra: “A partir de una situación social, pública, de reclamo se armó una agenda para establecer cuáles eran las necesidades para profundizar cuestiones ambientales dentro de la empresa”.
Y agregó que “este es un hecho importante, una acción concreta donde de manera conjunta se avanza en materia ambiental para seguir produciendo pero en un contexto vinculado al cuidado del ambiente”.
Control, inversión y sostenibilidad
El caso refleja un esquema cada vez más visible en la industria: la fiscalización estatal como disparador de inversiones privadas en mejoras ambientales. Lejos de limitarse a sanciones, la intervención del Estado derivó en una transformación estructural dentro de la planta, con impacto directo en la calidad de sus procesos.
Este tipo de articulación entre el sector público y el privado aparece como un factor clave para avanzar hacia modelos productivos más sostenibles, donde el cumplimiento normativo, la prevención de impactos y la incorporación de tecnología se consolidan como ejes centrales.
En un contexto donde la agenda ambiental gana peso en la competitividad industrial, la experiencia de Papel Misionero muestra cómo una situación de incumplimiento puede reconvertirse en una oportunidad de modernización y mejora continua.
“No se trata solamente de consumir menos, sino de consumir mejor: elegir productos durables, locales, con menor impacto ambiental, evitar el desperdicio y priorizar aquello que realmente necesitamos”, de esta manera, Álvaro Ledesma, profesor de Gestión de Residuos Urbanos de la Tecnicatura Superior en Ecología Urbana, que el Instituto Superior Multiversidad Popular ofrece en la ciudad de Posadas, nos invita a conocer sobre esta forma de vincularse con el ambiente en el Día Mundial del Consumo Responsable.
El Día Mundial del Consumo Responsable se celebra cada 15 de marzo para concientizar sobre el impacto ambiental y social de nuestros hábitos de compra, promoviendo la sostenibilidad, la reducción de residuos y el consumo consciente. Se enfoca en comprar localmente, reducir el uso de plásticos y reparar en lugar de tirar. Todas, acciones que se pueden implementar en la cotidianeidad y que aportan enormemente a mejorar la calidad ambiental del lugar donde vivimos. En las siguientes líneas, Ledesma repasa los principales ítems del consumo responsable y nos cuenta cómo la Multiversidad, a través de la educación ambiental y prácticas concretas, multiplica esta modalidad.
¿Qué es el consumo responsable?
El consumo responsable es una forma de elegir y utilizar bienes y servicios teniendo en cuenta sus impactos ambientales, sociales y económicos.
No se trata solamente de consumir menos, sino de consumir mejor: elegir productos durables, locales, con menor impacto ambiental, evitar el desperdicio y priorizar aquello que realmente necesitamos.
Implica hacerse algunas preguntas antes de consumir: ¿Lo necesito realmente? ¿De dónde viene este producto? ¿Qué impacto tiene producirlo y desecharlo?
¿Por qué es importante aplicar el consumo responsable?
El modelo de consumo actual genera una gran presión sobre los recursos naturales y produce enormes cantidades de residuos.
Aplicar el consumo responsable permite: Reducir la generación de residuos. Disminuir la contaminación. Ahorrar recursos naturales como agua, energía y suelo. Apoyar economías locales y producciones sustentables. Y mejorar la calidad ambiental de las ciudades.
En este sentido, cada decisión de consumo tiene también un impacto ambiental y social.
¿A qué se puede aplicar el consumo responsable? ¿Solo a bienes o también a servicios?
El consumo responsable se aplica tanto a bienes como a servicios. Por un lado, se relaciona con bienes materiales como alimentos, ropa, electrodomésticos, tecnología o productos de uso cotidiano.
Pero también se aplica al uso de servicios, por ejemplo: Consumo de energía eléctrica. Uso del agua. Transporte. Servicios digitales. Y turismo.
Por ejemplo, ahorrar electricidad, usar transporte público o reducir el consumo de agua también son formas de consumo responsable.
¿Cómo se aplica este tema en la Multiversidad?
En la Multiversidad el consumo responsable se aborda a través de la educación ambiental y las prácticas concretas dentro de la Institución.
Se promueven acciones como: Separación de residuos. Reducción de descartables. Reutilización de materiales. Reflexión crítica sobre los hábitos de consumo. Y promoción de la economía circular.
El objetivo es que estudiantes y docentes no solo conozcan el concepto, sino que lo incorporen en su vida cotidiana y lo transmitan a la comunidad.
En la cotidianeidad, en nuestra ciudad, ¿Cómo se puede implementar ese consumo responsable?
En la vida cotidiana existen muchas acciones simples que ayudan a aplicar el consumo responsable: Separar residuos reciclables. Reducir el uso de plásticos descartables. Comprar productos locales o de producción regional. Reparar objetos en lugar de desecharlos. Reutilizar materiales. Ahorrar agua y energía en el hogar. Y utilizar transporte público, bicicleta o caminar.
Cuando estas prácticas se multiplican en la sociedad, las ciudades generan menos residuos, menos contaminación y utilizan mejor sus recursos.
¿Hay lugares, legislación o acciones concretas que nos sirvan de ejemplo de consumo responsable?
Existen numerosos ejemplos de políticas y acciones que promueven el consumo responsable.
En muchos municipios se han implementado programas de reducción de plásticos descartables, logrando reducir significativamente el uso de bolsas plásticas.
También hay ciudades que desarrollaron sistemas de separación y recuperación de residuos, permitiendo reciclar grandes cantidades de materiales y reducir lo que llega a los rellenos sanitarios.
En distintos países se promueven políticas de economía circular, que fomentan el ecodiseño, la reparación de productos y la reutilización de materiales para extender su vida útil.
La Federación Argentina de la Ingeniería Forestal (FAIF) fijó una postura institucional crítica frente a las modificaciones propuestas a la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, al considerar que implican una regresión significativa en los niveles de protección ambiental, debilitan el control estatal y aumentan los riesgos productivos, sociales y territoriales, especialmente en materia de incendios forestales. El pronunciamiento fue difundido el 5 de febrero de 2026 y se inscribe en el debate nacional sobre el ordenamiento territorial, el uso del suelo y la sostenibilidad de los bosques nativos como activos estratégicos del desarrollo argentino.
Desde una mirada técnica y profesional, la FAIF sostuvo que los cambios en análisis comprometen la previsibilidad normativa, desalientan inversiones responsables y erosionan el rol de la Ingeniería Forestal como disciplina clave en la gestión sostenible del patrimonio forestal.
Cambios a la Ley 26.331: retroceso normativo y debilitamiento del control estatal
En su análisis, la FAIF remarcó que la Ley 26.331, sancionada en 2007, constituye una herramienta central de ordenamiento territorial de los bosques nativos, al establecer categorías de conservación que permiten compatibilizar producción, conservación y reducción de riesgos ambientales. Sin embargo, advirtió que las modificaciones propuestas desnaturalizan ese esquema.
Entre los puntos más críticos, la entidad enumeró:
La flexibilización o eliminación de la autorización previa para desmontes en áreas de Categoría I.
La habilitación del desmonte en áreas de Categoría II, en contradicción con los objetivos fundantes de la ley.
El debilitamiento de las Autoridades Locales de Aplicación y de los mecanismos de control y fiscalización.
La eliminación o vaciamiento del registro de infractores ambientales.
Según la FAIF, estas medidas reducen la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de la norma, generan incentivos directos al cambio definitivo de uso del suelo y afectan negativamente la planificación de largo plazo. “La flexibilización normativa no constituye una estrategia de desarrollo, sino un riesgo cierto para el patrimonio forestal, ambiental y social de la Argentina”, señaló el documento.
El posicionamiento se apoya en antecedentes técnicos y académicos, entre ellos los lineamientos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y aportes de organismos internacionales como la FAO, que destacan el manejo forestal sostenible como eje del desarrollo regional.
Bosques nativos, economía regional e incendios forestales
La FAIF subrayó que los bosques nativos no son áreas improductivas, sino sistemas complejos que sostienen economías regionales, regulan el ciclo hídrico, conservan suelos, albergan biodiversidad y mitigan los efectos del cambio climático. Desde esta perspectiva, reducir los estándares de protección ambiental compromete tanto los servicios ecosistémicos como la disponibilidad futura de materia prima para la industria foresto-industrial.
Uno de los ejes centrales del comunicado es la relación entre ordenamiento territorial e incendios forestales. La entidad afirmó que la creciente severidad de los incendios en la Argentina no puede analizarse solo desde la emergencia, sino como consecuencia de deficiencias estructurales en la planificación del uso del suelo. La fragmentación del paisaje, el avance desordenado de la frontera agropecuaria y la pérdida de continuidad de los bosques incrementan la carga de combustibles y favorecen incendios de gran magnitud.
En este sentido, la FAIF advirtió que las modificaciones propuestas a la Ley 26.331 debilitan el rol preventivo del ordenamiento territorial, especialmente en regiones donde el fuego interactúa con sequías recurrentes, altas temperaturas y procesos de degradación acumulada. La desregulación, sostuvo, traslada los costos ambientales, sociales y económicos a las comunidades locales y al Estado.
Una política forestal de Estado como condición de sostenibilidad
En su posición institucional, la FAIF reclamó que cualquier revisión normativa se oriente inequívocamente a:
Fortalecer el Manejo Forestal Sostenible como eje del desarrollo forestal.
Reforzar los mecanismos de control, evaluación ambiental y fiscalización.
Garantizar la participación efectiva de las Autoridades Locales de Aplicación.
Jerarquizar el rol de los profesionales de la Ingeniería Forestal.
Consolidar una Política Forestal de Estado, federal, previsible y basada en la ciencia.
El documento retoma conceptos expuestos en la conferencia del Ing. Ftal. Jaime Ledesma, donde se afirmó que no existe desarrollo sostenible posible sin una política forestal de largo plazo, con sustento científico y previsibilidad normativa.
Como cierre, la FAIF reafirmó que los bosques nativos deben ser conservados y gestionados en pie, bajo criterios técnicos, científicos y sociales, y advirtió que ignorar esta base implica comprometer el futuro ambiental, productivo y social del país.
