DESARROLLO SOSTENIBLE

América Latina propone un pacto social mundial

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Inter Press Service – Los países de América Latina y el Caribe abogarán por un pacto social mundial, para avanzar en la consecución de metas frente al hambre, la pobreza y las desigualdades, cuando en noviembre se reúna en Qatar la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.

Representantes de gobiernos de la región adoptaron la propuesta durante la sexta Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, realizada esta semana en esta capital, en la que también pidieron incrementar la coordinación y la cooperación regionales ante sus desafíos sociales.

“La lucha contra la pobreza, el hambre y las desigualdades siguen siendo el punto de partida de cualquier pacto social”, planteó en la conferencia Almudena Fernández, economista jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

El Pnud y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) fueron los organizadores de la conferencia, acogida por el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil.

Un estudio de la Cepal analizado en la conferencia mostró que en 2024 se alcanzó

la incidencia más baja de pobreza en la región (26,8 %, unos 170 millones de personas) y se registraron niveles de pobreza extrema similares a los de los años previos a la pandemia covid-19 (10,4 % o 66 millones de personas).

A pesar de esa recuperación con respecto a décadas precedentes, la región aún está lejos de cumplir con los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que plantean reducir al menos a la mitad la pobreza y erradicar la pobreza extrema para el año 2030.

Otro tema del estudio de la Cepal “América Latina y el Caribe a 30 años de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social” -efectuada hace tres décadas en Copenhague- es el de la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

Con respecto al hambre, en el año 2023 la región albergaba 187,6 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave (28,2 % de la población) y la Cepal apunta que está experimentando una transición nutricional en la que conviven la desnutrición con el sobrepeso y la obesidad.

En relación con la malnutrición, desde la década de 1990, la región ha registrado una disminución notable de las cifras de desnutrición crónica, de 21,8 % a 11,5 % de las niñas y niños menores de 5 años, si bien existe una marcada heterogeneidad entre los distintos países y subregiones.

En paralelo, el sobrepeso y la obesidad han crecido de 6,8 % en 2000 a 8,6 % en 2022, tres puntos porcentuales más que el promedio mundial, aunque, de nuevo, la situación varía entre los países.

Según el estudio, 29,9 % de la población adulta presentaba obesidad en 2022, cifra que registra una tendencia al alza en todos los países de la región desde 2000.

Y con respecto a la desigualdad, América Latina y el Caribe permanece como la región más desigual, con un índice de Gini (que mide desde cero, perfecta igualdad, hasta uno, lo contrario) que entre 2014 y 2023 apenas se redujo cuatro por ciento, de 0,471 a 0,452.

También se pasó revista a los nuevos enfoques sobre la protección social no contributiva, a la institucionalidad social en la región y a nuevos desafíos planteados para un desarrollo social inclusivo.

“La columna vertebral del desarrollo social inclusivo son los sistemas de protección social que deben ser universales, integrales, sostenible y resilientes”, dijo en su exposición Alberto Arenas de Mesa, director de la División de Desarrollo Social de la Cepal.

Un desafío examinado es el de la brecha digital, que persiste entre los diferentes grupos de población, y amenaza con profundizar las desigualdades existentes y excluir a grandes segmentos de la sociedad de los beneficios de la era digital.

La automatización, la robotización y la introducción de la inteligencia artificial generativa “están cambiando la naturaleza del trabajo, lo que requiere una adaptación de los sistemas educativos y de formación”, postula la Cepal.

Luego, está el tema del cambio climático y la vulnerabilidad a los desastres, pues la región es una de las más vulnerables a efectos como tormentas, inundaciones y sequías de frecuencia e intensidad crecientes.

En particular, los pequeños Estados insulares en desarrollo, como las islas del Caribe, soportan habitualmente enormes costos en pérdida de vidas humanas e infraestructura física, y además los desastres afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más pobres y vulnerables.

Otro tema es el de la migración, pues los flujos migratorios entre los países de la región han aumentado y se han diversificado en los últimos años debido a las crisis económicas, los conflictos políticos, la vulnerabilidad ante situaciones de violencia, los desastres y los procesos de reunificación familiar.

Por todo ello, el pacto mundial que se propone comprende un llamado a las instituciones financieras internacionales y a los países desarrollados a comprometer financiamiento para apoyar las políticas orientadas al desarrollo social inclusivo.

Por su parte “los países en desarrollo han de comprometerse a hacer su mayor esfuerzo en materia de institucionalidad fiscal y gestión eficiente de los recursos públicos de manera de dar transparencia y sostenibilidad al apoyo financiero”, de acuerdo con la mesa directiva de la conferencia.

El secretario ejecutivo del ministerio brasileño, Osmar Ribeiro de Almeida Júnior, dijo al cierre de la conferencia que “salimos de aquí con tareas claras”, la primera de las cuales es “mantener la cohesión y el impulso político hasta Doha, donde tendremos una oportunidad única de consolidar compromisos”.

La segunda es de compromiso para las naciones latinoamericanas y caribeñas: “Mantener el rumbo y acelerar las transformaciones sociales en nuestra región”, concluyó Ribeiro de Almeida.

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Expertos de la ONU aplauden veto a reforma ambiental en Brasil

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Inter Press Service – Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas saludaron en una declaración este jueves 4 el veto que el presidente de Brasil., Luiz Inácio Lula da Silva, impuso sobre la ley de licencias ambientales que aprobó el legislativo Congreso Nacional en julio.

“Estos vetos demuestran el compromiso de Brasil de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente”, resumieron los expertos en su declaración.

Lula promulgó el 8 de agosto la Ley de Licencias Ambientales, llamada “ley de devastación” por el movimiento ambientalista, pero vetó gran parte de su texto, 63 artículos que contenían las disposiciones más problemáticas.

Una mayoría conservadora en el parlamento impulsó la ley, y en la Cámara de Diputados reunió 267 votos a favor contra 116 en contra.

Los expertos de la ONU, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, habían advertido de que esa ley “abriría la puerta a graves riesgos de daños irreparables para las comunidades y los ecosistemas”.

La ley permitía a los emprendedores una autolicencia, si sus proyectos conllevaban riesgos moderados, y simplificaba las autorizaciones para los proyectos considerados “estratégicos”, de acuerdo con una clasificación que establecería semestralmente el Consejo de Gobierno, vinculado a la presidencia.

Se establecía una modalidad de licencia ambiental única, entregada en una sola etapa, en vez de las cuatro habituales, que comprenden viabilidad, instalación, ampliación y operación de un proyecto.

Proyectos con un potencial contaminante ya no solo bajo, sino también medio, podrían conseguir permiso con solo llenar un formulario.

La agricultura, parte de la ganadería extensiva y diversas infraestructuras no necesitarían licencia ambiental, y no se estableció una lista nacional de actividades que requerirían permiso ambiental, dejando esas decisiones a estados y municipios.

También se debilitaban los procesos de consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que viven en tierras no demarcadas, y se disminuía, según los ambientalistas, la protección de la Mata Atlántica, el bosque húmedo que cubre áreas el este y sureste del país.

Los expertos de la ONU habían expresado su preocupación, al considerar que la ley conllevaba una regresión en la protección del medio ambiente, el clima y los derechos humanos, incluyendo el deber de prevenir daños ambientales y climáticos.

Por eso saludaron que “al vetar la mayoría de sus disposiciones más problemáticas, el gobierno ha abordado eficazmente las principales preocupaciones planteadas por los expertos. Entre las disposiciones vetadas se encontraban las exenciones”.

Señalaron que la ley mantiene una referencia a un proceso de licenciamiento simplificado para los llamados “proyectos estratégicos” y que existe una medida de precaución para evaluarlos.

Afirmaron que “todos los proyectos, estratégicos o no, que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente, el clima o los derechos humanos, deben estar sujetos a una evaluación de impacto ambiental adecuada y exhaustiva basada en la mejor ciencia disponible, incluida la ciencia indígena”.

“Aplaudimos la decisión del gobierno brasileño, ya que demuestra que escuchar las voces de los afectados, incluidos los titulares de derechos humanos y las comunidades científicas, puede conducir a decisiones adecuadas y prevenir daños a largo plazo al derecho de todos a un medio ambiente sano”, agregaron.

Finalmente, instaron al Congreso Nacional a mantener los vetos presidenciales y advirtieron que revertirlos “violaría la Constitución, los derechos humanos, la protección del medio ambiente y las obligaciones de Brasil en virtud de múltiples tratados y el derecho internacional consuetudinario”.

Tanto la ley, como su promulgación con el veto añadido y as consideraciones de los expertos, se registran a pocas semanas de que se inicie en Belém, en el noreste de Brasil, la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

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Misiones lanza el programa de Eficiencia Energética para el sector turístico

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La Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI), en conjunto con el Ministerio de Turismo, la Secretaría de Estado de Energía y la Cámara Misionera de Empresas Constructoras y Afines (CAMECA), presenta el nuevo Programa de Eficiencia Energética dirigido a emprendimientos turísticos de la provincia.

El lanzamiento oficial será el miércoles 27 de agosto a las 10:00 hs en la Sala de Prensa de Casa de Gobierno, con la presencia de autoridades provinciales y referentes del sector.

¿De qué se trata el programa?

La iniciativa busca optimizar el consumo energético en hoteles, lodges, cabañas y otros alojamientos turísticos, promoviendo el uso racional de la energía, la incorporación de tecnologías eficientes y la mejora de la rentabilidad de los emprendimientos. Se realizarán charlas informativas, capacitaciones técnicas y asesoramiento especializado, incluyendo la participación del experto internacional Klaus Burkhart, a través del programa alemán Senior Experten Service (SES) -profesionales jubilados con experiencia técnica y empresarial que brindan asesoramiento en distintos países-.

Beneficios para el sector turístico

Los emprendimientos participantes accederán a diagnósticos energéticos, asistencia técnica personalizada y recomendaciones prácticas para reducir costos y cuidar el ambiente. El programa se implementará en cinco ciudades: Puerto Iguazú, Aristóbulo del Valle, El Soberbio, Eldorado y Posadas, iniciando el 15 de septiembre en Puerto Iguazú.

Inscripciones y contacto

Las inscripciones estarán abiertas a partir del 27 de agosto en www.ademi.org.ar. Para más información, comunicarse a info@agenciamisiones.org.ar o al +54 3764 112101.

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Ingenieros Forestales: guardianes del territorio y la sostenibilidad en Argentina

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Este 16 de agosto de 2025 se celebra en todo el país el Día del Ingeniero/a Forestal, profesión que cumple un rol estratégico en la gestión de los recursos naturales y en la planificación sostenible del territorio. Reconocidos como los “médicos de la tierra y los bosques”, los profesionales de la ingeniería forestal combinan ciencia, tecnología y compromiso ético para garantizar un equilibrio entre producción, desarrollo y conservación ambiental.

La efeméride recuerda la creación de la primera carrera de Ingeniería Forestal en Argentina, en 1963, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que marcó el inicio de la formación académica en esta disciplina. Desde entonces, las provincias con fuerte impronta forestal —como Misiones, Corrientes y Entre Ríos— han sido epicentro del crecimiento de una profesión que articula intereses productivos con la necesidad de preservar ecosistemas críticos.

En la actualidad, el trabajo de los ingenieros forestales cobra mayor relevancia ante desafíos globales como el cambio climático, la deforestación, el manejo del agua y la transición hacia modelos de producción más sostenibles.

De acuerdo con la definición institucional de la profesión, los ingenieros forestales poseen un conjunto de competencias que los convierte en actores centrales en la gestión ambiental:

  • Ordenamiento y gestión de los recursos forestales: abarca bosques naturales, implantados y urbanos, así como tierras forestales y cuencas hidrográficas.
  • Planificación territorial sostenible: modelan el mosaico territorial, conservan paisajes y equilibran intereses entre la producción de bienes forestales y la preservación del ecosistema.
  • Gerenciamiento foresto-industrial: impulsan el desarrollo de cadenas de valor sostenibles vinculadas a la madera, la celulosa, el papel y la bioenergía.

En palabras institucionales, “los ingenieros forestales gestionan el territorio aplicando principios, técnicas y prácticas ingenieriles en la producción sostenible de bienes y servicios, con un profundo compromiso ético y ambiental”.

El rol estratégico en Misiones

En provincias como Misiones, donde la actividad forestal representa más del 40% de la economía provincial, la figura del ingeniero forestal es decisiva. Su labor se extiende desde la silvicultura y el aprovechamiento industrial de la madera, hasta la conservación de la selva paranaense, uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo.

El vínculo con sectores productivos es estrecho: las empresas forestales, los aserraderos y la industria celulósico-papelera requieren de ingenieros forestales para cumplir con estándares de certificación internacional, mejorar la productividad y garantizar el uso sostenible de los recursos.

El impacto de la profesión se mide tanto en términos económicos como sociales y ambientales:

  • En el plano económico, contribuyen a un sector que genera miles de empleos en el NEA y abastece al mercado interno y externo de productos forestales.
  • En lo ambiental, lideran planes de reforestación, manejo de cuencas y conservación de áreas protegidas.
  • En lo social, trabajan con comunidades rurales y pueblos originarios en proyectos de uso sostenible de los recursos, promoviendo inclusión y desarrollo territorial.

De cara a los próximos años, el rol de los ingenieros forestales será determinante para alcanzar los compromisos internacionales en materia ambiental y de reducción de emisiones. Entre los principales retos se destacan:

  • Adaptación al cambio climático, mediante planes de restauración forestal y mitigación de riesgos hídricos.
  • Innovación foresto-industrial, con incorporación de tecnologías de bioproductos y economía circular.
  • Consolidación del turismo de naturaleza, donde la conservación de bosques y paisajes es un factor diferencial.

En este marco, la profesión se reafirma como columna vertebral de una política pública orientada al desarrollo sostenible, en especial en provincias como Misiones, donde el bosque es recurso, paisaje e identidad.

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La conservación del suelo como punto de partida para un equilibrio ambiental

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Cada 7 de julio, conmemoramos el Día de la Conservación del Suelo, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia vital de este recurso y la urgente necesidad de protegerlo. El suelo es la base de la vida en el planeta, de él depende la producción de alimentos, la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

Sin embargo, en un mundo cada vez más industrializado y urbanizado, el suelo enfrenta amenazas crecientes que aceleran su degradación. La deforestación, la agricultura intensiva, el uso indiscriminado de agroquímicos y la expansión urbana ejercen una presión sin precedentes sobre este recurso esencial y limitado.

Desde El Salvaje, Chacras Marítimas, primer emprendimiento sustentable de la costa argentina, reafirmamos nuestro compromiso de crecer en armonía con la naturaleza. No se trata solo de construir respetando el entorno, sino de integrarse a él, por ello es el único desarrollo en la zona que cuenta con una Declaratoria de Impacto Ambiental otorgada por la Oficina Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

Entre nuestros principios fundacionales, se destacan tres pilares estratégicos que reflejan un compromiso concreto con la conservación del suelo: baja densidad poblacional, localización cuidadosamente definida fuera de la cadena de médanos vivos y la preservación de las geoformas naturales del terreno, que evita movimientos de suelo innecesarios y mantiene la integridad del paisaje original.

Asumimos  una gestión responsable del agua, implementamos prácticas directas de gestión sostenible, reduciendo significativamente los riesgos de contaminación del suelo y las napas. Fomentamos la separación de residuos y promovemos el uso responsable de los recursos en todas las etapas del desarrollo. 

No hablamos desde una mirada externa o puramente ambientalista, sino desde el compromiso activo de quienes intervienen el territorio con responsabilidad. Entendemos que desarrollar implica necesariamente intervenir, pero también creemos que es posible hacerlo con un profundo respeto por el entorno. Buscar el equilibrio entre conservación y transformación no es fácil, pero lo asumimos como parte central de nuestra tarea.

Reconocer el valor incalculable del suelo y nuestra dependencia de él es clave; frente al avance de la degradación, se vuelve indispensable asumir un compromiso real y sostenido. Gobiernos, empresas y ciudadanos tenemos la responsabilidad de adoptar prácticas responsables que aseguren su salud y, con ella, la sostenibilidad del planeta. 

Actuar hoy es una obligación con las generaciones presentes y futuras.

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