Desregulación yerbatera

“Efecto Desregulación” en la cuenca yerbatera: Misiones proyecta pérdidas por USD 460 millones

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La exposición de la delegación misionera ante las comisiones de Economía y de Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación expuso las variables de la crisis estructural que enfrenta la principal actividad económica del NEA. Con una brecha que sitúa el valor de la hoja verde un 47% por debajo del costo técnico de producción, el sector primario acumula una transferencia negativa de ingresos calculada en $640.000 millones para el bienio cooperativo 2025-2026.

El debate legislativo en el Congreso de la Nación introdujo indicadores que exponen un proceso de descapitalización en los eslabones iniciales de la cadena de valor. El desarme de las facultades de arbitraje del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) —convalidado por el DNU 70/2023 y profundizado por la acefalía operativa del organismo— erosionó el poder de negociación de los minifundistas. La asimetría comercial no solo pulveriza la rentabilidad en la chacra, sino que se combina con una fuerte contracción del consumo doméstico y un creciente endeudamiento del sector molinero, configurando un escenario de vulnerabilidad para las finanzas de la provincia.

Los números de la contracción yerbatera

La presentación del informe técnico “Mentiras macroeconómicas y realidades misioneras: el amargo presente de la yerba mate”, respaldado por consorcios agrarios y cooperativas, detalla la magnitud del desajuste:

Pérdida de Capital en Masa: El diferencial entre los costos calculados por el INYM y los precios pagados en secadero generará un drenaje de USD 460 millones durante la presente zafra.

Apalancamiento Bancario Crítico: Los principales molinos integrados incrementaron su endeudamiento financiero en un 53% durante 2025, reflejando la necesidad de recurrir al crédito para sostener stocks frente al estancamiento de la cadena de pagos.

Retracción del Mercado Interno: El volumen comercializado en góndola descendió de 285 millones de kilos en 2023 a 266 millones de kilos al cierre de 2025, una caída del 6,6% que presiona a la baja los precios de compra de materia prima por sobreoferta de stock canchado.

Atraso Cambiario de Exportación: A pesar del incremento en los volúmenes de despacho externo, el precio promedio obtenido por tonelada exportada sufrió un deterioro real entre 2023 y 2026 debido a la apreciación del tipo de cambio oficial frente a los costos internos dolarizados.

El sesgo fiscal del paquete y la geografía minifundista

Para Misiones, el impacto de la desregulación difiere de la dinámica de otras economías regionales por su configuración demográfica y su régimen impositivo. A diferencia de las provincias pampeanas que operan bajo esquemas de alta concentración de tierras, la actividad yerbatera misionera nuclea a miles de pequeñas explotaciones familiares. La ausencia de tasas provinciales sobre la producción primaria resalta una asimetría fiscal severa: el 57% del valor final de un paquete de yerba mate corresponde a componentes impositivos, de los cuales el 80% son tributos nacionales que no retornan de manera equivalente a la región.

Esta asimetría en la coparticipación e imposición indirecta debilita el multiplicador económico local en las localidades de frontera. Al limitar con Brasil y Paraguay, el comercio misionero depende directamente de la capacidad de compra del colono. La evaporación del excedente yerbatero paraliza la renovación de bienes de capital y deprime las ventas de insumos y servicios de transporte, forzando un escenario recesivo que el sector comercial formal de la provincia no logra compensar con el turismo fronterizo.

Perspectivas y demandas institucionales

En el marco de la ronda de exposiciones, los legisladores nacionales por Misiones apelaron al artículo 42 de la Constitución Nacional como base jurídica para intervenir ante conductas anticompetitivas. Se advirtió que el INYM se autofinancia mediante la tasa de fiscalización y no genera déficit operativo al Estado nacional, por lo que su parálisis responde a una definición política y no a restricciones presupuestarias.

Representantes de Encuentro Misionero enfatizaron ante las autoridades de la comisión que la cuenca yerbatera —que procesa 1.000 millones de kilos de hoja verde al año— requiere soluciones arancelarias y de precios urgentes, rechazando la postura del Poder Ejecutivo nacional de postergar cualquier revisión regulatoria hasta los ciclos fiscales previstos para 2027.

El indicador clave para monitorear en el corto plazo será el nivel de mora de la deuda comercial de los secaderos hacia los productores independientes. Si el incremento del 53% en el endeudamiento bancario de los molinos no se traduce en una liquidación efectiva de los cheques diferidos a 120 días, la cadena productiva enfrentará una ola de cesación de pagos en los municipios del interior. Los tomadores de decisiones deberán vigilar si el Congreso logra emitir un dictamen de mayoría para restituir las potestades de fijación de precios mínimos del INYM, única herramienta institucional que podría poner un piso a la devaluación real del ingreso rural en el NEA.

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La Justicia dilata el fallo sobre la inconstitucionalidad del DNU 70/23 y fragmenta el reclamo yerbatero

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La batalla judicial contra la desregulación del mercado yerbatero entró en una nueva etapa: la del desgaste por el tiempo. Mientras productores, cooperativas y asociaciones reclaman la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 164 al 168 del DNU 70/2023 -norma que eliminó las principales facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)-, la Justicia Federal decidió no avanzar sobre el fondo del planteo y optó por fragmentar las causas según la competencia territorial.

La consecuencia práctica es inmediata: no hay definición sobre la medida cautelar solicitada para suspender los efectos del decreto y el esquema desregulado sigue plenamente vigente.

Los expedientes, patrocinados por el abogado José Federico Padolsky, buscaban que se declarara la nulidad e inaplicabilidad de los artículos cuestionados del DNU y también del Decreto 812/2025, que profundizó la reglamentación del nuevo régimen y consolidó la imposibilidad del INYM de fijar precios de referencia para la hoja verde y la yerba canchada.

En el expediente 2764/2026, promovido por Jorge Skripczuk (Impulso Yerbatero), Edgar Hein (Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones), Antonio Rodríguez Franza (Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay) y Hugo Sand (APAM), el Juzgado Federal de Posadas declaró su incompetencia territorial y ordenó remitir la causa al Juzgado Federal de Oberá, argumentando que los domicilios de las entidades actoras se encuentran fuera de su jurisdicción.

En paralelo, en la causa 2765/2026, iniciada por Salvador María Torres (Cooperativa Río Paraná) y Julio Alfredo Petterson (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte), la Justicia resolvió dividir aún más el expediente: Torres deberá litigar en Oberá y Petterson en Puerto Iguazú.

La Fiscalía Federal acompañó ese criterio y sostuvo que, aunque corresponde la jurisdicción federal, Posadas no sería territorialmente competente conforme a los artículos 4 y 5 del Código Procesal Civil y Comercial.

Pero el principal cuestionamiento no pasa sólo por el cambio de tribunal. Los productores habían solicitado una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de los artículos del DNU 70/23 y del Decreto 812/2025 hasta que exista sentencia definitiva

Sin embargo, el juzgado evitó pronunciarse sobre esa medida y resolvió primero la incompetencia. Para la parte actora, eso constituye una “verdadera denegación de justicia”.

En la apelación presentada, Padolsky sostiene que “aun en el hipotético caso de admitirse la declinatoria de competencia”, el juzgado debía resolver primero la cautelar, ya que existe una situación de urgencia manifiesta y la omisión deja a los productores sin protección frente a un régimen que ya está generando consecuencias económicas graves y de difícil reparación ulterior.

La presentación agrega que remitir el expediente sin tratar la cautelar implica “una postergación indefinida de la tutela solicitada”, desnaturalizando el instituto preventivo y consolidando de hecho el nuevo régimen impuesto por Nación.

El argumento de fondo: el juez ya había prevenido

La apelación también cuestiona la declaración de incompetencia por considerar que viola los principios de prevención, conexidad procesal y economía judicial.

Según los productores, el mismo Juzgado Federal de Posadas ya había intervenido previamente en la causa Gertel (Expte. 174/2024), vinculada al mismo conflicto yerbatero, donde incluso dictó medidas cautelares y ordenó la reconducción procesal hacia la actual acción declarativa de inconstitucionalidad.

Por eso sostienen que existía una “prevención” consolidada: el tribunal ya conocía el caso, sus antecedentes, su plataforma jurídica y los efectos concretos de la desregulación.

“Fragmentar el conocimiento jurisdiccional genera riesgo cierto de decisiones contradictorias”, advierte la apelación.

En uno de los escritos incorporados al expediente, los actores además presentaron como “hecho nuevo” una entrevista periodística donde un representante de la industria dentro del directorio del INYM reconoció que “el INYM cambió su naturaleza a partir del decreto 70/2023, y después reforzado con el decreto 812”.

Ese reconocimiento fue utilizado como prueba adicional para reforzar la verosimilitud del derecho invocado, ya que confirma que el organismo quedó impedido de cumplir funciones esenciales como la fijación de precios de referencia.

Para los demandantes, esto prueba que el DNU no fue una mera reforma administrativa sino una alteración sustancial del régimen legal previsto por la Ley 25.564.

Mientras la Cámara Federal analiza las apelaciones, el problema central sigue siendo político y económico: cada semana sin cautelar consolida la desregulación.

Sin precio sostén, con un mercado completamente liberado y con la industria pagando valores muy por debajo de los costos de producción denunciados por los productores, el litigio judicial empieza a convertirse también en una carrera contra el reloj.

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Adorni defendió la desregulación yerbatera y descartó auxilio nacional para pequeños productores

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El Gobierno nacional dejó una definición contundente sobre el conflicto yerbatero: no habrá regreso a la regulación de precios, no se prevén medidas extraordinarias para sostener a pequeños y medianos productores y la salida financiera para la industria deberá buscarse en el sistema privado.

La postura fue explicitada en las respuestas oficiales elevadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, donde defendió el modelo de desregulación aplicado tras el DNU 70/23 y los decretos reglamentarios que limitaron las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

“La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informa que el sector ha ingresado en una fase de sinceramiento y recuperación”, sostiene la respuesta oficial, apoyándose en los datos del propio INYM. Según el Gobierno, la salida de molino con destino al mercado interno en 2025 alcanzó las 266.834 toneladas, un 3,11% más que las 258.790 toneladas de 2024.Sin embargo, ese mismo dato contrasta con la evolución del mercado: entre 2023 y 2025, las ventas en el mercado interno pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una caída acumulada del 7,1%

“No intervención” y defensa del libre mercado

La Casa Rosada sostiene que la desregulación permitió corregir distorsiones históricas y liberar a la industria de un sistema que, según su visión, producía para acumular stock y no para vender.

“Esto demuestra que la desregulación permitió a la industria movilizar sus elevados stocks acumulados para satisfacer una demanda creciente, eliminando la ineficiencia de producir solo para stockearse bajo precios artificiales”, respondió Agricultura.

Además, el Gobierno ratificó que el INYM ya no tiene herramientas legales para fijar precios mínimos.

“Bajo este nuevo paradigma de libertad de mercado, el INYM no cuenta con facultades legales para intervenir en la fijación de precios mínimos”, afirmó la respuesta enviada al Congreso.

La conclusión oficial es directa: “No se adoptaron medidas de corrección porque la ‘no intervención’ ha permitido alcanzar indicadores récord que el modelo regulado nunca logró”.

Nación no asistirá a los pequeños productores

Uno de los puntos más sensibles fue la consulta sobre los productores medianos -establecimientos de 30 a 40 hectáreas con contratación de mano de obra y fuerte exposición a los costos- y qué políticas específicas se aplicarán para evitar su desaparición. La respuesta fue que la rentabilidad no vendrá por asistencia estatal sino por competitividad.

“El respaldo se completa con la mejora del 14,9% en el valor de las ventas externas, el acceso a crédito productivo (Línea BNA Agroactiva) y la continuidad del Programa Intercosecha, garantizando rentabilidad basada en la eficiencia y no en el asistencialismo estatal”, señaló Agricultura.

Es decir: el Gobierno no prevé un esquema diferencial para sostener a los productores más chicos ni mecanismos de compensación frente a la caída del precio de la hoja verde. La apuesta oficial es que el crecimiento exportador y la apertura del mercado permitan que los productores se adapten a la nueva lógica competitiva.

La industria deberá financiarse con deuda nueva

Frente a otra consulta sobre las pérdidas estimadas en $276.000 millones por parte de los productores y el crecimiento de 53 por ciento de la deuda de los principales molinos, el Ejecutivo tampoco anunció herramientas específicas de rescate.

La respuesta oficial fue que existen líneas de financiamiento generales, como la Línea BNA Agroactiva 2025, con tasas bonificadas para maquinaria agrícola.

“Financiamiento: para acompañar este proceso, se encuentran vigentes líneas como la Línea BNA Agroactiva 2025, con tasas bonificadas para maquinaria agrícola, fomentando la inversión genuina”, respondió Adorni.

La señal política es clara: no habrá salvataje sectorial. La industria deberá buscar capital de trabajo y refinanciación en el crédito privado, es decir, tomar nueva deuda para sostener la operatoria.

A pesar de que productores denuncian que la hoja verde se paga entre 180 y 240 pesos por kilo -por debajo de los costos de producción estimados-, la respuesta oficial sostiene que el mercado “se autorregula” y que los indicadores demuestran rentabilidad.

“El mercado yerbatero ha demostrado una notable capacidad de autorregulación, lo que invalida los argumentos a favor de la intervención estatal”, respondió el jefe de Gabinete de Javier Milei.

Incluso, el Ejecutivo afirma que “el mercado libre reconoce el valor de la producción y cubre los costos operativos mediante el dinamismo comercial y la reducción de stocks excedentes”.

En esa lógica, la crisis denunciada desde Misiones no sería consecuencia de la desregulación, sino parte de una transición hacia un sistema más eficiente, exportador y menos dependiente del Estado.

La posición nacional choca de frente con el diagnóstico de productores, cooperativas y del propio Gobierno de Misiones, que vienen reclamando un precio de referencia para la hoja verde y una recuperación de herramientas regulatorias para evitar el deterioro del ingreso primario. Para la Nación, la solución pasa por exportar más, tomar crédito y ganar eficiencia. Para los productores, el problema sigue siendo el mismo: vender por debajo del costo.

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El balance del INYM, un argumento clave frente a la nueva desregulación del sector yerbatero

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El balance de gestión del Instituto Nacional de la Yerba Mate correspondiente al período 2002–2023 se convirtió en un documento central dentro del debate actual sobre el futuro de la actividad yerbatera. En un contexto marcado por la desregulación introducida a partir del Decreto 70/23, el informe permite observar, con datos objetivos y verificables, los logros alcanzados por el organismo hasta antes de la quita de sus facultades, y se posiciona como una pieza clave para argumentar la necesidad de preservar su continuidad institucional. Ese documento fue enviado al ministro del Interior, Diego Santilli, a quien se le pidió que intervenga para frenar lo que consideran una “destrucción criminal” de la producción primaria.

El documento, elaborado por las entidades productivas que tienen representación en el INYM, repasa 21 años de gestión pública-privada en una de las economías regionales más relevantes del noreste argentino. En ese período, el instituto funcionó como ente de derecho público no estatal, con financiamiento del propio sector y un directorio integrado por representantes públicos y privados, y tuvo un rol decisivo en el ordenamiento, crecimiento y modernización de toda la cadena productiva yerbatera .

El INYM fue creado en 2002 por la Ley 25.564, como respuesta directa a una profunda crisis sectorial que derivó en protestas masivas de productores, tareferos, secaderos, cooperativas e industrias, conocidas como los “tractorazos”. En aquel momento, la actividad carecía de datos confiables, normativa actualizada y mecanismos de regulación que garantizaran previsibilidad. Desde su puesta en funcionamiento, el organismo comenzó a generar estadísticas, registros y herramientas de planificación que permitieron diseñar políticas sectoriales de mediano y largo plazo .

Uno de los pilares de su accionar fue la fijación del precio mínimo de la materia prima, una herramienta que, según el balance, permitió ordenar el mercado y generar condiciones de estabilidad. En 2023, incluso, el precio de la hoja verde llegó a pagarse por encima del valor oficial, en un escenario que el propio informe define como uno de los mejores momentos de la actividad en más de un siglo de cultivo sistemático.

Crecimiento productivo y expansión de la cadena

Los datos recopilados por el INYM muestran un crecimiento sostenido de la actividad entre 2011 y 2022. La producción de hoja verde pasó de 703.312 toneladas a 829.237 toneladas, mientras que aumentó la cantidad de productores, secaderos y molinos en la zona productora de Misiones y el norte de Corrientes. En el mismo período, los productores que comercializaron hoja verde crecieron de 7.360 a 9.942, los secaderos de 166 a 209 y los molinos y fraccionadores de 96 a 101 .

El mercado interno también evidenció una expansión: el consumo pasó de 248.989 toneladas en 2011 a 275.809 toneladas en 2022. En paralelo, las exportaciones crecieron de 35.428 a 40.304 toneladas, con presencia en más de 50 países. Estos registros consolidaron a la Argentina como principal productor y exportador mundial de yerba mate, con un consumo per cápita que alcanzó niveles récord en los últimos años.

Uno de los aspectos destacados del balance es la Resolución 170/21, aprobada en junio de 2021, que reguló la expansión de la superficie plantada. La norma habilitó la plantación de hasta cinco hectáreas por año y la renovación de hasta el dos por ciento de la superficie existente, estableciendo reglas comunes para pequeños, medianos y grandes productores. Según el INYM, esta medida permitió un crecimiento ordenado de la materia prima, favoreció el arraigo de las familias rurales, fortaleció a las cooperativas y dinamizó las economías locales donde se concentran las plantaciones .

El informe también detalla el funcionamiento del Servicio de Extensión Yerbatero (SEY), creado en 2020, integrado por ingenieros agrónomos que trabajan directamente con pequeños productores. El objetivo fue mejorar la productividad de manera sustentable, mediante prácticas de conservación de suelos, manejo del agua, control biológico de plagas y mitigación de los efectos del cambio climático. Esta asistencia técnica integral se orientó a lograr incrementos graduales y sostenidos de la producción, sin comprometer los recursos naturales.

En paralelo, el INYM desplegó más de 25 programas de apoyo al sector, que incluyeron la entrega de herramientas, indumentaria y equipamiento, así como becas educativas para hijos de productores y tareferos. Entre 2020 y 2023 se distribuyeron miles de motoguadañas, motosierras, tijeras automáticas y equipos de protección, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y la eficiencia de la cosecha.

El respaldo al sector tarefero ocupó un capítulo específico, con aportes al Programa Intercosecha, capacitación laboral y provisión de equipamiento durante los períodos sin actividad. Estas acciones, según el balance, fueron claves para sostener el empleo y reducir la vulnerabilidad social en una actividad altamente estacional.

Otro eje central fue la política de calidad. El INYM creó el Área de Control y Gestión de Calidad y fortaleció la fiscalización, con controles fisicoquímicos y microbiológicos en toda la cadena. Se implementaron normas para la yerba mate importada, con el objetivo de resguardar a la industria nacional y garantizar que el producto que llega al consumidor cumpla con los estándares argentinos.

En paralelo, el organismo impulsó investigaciones científicas sobre las propiedades benéficas de la yerba mate, organizó jornadas de divulgación y creó una base de datos bibliográfica única a nivel mundial. Estas acciones acompañaron el posicionamiento del producto en mercados internacionales, donde crece la demanda de alimentos naturales y funcionales, y favorecieron el desarrollo de nuevos formatos de consumo.

Un balance que alimenta el debate actual

El documento concluye destacando que, en sus 21 años de funcionamiento, el INYM brindó previsibilidad, crecimiento y desarrollo a una cadena integrada por unos 15.000 tareferos, más de 12.500 productores, decenas de cooperativas, secaderos e industrias, con impacto directo en Misiones y el norte de Corrientes. En ese sentido, el balance se presenta hoy como una herramienta central para evaluar las consecuencias de la desregulación y como un insumo clave en el debate sobre la continuidad del organismo.

En un escenario de fuerte incertidumbre para la actividad yerbatera, los datos del INYM permiten observar que la regulación no sólo ordenó el mercado, sino que también promovió inversión, empleo, calidad y expansión internacional. Para los actores del sector, estos antecedentes constituyen elementos fundamentales para defender la vigencia del instituto como órgano regulador y evitar la pérdida de un esquema que, hasta su desarticulación, había mostrado resultados concretos y medibles en una de las principales economías regionales del país.

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Las Marías invierte US$ 7 millones en un nuevo molino yerbatero

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La empresa yerbatera Las Marías puso en marcha un nuevo molino en su planta de Gobernador Virasoro, Corrientes, tras concretar una inversión de US$ 7 millones orientada a ampliar su capacidad productiva y sostener estándares de calidad reconocidos a nivel nacional e internacional. La iniciativa consolida el perfil industrial de la firma y profundiza un contraste estructural dentro del sector yerbatero: mientras las grandes industrias fortalecen su infraestructura, los productores primarios acumulan al menos 25 meses de pérdida de rentabilidad, en un contexto de desregulación del mercado.

La inversión, ya en etapa de puesta a punto, se ejecutó con componentes de origen nacional y con ensamblaje a cargo de técnicos locales formados por la propia empresa, que además desarrollaron parte de la tecnología electrónica incorporada a la nueva instalación. Desde la firma señalaron que el proyecto apunta a reforzar la competitividad, sostener la calidad y generar empleo en la región.

Inversión productiva, tecnología nacional y empleo local

El nuevo molino se integra a la estructura industrial de Las Marías con foco en eficiencia, trazabilidad y continuidad operativa. La utilización de componentes nacionales y la participación de equipos técnicos locales destacan un modelo de inversión que articula capacidad productiva, transferencia de conocimientos y empleo calificado en el norte correntino.

Durante una recorrida por la planta, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y la ministra de Industria de la provincia, María Herminda Gabur, representante suplente de Corrientes ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), acompañaron a directivos de la empresa en la visita a las nuevas instalaciones. En ese marco, el gobernador subrayó: “Las Marías, un orgullo correntino que genera empleo, agrega valor y lleva nuestra yerba mate al país y al mundo”.

Por su parte, la ministra explicó que “esta empresa emblemática y tan querida en nuestra provincia, con un desembolso de 7 millones de dólares, está poniendo en marcha un nuevo molino, más moderno y competitivo, buscando sostener su calidad reconocida por el paladar de muchos consumidores”.

El contraste del sector: expansión industrial y crisis en las chacras

La puesta en marcha del nuevo molino se produce en un escenario sectorial tensionado. Mientras las industrias de mayor escala amplían su capacidad productiva, los productores primarios atraviesan un proceso de empobrecimiento sostenido, con pérdida de rentabilidad durante al menos 25 meses. Este desfasaje expone los efectos distributivos de la desregulación del mercado yerbatero y reabre el debate sobre los beneficios y costos del nuevo esquema para los distintos eslabones de la cadena.

En la visita oficial también se analizaron demandas del sector yerbatero industrial, en un contexto que refleja quiénes resultan favorecidos por la actual dinámica del mercado. La inversión de Las Marías consolida a la industria yerbatera correntina como una de las más modernas y activas en términos de capitalización, si se computan además las mejoras en un molino nuevo y galpones realizadas por Playadito, ubicada a unos 30 kilómetros de Gobernador Virasoro.

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