Deuda Pública

Economía colocó y amplió deuda por más de $20 billones y USD 3.500 millones en la licitación de enero

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El Ministerio de Economía dispuso la emisión y ampliación de una batería de Letras del Tesoro y un bono en pesos por montos que superan los $20 billones, junto con instrumentos vinculados al dólar por hasta USD 3.500 millones, en el marco del programa financiero 2026. La decisión fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 6/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y completa la licitación por efectivo realizada el pasado 28 de enero en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida se encuadra en las autorizaciones otorgadas por la Ley 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026 y por la Ley 24.156 de Administración Financiera, y habilita tanto nuevas emisiones como ampliaciones de instrumentos ya vigentes, con vencimientos concentrados entre marzo de 2026 y enero de 2027.

Emisiones en pesos: letras capitalizables y ajustadas por CER

La resolución dispone, en primer término, la emisión de dos Letras del Tesoro Nacional capitalizables en pesos, ambas colocadas mediante licitación el 28 de enero y con fecha de emisión el 30 de enero de 2026. La primera vence el 16 de marzo de 2026 y podrá alcanzar hasta $5 billones de valor nominal original, mientras que la segunda tiene vencimiento el 31 de julio de 2026, por un monto máximo idéntico.

En ambos casos, los instrumentos se emiten a la par, amortizan íntegramente al vencimiento y devengan intereses a una tasa efectiva mensual capitalizable, que será definida en el proceso licitatorio. La normativa establece una denominación mínima de $1, negociación en A3 Mercados SA y en bolsas y mercados de valores del país, y exenciones impositivas conforme la legislación vigente.

A su vez, el Ministerio de Economía autorizó la emisión de una Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER a descuento, con vencimiento el 31 de julio de 2026, por hasta $5,2 billones. El capital se actualizará según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), conforme al decreto 214/2002, y el precio de emisión será determinado en la licitación. La Oficina Nacional de Crédito Público actuará como agente de cálculo, y la amortización será íntegra al vencimiento.

Estas emisiones se inscriben dentro del límite previsto en el artículo 45 de la Ley 27.798, que autoriza la colocación de Letras del Tesoro a ser reembolsadas dentro del mismo ejercicio financiero.

Ampliaciones: instrumentos atados al dólar, tasa TAMAR y vencimientos 2026

Además de las nuevas emisiones, la resolución dispone la ampliación de varias Letras del Tesoro previamente emitidas, todas ellas también licitadas el 28 de enero. Entre ellas se destaca la Letra vinculada al dólar estadounidense cero cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026, cuya ampliación podrá alcanzar hasta USD 3.500 millones.

En paralelo, se amplía la Letra del Tesoro en pesos a tasa TAMAR, con vencimiento el 31 de agosto de 2026, por hasta $4,7 billones, así como dos instrumentos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026: una Letra capitalizable en pesos por hasta $5 billones y otra Letra en pesos ajustada por CER a descuento por hasta $5,2 billones.

Todas estas ampliaciones se realizan conforme a las normas de procedimiento para la colocación de instrumentos de deuda pública aprobadas por la Resolución Conjunta 9/2019, y se encuentran dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 44 de la Ley de Presupuesto 2026, que habilita operaciones de crédito público con vencimientos en ejercicios futuros.

Bono 2027: imputación presupuestaria y nueva ampliación

La Resolución Conjunta 6/2026 también alcanza al Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027. En este caso, el Gobierno dispuso imputar a las autorizaciones presupuestarias del ejercicio 2026 el monto ya emitido y no colocado, que asciende a $614.788.232.482 de valor nominal original.

Adicionalmente, se autorizó la ampliación de dicho bono por hasta $3,6 billones, a ser colocados mediante licitación y bajo las normas de procedimiento vigentes. La medida faculta a distintas áreas de la Oficina Nacional de Crédito Público y de la estructura de administración de la deuda a instrumentar las operaciones necesarias para su implementación.

Según los considerandos, estas operaciones se encuentran dentro de los márgenes legales establecidos y cuentan con la intervención del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía. La resolución entra en vigencia a partir de su dictado, el 28 de enero de 2026, y fue firmada por Alejandro Daniel Lew y Carlos Jorge Guberman, en representación de las secretarías de Finanzas y de Hacienda.

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Argentina logró dos años consecutivos de superávit por primera vez desde 2009

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El Sector Público Nacional No Financiero cerró 2025 con un superávit fiscal primario de 1,4% del PIB y un superávit financiero de 0,2% del PIB, pese a haber registrado en diciembre el primer déficit primario del año. Según el balance fiscal elaborado por la consultora Ecolatina, se trata de un hecho inédito en la historia reciente: es la primera vez desde el período 2008–2009 que la Argentina acumula dos años consecutivos de superávit fiscal, consolidando un cambio de régimen en la dinámica de las cuentas públicas.

El resultado se apoyó en el fuerte ajuste del gasto realizado en 2024 y sostenido durante 2025, junto con una estrategia financiera que contuvo el pago explícito de intereses. Sin embargo, el informe advierte sobre tensiones subyacentes en la estructura de ingresos, el perfil de vencimientos de deuda y los desafíos que plantea el escenario fiscal y financiero de cara a 2026.

Déficit en diciembre, pero superávit en el acumulado anual

En el último mes de 2025, el Sector Público Nacional No Financiero registró un déficit primario de $2,8 billones. Al incorporar pagos de intereses por $0,4 billones, el resultado financiero fue negativo en $3,3 billones. Se trató del primer déficit primario del año y superó en 68% al rojo observado en diciembre de 2024.

De acuerdo con Ecolatina, este desempeño respondió a una combinación de factores: por un lado, un crecimiento real interanual del gasto primario de 1,7%, explicado en gran medida por la estacionalidad típica del cierre del año; por otro, una caída real interanual de 7% en los ingresos totales, reflejo de la desaceleración de la recaudación tributaria hacia el final de 2025.

No obstante, el “colchón fiscal” acumulado durante el resto del año permitió compensar el desliz de diciembre. Así, el resultado primario anual cerró con un superávit equivalente al 1,4% del PIB, apenas 0,4 puntos porcentuales por debajo de 2024, mientras que el resultado financiero fue superavitario en 0,2% del PIB, 0,1 puntos menos que el año previo.

Desde una perspectiva histórica, el dato resulta relevante: no se registraban dos años consecutivos de superávit fiscal desde 2008–2009, siendo 2009 el último año con resultado positivo. A partir de entonces, la política fiscal estuvo signada por un crecimiento del gasto primario por encima de los ingresos, dando lugar a déficits persistentes hasta el punto de inflexión alcanzado en 2024.

Ingresos en mínimos históricos y una nueva composición del ajuste

El informe destaca que, en 2025, los ingresos totales del SPN cayeron 2,6% interanual real y se ubicaron en 15,9% del PIB, lo que implicó una baja de 0,9 puntos porcentuales respecto de 2024 y marcó el nivel más bajo desde 2005.

Este resultado estuvo condicionado por una elevada base de comparación, ya que en 2024 habían estado vigentes el Impuesto PAIS, ingresos extraordinarios del blanqueo y recursos excepcionales vinculados a Ganancias y Bienes Personales. A ello se sumó un deterioro de la recaudación tributaria hacia el cierre del año, tras un inicio más dinámico impulsado por la recuperación de la actividad y el mayor aporte del sector externo.

En términos agregados, los ingresos tributarios cerraron 2025 con una contracción real de 2,5% interanual. Al interior, el IVA neto mostró una evolución prácticamente estable (+0,9% i.a. real), mientras que las contribuciones a la Seguridad Social crecieron 13,8% i.a. real, traccionadas por la mejora de la remuneración bruta promedio y consolidándose como uno de los pocos rubros con desempeño claramente positivo.

En contraste, el impuesto a las Ganancias registró una caída real de 6,8% interanual, explicada en gran medida por la base de comparación de 2024 asociada a la devaluación de diciembre de 2023. Una dinámica aún más marcada se observó en Bienes Personales, cuya recaudación se redujo 34,2% interanual real, afectada tanto por ingresos extraordinarios del año previo como por la reducción de alícuotas.

El aporte del comercio exterior también fue de mayor a menor. Los Derechos de Exportación se contrajeron 15,7% interanual real, mientras que los Derechos de Importación crecieron 22,6% interanual real, en un contexto de apreciación cambiaria y elevados volúmenes de importación.

Gasto en mínimos y el rol de los instrumentos capitalizables

Por el lado del gasto, el gasto primario representó en 2025 apenas 14,5% del PIB, uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas, muy por debajo del 19,1% del PIB alcanzado en 2023. Con un gasto ya fuertemente comprimido, el margen para profundizar el ajuste fue limitado, por lo que el gasto mostró una variación prácticamente neutra, con un aumento real de 0,4% interanual.

El informe subraya un cambio en la composición del ajuste. El gasto social creció 6% interanual real, impulsado por la nueva fórmula de movilidad que indexa las prestaciones a la inflación del mes previo. En particular, las jubilaciones y pensiones contributivas, que concentran el 64% del gasto social, aumentaron 15% i.a. real, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se expandió 23,2% i.a. real, alcanzando un máximo histórico en términos reales y ubicándose cerca de 70% por encima de los niveles de 2023.

En sentido opuesto, las asignaciones familiares y otros programas sociales —incluyendo Tarjeta Alimentar, Volver al Trabajo, Programa 1000 Días y bonos de suma fija— registraron una caída cercana al 30% interanual real.

El ajuste continuó concentrándose fuera del gasto social, especialmente en los Subsidios Económicos, que se redujeron 31% interanual real, con un recorte más profundo en Energía (−38%) y una baja más moderada en Transporte (−7%). El Gasto de Capital se mantuvo en niveles históricamente bajos: 0,4% del PIB, sin cambios respecto de 2024 y muy lejos del 2,7% del PIB registrado en la década pasada.

En paralelo, las Transferencias a Provincias crecieron 25% interanual real, aunque permanecen casi 60% por debajo de 2023, mientras que los Salarios públicos cayeron 7% interanual real y se mantienen 27% por debajo de los niveles previos al ajuste.

Desde el punto de vista financiero, Ecolatina remarca la estrategia adoptada desde mediados de 2024 y profundizada en 2025, basada en la emisión de instrumentos capitalizables (Lecaps y Boncaps). Este esquema permitió contener el pago de intereses explícitos y mejorar el resultado financiero observado. Sin embargo, tuvo efectos no neutros por debajo de la línea, con amortizaciones en moneda local en máximos históricos en relación con el PIB.

Si se imputara el componente de capitalización como intereses devengados, el pago de intereses de 2025 ascendería a 3,9% del PIB, transformando el superávit financiero en un déficit cercano a 3,7% del PIB. El informe aclara que se trata de un escenario extremo y que el resultado real se ubica en un punto intermedio entre ambos extremos.

Perspectivas fiscales y financieras para 2026

Con el Presupuesto 2026 aprobado, el Gobierno cuenta con una hoja de ruta que fija como ancla fiscal un superávit primario de alrededor del 1,5% del PIB, además de un mayor respaldo político para avanzar en una agenda legislativa más amplia, que incluye la reforma laboral actualmente en tratamiento en el Congreso y una eventual reforma tributaria.

En materia de ingresos, la reducción de alícuotas de los derechos de exportación anticipa un menor aporte del comercio exterior, que podría ser parcialmente compensado por mayores ingresos vía importaciones. En este contexto, la sostenibilidad fiscal dependerá en gran medida del desempeño de la actividad económica y del consumo. No obstante, la reforma laboral introduce riesgos a la baja en el corto plazo, especialmente por un potencial desfinanciamiento de la seguridad social y tensiones en la coparticipación, dado que contempla reducciones en Ganancias e impuestos internos.

Del lado del gasto, el margen de maniobra seguirá siendo acotado: cerca del 70% de las erogaciones están indexadas por inflación. Se espera una profundización del recorte de subsidios bajo el nuevo esquema tarifario, con impacto sobre el ingreso disponible de los hogares y la inflación, lo que podría moderar la recuperación económica. En cuanto al gasto de capital, existe margen para una recomposición gradual, aunque dependerá de las prioridades del Ejecutivo.

Finalmente, el programa financiero aparece como uno de los principales desafíos. El perfil de vencimientos de 2026 es exigente y obligará a sostener elevados niveles de rollover, posiblemente con tasas de interés altas, aun en un contexto de inflación en descenso. En este marco, la estrategia de financiamiento y el uso de instrumentos capitalizables serán claves para evaluar la sostenibilidad de la deuda.

Con todo, el informe concluye que el resultado primario continuaría siendo superavitario en 2026, en magnitudes similares a las observadas en los últimos dos años, consolidando el cambio de régimen fiscal iniciado en 2024.

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El Tesoro busca extender vencimientos con una conversión de deuda dólar linked

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La Secretaría de Finanzas lanzó una operación de conversión voluntaria de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar con vencimiento el 30 de enero de 2026 (LELINK D30E6), en el marco del artículo 2° del Decreto 846/24. La medida busca administrar el perfil de vencimientos de deuda en moneda vinculada al tipo de cambio y ofrecer a los inversores alternativas de reinversión a plazos más largos, en un contexto de normalización del mercado de deuda y ordenamiento financiero.

La conversión estará disponible para los tenedores de la LELINK D30E6 y se instrumentará a través de una licitación con tres opciones de nuevos instrumentos dólar linked, todos a precio y sin pago de comisiones. La recepción de ofertas comenzará a las 11:30 y finalizará a las 15:00 del jueves 22 de enero de 2026, mientras que la liquidación se realizará el martes 27 de enero de 2026 (T+3).

Detalles de la conversión y los instrumentos ofrecidos

La operación se enmarca formalmente en el artículo 2° del Decreto 846/2024, que habilita la suscripción en especie, y está dirigida exclusivamente a los tenedores de la LELINK D30E6, una letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento el 30 de enero de 2026.

Los participantes podrán optar por una o más de las siguientes alternativas:

  • Opción 1:
    Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento 27 de febrero de 2026 (reapertura).
    Especie: LELINK – Código: D27F6.
  • Opción 2:
    Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento 30 de abril de 2026 (reapertura).
    Especie: LELINK – Código: D30A6.
  • Opción 3:
    Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento 30 de junio de 2026 (reapertura).
    Especie: Bono dólar linked – Código: TZV26.

En todos los casos, el parámetro de licitación será el precio, expresado en dólares estadounidenses por cada VNO USD 1.000, con dos decimales. El monto máximo a colocar estará limitado por el autorizado por la normativa vigente.

La oferta mínima será de VNO USD 10.000, y los montos superiores deberán ser múltiplos de VNO USD 1. El precio de mercado ajustado de la LELINK D30E6 para una liquidación T+3 será anunciado el día de la licitación, previo a su apertura.

Mecanismo de liquidación y garantías operativas

Para determinar la cantidad de valor nominal original (VNO) de la LELINK D30E6 que cada participante deberá transferir, se aplicará la siguiente fórmula:

VNO LELINK D30E6 = VNO Nuevo Instrumento × Precio de corte del Nuevo Instrumento / Precio de la LELINK D30E6

Los VNO resultantes se redondearán al entero más cercano según la denominación mínima del instrumento.

Antes de las 17 horas del lunes 26 de enero de 2026 (T+2), los participantes con ofertas aceptadas deberán realizar una única transferencia del título elegible desde su cuenta en la CRYL del BCRA a la cuenta de la Secretaría de Finanzas N° 99990-01 en esa entidad. En caso de que los títulos se encuentren depositados en Caja de Valores S.A., los oferentes deberán gestionar previamente su traslado a la CRYL para cumplir con los plazos establecidos.

La normativa prevé un esquema específico ante eventuales incumplimientos. Al tratarse de una suscripción en especie, si no se entregara la LELINK D30E6 comprometida, la liquidación se realizará mediante el débito en pesos del valor efectivo en la cuenta CRYL de la entidad oferente, según la siguiente fórmula:

Monto efectivo = VNO Nuevo Instrumento × Precio de corte del Nuevo Instrumento / 1000 × 1,20 × TCR

El TCR será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA conforme a la Comunicación “A” 3500, correspondiente al 26 de enero de 2026 (T+2) o al día hábil previo a la fecha de liquidación, según el caso.

El 27 de enero de 2026 (T+3), la CRYL acreditará los nuevos instrumentos en la cuenta de cada participante y, en situaciones de incumplimiento, primero debitará el monto efectivo correspondiente y luego procederá a la entrega del instrumento adjudicado.

Marco normativo e impacto en el mercado de deuda

La licitación se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 9/2019, con las salvedades específicas aplicables a la conversión de activos no contenidos en esa norma.

Desde el punto de vista financiero, la operación apunta a descomprimir vencimientos concentrados a fines de enero de 2026, ofreciendo a los inversores la posibilidad de extender plazos hasta febrero, abril o junio del mismo año, sin salir del universo de instrumentos dólar linked. Para el Tesoro, la conversión contribuye a ordenar el cronograma de pagos, mejorar la previsibilidad y sostener la estrategia de financiamiento en instrumentos atados al tipo de cambio oficial.

En términos de mercado, la iniciativa podría ser bien recibida por los inversores institucionales que buscan cobertura cambiaria de corto y mediano plazo, aunque la adhesión dependerá de los precios de corte y de las expectativas sobre el tipo de cambio y la política monetaria hacia 2026.

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El Gobierno aprueba un préstamo de USD 400 millones de la CAF para un programa de sostenibilidad del sector energético

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Mediante el Decreto 23/2026, el Poder Ejecutivo aprobó el modelo de contrato de un préstamo por hasta USD 400 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar el “Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético”. La medida, firmada el 18 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 19 de enero, apunta a reforzar el marco regulatorio del sector, mejorar la focalización de los subsidios energéticos y promover la eficiencia en el uso de los recursos, con impacto directo en la política fiscal, la administración de subsidios y la estructura institucional del sistema energético.

La operación se inscribe en la estrategia del Gobierno nacional de avanzar en reformas estructurales del sector energético, bajo un esquema de financiamiento multilateral que, según los organismos intervinientes, presenta condiciones financieras más favorables que las disponibles en el mercado y un impacto macroeconómico acotado.

Un financiamiento multilateral orientado a subsidios, regulación y eficiencia energética

El decreto aprobado establece que la CAF se compromete a asistir financieramente a la República Argentina por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS MILLONES (USD 400.000.000), con el objetivo de cooperar en la ejecución del programa SWAP de apoyo a la sostenibilidad del sector energético.

De acuerdo con los considerandos, el objetivo general del programa es “fortalecer la sostenibilidad del sector energético a través de mejoras en la focalización de los subsidios para la protección de los hogares vulnerables y la promoción de la eficiencia energética”. El diseño del programa se estructura en cuatro componentes claramente definidos:

  1. Fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector energía.
  2. Mejoras en la focalización de los subsidios energéticos.
  3. Promoción del uso y consumo eficientes de los recursos energéticos.
  4. Otros gastos vinculados a la implementación del programa.

La arquitectura del financiamiento refleja un enfoque sectorial amplio, orientado tanto a aspectos normativos e institucionales como a la gestión de subsidios y al comportamiento de la demanda energética, un eje central en la política económica y fiscal del Estado nacional.

Ejecución, gestión fiduciaria y aval macroeconómico

El Ministerio de Economía fue designado como Organismo Ejecutor del programa, a través de dos áreas específicas. Por un lado, la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía, que tendrá la responsabilidad sustantiva en la materia. Por otro, la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa, que estará a cargo de la gestión fiduciaria del programa.

En términos macroeconómicos, el decreto destaca la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que analizó el impacto de esta y otras operaciones de financiamiento con organismos regionales de crédito. Según consta en los considerandos, el BCRA concluyó que la dimensión de la operación “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales” y que dicho impacto “será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.

A su vez, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía informó que no formuló objeciones al financiamiento requerido, al considerar que “el costo financiero del préstamo de referencia, basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado”. Este aval refuerza el perfil del préstamo como una herramienta de financiamiento considerada conveniente desde el punto de vista fiscal y financiero.

Alcance normativo, facultades delegadas y repercusiones esperadas

El Decreto 23/2026 aprueba un Modelo de Contrato de Préstamo que incluye 24 cláusulas en las Condiciones Particulares, 43 cláusulas en las Condiciones Generales, un Anexo Técnico y un Anexo de Formularios para Operaciones de Manejo de Deuda, lo que da cuenta de la complejidad técnica y administrativa de la operatoria.

La norma faculta al Ministro de Economía, o a los funcionarios que este designe, y al Secretario de Finanzas, a suscribir indistintamente el contrato y la documentación adicional en representación de la República Argentina. Asimismo, autoriza al Ministerio de Economía a acordar modificaciones al contrato, siempre que no impliquen cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos, incrementos en el monto total ni alteraciones en el procedimiento arbitral pactado.

Desde el punto de vista institucional, la medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, el artículo 53 de la Ley N° 11.672 y el artículo 60 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, lo que encuadra la operación dentro del marco legal vigente para el endeudamiento público.

En términos de repercusiones, el financiamiento aprobado tiene impacto directo sobre el sector energético, la política de subsidios, la administración fiscal y la gestión regulatoria, con potencial incidencia sobre hogares vulnerables, estructuras tarifarias y la eficiencia en el consumo de energía. Al tratarse de un programa de enfoque sectorial amplio, su implementación será observada de cerca tanto por actores institucionales como por los sectores vinculados a la regulación y al financiamiento del sistema energético.

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“Erraron otra vez”: Milei defendió el refinanciamiento de la deuda y descartó riesgos de default

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El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente la estrategia financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tras la cancelación de una parte del swap con el Tesoro de los Estados Unidos mediante un nuevo crédito internacional por USD 2.500 millones. El mandatario rechazó las advertencias sobre un posible default, sostuvo que el movimiento implica un cambio de acreedor sin impacto en reservas y lo presentó como una señal de normalización financiera y confianza del mercado en el programa económico.

A través de su cuenta en X, Milei fue categórico frente a las críticas: “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”. El mensaje estuvo acompañado por un análisis del economista Juan Ramón Rallo, quien explicó que en economías solventes la deuda pública no se cancela íntegramente, sino que se refinancia de manera permanente, siempre que se cumplan los pagos de intereses y exista disciplina fiscal.

La operatoria técnica: un cambio de acreedor sin impacto en reservas

El respaldo presidencial se conoció luego de que el balance del BCRA de la última semana de diciembre reflejara un movimiento financiero por USD 2.500 millones. Según la información oficial, el Gobierno utilizó ese monto para cancelar el tramo ejecutado del swap que formaba parte de un acuerdo total por USD 20.000 millones con el Tesoro estadounidense, suscripto antes de las elecciones legislativas.

Para concretar el pago sin afectar el nivel de reservas internacionales, la autoridad monetaria tomó un nuevo crédito de igual monto con un organismo internacional. Si bien el BCRA no precisó oficialmente el origen de los fondos, en el mercado financiero se especula con un préstamo del Banco Internacional de Pagos (BIS), con sede en Basilea.

Desde el punto de vista contable, la operación implicó un reordenamiento de pasivos: la reducción del rubro “Otros Pasivos” por la cancelación del swap con Estados Unidos fue compensada por un aumento equivalente en las obligaciones con organismos internacionales, sin variación neta en las reservas.

En términos prácticos, el Gobierno logró estirar plazos de vencimiento y modificar la composición de sus acreedores, una maniobra que el oficialismo considera clave para fortalecer el perfil financiero del Estado.

Déficit cero, refinanciamiento y la discusión sobre la solvencia

El eje central del argumento oficial se apoya en la política de déficit fiscal cero. Según la interpretación que difundió Milei junto al análisis de Rallo, el refinanciamiento de vencimientos no incrementa el stock de deuda, sino que posterga su cancelación en el tiempo.

“Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde”, sostuvo el economista en el material compartido por el Presidente. Bajo esta lógica, mientras el Estado mantenga el superávit fiscal, la relación deuda/PIB continúa una trayectoria descendente, reforzando la idea de solvencia.

Desde la Casa Rosada destacan que la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento internacional constituye una señal concreta de que el mercado no percibe un riesgo inminente de default. En esa línea, fuentes del BCRA aclararon que el crédito utilizado no proviene del Fondo Monetario Internacional (FMI) y evitaron brindar precisiones sobre la tasa de interés o el plazo del nuevo préstamo.

Este movimiento se suma, además, a la cancelación de deudas con el BIS realizada a comienzos de 2024, un antecedente que el Ejecutivo utiliza para mostrar una mejora progresiva en la solvencia del Estado argentino.

Repercusiones políticas y financieras

La defensa pública de Milei busca desactivar un debate que volvió a instalarse en el mercado desde mediados de 2025, cuando distintos analistas advirtieron sobre la sostenibilidad de los compromisos externos. Para el Gobierno, el refinanciamiento confirma que la estrategia financiera se apoya en credibilidad fiscal, acceso al crédito y una administración activa de los pasivos del Banco Central.

En el plano político, el mensaje presidencial apunta a consolidar el discurso de orden macroeconómico y disciplina fiscal como ancla de estabilidad, mientras que en el plano financiero refuerza la señal de que el Ejecutivo está dispuesto a utilizar herramientas de mercado para administrar vencimientos sin recurrir a emisión monetaria ni pérdida de reservas.

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