Diarios de Misiones

INCAA actualiza subsidios: nuevas reglas para acreditar audiencias en streaming y exhibición

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INCAA actualiza criterios para subsidios audiovisuales: se amplían formas de acreditar audiencias y se derogan normas previas

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) oficializó, a través de la Resolución 543/2025 publicada el 20 de agosto en el Boletín Oficial, una actualización clave en el régimen de subsidios por “otras formas de exhibición”. La medida redefine cómo los productores podrán acreditar audiencias mínimas para acceder a apoyos económicos, introduce nuevas modalidades vinculadas al streaming y deroga un conjunto de normas anteriores, con el objetivo de dotar de mayor transparencia, coherencia y modernización al sistema de fomento.

La Ley de Cine N° 17.741 asigna al INCAA la función de fomentar y regular la cinematografía nacional, en salas y en nuevas plataformas. Desde 2024, con el Decreto 984, se estableció que los subsidios por “otras formas de exhibición” —incluyendo medios electrónicos— se otorguen únicamente contra la acreditación efectiva de audiencias, prohibiendo anticipos y fijando mayores exigencias de transparencia.

La irrupción de las plataformas de video bajo demanda (VOD) y la diversificación en las prácticas de consumo audiovisual obligaron a replantear la forma de medir la circulación de los contenidos. Con la nueva resolución, el INCAA busca evitar ambigüedades y ofrecer mecanismos verificables para productores y exhibidores.

Nuevas exigencias y modalidades de acreditación

La Resolución 543/2025 introduce cambios específicos en la Resolución INCAA 545/2024:

  • Películas de ficción o animación:
    • Deberán acreditar una audiencia mínima de 10.000 espectadores o visualizaciones.
  • Películas documentales:
    • El umbral se establece en 5.000 espectadores o visualizaciones.

Para ambas categorías, los productores podrán acreditar la audiencia a través de tres vías:

  1. Certificación oficial de la plataforma con el número total de visualizaciones (views).
  2. Certificación por horas vistas, calculando las visualizaciones como el cociente entre horas totales vistas y la duración de la película.
  3. Contrato con la plataforma de exhibición, donde el monto total percibido se divide por el valor de la entrada promedio publicado por el INCAA.

Además, la norma deroga resoluciones anteriores (656/2009, 2177/2009, 65/2017, 84/2017, 1102/2018, 1140/2018, 1506/2021 y 1507/2021), aunque mantiene parcialmente la validez de ciertos artículos para proyectos ya declarados de interés y en curso.

El presidente del INCAA, Carlos Luis Pirovano, sostuvo en la resolución que la medida responde a la necesidad de “ampliar las modalidades de acreditación de audiencia a fin de garantizar criterios objetivos, verificables y acordes con la dinámica actual del sector”.

La coexistencia de múltiples resoluciones generaba superposiciones normativas y un marco poco claro para los productores. Con esta actualización, el organismo busca simplificar reglas, ajustarlas al consumo digital y reforzar la transparencia en el uso de fondos públicos.

Impacto en la industria audiovisual

La medida tiene implicancias directas para productores independientes y empresas distribuidoras, que ahora deberán documentar de manera más precisa el alcance de sus contenidos en plataformas.

  • Para las productoras pequeñas, el desafío será cumplir con los umbrales de visualizaciones exigidos, lo que podría incentivar la búsqueda de acuerdos con plataformas con mayor alcance.
  • Para los exhibidores digitales, la norma implica una mayor responsabilidad en la emisión de certificaciones, lo que formaliza su vínculo con el INCAA.
  • A nivel institucional, el cambio puede contribuir a ordenar el sistema de subsidios, un punto de tensión histórica en la política cultural nacional.

La resolución, que entra en vigencia desde su publicación, marca un paso en la transición hacia un sistema de subsidios adaptado a la era digital. A futuro, se espera que el INCAA complemente esta normativa con criterios de calidad y diversidad cultural, que equilibren el peso de las plataformas globales con la necesidad de promover el cine argentino en circuitos locales e internacionales.

El desafío será garantizar que las nuevas reglas no solo refuercen la transparencia, sino que también sostengan a las productoras nacionales en un mercado crecientemente competitivo y concentrado.

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CNV sube los patrimonios mínimos y amplía activos elegibles: impacto en mercados y fiduciarios

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó este 20 de agosto de 2025 la Resolución General 1080/2025, que introduce cambios de gran alcance en la regulación del mercado de capitales argentino. La medida actualiza los montos de patrimonio neto mínimo exigidos a agentes, mercados, cámaras compensadoras y fiduciarios financieros, además de ampliar el listado de activos elegibles para integrar fondos de garantía y contrapartidas líquidas. El objetivo central es robustecer la infraestructura financiera, reducir riesgos sistémicos y alinear al país con los estándares internacionales de la IOSCO y el CPMI.

La Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 designa a la CNV como autoridad de aplicación y contralor. En los últimos años, el organismo ha emitido diversas resoluciones que incrementaron las exigencias de solvencia y liquidez, como las RG 792, 817 y 1046. Ahora, con la RG 1080/2025, se avanza un paso más en la línea de reforzar garantías para mitigar incumplimientos en operaciones financieras y ordenar la actividad de agentes múltiples bajo un esquema patrimonial homogéneo.

Según el texto oficial, la reforma responde a la necesidad de “actualizar los activos elegibles susceptibles de conformar el Fondo de Garantía III y las contrapartidas líquidas”, además de “establecer nuevos criterios de recomposición patrimonial para agentes inscriptos en más de una categoría”.

Nuevos patrimonios mínimos y activos elegibles

Entre las principales disposiciones de la RG 1080/2025 se destacan:

  • Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión: deberán acreditar un Patrimonio Neto Mínimo de 150.000 UVA, incrementado en 20.000 UVA adicionales por cada fondo extra administrado. El 50% de ese monto deberá estar invertido en activos elegibles.
  • Agentes de Colocación y Distribución: se fija un patrimonio mínimo de 16.350 UVA, mientras que para los Agentes de Colocación y Distribución Integral el piso asciende a 163.500 UVA, también con exigencias de contrapartida líquida del 50%.
  • Fiduciarios Financieros: se eleva el patrimonio neto mínimo a 950.000 UVA, con la mitad obligatoriamente colocada en activos elegibles.
  • Mercados y Cámaras Compensadoras: deberán contar con un patrimonio de al menos 2,7 millones de UVA, que sube a 20 millones de UVA cuando ejercen funciones de cámara compensadora. Además, se establece un incremento del 25% por cada actividad complementaria desarrollada, salvo aquellas supervisadas directamente por el Banco Central (BCRA).

En todos los casos, los patrimonios deberán cumplirse en forma permanente y acreditarse en estados contables trimestrales y anuales, con dictámenes de auditoría y control de fiscalización interna.

Asimismo, la resolución amplía el listado de activos elegibles para fondos de garantía y contrapartidas líquidas, lo que permitirá una gestión más flexible y diversificada de carteras.

El cambio normativo se apoya en la experiencia acumulada por la CNV y busca dar respuesta a las debilidades identificadas en los últimos años, en un contexto de volatilidad macroeconómica y crisis de confianza. Según la propia Comisión, la finalidad es “fortalecer los mecanismos de protección, robustecer las infraestructuras del mercado y mejorar la gestión de riesgos”.

La medida se alinea con las recomendaciones de la IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores) y del CPMI (Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado), organismos internacionales que establecen estándares para infraestructuras críticas como mercados, cámaras compensadoras y agentes depositarios.

El endurecimiento de los requisitos patrimoniales puede implicar mayores costos de cumplimiento para agentes y fiduciarios, en especial para entidades de menor escala. Sin embargo, analistas coinciden en que la medida apunta a profesionalizar la industria y reducir riesgos sistémicos, lo que a mediano plazo favorecería la atracción de inversores institucionales y externos.

El sector financiero espera precisiones sobre la implementación del cronograma de adecuación transitoria, clave para que los agentes puedan capitalizarse y ajustarse sin afectar la operatoria diaria.

De cumplirse los objetivos planteados, la resolución fortalecerá la credibilidad del mercado de capitales argentino y consolidará un marco regulatorio más previsible en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país.

La CNV prevé fiscalizar de manera intensiva el cumplimiento de estas nuevas exigencias y reforzar los procesos de supervisión sobre los agentes que actúan en múltiples categorías. Asimismo, se deja abierta la posibilidad de nuevas modificaciones normativas en función de la evolución de la coyuntura y del diálogo con el BCRA y organismos internacionales.

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El Gobierno designó a José Manuel Urdíroz como nuevo Subsecretario de Transporte Automotor

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El Presidente Javier Milei aceptó la renuncia de Mariano Plencovich y nombró en su reemplazo a José Manuel Urdíroz, contador público con trayectoria en el sector. La subsecretaría es clave en la definición de subsidios al transporte, tarifas y relación con provincias y municipios.

El Poder Ejecutivo oficializó, mediante el Decreto 598/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la designación de José Manuel Urdíroz como nuevo Subsecretario de Transporte Automotor, en reemplazo de Mariano Ignacio Plencovich, quien presentó su renuncia con fecha 15 de agosto de 2025.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que Urdíroz asumirá el cargo a partir del 16 de agosto. El texto agradece expresamente los servicios prestados por Plencovich durante su gestión.

La Subsecretaría de Transporte Automotor depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y constituye un área estratégica para la administración de uno de los sectores más sensibles del gasto público: los subsidios al transporte público de pasajeros, así como la definición de políticas tarifarias y de compensaciones a provincias y municipios.

El recambio se produce en medio de un clima de tensión por la política de subsidios al transporte. Durante 2025, el Gobierno nacional avanzó en un esquema de recorte progresivo de aportes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la intención de equiparar el trato con las provincias, que desde hace años reclaman mayor equidad en la distribución de fondos.

En paralelo, se negocian con gobernadores y empresas transportistas los mecanismos de financiamiento del sistema, en un contexto de aumento de tarifas, inflación y presión de los sindicatos del sector.

En este marco, la subsecretaría tiene un rol decisivo no solo en la gestión administrativa de subsidios y compensaciones, sino también en la coordinación con organismos reguladores, cámaras empresarias y gobiernos locales.

Perfil del nuevo funcionario y repercusiones

El flamante subsecretario José Manuel Urdíroz es contador público (DNI 23.538.868) y cuenta con experiencia en el análisis de costos del sector automotor y en la gestión financiera de organismos estatales. Su designación es interpretada como un gesto del Ministerio de Economía para reforzar el perfil técnico del área, en línea con el objetivo de reordenar el esquema de subsidios y transparentar las cuentas públicas.

Desde el entorno del ministro Caputo destacan que la llegada de Urdíroz responde a la necesidad de imprimir mayor control sobre la ejecución presupuestaria y acelerar las reformas pendientes en el transporte de pasajeros. Por su parte, fuentes del sector empresario y sindical anticipan que la relación con el nuevo funcionario será evaluada en función de la rapidez con que atienda los reclamos de actualización de costos.

La gestión de Urdíroz se enfrentará a tres desafíos inmediatos:

  1. Definir el esquema de subsidios para lo que resta de 2025, garantizando previsibilidad financiera a las empresas sin disparar los costos para los usuarios.
  2. Coordinar con provincias y municipios un mecanismo de financiamiento federal que contemple las asimetrías entre el AMBA y el interior.
  3. Encauzar el diálogo con gremios del transporte, en un contexto de paritarias tensas y amenazas de medidas de fuerza.

La subsecretaría, además, deberá trabajar en paralelo con la Secretaría de Transporte en la implementación de sistemas de control digital de flotas y en la modernización del esquema SUBE, que busca ampliarse a más ciudades del interior.

El recambio en la conducción del área muestra la intención del Gobierno de reforzar el control político y técnico sobre el transporte automotor, en un momento en el que las decisiones en materia de subsidios, tarifas y financiamiento impactan directamente sobre la inflación, la competitividad regional y la gobernabilidad.

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Sandbox regulatorio: la CNV regula activos tokenizados y proyecta a Argentina como hub financiero regional

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la Resolución General 1081/2025, que amplía el marco regulatorio para la representación digital de acciones, obligaciones negociables, CEDEARs, fideicomisos financieros y cuotapartes de fondos comunes de inversión. La medida establece un “sandbox regulatorio” hasta agosto de 2026 y coloca a la Argentina en la vanguardia regional en materia de activos tokenizados.

Digitalización financiera y marco legal

La resolución publicada en el Boletín Oficial el 21 de agosto de 2025 responde a la creciente digitalización de los mercados y al avance de las Tecnologías de Registro Distribuido (TRD), que permiten la llamada “tokenización” de activos financieros.

La medida se apoya en la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440 y la más reciente Ley N° 27.739, que amplió las competencias de la CNV sobre los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

El organismo ya había dado un primer paso en junio de 2025, con la Resolución General 1069, que habilitaba la representación digital de ciertos fideicomisos financieros y fondos cerrados respaldados por “activos del mundo real”. La nueva norma avanza con una segunda etapa, ampliando el alcance a instrumentos más tradicionales del mercado.

La Resolución 1081/2025 establece que podrán representarse digitalmente:

  • Acciones, incluidas las de doble listado.
  • Obligaciones negociables.
  • CEDEARs.
  • Certificados de participación y valores de deuda de fideicomisos financieros con oferta pública.
  • Cuotapartes de fondos comunes de inversión cerrados.

En todos los casos, la negociación se canalizará exclusivamente a través de PSAV inscriptos en el registro de la CNV, que actuarán como depositantes autorizados.

Quedan expresamente excluidos los bonos soberanos extranjeros (salvo los emitidos por países del Mercosur y Chile), los valores sociales, verdes y sustentables (SVS/VS) y los emitidos bajo regímenes de oferta pública automática, salvo en el caso de emisores frecuentes.

El esquema permitirá a los inversores intercambiar valores en plataformas digitales y aplicaciones móviles, garantizando seguridad, trazabilidad, auditabilidad y equivalencia funcional con las formas tradicionales (cartulares o escriturales).

Sandbox regulatorio y proyecciones

La CNV dispuso que la implementación se realice en un “Sandbox Regulatorio” hasta el 21 de agosto de 2026, lo que permitirá monitorear el impacto y corregir desvíos. Durante este período:

  • No podrán generarse representaciones digitales más allá de las autorizadas.
  • Los emisores podrán solicitar tokenización total o parcial de sus emisiones.
  • Los inversores podrán revertir en cualquier momento sus posiciones tokenizadas a instrumentos tradicionales.

Según el organismo, el régimen busca “brindar seguridad jurídica, promover la inclusión financiera y posicionar a la Argentina como hub regional de finanzas digitales”.

La medida es vista como un paso estratégico para modernizar el mercado de capitales argentino, alineándolo con experiencias internacionales como el DLT Pilot Regime de la Unión Europea, la Ley DLT de Suiza y el sandbox británico de activos digitales.

En el plano económico, permitirá a empresas emisoras ampliar su base de financiamiento, a la vez que abre la puerta a nuevos actores tecnológicos regulados, como los PSAV. Sin embargo, el éxito dependerá de la confianza de inversores y emisores en la seguridad tecnológica y regulatoria del esquema.

Hacia adelante, la CNV evaluará antes de 2026 si prorroga o ajusta el régimen. El desafío será garantizar que el sistema no se convierta en un canal de riesgo para prácticas de lavado de activos o fraudes, al tiempo que potencie la innovación financiera.

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Intervienen la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de los audios

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Diego Spagnuolo fue removido de su cargo “de manera preventiva”. El Ministerio de Salud intervino el organismo. A través del Decreto 599/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial se “limita” las funciones del Director Ejecutivo y del Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

En medio del escándalo por los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos, el presidente Javier Milei despidió en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y uno de los principales funcionarios implicados en las grabaciones.

El comunicado de ayer de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida “preventiva” y la justificó “frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral”.

Intervención del Ministerio de Salud

Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita de la cartera sanitaria mientras se designa un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento.

  • Nuevo interventor: El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad.
  • Anuncio inminente: Se informará “en las próximas horas” el nombre de la persona que quedará a cargo del organismo como interventor.
  • Objetivo declarado: El fin de la intervención, según el comunicado oficial, es “garantizar su normal y correcto funcionamiento”.

La decisión de despedir a Spagnuolo se tomó horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra por el contenido de los audios difundidos en el canal C5N.

El gobierno nacional dispuso este jueves la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, luego del escándalo generado ayer por la filtración de audios que denunciaban un esquema de coimas en el sector.

Tras la publicación en el Boletín Oficial, el vocero presidencial, Manuel Adorni expresó que “Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria. Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área”, informó el portavoz.

Y agregó: “Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”.

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