Diarios de Misiones

Brasil impulsa una transformación en las Cataratas del Iguazú con una inversión de USD 120 millones hasta 2030

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El lado brasileño de las Cataratas del Iguazú anunció un plan de reconversión turística que cambiará la experiencia en uno de los destinos naturales más visitados de América Latina. La concesionaria Urbia+Cataratas confirmó una inversión de R$ 600 millones —unos USD 120 millones— a ejecutar hasta 2030 en el Parque Nacional Iguazú. El proyecto incluye senderos elevados, tirolesas, torres de observación y una nueva pasarela hacia la Garganta del Diablo.

El dato no es menor: se trata de una de las mayores inversiones privadas recientes en infraestructura turística dentro de un área protegida de la región. En un escenario donde el turismo compite por atraer visitantes con propuestas cada vez más inmersivas, Brasil apuesta a modernizar el “corazón” de las cataratas sin resignar el discurso de sostenibilidad. La incógnita es si esta expansión consolidará el liderazgo del parque como referencia global o si abrirá un debate sobre el límite entre conservación y explotación turística.

Concesión, patrimonio y apuesta 2030

El parque, declarado Patrimonio Mundial Natural por la Unesco en 1986 y reconocido entre las Siete Maravillas Naturales del Mundo, es el principal motor turístico de la región de las Tres Fronteras. Desde 2022, la gestión turística está en manos de Urbia+Cataratas, que asumió la concesión con el mandato de ampliar servicios y profesionalizar la operación.

El plan 2030 eleva la escala. El denominado “Circuito de Aventura” incorporará senderos suspendidos entre la vegetación, tirolesas, trineos y miradores sobre el río Iguazú. Además, se revitalizará el tradicional Camino de las Cataratas, con ampliación de tramos y una pasarela extendida con vista directa a la Garganta del Diablo, el salto más emblemático de los 278 que integran el sistema.

El programa se estructura sobre tres ejes: turismo responsable, sostenibilidad y conservación de la biodiversidad, e innovación con desarrollo regional. En la práctica, esto implica infraestructura nueva, ampliación de experiencias —incluidos recorridos al amanecer, atardecer y en horario nocturno— y expansión de la oferta gastronómica y de eventos.

La modernización también alcanzará al Espacio Puerto Canoas, que será renovado con un nuevo diseño arquitectónico y un deck panorámico. En paralelo, el plan prevé extender infraestructura hacia municipios del entorno como Capanema, San Miguel de Yguazú y Cielo Azul, buscando integrar desarrollo local y actividad turística.

Impacto económico y equilibrio ambiental

La inversión supera los USD 100 millones y se distribuirá progresivamente hasta 2030. El volumen de recursos redefine el peso económico del parque en la región. Actualmente, el 74% de los proveedores son locales, un dato que la concesionaria exhibe como prueba de integración productiva.

En términos estratégicos, el proyecto consolida la lógica de concesiones como herramienta de gestión en áreas protegidas. El Estado conserva la titularidad y la tutela ambiental, mientras el privado amplía infraestructura y servicios. El desafío reside en sostener el equilibrio ecológico en un entorno cuya principal fortaleza es su condición natural.

Entre las metas anunciadas figuran la neutralización total de emisiones de carbono y la obtención de certificaciones ambientales. El discurso apunta a compatibilizar crecimiento y conservación, una ecuación que en destinos de alta demanda suele tensionarse cuando aumenta el flujo de visitantes.

Un movimiento regional con efecto espejo

La decisión brasileña impacta indirectamente en la dinámica turística binacional. Las cataratas son compartidas con Argentina, y cualquier ampliación de la oferta en uno de los lados modifica la competencia y la complementariedad del destino integral.

La incorporación de propuestas de aventura y nuevas pasarelas puede redefinir la distribución de visitantes y prolongar estadías, con efectos en hotelería, gastronomía y transporte. También instala un estándar de inversión que presiona a mantener niveles de infraestructura acordes en toda la región.

En un contexto donde el turismo se consolida como generador de divisas y empleo, el plan 2030 aparece como una jugada de posicionamiento internacional. Brasil busca sostener el atractivo icónico de las cataratas y, al mismo tiempo, convertirlo en plataforma de desarrollo regional.

Modernización con interrogantes abiertos

La transformación anunciada combina infraestructura, innovación y narrativa ambiental. La clave estará en la ejecución: cronograma, impacto real en biodiversidad y respuesta del mercado.

El proyecto promete un “antes y después” en la experiencia del visitante. Sin embargo, la política turística en áreas protegidas siempre opera sobre una frontera sensible. La expansión puede potenciar ingresos y empleo, pero también obliga a monitorear su efecto en un patrimonio natural cuya preservación sustenta todo el modelo.

De aquí a 2030, la evolución de las obras y la recepción del público marcarán si esta apuesta se convierte en un nuevo estándar de gestión o en un experimento bajo observación permanente.

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El arroz exporta más, pero enfrenta márgenes en rojo en plena normalización de precios

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El complejo arrocero alcanzó en 2025 su mayor volumen exportado desde 2016 y el valor más alto desde 2014, con US$ 259 millones, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Sin embargo, la campaña 2025/26 arranca con caída de área y márgenes negativos. ¿Puede el sector sostener el impulso comercial en un contexto de costos en alza y precios internacionales en baja?

El volumen exportado de arroz en 2025 fue el más alto desde 2016. Incluso a pesar de los menores precios FOB, el valor exportado consiguió la mejor marca desde el año 2014. Sin embargo, aún con estas positivas cifras, los márgenes están bajo presión.

1 – Perspectivas productivas para el arroz 2025/26

En línea de largada de la cosecha de arroz en Corrientes, la campaña 2025/26 marca una caída en el área sembrada a 200.000 hectáreas, por debajo de los últimos dos años. En efecto, los precios internacionales excepcionalmente altos de la campaña 2024/25 habían impulsado las siembras hasta 234.000 hectáreas, por lo que el ciclo actual registra una merma interanual del 14%, aunque se mantiene en el promedio de los últimos diez años.  

Corrientes y Entre Ríos se reparten más del 70% del hectareaje total sembrado con arroz. Santa Fe mantuvo su tercer puesto, no logrando acercarse a su pico de participación registrado entre las campañas 2011/12 y la 2015/16. Mientras tanto, aunque Formosa sigue manteniendo un share pequeño, la actividad mostró gran dinamismo y mantuvo un crecimiento sostenido en el terreno implantado a lo largo de las últimas dos décadas.

En el eje de la producción y siguiendo el gráfico anterior, la cosecha de arroz proyectada para la campaña 2025/26 alcanzaría las 1,31 Mt, según datos de USDA. Aun augurando los segundos rindes más altos de la década, la cifra de producción es 20% inferior a la del periodo anterior, en línea con la mencionada caída en el área implantada. Se matiza el dato cuando tenemos en cuenta que la 2024/25 fue la segunda cosecha más alta del siglo. Con esto presente,el guarismo sigue una tónica similar al promedio de los últimos cinco años.

Aunque la actividad mostró un retroceso en Santa Fe, el sector y el gobierno provincial trabajan de manera conjunta para desarrollar su potencial y ganar participación en los mercados de exportación. En este marco, el gobierno provincial destaca el desarrollo y la comercialización de la nueva semilla “Aldebarán”, creada en San Javier con su patrocinio, como un claro reflejo de este esfuerzo. Actualmente, se ha consolidado como la segunda variedad más exportada desde la provincia. A través de su multiplicación y exportación, se busca generar un círculo virtuoso de reinversión de los beneficios obtenidos, que serán destinados a financiar actividades de investigación y desarrollo (I+D) y brindar acompañamiento técnico.

2 – La compresión de los márgenes de producción toma centralidad en la nueva campaña 2025/26

El esquema productivo del complejo arrocero enfrenta una serie de desafíos bajo la coyuntura actual. Por un lado, el costo de la energía y los alquileres se movieron al alza en tanto que el precio internacional del arroz entró en una dinámica bajista, más cerca de su media histórica. Recordemos que las campañas anteriores se caracterizaron por precios elevados para la exportación, que hicieron viable expandir la extensión de los cultivos manteniendo una rentabilidad favorable.

En el siguiente gráfico se aprecia cómo en la previa al periodo de siembra (tercer trimestre del año) se hundieron los ingresos asociados a la actividad, mientras que los costos cayeron en menor proporción. Esto determinó que los márgenes de la actividad sean negativos para el promedio de la nación. De acuerdo con estadísticas de SAGyP, desde el tercer trimestre de 2024 no se registran márgenes netos positivos para la actividad, para ninguno de sus métodos de producción (con pozo profundo eléctrico, pozo profundo gasoil y represa gasoil). Se eligió este periodo para la comparativa por ser el lapso inmediatamente anterior al comienzo de las labores de siembra, dentro del cual se toman las decisiones de asignación de tierras para cultivos.

En el gráfico que sigue, se ilustra la caída en el precio FOB promedio para las dos principales variedades de arroz exportadas por la Argentina, que explican aproximadamente el tres cuartas partes de las exportaciones.

El origen de estos fenomenalmente altos precios del arroz en los mercados internacionales en 2024 se encontraba, por un lado, en las restricciones a la exportación de arroz desde India, que es el principal proveedor mundial. Este abastece a los mercados de aproximadamente el 40% de los stocks comerciados. El otro factor que influyó fue la escasez hídrica en las plantaciones asiáticas, producto de El Niño. Ambos hechos confluyeron en mayores precios internacionales, que beneficiaron a la actividad interna. Superados esos escenarios, los precios tendieron a normalizarse.

Se espera que los precios internacionales del arroz continúen bajo presión en 2026. Según información de la agencia Reuters, los principales exportadores —India, Tailandia y Vietnam— intensificarán la competencia para colocar sus excedentes en los mercados externos, en un contexto de cosecha mundial récord que además se suma a elevados stocks iniciales de la campaña.

3 – El valor exportado por el complejo arrocero en 2025 tocó un máximo desde 2014 con USE 259 millones.

A pesar de los precios más debilitados, en el plano comercial las noticias fueron positivas. Entre enero y diciembre de 2025, Argentina logró anotar el volumen exportado de arroz más alto desde 2016, con 502.000 tn embarcadas. El arroz no parbolizado y el arroz descascarillado no parbolizado mantuvieron su histórico protagonismo: el primero totalizó exportaciones por 242.000 tn, cuando el segundo registró 156.000 tn. El tándem representa el 80% del total exportado. Destaca además la vuelta a la escena del arroz c/cáscara no parbolizado, que acumuló envíos por primera vez desde 2019, esta vez con un quantum de 65.000 tn.

Los valores exportados presentan cifras todavía más auspiciosasen 2025 se exportaron U$S 259 millones, siendo el registro más alto desde 2014. Asimismo, la cifra es 33% superior al 2024 y 38% superior al promedio del último lustro, en la misma ventana temporal.

Desentrañando el hito comercial por sus componentes, vemos que el gran registro se explica sobre todo por la fortaleza de los volúmenes exportados, más que por precios. Recordando la imagen comparativa de precios de exportación para las dos principales variables de arroz exportadas, el precio FOB promedio por tonelada exportada es sensiblemente menor al visto en 2024. En ambos casos es también menor al promedio de los últimos cinco años.

Desagregando entre los destinos a los que llegaron las exportaciones, la producción argentina amplió su llegada a puertos americanos. La participación de los destinos de América aumentó a 60%, contra el 51% del año pasado, mientras la exportación a Europa descendió a de 37% en 2024 a 31% en 2025, siguiendo datos de Softrade. Los tres principales orígenes dentro de nuestro continente fueron Chile, Brasil y Costa Rica, cuando en el viejo continente España, Países Bajos y Portugal acapararon la mayoría de las compras.

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El Gobierno activa el RIMI y redefine el tablero laboral y fiscal del agro

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El 2 de marzo de 2026, en el marco de la reciente Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía puso en marcha el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema que apunta a movilizar capital productivo en el agro con beneficios fiscales y cambios en las reglas laborales. El nuevo instrumento complementa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y fija un rango de acceso que va desde US$ 150.000 para microempresas hasta US$ 9.000.000 para medianas tramo 2.

El movimiento no es técnico. Es político. El Gobierno busca ampliar la base de inversión más allá de los grandes proyectos y enviar una señal directa a las PyMEs agroindustriales. La pregunta es si el paquete fiscal y laboral alcanza para traducirse en desembolsos concretos o si quedará condicionado por el contexto macro.

Incentivos fiscales: amortización acelerada y alivio en IVA

El RIMI concentra su foco en inversiones productivas: adquisición, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el impuesto a las ganancias y obras afectadas a la producción. La novedad es doble.

Por un lado, no fija mínimos para inversiones estratégicas en sistemas y equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes. Por otro, establece una amortización acelerada: una cuota para inversiones estratégicas sin mínimo y dos cuotas para bienes muebles.

Además, habilita el cómputo de créditos fiscales de IVA a los tres períodos fiscales mensuales, reduciendo el plazo financiero habitual. En paralelo, baja la alícuota de IVA para la energía eléctrica utilizada en equipos de riego destinados al sector agroindustrial.

El esquema incorpora también una modificación en la valuación de hacienda para establecimientos de invernada y engorde a corral, con impacto directo en el cálculo del impuesto a las ganancias. La medida reduce el resultado por tenencia en cada ejercicio, lo que mejora el flujo impositivo de esas explotaciones.

En términos prácticos, el Ejecutivo combina alivio fiscal, mejora en liquidez y señales sectoriales específicas. La estrategia apunta a incentivar inversión real, no solo planificación tributaria.

Reforma laboral: cambios en subcontratación y contratos temporarios

El RIMI se inscribe en una reforma más amplia del régimen de trabajo agrario. La legislación modificó la subcontratación y cesión, estableciendo relación directa con quien registre el vínculo laboral y limitando la responsabilidad solidaria.

También amplió el período de prueba a ocho meses y aseguró la temporalidad de contratos sucesivos en tareas estacionales. Las remuneraciones mínimas fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario quedaron eliminadas como referencia autónoma y pasaron al esquema de convenciones colectivas, incluyendo remuneración por rendimiento.

Además, el nuevo marco establece compatibilidad entre trabajo rural temporario y prestaciones sociales, garantizando la continuidad en la percepción de asignaciones familiares.

El mensaje institucional es claro: modernizar la contratación en el campo, reducir litigiosidad potencial y flexibilizar mecanismos para adaptarlos a ciclos productivos.

Correlación de fuerzas y agenda productiva

El RIMI refuerza la posición del Gobierno frente a sectores productivos que reclamaban reglas más previsibles para invertir. Las PyMEs agroindustriales aparecen como el actor central del esquema.

Al mismo tiempo, la modificación del régimen laboral puede reordenar equilibrios en la negociación colectiva y reconfigurar el vínculo entre empleadores y trabajadores rurales.

En el plano económico, la reducción de cargas y la amortización acelerada implican resignación de recursos fiscales en el corto plazo. El Ejecutivo apuesta a que la mayor inversión compense esa merma vía expansión de producción y formalización.

El complemento con el RIGI sugiere una estrategia integral: captar grandes proyectos y, en paralelo, dinamizar el entramado de medianas y pequeñas empresas. El desafío será que ambos regímenes no generen distorsiones competitivas internas.

Inversión real o ventana fiscal

La efectividad del RIMI dependerá de variables que exceden el texto legal: estabilidad macroeconómica, acceso al crédito y expectativas de rentabilidad.

En las próximas semanas será clave observar el volumen de proyectos presentados y la velocidad de adhesión de PyMEs. También cómo impactan los cambios laborales en la dinámica de contratación en plena campaña productiva.

El Gobierno movió una ficha relevante en el tablero agroindustrial. El marco normativo ya está definido. Falta comprobar si el sector responde con inversión efectiva o si el incentivo funciona como herramienta defensiva en un contexto todavía en transición.

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El dólar retrocede en el arranque de marzo y el BCRA sostiene la pulseada cambiaria con compras récord

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El dólar bajó en el mercado de cambios, la oferta se impuso en la primera rueda del mes, mientras el Banco Central consolida 39 jornadas consecutivas de intervención compradora. ¿Se afianza la estabilidad o es una tregua táctica?

Un inicio de mes con señal política

El dólar arrancó marzo con una baja que excede lo estrictamente financiero. En la primera rueda del mes, el tipo de cambio minorista cerró en $1.415 para la venta en el Banco Nación, cinco pesos por debajo del viernes, luego de haber tocado un máximo intradiario de $1.435. En el segmento mayorista, la divisa terminó en $1.395, con un retroceso marginal de dos pesos o 0,1%, pese a haber operado buena parte del día por encima de los $1.400.

El dato no es menor en el actual escenario económico: el Banco Central encadena 39 jornadas consecutivas de compras en el mercado de cambios y cerró su primer mes completo de 2026 con saldo positivo diario. En un contexto de tensiones externas vinculadas al conflicto en Oriente Medio y con proyecciones de inflación en revisión, la estabilidad cambiaria vuelve a funcionar como termómetro político. La pregunta es si el Gobierno consolida un ancla de expectativas o si apenas administra un equilibrio delicado.

Intervención sostenida y metas ambiciosas

La jornada mostró volatilidad, pero con bajo volumen: en el segmento de contado se negociaron USD 366,1 millones. Aun así, la oferta alcanzó para inclinar la balanza a la baja. El techo de la banda cambiaria fue fijado por el Banco Central en $1.611,54, lo que dejó al tipo de cambio oficial a $216,54 —o 15,6%— de ese límite.

Detrás de la dinámica diaria asoma una estrategia más amplia. El programa anunciado a mediados de diciembre proyecta una acumulación anual de reservas de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, con el objetivo de sanear el balance del Banco Central y facilitar la remonetización de la economía. En esa línea se inscriben las compras sostenidas y el canal de refinanciamiento al Tesoro vinculado a la demanda del Bonar 2027.

El propio Banco Central informó que en enero la demanda neta de moneda extranjera alcanzó USD 2.730 millones. De ese total, USD 2.203 millones correspondieron a compras netas realizadas por 1,6 millones de ahorristas individuales, una cifra cercana al récord de 1,8 millones de compradores registrado en septiembre pasado. El dato confirma que el frente cambiario no descansa solo en decisiones de política monetaria, sino también en el comportamiento social frente a la incertidumbre.

Correlación de fuerzas y señales al mercado

El retroceso del dólar —incluido el segmento informal, que cedió cinco pesos hasta $1.420 vendedor— refuerza momentáneamente la narrativa oficial de control sobre el mercado cambiario. La continuidad de compras por parte del Banco Central fortalece su posición institucional y mejora su capacidad de negociación frente a eventuales tensiones financieras.

Sin embargo, el equilibrio no depende solo de la intervención. El mercado ajustó al alza las proyecciones de inflación de febrero, anticipando un número similar al de enero, y observa de cerca la recaudación tributaria, el Relevamiento de Expectativas de Mercado y los indicadores de actividad de enero en sectores como industria y construcción. La estabilidad cambiaria necesita respaldo en el “mundo pesos” y en la economía real, donde todavía se identifican puntos de fragilidad.

La acumulación de reservas, en ese marco, no es solo una meta técnica. Incide sobre la gobernabilidad económica y condiciona la agenda de reformas estructurales que el Ejecutivo impulsa con la vista puesta en 2027, un año que se perfila como desafío político y financiero.

Un equilibrio en construcción

El inicio de marzo ofrece una foto de calma relativa: dólar contenido, compras oficiales sostenidas y metas explícitas de fortalecimiento del balance del Banco Central. Pero la estabilidad se apoya en varios pilares simultáneos: liquidez en pesos, tasas en proceso de normalización, disciplina fiscal y expectativas de inflación bajo control.

En las próximas semanas, el mercado pondrá a prueba si el tipo de cambio logra sostenerse con compras oficiales constantes y tasas más bajas. También se evaluará si la acumulación de reservas avanza al ritmo prometido o si la demanda privada vuelve a tensionar la plaza.

Por ahora, el Gobierno consigue que el dólar retroceda en el arranque de marzo. Si se trata de un punto de inflexión o de una pausa táctica dependerá de variables que todavía están en movimiento.

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Castagnani exige que el 20% por zona desfavorable se traduzca en competitividad y tensiona la agenda del Gobierno

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Desde Río Gallegos, en plena exposición de la Sociedad Rural local, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, reclamó que el reconocimiento del 20% por zona desfavorable deje de ser un enunciado formal y se convierta en una herramienta concreta para sostener la producción patagónica. El planteo, realizado ante productores y autoridades en la provincia de Santa Cruz, introduce presión sobre el Gobierno nacional en un momento en que la competitividad regional vuelve a escena. ¿Se trata de un reclamo sectorial o del inicio de una discusión más amplia sobre federalismo productivo?

Federalismo en debate y costos estructurales

Castagnani apuntó a un concepto que excede la coyuntura: el federalismo. Sostuvo que no puede ser declamativo y debe traducirse en decisiones que contemplen las particularidades climáticas, geográficas y productivas del sur. En términos institucionales, el pedido interpela tanto al Poder Ejecutivo como a las áreas económicas que definen esquemas fiscales y laborales.

El 20% por zona desfavorable funciona como reconocimiento de las condiciones diferenciales de la Patagonia. Pero, según el titular de CRA, ese diferencial no logra equilibrar los mayores costos logísticos, climáticos y operativos que enfrentan los productores. La demanda es concreta: que el beneficio impacte de manera efectiva en la estructura de costos y permita competir en igualdad de condiciones con otras regiones.

La ganadería ovina, actividad identitaria de la región, aparece en el centro del diagnóstico. Castagnani mencionó problemas sanitarios, dificultades de comercialización y caída de stock. Traducido a términos económicos, menos cabezas implican menor escala y más vulnerabilidad frente a variaciones de precios.

Salarios, institucionalidad y decisiones en territorio

Otro punto relevante fue la discusión del salario del peón ovejero patagónico en la Comisión Asesora Regional 11 dentro del propio territorio. El dato no es menor. Implica descentralizar la negociación y acercar la toma de decisiones a la realidad productiva.

Para CRA, ese movimiento representa un avance hacia mayor representatividad. En clave política, también abre un espacio donde confluyen gremios, empleadores y autoridades, con impacto directo en costos laborales y formalización del empleo.

El trasfondo es una agenda más amplia: menor presión impositiva, reforma laboral orientada al empleo formal y obras de infraestructura que mejoren conectividad y logística. Son demandas estructurales que requieren definiciones del Gobierno y, en algunos casos, del Congreso.

Guanaco, predadores y sustentabilidad en disputa

La problemática del guanaco y de predadores como el puma y el zorro ocupó un lugar central en el mensaje. Castagnani advirtió que la sobrepoblación de guanacos compite por el recurso forrajero y deteriora los campos, con impacto directo en la producción ovina.

El planteo introduce una tensión entre conservación ambiental y viabilidad económica. Desde CRA promueven mesas técnicas con autoridades nacionales y provinciales para encontrar soluciones que contemplen ambas dimensiones. La discusión no es solo ecológica: involucra regulaciones, permisos y políticas públicas que pueden redefinir el equilibrio entre producción y preservación.

Apertura comercial y competitividad interna

Castagnani reconoció que la apertura comercial puede ofrecer oportunidades para la Patagonia. Pero advirtió que sin competitividad interna, esa apertura puede volverse asimétrica. La ecuación es conocida: si bajan aranceles y se amplía el acceso a mercados, pero los costos internos permanecen altos, el beneficio se diluye.

En términos de correlación de fuerzas, el reclamo ruralista refuerza la agenda productiva del interior y obliga al Ejecutivo a definir si avanzará con medidas específicas para regiones con desventajas estructurales. También interpela a legisladores de provincias patagónicas, que deberán posicionarse frente a un sector con peso territorial.

Un frente que trasciende lo sectorial

La visita a Río Gallegos no fue solo protocolar. CRA viene intensificando recorridas y reuniones institucionales en el sur, con la intención de instalar la problemática en la mesa nacional. El mensaje combina identidad territorial, soberanía y trabajo, conceptos que en la Patagonia adquieren un peso político particular.

La discusión sobre el 20% por zona desfavorable puede convertirse en un test para la política económica del Gobierno: si logra articular competitividad real o si el beneficio queda como reconocimiento simbólico. En las próximas semanas será clave observar si el reclamo se traduce en medidas concretas o si abre una negociación más amplia sobre el modelo productivo del sur argentino.

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