dictadura

La Corte Suprema revocó la absolución de militares

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Se trata de acusados de haber fusilado a tres presos políticos. Se trata de Víctor Pino Cano, de 86 años, y Osvaldo César Quiroga, de 72.
La Corte Suprema revocó la absolución de dos militares que fueron juzgados junto a Jorge Videla y Luciano Benjamín Menéndez en 2010, en un juicio en el que están acusados deltraslado y posterior fusilamiento de tres presos políticos cautivos en Córdoba, en el invierno de 1976.
Se trata de Víctor Pino Cano, de 86 años, y Osvaldo César Quiroga, de 72, quienes habían sido beneficiados con la absolución en primera y segunda instancia.
Con los votos a favor de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, y el voto en disidencia del cordobés Juan Carlos Maqueda, la Corte resolvió –el pasado martes 10– “declarar procedentes los recursos extraordinarios interpuestos por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal y por la querella, y dejar sin efecto la sentencia en cuanto confirmó las absoluciones de Víctor Pino Cano y Osvaldo César Quiroga en relación a los homicidios de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo, para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí decidido”.
Se trata de una decisión inédita en juicios por crímenes de lesa humanidad. El fiscal Maximiliano Hairabedián señaló en declaraciones al diario Página 12 que “no se hará un nuevo juicio” y que a partir de la decisión de la Corte, “una sentencia condenatoria podrá ser dictada por un Tribunal Oral o por una sala de la Cámara de Casación”. “Estoy muy contenta. En este contexto que estamos viviendo no me lo esperaba. Pasaron siete años desde esa tarde terrible. De ese mazazo para mi familia y las de los compañeros de muerte de mi marido”, señaló a su vez Raquel Altamira, la viuda de Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), fusilado a los 35 años junto a Gustavo Adolfo de Breuil, de 23, y Arnaldo Higinio Toranzo, de sólo 19.

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Comenzaron a investigar 55 casos de bautismos en la ESMA

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La causa la lleva adelante la Procuración General de la Nación. La prueba principal es el libro de registros de 256 bautismos que la Iglesia Católica entregó en los últimos días.
La Unidad especializada en apropiaciones de niños durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación comenzó a investigar 55 casos de chicos bautizados en la capilla de la ESMA entre 1975 y 1981, a partir de información aportada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Los datos surgen de un libro con registros de 256 bautismos que la Iglesia católica entregó a la Justicia.
Según publicó el diario Página 12, a partir de un primer análisis, que permitió recortar el objeto de estudio, la unidad que encabeza el fiscal general Pablo Parenti informó que el registro incluye el caso de un joven que ya recuperó su identidad: el de Javier Penino Viñas, apropiado por el marino Jorge Vildoza, que fue jefe de la patota de la ESMA.
También figuran otras cuatro personas cuyas muestras de ADN fueron analizadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y no arrojaron correspondencia con el archivo genético de ese organismo.

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Etchecolatz deberá volver a una cárcel común

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La Cámara Federal de Casación Penal le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria al exjefe de investigaciones de la Policía Bonaerense y genocida condenado Miguel Etchecolatz, por lo que deberá volver a una cárcel común.
Desde el 29 de diciembre pasado, Etchecolatz se encuentra con arresto domiciliario en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos, tras ser condenado cinco veces a perpetua por delitos de lesa humanidad.
Etchecolatz gozaba del beneficio del arresto domiciliario desde fines de diciembre pasado. La decisión, adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 6, se basaba en razones de salud, ya que el ex director de Investigaciones de la policía bonaerense, que tiene hoy 88 años, padeció dos accidentes cerebrovasculares (ACV) y presenta problemas cardíacos y circulatorios, entre otras dolencias.
La decisión de revocar la prisión domiciliaria fue tomada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani.
Etchecolatz gozaba del arresto domiciliario en una casa del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata. Según informaron fuentes judiciales, la decisión se tomó por mayoría con los votos de Hornos y Borinsky. Ambos jueces entendieron que “el estado de salud que presenta Etchecolatz no impide que permanezca alojado en el establecimiento penitenciario recibiendo la atención y los controles médicos adecuados para el tratamiento de sus patologías”.
Según informaron fuentes judiciales, ayer se celebró una extensa audiencia oral y pública en la que participaron, además de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, cuatro fiscales, las querellas y organismos de derechos humanos. La defensa de Etchecolatz no fue al encuentro.
En su voto, Borinsky afirmó: “En cuanto al estado de salud de Etchecolatz, supuesto también invocado por el para conceder el arresto domiciliario, cabe señalar que los informes confeccionados por el Cuerpo Médico Forense dan cuenta de las patologías que padece el imputado. Sin embargo, tal como fuera señalado por los impugnantes en sus recursos de casación, de dichos informes no se advierte impedimento alguno para que el nombrado permanezca en un establecimiento penitenciario, recibiendo la atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios para atender sus patologías”.
De esta manera, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los recursos presentados por la fiscal María Ángeles Castro, a cargo de cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, y por el abogado de una de las querellas, Pablo Llonto.
Llonto, en el recurso, había sostenido que la decisión del TOF N° 6 de otorgarle el beneficio del arresto domiciliario había sido “dictado sin la debida fundamentación”.
El representante de una de las querellas afirmó, según se desprende del expediente judicial, que en ninguna parte de la resolución se “señaló cuáles eran los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrió Etchecolatz, ni cuáles fueron las violaciones a las razones humanitarias que advirtieron los magistrados en el caso”.
Por su parte, en su recurso, la fiscal Ramos había sostenido que “lo resuelto por el Tribunal es nulo pues adolece de una aparente fundamentación y se sustenta en una interpretación errónea y parcial de las constancias reunidas en el legajo constituyendo, además, un claro caso de gravedad institucional estando en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino”
La representante del Ministerio Público afirmó que estaban “en tensión, por un lado, los derechos de las víctimas y la realización de la justicia y, por el otro, los derechos del imputado, su cuidado y resguardo de su persona”. Y agregó que Etchecolatz “no está en riesgo en la unidad, y este extremo no fue analizado debidamente por el tribunal, como tampoco fue explicitado por qué habría menos riesgos en su casa, fuera de cualquier control estatal”.
Al fundamentar su voto, Hornos explicó: “Debe señalarse que más allá de la edad que tiene el interno y de las patologías que sufre, el otorgamiento de la prisión domiciliaria es una decisión jurisdiccional que no puede tomarse de manera automática o irreflexiva mediante la exclusiva invocación de que concurre en el caso alguno de los presupuestos legales que, en principio, habilitan su concesión”.
Hornos dijo que están evidenciadas “las posibilidades con las que cuenta Etchecolatz para permanecer detenido dentro de un establecimiento penitenciario, recibiendo la debida atención, tratamientos y controles que sean resultan necesarios para sus patologías”.
En su voto, Gemignani afirmó: “Reiteradamente vengo sosteniendo que, enpleno entendimiento de los valores en pugna, en causas como la que nos ocupa, resulta menester conjugar prudentemente la obligación internacional de juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad, con el respeto al derecho a la salud de los imputados”.
“En síntesis, en términos de este imperativo general de investigar y de establecer las responsabilidades y sanción, el Estado argentino debe adoptar todas las medidas necesarias para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en la última dictadura que azotó a nuestra sociedad; pues la impunidad de esos atroces hechos no será erradicada y, en consecuencia, no cesará aquel deber internacional, hasta que sus responsables sean sancionados y cumplan con la pena que eventualmente les fuera impuesta”, añadió.
“Sin embargo, esta obligación internacionalmente asumida por la Argentina no implica sortear los principios y garantías constitucionales inherentes a un debido proceso, pues ello conllevaría al quiebre del Estado de Derecho. Sino, por el contrario, aquélla requiere -a lo que a la cuestión traída a revisión concierne- un análisis racional de los derechos y garantías en juego, principalmente, la ausencia de riesgos para la salud del imputado, atendiendo no sólo a la normativa nacional sino, además, a los estándares y obligaciones internacionalmente asumidos acerca de la vejez”, detalló el magistrado. Y concluyó: “Ello, pues, reitero, aquellas obligaciones no pueden jamás conllevar la supresión de los derechos y garantías que le asisten a todo imputado o una interpretación diferente y más perjudicial a los intereses del encausado a la legalmente establecida”.

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Murió el represor Luciano Benjamín Menéndez

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El ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, murió a los 90 años en la provincia de Córdoba. Se encontraba internado desde el 7 de febrero en el Hospital Militar de la provincia serrana por un cuadro cardíaco agravado.
El ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, murió a los 90 años en la provincia de Córdoba. El represor se encontraba internado desde el 7 de febrero en el Hospital Militar de la provincia serrana por un cuadro cardíaco agravado.
Recibió un total de 13 condenas a prisión perpetua -fue el militar más condenado- por sus numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Fue encontrado culpable de 52 homicidios, 260 secuestros y 656 casos de tortura durante la última dictadura.
En 2008, la Justicia dispuso revocar su prisión domiciliaria y ordenaron su traslado a una cárcel común dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, lo que era un histórico planteo de las partes querellantes que representan a las víctimas.
La última condena fue el 30 de marzo de 2016, cuando la justicia de San Luis dictó la prisión perpetua por 29 hechos de privación abusiva y agravada de la libertad, 29 hechos de tormentos con privación de la libertad y 11 homicidios calificados, en la llamada “Causa 2470”.
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La línea a seguir

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La inflación se aceleró más de lo esperado por los analistas y alteró al sistema financiero a la espera una nueva suba de tasas. La frase describe la situación de la economía de Estados Unidos. Pero mantuvo en vilo al equipo económico de Mauricio Macri porque sus consecuencias pueden afectar las expectativas locales. Una suba de tasas de la Reserva Federal haría más caro el crédito de la Argentina a través de la emisión de deuda y, en definitiva, pondría más restricciones al financiamiento.
El Gobierno nacional estuvo pendiente de las noticias porque el modelo es frágil a los movimientos externos. Cualquier chispazo en el norte, puede significar una explosión en el sur. El financiamiento vía deuda externa es sensible al humor de los mercados y especialmente, al valor del dólar. Será más caro endeudarse.
La suba de tasas de la Reserva Federal es incluso más preocupante que las tasas del Banco Central en la Argentina, que también utiliza la misma lógica para frenar la inflación.
Sin embargo, la suba de precios volvió a sorprender en enero, con aumentos superiores a los esperados. El Indec midió 1,8 por ciento, lo que da una inflación anual del 25 por ciento –en el Nordeste, que incluye a Posadas, se dio la segunda suba más relevante-. Enero no solo mete presión al cumplimiento de las metas blandas que se fijó el Gobierno, sino que revela el contraste entre la toma de decisiones de las principales espadas del gabinete. Los precios que más aumentaron fueron los regulados por el propio Estado, es decir, la energía, los combustibles y los servicios públicos.
Las medidas tomadas por el Gobierno, conspiran contra las metas del Gobierno. Proyectada, la inflación llegaría al 19,6 por ciento en 2018, 30 por ciento por encima de las metas recalibradas.  Las paritarias se pretenden al quince por ciento anual.
Seguramente estas contradicciones habrán estado en la mesa de trabajo del del Presidente y su equipo en el retiro espiritual de Chapadmalal. Fueron tres días de introspección en la residencia de descanso oficial donde se repasó la gestión y se compartieron las metas para 2018. No fue, en rigor, un relanzamiento, como se esperaba, sino más bien un encuentro para reforzar la línea. Macri defendió a sus ministros más cuestionados y sostuvo que “deben demostrar que las acusaciones no tienen sustento”. Se refería a Jorge Triaca, el ministro de Trabajo que despidió a su empleada a quien tenía en negro y al subsecretario General de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quien según una investigación ocultó más de un millón de dólares en una cuenta bancaria en Andorra. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, también fue denunciado por su vinculación a fondos offshore que compraron deuda emitida por el Gobierno.
En materia económica también se sostiene el rumbo, con un megaequipo comandado por Marcos Peña, con las demás carteras sometidas a su bendición. El Jefe de Gabinete quiere más trabajo en equipo que lucimientos personales. Los éxitos, en definitiva, deben ser del Presidente.
“Pudimos reflexionar, compartir horas de trabajo con el equipo, repasar lo que hemos vivido estos dos años de Gobierno y concentrarnos en este 2018 que se presenta como un año bueno, en el que vamos a seguir creciendo, encarando transformaciones”, sostuvo Macri después de defender la transparencia de su gestión.
Sin retiro espiritual ni asado de por medio, el gobernador Hugo Passalacqua convocó a sus ministros para hacer también un repaso de la gestión en cada área y afinar acciones para el 2018, que comienza a tomar forma recién en marzo, con el inicio de las clases y la actividad política que recobra el ritmo.
La reunión fue pactada para el miércoles y cada ministro deberá exponer los avances en sus áreas.
El turismo es el que mejores resultados puede mostrar. Enero ha sido exitoso y el carnaval volvió a marcar récord de visitas. Sin embargo, en el sector turístico hay preocupación compartida por los costos laborales, que afectan la rentabilidad e impactan en la calidad de los servicios. Hay intensos debates en el sector empresario. La llegada de nuevos jugadores de mucho peso puede transformar el mapa turístico. Los que no se actualicen, corren el riesgo de perder su porción de la torta.
Educación tiene un camino casi allanado hacia un comienzo de clases sin complicaciones. El acuerdo salarial con el gremio mayoritario garantiza que las escuelas estén abiertas para recibir a los estudiantes, pese a que seguramente habrá medidas de fuerza de los sindicalistas más afectos al piquete que a la tiza. De cualquier modo, el escenario económico no permite hacer las mismas concesiones que en el pasado. Para insistir en alguna reivindicación, habrá que ser parte de la mesa de negociaciones.
El cambio de actitud era esperado por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, que siempre lidera las negociaciones salariales y pone la espalda para las críticas, mientras los díscolos apuestan al piquete, pero disfrutan de los mismos aumentos.
En el Agro se viven días intensos. El ministro José Luis Garay surfea entre intereses en pugna, mientras debe equilibrar la balanza para conseguir precios que cuiden el bolsillo del pequeño productor. Hay negociaciones paralelas en varios frentes. En el forestal la Asociación Forestal Argentina presiona por la extensión del uso de los bitrenes y por cambios en la ley 25080 de promoción de bosques implantados. Las miradas son distintas en cuanto a la continuidad de esa ley.
Por eso, Garay decidió convocar a todos los sectores a un plenario donde cada uno exponga sus posiciones cara a cara antes de seguir las conversaciones en el Congreso nacional. Mientras, se negocia el precio del tabaco y de la yerba mate. En el insumo para los cigarrillos se está cerca de un acuerdo con el aval de la industria. Con el otrora oro verde no parece tan encaminado el acuerdo. Lo más probable es que la industria fuerce un nuevo laudo. El sector productivo está desprotegido en medio de sus luchas internas por la representatividad.
Con menor protagonismo, también hay un reclamo latente de los ganaderos misioneros por la obligatoriedad de instalar Controladores Electrónicos de Faena (CEF), en las plantas faenadoras de bovinos y porcinos dispuesta por la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario que funciona bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria de la Nación. No es la única medida del Gobierno nacional que atenta contra los pequeños productores del interior y parece favorecer a la Pampa Húmeda.
La normativa, rubricada por el área de Fiscalización de Carnes, en su artículo 8 establece con plazo hasta el 28 de febrero que “las empresas que no cuenten con los dispositivos instalados serán suspendidas en su inscripción”. Para muchos ganaderos misioneros, los costos son imposibles de asumir. “Vamos directo al matadero”, graficó un empresario del sector.
Un picadero de carne debió enfrentar también estos días el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, quien tuvo que salir a aclarar a propios y extraños los términos de un acuerdo publicitado por Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad admiradora del Far West, donde el comisario era más célebre cuanto más rápido desenfundaba.
Bullrich anunció ansiosa un acuerdo para instalar una base de la DEA en Misiones, una especie de task force monitoreada por los agentes gringos con capacidad de acción en la tierra colorada.
La realidad indica que la ministra fue ganada por la ansiedad de un título. No habrá base yanqui en Posadas, sino que los policías misioneros se capacitarán con la agencia antidrogas de Estados Unidos en tácticas y manejo de tecnología. Una task force como la que imaginó Bullrich implica cesión de soberanía y territorio que necesita inevitablemente del aval del Congreso nacional y provincial.
No habrá nada de eso, aseguran en el ministerio de Gobierno, sino una capacitación que fue largamente gestionada por la gestión de Passalacqua, que puso al combate a la droga como una prioridad, con resultados record de decomisos y detención de narcos. Nunca antes se había secuestrado tanta droga en Misiones, pero los nostálgicos prefirieron obviar ese combate frontal contra el narcotráfico y enfocarse en la supuesta invasión para pegarle al Gobierno provincial.
Incluso dentro del Gobierno hubo algunas voces en contra del acuerdo y la más expresiva fue la ministra de Derechos Humanos, Tiki Marchesini, contradiciendo la línea de trabajo oficial.
La militarización yanqui es un hecho largamente debatido en Misiones y la región. “Misiones es la provincia más militarizada. No se trata solamente de la presencia tropas o de personal vinculado a las Fuerzas Armadas estadounidenses, sino de otros países, servicios de inteligencia de las primeras potencias están trabajando desde hace mucho tiempo”, decía en 2004 Hernán Damiani, entonces un férreo opositor a ejercicios militares en la Triple Frontera con fuerzas estadounidenses. Damiani era diputado nacional en ese entonces, sobreviviente de la gestión De la Rúa. Bullrich había sido ministra de Trabajo la misma alianza, solo que eyectó en 2001, incluso antes del fugaz presidente. Hoy vuelven a ser parte de la misma alianza.
El modelo de Policía de Misiones, aún con sus fallas, está lejos de ser el que defiende Bullrich, de mano dura y gatillo fácil. Lamentablemente, es un modelo que se impone para sostener políticas que tienen consecuencias sociales negativas. Río de Janeiro es hoy el mejor ejemplo. La ciudad del carnaval y la eterna alegría está militarizada por decisión del presidente Michel Temer. La mano dura contra el narco fracasó allí lo mismo que la militarización en Colombia o México. No es un modelo que se quiere imitar.

Después de anunciar aumentos salariales para el sector activo, que se trasladarán a los pasivos, en porcentajes bastante más generosos que en la Nación, Passalacqua pretende reforzar la línea social de su gestión en momentos en que la situación económica se hace sentir. El plan de obras también estará enfocado en la inclusión social.
En las otras áreas hay altos y bajos. Después de un enero caótico con los aumentos en la energía eléctrica, como consecuencia del tarifazo de Juan José Aranguren, volvió la calma al anunciar la marcha atrás con los incrementos de enero. La decisión de Passalacqua se prescindir de los aumentos locales fue reconocida por distintos sectores sociales y puso a Misiones de relieve ante otras provincias que acumulan protestas por subas nacionales y locales, a la que se suman aumentos en los combustibles.
En Misiones, Emsa retrocedió sobre sus aumentos y Posadas goza del beneficio del ITC diferenciado por segundo año consecutivo. No hay casualidades. Lo primero se puede hacer porque hay solvencia financiera y manejo austero de los recursos. Lo segundo, obedece a buena sintonía entre el Gobernador y el Presidente.
Macri considera a Passalacqua como uno de los gobernadores en los que se puede confiar en lo político y sostiene a Misiones como ejemplo de una buena administración económica. Podría haber un nuevo encuentro en los próximos días.

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