El juez federal Ariel Lijo dispuso nuevas indagatorias en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en un expediente que suma un nuevo capítulo y que ya había registrado avances en los últimos meses. La medida alcanza al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, junto a otros funcionarios, empresarios y supuestos intermediarios.
La decisión se apoya en un nuevo tramo de la investigación impulsado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes detectaron un entramado adicional de irregularidades en el manejo de fondos públicos. Según la acusación, se habrían direccionado contrataciones por más de 75.000 millones de pesos vinculadas a la compra de insumos de alto costo del programa Incluir Salud, a través del sistema PACBI, en beneficio de un grupo reducido de empresas.
De acuerdo con los investigadores, dentro del expediente se incorporaron proveídos y actuaciones internas que darían cuenta de un esquema de simulación de competencia entre oferentes, con adjudicaciones previamente direccionadas. También se analiza la participación de actores externos al organismo que habrían intervenido en la toma de decisiones y en la ejecución de pagos.
Las indagatorias comenzarán a fines de abril y se extenderán durante mayo, en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del organismo durante la gestión anterior. Spagnuolo fue convocado nuevamente junto a otros implicados en la causa, en una nómina que incluye funcionarios, empresarios y presuntos intermediarios señalados en el expediente.
Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas y evaluando documentación incorporada recientemente, mientras avanzan medidas como la inhibición general de bienes sobre los involucrados. El expediente sigue avanzando mientras las defensas de los imputados ya trabajan en las apelaciones contra los procesamientos dictados en etapas previas.
La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo y eleva la presión judicial sobre un entramado que ya aparece como uno de los expedientes más sensibles en materia de gasto público social.
El juez federal Ariel Lijo deberá resolver en los próximos días el pedido de 29 nuevas indagatorias, formulado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, a partir de un reciente hallazgo en la investigación que apunta a un esquema de desvío de fondos por más de 75.000 millones de pesos.
El planteo incluye además la posibilidad de dictar una inhibición general de bienes sobre un amplio grupo de personas físicas y jurídicas, entre ellas empresas proveedoras de insumos médicos.
Un sistema bajo sospecha
Entre los nuevos imputados aparecen el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo; el exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, junto a más de una veintena de actores del sector privado.
La hipótesis fiscal sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habría montado un esquema de direccionamiento de compras públicas de alto costo —conocidas como PACBI (Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia)— mediante el cual se favorecía a determinadas empresas a cambio de retornos económicos.
Estas prestaciones incluyen prótesis, implantes cocleares, equipamiento médico especializado y sillas de ruedas motorizadas, destinadas a personas con discapacidad o enfermedades graves, en su mayoría sin cobertura médica y en situación de vulnerabilidad.
Según la investigación, el Programa Incluir Salud habría sido utilizado como estructura operativa para canalizar estas contrataciones, desviando recursos públicos destinados a sectores críticos.
Avance de la investigación
En los siete meses que lleva el expediente, la justicia avanzó sobre la presunción de que la ANDIS funcionó como “una ventanilla discrecional” para concentrar beneficios económicos en proveedores afines, en presunto incumplimiento de los principios de transparencia, competencia y control en la administración pública.
Los investigadores sostienen que existía acceso a información privilegiada para facilitar adjudicaciones, coordinar ofertas y configurar un esquema de cartelización.
El expediente, que Lijo heredó con 19 procesamientos al asumir como subrogante del Juzgado Federal N°11, continúa escalando en complejidad con la intervención de múltiples organismos especializados, entre ellos la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la PROCELAC, la SIFRAI y la DATIP.
Apelaciones y tensión judicial
En paralelo, los primeros 19 procesados ya apelaron sus imputaciones ante la Cámara Federal, que analiza los argumentos de las defensas. Los acusados cuestionan la figura de asociación ilícita y rechazan la existencia de un esquema sistemático de desvío de fondos.
Entre ellos se encuentran exfuncionarios y empresarios vinculados a la operatoria bajo investigación, en una causa que podría redefinir los mecanismos de control sobre programas sociales de alto impacto presupuestario.
La resolución que adopte Lijo en torno a las nuevas indagatorias será clave para determinar el alcance final del expediente y la eventual ampliación de responsabilidades en un caso que combina gestión pública, contrataciones sensibles y presuntas irregularidades millonarias.
“Hablé con el Presidente y le dije: “Están choreando, te podés hacer el boludo , pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan. Tengo todos los WhatsApps de Karina”. La voz que dice esto es la de Diego Spagnuolo, eyectado funcionario que reveló una trama de corrupción en el corazón mismo del gobierno de Javier Milei. “Karina” no es otra que la hermana del Presidente, quien según el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad se quedaba con un “retorno” de los contratos con proveedores del Estado por montos de entre 500 y 800 mil dólares mensuales, en un esquema del que también participaría Eduardo “Lule” Menem, otro funcionario del riñón presidencial.
Spagnuolo fue detenido -está demorado- y es una bomba de tiempo. No es un cuatro de copas. Íntimo de Milei desde mucho antes de llegar a la Presidencia, registra al menos 38 visitas a la Quinta de Olivos y 48 a la Casa Rosada.
Hasta el cierre de esta columna, la única reacción oficial fue despedir a Spagnuolo, lo que paradójicamente suena más a una confirmación que a una desmentida. La grabación sería de agosto del año pasado, lo que permite imaginar la magnitud de la podredumbre que salpica a la mesa chica presidencial. El ex titular de la ANDis no es una víctima, sino un eslabón más del esquema. Si sabía de un hecho de corrupción, estaba obligado a denunciarlo ante la Justicia, lo mismo que el propio Presidente cuando supuestamente se enteró. Por eso en la Libertad Avanza ahora temen que Spagnuolo se convierta en un “arrepentido”.
El (nuevo) escándalo estalló en un momento sensible, no ya por la cercanía de las elecciones, sino cuando se discutía en el Congreso el impacto de la motosierra en las políticas de discapacidad, el ajuste en el Garrahan y en las universidades.
Spagnuolo se jactaba de la motosierra en los planes de atención a la discapacidad. Es autor de una de las frases que serán recordadas de este Gobierno: “Si tenés un hijo discapacitado es problema tuyo, no del Estado”.
El Programa Federal Incluir Salud, que gestiona la atención de personas con discapacidad, se encuentra en emergencia. Entre los recortes recientes, 100 mil beneficiarios perdieron sus pensiones este año y se proyecta llegar a 400 mil. Spagnuolo había endurecido los requisitos de acceso y promovido auditorías cuestionadas por discriminatorias. Las resoluciones contenían términos ofensivos hacia las personas con discapacidad, lo que generó condena social y mediática. Ajuste para muchos, retornos para unos pocos. Karina Milei, El Jefe, quedó en el ojo de la tormenta. Si se aplica la misma doctrina jurídica que a Cristina Fernández, el Presidente no puede no saber.
The Boss, tuiteó Diego Hartfield, quien esta semana se sacó la foto de campaña con Karina Milei.
La crisis de corrupción se suma a la crisis política. En el Congreso fue una semana negra para el Gobierno. La Cámara de Diputados rechazó con mayoría especial, el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La insistencia en la norma obtuvo 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, superando los dos tercios necesarios (165). Los misioneros Yamila Ruiz, Carlos Fernández, Alberto Arrúa y Daniel Vancsik se manifestaron a favor de la insistencia de la ley, mientras que los aliados al Gobierno nacional, Martín Arjol y Emanuel Bianchetti votaron a favor del ajuste. La puertista libertaria Florencia Klipauka estuvo ausente. De esta manera, si el Senado ratifica la decisión con la misma mayoría especial, el veto quedará definitivamente caído y el Poder Ejecutivo deberá promulgar la ley, conforme lo establece el artículo 83 de la Constitución Nacional.
La Cámara baja también convirtió en ley el proyecto impulsado por gobernadores que establece la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa, aprobada con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones, busca garantizar que esos fondos se distribuyan entre las provincias de manera proporcional a la Ley de Coparticipación, eliminando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en su asignación. Según datos expuestos en el recinto, 2024 registró la menor distribución de ATN en dos décadas, apenas un 7,3% del total disponible, mientras que en 2025 se alcanzó un 20%. En promedio, el 12,7% distribuido durante esta gestión se ubicó en el nivel más bajo de los últimos 20 años.
El Senado, donde el oficialismo tiene una minoría aún más reducida, convirtió en ley la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales con epicentro en el Hospital Garrahan. La norma, que regirá por un año, fue sancionada con 62 votos a favor y 8 en contra, en una sesión cargada de tensiones dentro y fuera del recinto. Allí también se escuchó otra frase que quedará en la memoria: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado“. Lo dijo la senadora Álvarez Rivero del PRO, en una brutal competencia oficialista por quien se muestra más inhumano.
Pero vaya que es necesario ese derecho. Estas derivaciones no son una opción, sino un paso esencial para garantizar el acceso a tratamientos adecuados para niños y adolescentes con patologías cuya resolución requiere atención especializada. Desde Misiones, en el primer semestre se coordinaron 229 viajes para atención médica de 170 pacientes, de los cuáles 144 fueron al Garrahan.
La decisión de trasladar a un paciente se basa en criterios médicos estrictos que buscan asegurar el mejor resultado posible para su salud. Para muchas patologías, especialmente las oncológicas, existen protocolos y normas de tratamiento a nivel nacional e internacional que establecen que su manejo debe realizarse en centros de mayor complejidad. Estos centros garantizan no solo el acceso a terapias específicas (quimioterapia, radioterapia, trasplantes de médula ósea), sino también al soporte clínico integral necesario para manejar los efectos del tratamiento. La derivación, en estos casos, es un requisito del estándar de cuidado. Otras patologías, si bien no tienen una norma de derivación obligatoria, por su complejidad requieren especialistas y grupos multidisciplinarios que no se encuentran disponibles en la provincia. Casos como trasplantes de órganos, cardiopatías congénitas complejas, síndromes genéticos raros o neurocirugías de alta complejidad exigen la intervención coordinada de múltiples especialistas (cirujanos, intensivistas, genetistas, imagenólogos, etc.) y tecnología de vanguardia que solo los centros de referencia como el Garrahan pueden ofrecer.
El Senado también aprobó la ley que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales. El Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”. En ambos casos, los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, del Frente Renovador, votaron afirmativamente, en línea con el modelo político misionerista.
El Gobierno nacional podría optar por vetar total o parcialmente las leyes, lo que abriría un nuevo frente de conflicto con la oposición, los gremios de la salud y la sociedad civil. Si toma ese camino, enfrentará un mayor descontento social por el ajuste en áreas tan sensibles.
Las encuestas ya marcan el deterioro de la imagen presidencial. El último trabajo de Poliarquía arroja malos datos para el Gobierno a pocas semanas de la elección en la provincia de Buenos Aires. La aprobación de Javier Milei registra su mayor caída intermensual y, por primera vez, muestra un saldo negativo. La legitimidad se erosiona cuando predomina la percepción de beneficios concentrados. En agosto, solo el 35% cree que Milei gobierna “para la mayoría de la gente”, el nivel más bajo de su mandato.
A esto se suma una fuerte caída en las expectativas económicas y en la visión general sobre el país para el próximo año. Este deterioro está vinculado, en buena medida, al impacto negativo de los vetos presidenciales: tanto el del aumento de jubilaciones como el de discapacidad. Son hechos que refuerzan una de las principales debilidades del presidente que surgen en las encuestas: la falta de sensibilidad social o empatía hacia los sectores más vulnerables.
Se agrega a la creciente incertidumbre económica de las últimas semanas y el aumento de la conflictividad política, incluso con varios gobernadores en provincias donde hasta hace poco existía una relación de colaboración.
Según Poliarquía, la aprobación de la gestión de Milei cayó cuatro puntos y se ubica en 49%, por primera vez por debajo de la desaprobación. El valor es 11 puntos inferior a su máximo registrado en enero pasado.
La ecuación es sencilla. El bastión de Milei estaba dado en la contención de la inflación y en la transparencia que prometía. En ambos casos, flaquea. La economía no crece desde febrero, a contramano de aumentos del costo de financiamiento para empresas, caída del crédito y tasas exorbitantes. Ni siquiera la contención de la inflación se traduce en una mejor condición de vida, ya que el poder adquisitivo todavía no se recuperó del deterioro de la devaluación inicial y de la brutal suba de tarifas. La morosidad en los préstamos bancarios volvió a subir y es la más alta de los últimos 18 meses. La irregularidad en el crédito privado se elevó en junio en todos los segmentos, con especial foco en los créditos personales y las tarjetas de crédito.
En contraste, en Misiones el Gobierno provincial sostiene el respaldo a los sectores más vulnerables y apuntala a la economía con incentivos permanentes, como los programas para el consumo, que incluyeron a la fintech Naranja X, con sus más de cien mil usuarios en la tierra colorada. Dato no menor: en un país donde la inflación es un problema para millones de hogares, en Misiones se logró contener el precio del pan en los últimos seis meses gracias al acuerdo entre la Provincia y la cámara de panaderos.
La lectura del Presupuesto 2026 permite analizar la anatomía de la inversión. El proyecto diseñado por el gobernador Hugo Passalacqua, destina el 69,17 por ciento del total a Educación y cultura, Salud y Bienestar Social, lo que equivale a $2,831 billones de los 4,092 billones proyectados. La inversión en áreas sociales es una constante del modelo renovador. Encabeza los presupuestos de los últimos años y se refleja en la incorporación de tecnología y recursos humanos. Este viernes, por caso, se puso en funcionamiento el Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET), con una inversión de unos dos millones de dólares. El equipo permite detectar linfomas, melanomas, cáncer de cuello uterino y próstata, entre otras patologías, además de tener aplicaciones en enfermedades neurológicas. El viernes, tres pacientes inauguraron el equipo, marcando un hito en la salud pública.
Hasta ahora, alrededor de 100 pacientes misioneros por mes debían viajar a Buenos Aires, Córdoba o Corrientes para acceder a este estudio, con un alto costo económico, logístico y emocional. Con la puesta en marcha del equipo en el Parque de la Salud, esos traslados dejarán de ser necesarios. El servicio será accesible a toda la población, tanto con cobertura de obra social como sin ella, reforzando el modelo de salud pública inclusiva que distingue a Misiones en la región.
El Hospital Madariaga cuenta desde hoy con un equipo PET/TC, herramienta clave en el diagnóstico oncológico y neurológico. Un paso fundamental que fortalece la salud pública de Misiones, garantizando acceso a estudios de alta complejidad en la provincia.#Misiones#SaludPública… pic.twitter.com/TDz0j7r2UR
El Presupuesto destina a obras de infraestructura el 9,8% del total, mientras que al Desarrollo de la Economía (productivo, industria, energía, puertos, transporte) 8,54% (≈ $349,39 mil millones).
Otra diferencia saliente es que la Provincia está desendeudada: lo destinado a servicios de deuda (amortizaciones + intereses) equivalen al 0,34% de los ingresos (exposición muy baja). Este punto es crucial, porque otorga autonomía y posibilidad de dirigir los recursos a las áreas sensibles y tener las cuentas en orden. En Corrientes, por ejemplo, el gobernador Gustavo Valdés tuvo que pedirle al Banco provincial que le anticipe 45 mil millones de pesos para poder pagar los sueldos de agosto. La urgencia tiene explicación: los correntinos van a las urnas el próximo domingo y Juan Pablo Valdés, su hermano, es el candidato a sucederlo. Uno de los rivales de Valdés chico es Lisandro Almirón, candidato de la Libertad Avanza, envuelto en otro escándalo que salpica al Jefe Karina: el suegro encabeza una fundación que recibe mercadería retenida por la Aduana, de la que puede disponer .
Corrientes, el modelo ideal para radicales y macristas, exhibe sus flaquezas en el momento menos esperado. La fragilidad económica es evidente: el Banco de Corrientes no puede dar créditos hipotecarios UVA por iliquidez. Y la oposición denunció que cortaron el suministro a comedores escolares. La provincia vecina también pierde terreno en las exportaciones. Quedó tercera en el NEA, detrás de Chaco, mientras que Misiones bate récords, con un acumulado de 310 millones de dólares en lo que va del año.
De la crisis en Corrientes no habló nadie del radicalismo misionero, apadrinado por Valdés. De la crisis del Gobierno nacional tampoco los libertarios. Apenas Ramón Puerta, en su regreso como candidato a diputado nacional, se animó a cuestionar la política nacional: “Una cosa es el ajuste y otra el desbarajuste”, dijo para despegarse de la alianza que el partido Activar selló con la Libertad Avanza de la mano de su hijo Pedro, retirado a cuarteles de invierno por el escándalo de pedofilia que protagonizó su amigo y socio político Germán Kiczka. Aunque en medio de la investigación judicial lo defendía, Puerta padre tuvo que hacer malabares para remarcar que él no tiene ni tuvo nada que ver con el ahora condenado a catorce años de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
