El Llamamiento Argentino Judío expresó una “honda preocupación” por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia, al advertir que la ampliación de facultades de los organismos de inteligencia, la opacidad en su funcionamiento y el debilitamiento de los controles democráticos configuran un grave retroceso institucional. El pronunciamiento, fechado el viernes 2 de enero de 2026, plantea objeciones de fondo sobre el impacto político, constitucional y democrático de la medida, y reclama la intervención de la Justicia y del Congreso Nacional.
Según el documento, la modificación del régimen de inteligencia no responde a una emergencia concreta ni constituye una acción aislada, sino que se inscribe en una modalidad de gobierno que concentra poder en el Poder Ejecutivo y avanza sobre garantías democráticas en un contexto de deterioro social y económico.
Ampliación de facultades y debilitamiento de controles democráticos
En su declaración, la organización advierte que la ampliación de las facultades de los organismos de inteligencia, sumada a la falta de transparencia en sus mecanismos de funcionamiento, “no solo constituyen un retroceso institucional grave, sino que ponen en tensión principios elementales del orden constitucional y del Estado de derecho”.
El Llamamiento Argentino Judío remarca que la experiencia histórica demuestra que, cada vez que los servicios de inteligencia operaron sin límites claros ni control efectivo, fueron utilizados para la persecución política, el espionaje interno y la vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, el comunicado señala que el DNU se vincula con procesos antidemocráticos de la historia moderna y compromete de manera directa la orientación ideológica del actual gobierno.
La entidad subraya que el uso sistemático de decretos para impulsar reformas de alto impacto institucional consolida una dinámica de concentración de poder que debilita los equilibrios propios del sistema democrático.
Reclamo de intervención del Congreso y la Justicia
Frente a este escenario, la organización considera “urgente la intervención de la Justicia y del Congreso Nacional” para frenar lo que define como un “descalabro de la democracia” y resguardar el orden democrático que, a su entender, se encuentra en riesgo.
El documento sostiene que “no hay seguridad posible al margen de la Constitución, ni gobernabilidad legítima sin control, legalidad y respeto por los derechos”, y enfatiza que la defensa de la democracia no puede basarse en la vigilancia de la sociedad ni en la concentración de poder en el Ejecutivo.
En esa línea, el pronunciamiento también interpela a los distintos sectores de la oposición, a los que exhorta a “ocupar el lugar que les corresponde en los momentos álgidos del devenir ciudadano”, reforzando su rol institucional en la defensa de las libertades públicas y la división de poderes.
El posicionamiento del Llamamiento Argentino Judío introduce un nuevo foco de tensión en el debate sobre el alcance del DNU que modifica la Ley de Inteligencia, con implicancias directas sobre el funcionamiento del sistema democrático, el control del poder estatal y la vigencia de los derechos fundamentales.
Desde una perspectiva institucional, el planteo anticipa posibles escenarios de judicialización y discusión parlamentaria, al tiempo que pone en agenda el rol de los organismos de inteligencia y los límites de su accionar en un Estado de derecho. El documento reafirma que la democracia se fortalece mediante instituciones sólidas, controles efectivos y respeto por la legalidad, y no a través de mecanismos excepcionales que concentran poder y reducen la transparencia.
El comunicado lleva la firma de Elina Malamud, presidenta, y Marcelo Horestein, secretario, quienes ratifican el compromiso de la organización con la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas.
El artículo 17 del decreto reglamentario del Instituto Nacional de la Yerba Mate fue redactado a propósito para no repetir precios de miseria pagados en los 90: “El precio de las materias primas no podrá ser inferior al importe que resulte necesario para desarrollar la actividad productiva, incluyendo las cargas impositivas, laborales y provisionales, incluyendo una rentabilidad razonable”. Con un nuevo decreto, Javier Milei acaba de borrar de un plumazo ese artículo, entre otros, que todavía incluían algún mecanismo de regulación del mercado yerbatero. El Presidente legalizó que se le pague al productor por debajo del costo de producción, como está sucediendo actualmente.
Según el último estudio difundido por el INYM, el costo de producción del kilogramo de hoja verde puesta en secadero, asciende a $423,99, según la matriz de costos aprobada por el Directorio del organismo. Si a ese valor se le suma un 30 por ciento de rentabilidad razonable, el precio de referencia ascendería a $551,19 por kilo de hoja verde.
Los precios reales que se pagan en el mercado están muy por debajo de estos parámetros. En la zona Centro-Sur de Misiones, la hoja verde se paga alrededor de $180 por kilo; en el Norte, cerca de $280; y en el caso de las cooperativas, los valores rondan los $305. Ahora esos valores son legales. El valor cayó 77 por ciento, según los cálculos de la Provincia.
El nuevo decreto presidencial sorprendió en Misiones. Llegó sin aviso y casi sin necesidad. El DNU de diciembre de 2023 ya había sido demoledor. Pero ahora el desguace es total. El INYM quedó apenas con un rol de promoción. Los productores que votaron -nuevamente- a Milei no encuentran explicación ni respuestas cuando reciben las críticas de otros yerbateros.
Incluso en la industria sienten que se está llevando al extremo una situación que no beneficia a nadie en Misiones. El precio bajo sólo conviene a Buenos Aires. La rentabilidad industrial también se resiente con precios planchados, mientras que los costos operativos no paran de subir.
El siempre sonriente Federico Sturzenegger, sin embargo, salió a celebrar el nuevo decreto. Destacó que la producción total de yerba mate creció 29% en 2024, alcanzando un récord histórico, lo que obedece más al fin de la sequía y la mayor producción que a la desregulación -se tarda cuatro años en cosechar una planta-. También apuntó que las exportaciones aumentaron casi 17%, también en niveles récord, pero eso nada tiene que ver con la desregulación, ya que el INYM no regulaba nada en esa área y, de hecho, impulsaba la venta en mercados externos con participación en ferias y promociones.
El ministro desregulador insiste en el precio real de la yerba cayó 44%, lo que -según su lectura- implicó un alivio directo para millones de familias consumidoras. Pero el único precio que “cayó” fue el de la materia prima. En góndolas subió 126,4 por ciento desde diciembre de 2023. En todo caso, aumentó menos que la inflación acumulada desde entonces -241,03%-, según los últimos datos-.
Para Sturzenegger, “el caso yerba mate” se convirtió en uno de los principales ejemplos de la política de desregulación aplicada durante la gestión. “La desregulación del sector ha dado sus frutos. Lo que estaba trabado creció, lo que era caro se abarató y lo que era rígido ahora es dinámico”, dijo. Dinámico, como el futuro de la chacra.
La producción amenaza con no iniciar la zafra de verano y escalar la batalla contra la industria, aunque ésta no sea el principal enemigo, sino que está aprovechando un entorno más favorable.
La supervivencia de la economía regional está en riesgo: en las chacras ya se observa la caída de rentabilidad. En la industria sufren por la competencia de nuevas marcas baratas que van ganando terreno ante los bolsillos flacos.
El gobernador Hugo Passalacqua alertó sobre el riesgo de la concentración en la yerba mate y la supervivencia de cerca de 13 mil productores. En la oposición algunos aprovecharon para intentar llevar agua para su molino, como el diputado provincial electo Ramón Amarilla. Diego Hartfield, ajeno al tiempo y a la realidad territorial, se dedicó a explicar el rendimiento de los bonos en la Bolsa.
No hay salida de corto plazo para la crisis de la producción yerbatera. La Provincia busca ampliar mercados para que haya más demanda de materia prima -culminó con éxito una misión comercial a la India, encabezada por el ministro del Agro, Facundo Sartori, junto a varios empresarios-. Mientras tanto, se seguirá gestionando ante la Nación para recuperar el INYM -la esperanza es lo último que se pierde, dicen en el Gobierno.- y fortalecer otras producciones que puedan compensar la caída de rentabilidad. Con el té, el gobernador Hugo Passalacqua inició gestiones para que sea incorporado al acuerdo comercial de la Argentina con Estados Unidos y lograr que se elimine el arancel del 10 por ciento que cobra actualmente el país de Donald Trump. Sin esa traba, la rentabilidad de la industria tealera podría dar un salto competitivo que permita mejorar el precio de la materia prima.
Esos temas serán analizados con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien vendrá a Misiones este martes -será la primera provincia que visite-. Santilli viene en busca de respaldos al Presupuesto y otras leyes que quiere imponer Milei. Pero viene con mochilas flacas, con poco para ofrecer en relación con los reclamos de la Provincia.
En la última asamblea de gobernadores del Norte Grande, Passalacqua trazó una línea clara: pidió medidas coordinadas para enfrentar las desigualdades estructurales que afectan a Misiones. El mandatario advirtió que la ausencia de inversión en infraestructura, energía y conectividad limita las posibilidades de crecimiento regional. Además, el bloque respaldó reclamos vinculados a previsión social, fondos nacionales y regalías energéticas.
En el Centro Cultural del Bicentenario, los mandatarios del Norte Grande mantuvieron la 22.ª Asamblea de Gobernadores, un espacio de coordinación política y económica para definir líneas de acción de cara a 2026. Allí, Passalacqua planteó la necesidad de encarar estrategias conjuntas que atiendan las brechas persistentes entre regiones y los condicionantes estructurales que afectan a Misiones.
El gobernador señaló que avanzar en soledad dificulta cualquier política pública: “Hacerlo en soledad es un incordio y hacerlo en conjunto me parece excelente”.
Para graficar las desigualdades, expuso datos que reflejan brechas sociales profundas: “Un misionero por haber nacido en Misiones vive tres años menos que uno que nació en Buenos Aires.”
Passalacqua retomó además el concepto de “injusticia geográfica”, al advertir que los condicionantes históricos que pesaron sobre el norte argentino aún dificultan su competitividad. La carencia de infraestructura es un factor decisivo: “Si no hay inversión ahí, nuestra posibilidad de crecimiento, desarrollo, generar trabajo, empleo, bienestar, felicidad para nuestra gente va a ser muy difícil”.
Entre las brechas que afectan directamente a la economía provincial, el gobernador reiteró dos puntos sensibles: la exclusión de Misiones de la Hidrovía, un corredor crucial para la logística del comercio exterior; la ausencia de gas natural, siendo la única provincia del país sin conexión a redes.
El mandatario también expresó la voluntad de acompañar acuerdos legislativos vinculados al Presupuesto Nacional 2026, siempre que se incorporen necesidades centrales del bloque.
No quiere decir eso que se bloquee el tratamiento legislativo de los proyectos del Gobierno nacional. Pero se exige alguna reciprocidad que por ahora no aparece. Santilli deberá hacer algún esfuerzo para convencer. No hay visión federal ni un intento de acercamiento real del Presidente con los gobernadores. De hecho, parece haber una desconexión entre la agenda presidencial y las demandas reales de la Argentina, que exhibe una pérdida inédita de empleo y empresas aún más grande que durante la pandemia. La comparación entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 muestra una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 512.357 a 493.193. Esto implica una contracción de 19.164 empresas, es decir, casi 30 (28,25) empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período.
En el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo un 2,81%, lo que representa una pérdida de 276.624 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.580.549 en agosto de 2025, representando más de 432 (432,23) trabajadores/as registrados/as menos por día desde la asunción del gobierno de Javier Milei.
No parece haber modelo económico pensado para la recuperación de esos empleos ni del poder adquisitivo. Con un valor equivalente a 225 dólares, el Salario Mínimo, Vital y Móvil de Argentina se hundió por debajo de países vecinos con economías mucho más pequeñas, como Paraguay (411 dólares) y Bolivia (395 dólares), y quedó lejos de los niveles que exhiben Costa Rica (729 dólares), Uruguay (593 dólares), Chile (567 dólares) o Ecuador (470 dólares).
El retroceso del salario mínimo argentino se profundizó durante los últimos dos años en un contexto de inflación persistente, caída del consumo y pérdida acelerada del poder adquisitivo. El SMVM no solo es el más bajo de Latinoamérica, sino que además ya se ubica por debajo del nivel registrado en 2001, previo a la salida de la Convertibilidad.
Apenas hay un plan financiero, atado a los humores de Donald Trump y el FMI. Ni siquiera los bancos de Estados Unidos parecen estar dispuestos a confiar en el plan: se bajaron del salvataje de 20 mil millones de dólares porque no encontraron “garantías” de poder cobrar la deuda. Se trata de uno de los acuerdos de salvataje que habían festejado desde el Ejecutivo y formaba parte de las medidas anunciadas por el secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent. El ministro de Economía, Luis Caputo, solo atinó a relativizar la necesidad de auxilio, contradiciendo lo que celebraba hasta hace unas pocas semanas, cuando se evitó el colapso económico, justo antes de las elecciones.
La frustrada ayuda no parece poner en riesgo la continuidad del ministro, uno de los sobrevivientes en el Gabinete que ya tiene a dos nuevos nombres: Alberto Presti, ex jefe del Ejército, será el primer militar en ocupar el ministerio de Defensa desde la recuperación de la democracia. La designación es toda una declaración política del presidente Javier Milei, que quiere poner fin a la “demonización” de las fuerzas armadas. La alusión no es inocente. El flamante ministro es hijo del genocida Carlos Roque Presti, muerto impune pero imputado por estar a cargo del Regimiento 7 de La Plata (centros clandestinos La Cacha, Arana y Comisaría 5ta). El coronel estaba acusado por 44 crímenes de lesa humanidad.
La otra designación es la de Alejandra Monteoliva, la segunda de Patricia Bullrich en Seguridad -la ex ministra irá al Senado-. La flamante titular de la cartera de seguridad está dedicada al rubro desde 1995. Fue consultora en seguridad en Honduras y El Salvador, donde trabajó en el “exitoso Modelo Bukele”. Es discípula del general Oscar Naranjo, quien incorporó en Colombia técnicas antiterroristas y antinarcóticos de la DEA y el FBI y fue uno de los que logró cazar a Pablo Escobar. Toda una declaración.
El Gobierno aprobó el nuevo marco regulatorio del agua y saneamiento, paso clave en la privatización de AySA. Con la entrada en vigencia del nuevo Marco Regulatorio, el Ejecutivo avanza un paso más en la reconfiguración del sistema de agua y saneamiento del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El Decreto 805/2025, publicado este miércoles 12 de noviembre en el Boletín Oficial, aprueba el texto ordenado del Marco Regulatorio de la Ley 26.221. La medida da sustento jurídico al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), y redefine los parámetros técnicos, económicos y ambientales del servicio público de agua potable y cloacas en el AMBA.
El DNU 805/2025 no sólo ordena un entramado normativo disperso, sino que sienta las bases legales para la transición de AySA hacia un esquema de gestión privada, bajo principios de eficiencia, transparencia y rentabilidad, en un sector clave para la infraestructura y la salud pública.
Un nuevo marco legal para la prestación del servicio
El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2025, aprobó el texto ordenado del “Marco Regulatorio” de la Ley 26.221, que regula la concesión y el control del servicio público de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
La decisión se enmarca en el proceso de privatización de AySA, declarado por la Ley 27.742 —Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos—, que habilitó al Poder Ejecutivo a transferir al sector privado empresas estatales, bajo los principios de transparencia, competencia y eficiencia.
Según el decreto, el nuevo texto “brinda certeza jurídica al contexto normativo que rige la prestación del servicio público a cargo de esa sociedad”, un paso considerado indispensable para avanzar con la licitación prevista en un plazo de ocho meses desde el inicio formal del proceso (agosto de 2025, según la Resolución 1198/25 del Ministerio de Economía).
Redefinición institucional y corrección técnica del régimen tarifario
El Anexo I del decreto —de más de 120 artículos y cinco anexos complementarios— actualiza la estructura normativa que define el funcionamiento del sistema, los derechos y obligaciones de la concesionaria, y el rol de los organismos de control.
El texto reafirma que el acceso al agua es un “derecho humano esencial”, aunque subraya que la prestación deberá garantizarse bajo criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad económica. Establece además un régimen tarifario basado en el equilibrio económico-financiero de la concesión, con revisiones periódicas, incentivos a la inversión y un sistema de subsidios focalizados para sectores vulnerables.
Una de las modificaciones técnicas más relevantes recae sobre el Artículo 20 del Anexo E (Cargo por Construcción), donde se corrige un error material del Decreto 493/25 que había invertido los criterios de cálculo para usuarios con medidor y sin medidor. La nueva redacción restituye la fórmula anterior, que establece que el monto a facturar será “equivalente al valor del cargo fijo más el cargo variable en régimen no medido, y sólo al cargo fijo en régimen medido, calculado en ambos casos para 180 días”.
El objetivo, según la Secretaría de Obras Públicas, es “restablecer la coherencia técnica del esquema tarifario previo” y evitar “criterios contrarios al espíritu de la norma que distorsionen los costos reales del servicio”.
Hacia un nuevo modelo de concesión
El nuevo marco consolida el rol de tres entidades clave:
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS): encargado del control tarifario, la calidad del servicio y la atención de reclamos de usuarios.
La Agencia de Planificación (APLA): responsable de los planes de expansión, inversiones y planificación estratégica.
El Ministerio de Economía: autoridad concedente y órgano rector del proceso de privatización.
En su preámbulo, el texto establece que “la eficiencia deberá entenderse de forma complementaria con la equidad”, y que las tarifas “deben ser justas y razonables, permitiendo a la concesionaria cubrir costos operativos e inversiones con una rentabilidad comparable a otras actividades de riesgo similar”.
La reglamentación también delimita con precisión el ámbito territorial de la concesión —Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano—, aunque habilita futuras ampliaciones mediante convenios con municipios que adhieran al régimen.
En términos ambientales, el decreto reafirma las obligaciones de la concesionaria en materia de tratamiento de efluentes, control de vertidos industriales y protección de las fuentes de agua cruda, con la intervención de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Subsecretaría de Ambiente.
Contexto político y proyecciones del proceso de privatización
El DNU 805/2025 se dicta en un momento clave del plan de transformación de empresas públicas impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que ya avanzó con la venta o reestructuración de más de una decena de sociedades estatales. AySA, por su magnitud —con más de 15 millones de usuarios y un presupuesto anual superior a 300 mil millones de pesos—, constituye una de las operaciones más sensibles en términos económicos, políticos y sociales.
La Unidad Ejecutora Especial “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, dependiente del Ministerio de Economía, deberá concretar la venta de AySA antes de abril de 2026. El proceso contempla distintas modalidades, incluyendo la posibilidad de participación mixta con capital privado nacional o extranjero, bajo licitación internacional.
Desde el punto de vista institucional, la aprobación del marco regulatorio ordenado era condición previa para la valuación y el diseño del nuevo contrato de concesión. El Gobierno sostiene que la medida “fortalece la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria”, mientras que fuentes del sector sindical y técnico advierten que el traspaso al sector privado podría implicar “ajustes tarifarios significativos” y redefinición de planteles laborales.
La decisión, en última instancia, será evaluada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre la validez del decreto conforme a la Ley 26.122, en un plazo de diez días hábiles.
Entre el 10 de diciembre de 2023 y el 8 de julio de 2025, el gobierno de Javier Milei dictó 92 decretos delegados, un número que triplica la media histórica desde la sanción de la Ley 26.122 en 2006. De ese total, 70 se dictaron al amparo de la Ley 27.742 (Ley Bases), sancionada en junio de 2024, lo que convirtió a esa norma en la plataforma central para la producción normativa del Ejecutivo.
El dato no solo refleja la centralidad de la Ley Bases en la estrategia gubernamental, sino también la magnitud inédita que alcanzó la delegación legislativa. Según el Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL), el 76% de los decretos delegados se concentraron en dos grandes áreas: Economía y Administración Pública. Este sesgo muestra que la herramienta fue utilizada principalmente para avanzar en políticas de reorganización estatal, disolución de fondos fiduciarios, reestructuración de organismos y medidas fiscales y aduaneras.
Milei, récord en un año de gestión
Los números colocan a Javier Milei en el primer lugar histórico en la utilización de decretos delegados en un solo año. En 2025 dictó 63 decretos delegados, un registro que superó el máximo anterior alcanzado por Cristina Fernández de Kirchner en 2010, con 36. El promedio mensual también revela la diferencia: mientras que Milei dictó 5,11 decretos delegados por mes, Alberto Fernández lo hizo a razón de 1,77.
La magnitud del salto es doblemente significativa si se considera el marco legal vigente. La Ley 26.122, sancionada en 2006 para reglamentar el control de decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados y decretos de promulgación parcial de leyes, fue pensada como un límite institucional. Sin embargo, la práctica mostró que los controles del Congreso fueron escasos y que el Poder Ejecutivo utilizó esta herramienta como vía rápida para legislar.
El desglose temático evidencia que el gobierno utilizó la delegación legislativa como motor de su programa de reformas. En Economía, Milei firmó 35 decretos, de los cuales 12 regularon el comercio exterior y el régimen aduanero, y 11 dispusieron la disolución de fondos fiduciarios estratégicos, como el ProCreAr, el FONDEP o el Fondo de Manejo del Fuego. A esto se suman seis decretos tributarios y la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
En paralelo, en el terreno de la Administración Pública, los decretos habilitaron la transformación del Estado con la disolución o fusión de organismos, desde el INADI y la ARICCAME hasta institutos culturales y tecnológicos. Se avanzó también en la reconversión de empresas estatales —como la transformación del Banco Nación en sociedad anónima— y en la reorganización de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Otros sectores alcanzados fueron la energía e infraestructura (con cuatro decretos, entre ellos la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad), la defensa y seguridad (ocho decretos que reformaron estatutos de fuerzas federales) y el ámbito laboral y de seguridad social, donde se aprobaron medidas de modernización sindical y previsional.
Aunque la reforma constitucional de 1994 intentó restringir la delegación legislativa, en la práctica se transformó en una herramienta central de los gobiernos para implementar sus programas. Menem la usó para la segunda ola de privatizaciones; De la Rúa para las leyes de competitividad y déficit cero; Duhalde para salir de la convertibilidad; y Cristina Kirchner para sostener las políticas de emergencia y controles económicos. Milei se inscribe en esa tradición, pero con una escala inédita: ningún presidente había concentrado tantos decretos delegados en tan poco tiempo.
El uso intensivo de decretos delegados reabre la discusión sobre la división de poderes y el rol del Congreso. La Comisión Bicameral Permanente, encargada de revisar la validez de estos decretos, rara vez logra que sus dictámenes sean tratados en ambas cámaras. En los hechos, la práctica consolida un hiperpresidencialismo normativo, donde el Ejecutivo legisla sobre materias sustanciales bajo la cobertura de la delegación.
El récord de Milei plantea así un dilema político e institucional: si la delegación legislativa se consolida como mecanismo ordinario de gobierno, el Congreso queda reducido a un rol de control formal, sin capacidad real de incidir en el rumbo normativo. Para sus defensores, se trata de una herramienta necesaria para avanzar en reformas de gran escala. Para sus críticos, un vaciamiento del principio republicano de división de poderes.
El Gobierno eliminó el feriado del 27 de junio para empleados públicos: deberán trabajar con normalidad. Mediante el DNU 430/2025, el Poder Ejecutivo derogó el artículo 2° de la Ley 26.876 y dispuso que este año, por única vez, la fecha no será considerada día hábil administrativo. Argumentan exceso de feriados, necesidad de eficiencia estatal y compromiso con la cultura del trabajo.
El Gobierno nacional oficializó este miércoles la eliminación del feriado del 27 de junio, conocido como el Día del Trabajador del Estado, para los empleados de la Administración Pública Nacional. La medida fue instrumentada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se enmarca en una estrategia que apunta a mejorar la productividad y reducir el costo operativo del Estado.
Argumentos: exceso de feriados y necesidad de eficiencia
La decisión se fundamenta en el hecho de que, con 19 feriados en el año, la Argentina se ubica entre los países con mayor cantidad de días no laborables a nivel mundial. Según el texto del decreto, esto afecta la eficiencia del sector público y perjudica a la ciudadanía, que debe continuar sus tareas habituales mientras el Estado detiene su funcionamiento.
“El accionar de la administración pública debe estar orientado a la solución de problemáticas concretas de las personas”, sostiene el documento, que también remarca la necesidad de restablecer la cultura del trabajo como eje de desarrollo y distribución.
A pesar de que los empleados públicos deberán asistir normalmente a sus puestos el viernes 27 de junio, el decreto aclara que la jornada no será considerada como día hábil administrativo a los efectos del cómputo de plazos legales. Esta disposición regirá por única vez en 2025, para no alterar procedimientos administrativos en curso.
La medida se inscribe en un contexto de reforma estructural del Estado, impulsada por la administración de Javier Milei. El Poder Ejecutivo enfatiza que su política busca austeridad, eficiencia y compromiso con la productividad, valores que se ven comprometidos con un calendario excesivamente fragmentado por feriados.
El decreto cita el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que habilita al Ejecutivo a dictar decretos de necesidad y urgencia, y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene un plazo de diez días hábiles para pronunciarse sobre su validez.
Aunque el decreto no incluye declaraciones de los funcionarios, el presidente Javier Milei y su gabinete han reiterado en otras oportunidades que “sin producción no hay distribución”, y que el trabajo es la base del progreso individual y colectivo. En línea con esa visión, el DNU subraya que no es apropiado mantener beneficios específicos para el sector estatal mientras el resto de la sociedad mantiene su actividad normal.
La derogación del descanso oficial para el 27 de junio podría anticipar cambios en otros feriados del calendario nacional, en el marco de una revisión integral del esquema de días no laborables. Para los gremios estatales, la medida representa una pérdida simbólica y concreta de derechos laborales adquiridos. No se descarta que pueda motivar recursos judiciales o pedidos de revisión parlamentaria.
