Donald Trump

Venezuela y el derecho a decidir su propio destino

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Hablar de Venezuela exige, antes que nada, un ejercicio de honestidad política y moral. Durante años, el debate internacional estuvo dominado por consignas simplificadoras, etiquetas funcionales y relatos construidos desde afuera, casi siempre al servicio de intereses geopolíticos ajenos a la vida real de millones de personas.

En ese ruido permanente, el pueblo venezolano fue sistemáticamente borrado: reducido a cifra estadística, convertido en excusa diplomática o señalado como amenaza. Rara vez reconocido como lo que es: un sujeto histórico que resiste.

Y, sin embargo, Venezuela sigue viva en su gente.

Vive en quienes cada día sostienen la vida en condiciones adversas. En trabajadores y trabajadoras que enfrentaron la inflación y la incertidumbre. En madres, abuelas y jóvenes que organizaron la existencia cotidiana con una mezcla de ingenio, solidaridad y dignidad. Vive en los barrios, en las comunidades, en la cultura popular que no se apaga, en la decisión de quedarse y también en la de migrar sin romper el lazo con la tierra propia, porque no todos los migrantes son los que vemos festejar en el Obelisco. Esa resistencia no es una consigna: es una práctica diaria.

Durante años, una de las herramientas más violentas para deshumanizar a Venezuela fue la construcción de una narrativa que presentó al país como un “Estado criminal”, dominado por un supuesto Cartel de los Soles. Esa etiqueta operó como un dispositivo político: justificó sanciones económicas, aislamiento internacional y castigos colectivos que nunca golpearon a los sectores acomodados, sino directamente al pueblo.

Por eso no es un dato menor que, recientemente, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos haya dejado de sostener que el llamado Cartel de los Soles exista como una organización criminal real y estructurada, comparable a los grandes cárteles del narcotráfico de la región. Que hoy se reconozca —aunque sea de manera implícita— que se trató de una construcción sin sustento jurídico sólido expone algo más profundo: la fragilidad de un relato que durante años fue utilizado para legitimar el asedio a un país entero.

Este reconocimiento no niega los problemas reales de Venezuela. No absuelve errores, tensiones internas ni desafíos pendientes. Pero sí derrumba una coartada. Porque cuando se desmonta la ficción del “Estado narco”, queda al desnudo lo que realmente ocurrió: el uso del castigo económico y político como forma de disciplinamiento, con consecuencias devastadoras sobre la vida cotidiana de millones de personas.

Las sanciones no son abstractas. Tienen rostro. Son menos medicamentos, menos insumos, más dificultades para producir, para importar alimentos, para sostener servicios básicos. Son salarios pulverizados y proyectos truncos. Y, aun así, el pueblo venezolano resistió. No se quebró. No desapareció. No se resignó a la narrativa que otros escribieron para él.

Resistió porque existe una memoria histórica de luchas populares. Porque hay organización social, identidad colectiva y conciencia política. Porque, incluso bajo presión extrema, Venezuela siguió apostando a resolver sus conflictos sin tutela extranjera. Porque el pueblo entendió que ninguna sanción “humanitaria” puede justificar la carencia, ni ningún bloqueo puede presentarse como defensa de la democracia.

Hoy, cuando algunas de las narrativas más agresivas empiezan a resquebrajarse, es imprescindible decirlo con claridad: las sanciones contra Venezuela no fueron un error, fueron una decisión política consciente, y su objetivo nunca fue proteger derechos humanos, sino forzar un cambio de régimen a cualquier costo. El costo lo pagó el pueblo.

Por eso, no hay salida para Venezuela desde el castigo externo ni desde el intervencionismo encubierto. No hay futuro posible mientras se siga usando al pueblo como rehén de disputas geopolíticas. La autodeterminación no es un eslogan: es una condición básica para la dignidad de los pueblos.

Venezuela no es un expediente judicial, ni un laboratorio de sanciones, ni un titular armado en Washington. Venezuela es su pueblo. Y ese pueblo, pese a todo, sigue resistiendo, viviendo y defendiendo su derecho a decidir su propio destino.

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Trump impone una doctrina de fuerza global y Venezuela activa el estado de conmoción exterior

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La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos abrió un punto de inflexión en la política internacional. Mientras la Casa Blanca explicita una doctrina basada en fuerza y dominación, el Gobierno venezolano activó un estado de excepción con amplias facultades represivas. El episodio reconfigura el equilibrio político, jurídico y económico en el hemisferio occidental.

La administración de Donald Trump explicitó esta semana un cambio estructural en el papel global de Estados Unidos, al asumir abiertamente una estrategia de poder basada en la fuerza, la coerción y el dominio directo. La definición quedó en boca de Stephen Miller, uno de los principales asesores presidenciales, tras la operación militar que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos judiciales.

“Vivimos en un mundo que está gobernado por la fuerza, por el poder, por la autoridad. Éstas son las leyes de hierro del mundo”, sostuvo Miller en declaraciones televisivas. Y fue más allá: “Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, nos comportaremos como tal”.

Las declaraciones se produjeron luego de una incursión militar que, según funcionarios estadounidenses, involucró a casi 200 efectivos en territorio venezolano y derivó en un enfrentamiento armado. Trump justificó la operación al presentar a Maduro como el jefe de un cártel de narcotráfico y a Venezuela como una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos.

Una doctrina de fuerza sin control legislativo

El episodio dejó al descubierto un aspecto central del segundo mandato de Trump: el desplazamiento del Congreso en materia de política exterior y uso de la fuerza. La Casa Blanca rechazó la necesidad de autorización legislativa para la captura de un jefe de Estado extranjero, al calificar la incursión como una “misión de aplicación de la ley”.

La posición fue avalada por los líderes republicanos del Congreso. El jefe de la mayoría en el Senado, John Thune, sostuvo que informar previamente al Capitolio habría sido “desaconsejable”, argumentando que el Poder Legislativo “no es el mejor para guardar secretos”.

La operación abrió interrogantes clave: si existe un plan viable para la transición venezolana, cómo se financiará una eventual administración indirecta del país, si habrá nuevas acciones militares y cuál será el costo fiscal para los contribuyentes estadounidenses. Todo esto ocurre mientras la aprobación presidencial de Trump cae por debajo del 40% y persisten tensiones internas por inflación y precios elevados.

En paralelo, el discurso de la Casa Blanca se expandió más allá de Venezuela. Trump lanzó advertencias directas a Colombia, exigió a México “ponerse las pilas” y amenazó a Irán con represalias. Miller incluso deslizó la posibilidad de que Estados Unidos incorpore Groenlandia, al sostener que “para asegurar la región ártica, Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos”.

Venezuela responde con un estado de conmoción exterior

Frente a la ofensiva estadounidense, el Gobierno venezolano activó un Estado de Conmoción Exterior, una figura constitucional inédita desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999. El decreto, publicado en la Gaceta Oficial y firmado por Nicolás Maduro —capturado horas antes— y refrendado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tiene rango de ley y regirá por 90 días, prorrogables por otros 90.

El texto ordena a los cuerpos de seguridad nacionales, estadales y municipales la búsqueda y captura de toda persona que promueva o apoye el ataque armado de Estados Unidos, con miras a su juzgamiento. Además, dispone la militarización de la infraestructura de servicios públicos, de la industria petrolera y de las industrias básicas del Estado, sometiendo temporalmente a su personal al régimen militar.

El decreto habilita también la requisición de bienes para la defensa nacional, la suspensión del derecho a reunión y manifestación y la adopción de “cualquier otra medida necesaria para proteger al pueblo”, aunque mantiene formalmente las garantías a la vida, la libertad personal, el debido proceso y la prohibición de tortura.

Según explicó el jurista Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, el estado de conmoción exterior implica “la restricción de garantías constitucionales” y otorga al presidente “las más amplias facultades desde el punto de vista político, económico y social”. Aunque el decreto puede ser revertido por la Asamblea Nacional o la Justicia, Apitz subrayó que en Venezuela “no hay contrapesos” efectivos al Poder Ejecutivo.

Impacto político, económico e institucional

La escalada redefine el escenario regional. En términos institucionales, Estados Unidos avanza hacia una doctrina que relativiza la soberanía de otros Estados y el derecho internacional, pilares del orden construido tras la Segunda Guerra Mundial y de los tratados fundacionales de la ONU y la OTAN.

En el plano económico, la militarización de la industria petrolera venezolana y la concentración de poder en el Ejecutivo anticipan mayor incertidumbre para la producción, las inversiones y el comercio exterior. A nivel social, el decreto habilita un endurecimiento represivo con impacto directo sobre derechos civiles y políticos.

Desde Washington, el mensaje es claro: Estados Unidos utilizará su poder de forma más abierta y unilateral en defensa de sus intereses. Desde Caracas, la respuesta es el cierre del sistema político y la criminalización de cualquier apoyo interno a la ofensiva extranjera.

El choque de estrategias no solo define el futuro inmediato de Venezuela, sino que proyecta un cambio profundo en el equilibrio político del hemisferio occidental, con efectos que podrían extenderse mucho más allá de la coyuntura actual.

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Tras Venezuela, Trump escala la confrontación y amenaza a Colombia, Cuba, México y Groenlandia

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A menos de 48 horas del operativo militar en Venezuela y de la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, profundizó una escalada retórica y política que sacude al hemisferio occidental. Desde el Air Force One, el mandatario lanzó amenazas explícitas contra Colombia, Cuba, México y Groenlandia, bajo el argumento de la “seguridad nacional” y la lucha contra el narcotráfico, en una ofensiva que reaviva viejas doctrinas de intervención y genera alarma en América Latina y Europa.

Las declaraciones, realizadas el domingo 4 de enero de 2026 durante su regreso a Washington desde Mar-a-Lago, consolidan un giro abiertamente confrontativo de la política exterior estadounidense, con implicancias económicas, diplomáticas e institucionales para toda la región.

Venezuela como punto de partida de una ofensiva regional

Trump volvió a advertir a Caracas que podría haber un “segundo ataque” si el nuevo gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez no concede a Washington “acceso total” a los recursos naturales del país. La amenaza llegó pocas horas después de que Rodríguez asumiera tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa en una operación militar calificada como ilegal por distintos actores internacionales.

“Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque”, afirmó el presidente estadounidense, reforzando la idea de que la intervención en Venezuela no fue un hecho aislado sino el primer movimiento de una estrategia más amplia. En ese marco, el propio Trump vinculó el futuro de otros países de la región al desenlace venezolano, particularmente Cuba, histórica aliada de Caracas.

El endurecimiento del discurso se inscribe en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada el mes pasado por la Casa Blanca, donde la administración republicana plantea la restauración de la “preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental” como uno de los pilares centrales del segundo mandato de Trump. El mandatario incluso reivindicó la Doctrina Monroe y el Corolario Roosevelt como antecedentes de su enfoque, llegando a bromear con que ahora algunos la llaman la “Doctrina Donroe”.

Colombia y Cuba, en el centro de las advertencias más explícitas

Uno de los blancos más sensibles fue Colombia. Trump apuntó directamente contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusó sin pruebas de estar vinculado al narcotráfico. “Colombia está dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos”, afirmó, y agregó que Petro “no va a seguir haciéndolo mucho tiempo”.

Ante la pregunta de un periodista sobre si eso implicaba una posible operación militar estadounidense en territorio colombiano, Trump respondió sin matices: “Suena bien”. Las declaraciones se producen en un contexto ya tenso: en septiembre, Estados Unidos incluyó a Colombia —principal receptor histórico de asistencia estadounidense en la región— en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra las drogas, lo que redujo la ayuda bilateral por primera vez en casi 30 años.

La cancillería colombiana calificó las amenazas como una “injerencia inaceptable”, mientras Petro respondió públicamente que su nombre “no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico” y exigió el cese de las calumnias. Más tarde, el mandatario colombiano elevó el tono al señalar que, aunque había jurado no volver a tomar las armas tras el acuerdo de paz de 1989, “por la patria” podría verse obligado a hacerlo.

En paralelo, Trump extendió su advertencia a Cuba, aunque descartó una invasión directa. Según el presidente estadounidense, la isla “siempre ha sobrevivido gracias a Venezuela” y ahora, sin el apoyo económico del chavismo, “está a punto de caer”. “No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo”, sostuvo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esa línea al afirmar que efectivos cubanos custodiaban a Maduro antes de su captura y que estaban a cargo de tareas de inteligencia interna. Posteriormente, el gobierno cubano confirmó que 32 de sus efectivos murieron durante la operación militar estadounidense en Venezuela, un dato que incrementó la tensión diplomática.

México y Groenlandia: narcotráfico y seguridad nacional como ejes

Trump también incluyó a México en su lista de advertencias. “Hay que hacer algo con México”, dijo, al acusar al país de permitir el ingreso de estupefacientes a Estados Unidos. Si bien señaló que le “encantaría” que el propio gobierno mexicano resolviera el problema, sostuvo que los cárteles “son muy fuertes”. Además, deslizó críticas hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como una “persona estupenda” pero con “un poco de miedo” frente al poder del narcotráfico, y afirmó que ella rechazó en varias oportunidades el envío de tropas estadounidenses.

La mayor sorpresa, sin embargo, volvió a ser Groenlandia. Trump insistió en que Estados Unidos “necesita” ese territorio autónomo de Dinamarca por razones de seguridad nacional. “Es tan estratégico en este momento. Está cubierto de barcos rusos y chinos por todas partes”, argumentó, al tiempo que sostuvo que Dinamarca “no va a ser capaz” de garantizar esa seguridad.

Aunque ante el repudio europeo intentó bajar el tono —“nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses”—, sus declaraciones encendieron alarmas en Copenhague y en la Unión Europea. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, respondió que Estados Unidos “no tiene derecho a anexar” el territorio y pidió que se respeten los acuerdos de seguridad existentes. Desde Groenlandia, el primer ministro Jens Frederik Nielsen fue aún más contundente: “¡Ya basta! Basta de presión, de insinuaciones y de fantasías de anexión”.

Un escenario de alta tensión internacional

Las amenazas de Trump, pronunciadas en un lapso de pocas horas, ofrecen una señal clara del clima político que se abre tras la intervención en Venezuela. Con un discurso cada vez menos sutil, el presidente estadounidense sacude a aliados y adversarios por igual, mientras crece la incertidumbre sobre cuál será el próximo foco de conflicto y hasta dónde está dispuesto a avanzar Washington en su intento de reconfigurar el equilibrio geopolítico regional.

Más allá de la retórica, el impacto económico y político ya se hace sentir: mercados atentos, gobiernos en alerta y un sistema internacional que vuelve a enfrentar el riesgo de decisiones unilaterales con consecuencias imprevisibles.

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Maduro se declaró inocente en Nueva York y denunció un “secuestro” tras su captura en Caracas

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El derrocado líder venezolano Nicolás Maduro compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos por narcotráfico y conspiración narcoterrorista que enfrenta en Estados Unidos. En una audiencia marcada por la tensión política y el rigor judicial, se presentó como presidente de Venezuela, afirmó haber sido “secuestrado” en Caracas y rechazó de plano la acusación: “No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí, soy un hombre decente”.

La comparecencia se produjo el 5 de enero de 2026, dos días después de su captura en la capital venezolana durante una operación militar estadounidense de gran escala. El caso, que tramita en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, abre un capítulo inédito en la relación entre Washington y Caracas y plantea fuertes implicancias geopolíticas, judiciales e institucionales para la región.

La primera audiencia: identidad, inocencia y choque con la autoridad judicial

Pasado el mediodía de Nueva York —alrededor de las 14 en la Argentina— el juez Alvin K. Hellerstein dio inicio al procedimiento. Maduro ingresó a la sala vestido con uniforme carcelario naranja y azul marino, esposado y con auriculares para la traducción simultánea, al igual que su esposa, Cilia Flores, quien también compareció ante el magistrado.

Cuando se le pidió que se identificara, Maduro se presentó como “presidente de la República de Venezuela” y sostuvo que estaba “secuestrado”. El juez lo interrumpió para aclarar que el tribunal solo requería su identidad legal. Finalmente, el acusado confirmó su nombre completo: Nicolás Maduro Moros.

Tal como se anticipaba, Maduro se declaró inocente. “No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí, soy un hombre decente”, afirmó en español, con interpretación oficial. Señaló además que tenía el escrito de acusación “por primera vez” en sus manos y prefirió leerlo personalmente cuando el juez le ofreció hacerlo en voz alta.

Flores, por su parte, se identificó como “la primera dama de la República de Venezuela” y también se declaró “completamente inocente”. Durante la audiencia se la vio con una venda en la frente y un hematoma visible cerca del ojo derecho. Su abogado informó que presentaba problemas de salud que requerían atención médica, posiblemente una fractura o hematomas graves en las costillas. El juez ordenó a la fiscalía garantizar la atención sanitaria correspondiente.

Desde dentro de la sala, un periodista del The New York Times resumió la escena como “un notable choque con la realidad”, al señalar que el exmandatario intentó hacer una declaración política, pero debió someterse a las reglas del tribunal, donde la autoridad es exclusivamente judicial.

Acusaciones, defensas y el avance del proceso judicial

La causa está a cargo de los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York, encabezados por Jay Clayton, y se basa en una investigación de largo alcance de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

La acusación formal, publicada el sábado previo a la audiencia, imputa a Maduro los delitos de conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína, mientras que a Flores se la acusa de conspiración para traficar cocaína. De ser hallado culpable, Maduro podría enfrentar penas de entre 30 años de prisión y cadena perpetua.

Según el expediente, Maduro y su esposa habrían participado en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos en asociación con organizaciones violentas como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y el Tren de Aragua.

Maduro estuvo representado inicialmente por un abogado de oficio, aunque luego se confirmó la contratación de un defensor privado, Barry Pollack, quien planteó que existen “cuestiones sobre la legalidad de su secuestro militar” y anticipó la presentación de documentos preliminares “voluminosos” para impugnar el procedimiento. Además, sostuvo que su cliente “es jefe de un Estado soberano y tiene derecho al privilegio” que ese estatus confiere.

Ambos acusados aceptaron permanecer detenidos por el momento. La posibilidad de solicitar libertad bajo fianza será evaluada más adelante. El juez fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo, y se estima que podría pasar más de un año antes de que se conforme un jurado y comience el juicio propiamente dicho.

Al finalizar la audiencia, que concluyó a las 12.31 hora local (14.31 en la Argentina), un hombre del público le gritó a Maduro “presidente ilegítimo”. El acusado respondió: “Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra”. El manifestante fue identificado como Pedro Rojas, quien aseguró haber estado encarcelado por el régimen venezolano.

Captura, traslado y reconfiguración del poder en Venezuela

La comparecencia judicial fue el corolario de un operativo militar estadounidense ejecutado en la madrugada del sábado en Caracas, que incluyó comandos en tierra, bombardeos aéreos y una fuerte presencia naval. Maduro y Flores fueron sacados por la fuerza y trasladados a Estados Unidos.

Durante la mañana del lunes, una caravana partió desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn hacia un campo deportivo cercano, donde un helicóptero trasladó a los detenidos a Manhattan. Desde allí fueron conducidos en un vehículo blindado al tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, un edificio de 27 pisos ubicado en las afueras de Chinatown.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país está “a cargo” de Venezuela y que mantiene conversaciones con las nuevas autoridades encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien expresó su disposición a cooperar con Washington y a avanzar en una agenda de “desarrollo compartido”.

Trump evitó precisar el alcance del control estadounidense, pero ante la insistencia de la prensa respondió: “Significa que nosotros estamos a cargo”. Desde la Casa Blanca se reiteró que la relación con el nuevo gobierno venezolano dependerá, entre otros puntos, de la apertura al acceso de inversión estadounidense en las reservas petroleras venezolanas, consideradas las más grandes del mundo.

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Trump mira el petróleo venezolano, pero la recuperación demandará años según analistas

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La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de avanzar sobre el control político y económico de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro reactivó un viejo objetivo estratégico de Washington: el acceso a las mayores reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, aunque el mandatario dejó en claro su intención de que empresas estadounidenses lideren la recuperación de la industria petrolera venezolana, los analistas advierten que el costo económico, los riesgos políticos y los plazos de maduración convierten al plan en una apuesta de largo aliento, con impactos limitados en el mercado global en el corto y mediano plazo.

Trump afirmó que Estados Unidos “administrará” el país hasta que se concrete una transición “segura” y sostuvo que las petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para reparar una infraestructura “muy dañada” y “empezar a generar dinero para el país”. El anuncio, de fuerte carga política e institucional, abre interrogantes sobre la viabilidad real de explotar un recurso hoy subutilizado y condicionado por sanciones, deterioro operativo y un escenario político incierto.

Reservas récord, producción mínima y una infraestructura colapsada

Venezuela cuenta con aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas, la mayor cifra a nivel mundial. No obstante, la brecha entre ese potencial y la producción efectiva es significativa. Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía, en noviembre el país produjo cerca de 860.000 barriles diarios, apenas un tercio de lo que generaba una década atrás y menos del 1% del consumo mundial de petróleo.

El declive productivo se profundizó desde comienzos de los años 2000, cuando los gobiernos de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro reforzaron el control estatal sobre PDVSA, lo que derivó en la salida de personal calificado, falta de inversiones y deterioro sostenido de las instalaciones. A ese proceso se sumaron las sanciones estadounidenses, aplicadas inicialmente en 2015 durante la presidencia de Barack Obama por presuntas violaciones a los derechos humanos, que restringieron el acceso a financiamiento, repuestos y tecnología clave.

El verdadero desafío que enfrentan es su infraestructura”, señaló Callum MacPherson, jefe de cotización de materias primas de Investec. Las refinerías, oleoductos y campos petroleros muestran un desgaste acumulado que, según los especialistas, no se resuelve con inversiones puntuales ni en plazos breves.

A esto se suma una característica técnica relevante: el crudo venezolano es mayormente pesado y agrio, más complejo y costoso de refinar que el petróleo “ligero y dulce” que produce Estados Unidos y que resulta más apto para la elaboración de naftas.

Riesgos políticos, sanciones y contratos en suspenso

Más allá del diagnóstico energético, los principales obstáculos para una reactivación a gran escala son de carácter legal y político. Homayoun Falakshahi, analista principal de Kpler, advirtió que las empresas interesadas en operar en Venezuela deberán alcanzar acuerdos con un nuevo gobierno, algo inviable mientras no se consolide un sucesor de Maduro con estabilidad institucional.

Aun si la situación política es estable, es un proceso que tomará meses”, sostuvo Falakshahi, quien remarcó que las compañías estarían arriesgando miles de millones de dólares en un contexto de alta incertidumbre. Antes de iniciar inversiones significativas, las petroleras necesitarían firmar contratos con el nuevo gobierno, definir marcos regulatorios y garantizar seguridad jurídica.

En paralelo, Estados Unidos incautó dos buques petroleros frente a las costas venezolanas e impuso un bloqueo a la entrada y salida de buques cisterna sancionados, lo que añade presión sobre los flujos de exportación y refuerza el carácter coercitivo de la estrategia.

Los analistas coinciden en que restablecer los niveles históricos de producción demandará decenas de miles de millones de dólares y podría llevar hasta una década, incluso bajo condiciones políticas favorables. Neil Shearing, analista jefe de Capital Economics, consideró que los planes de Trump tendrán un impacto limitado sobre el suministro global y, por lo tanto, sobre los precios internacionales del crudo.

“El plazo de tiempo de lo que va a suceder es muy largo”, señaló Shearing, quien estimó que en 2026 los precios del petróleo mostrarán muy pocos cambios asociados a Venezuela. Incluso si el país lograra recuperar una producción cercana a tres millones de barriles diarios, seguiría fuera del grupo de los diez principales productores del mundo.

El interés de las petroleras y una apuesta de largo plazo

En este escenario, Chevron es la única petrolera estadounidense que permanece activa en Venezuela, tras recibir una licencia de operación en 2022 durante la presidencia de Joe Biden, a pesar de las sanciones vigentes. La compañía es responsable de aproximadamente una quinta parte de la producción venezolana y afirmó que su prioridad es la seguridad de sus empleados y el cumplimiento de “todas las leyes y regulaciones relevantes”.

El resto de las grandes firmas mantiene silencio público, aunque los analistas señalan que internamente evalúan la oportunidad. “El apetito de ir a alguna parte está vinculado a dos factores principales: la situación política y los recursos sobre el terreno”, explicó Falakshahi, quien consideró que, pese a la incertidumbre, “la ganancia potencial podría ser demasiado grande para eludirla”.

En la misma línea, el ex director ejecutivo de BP, John Browne, definió la reactivación petrolera venezolana como un “proyecto a muy largo plazo”. “La gente subestima el tiempo que se demora hacer las cosas. Alinear recursos, materiales y personal lleva muchísimo tiempo”, afirmó, y advirtió que incluso podría darse una caída inicial de la producción mientras la industria se reorganiza.

Para Browne, sin embargo, el atractivo estratégico persiste: “Como oportunidad de negocio, si estás dirigiendo una compañía, vas a querer involucrarte muy rápidamente”. Aun así, el consenso entre los expertos es claro: el petróleo de Venezuela representa una promesa enorme, pero su explotación efectiva exigirá estabilidad política, inversiones masivas y una paciencia que excede ampliamente los tiempos de la coyuntura.

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