A 18 años de la desaparición de Mario Fabián Golemba, la investigación ingresó en una nueva etapa con una batería de allanamientos y detenciones que alcanzó a policías y ex policías que prestaban servicio en la jurisdicción de Dos de Mayo al momento de la desaparición del joven. Por orden de la jueza Federal de Posadas, María Verónica Skanata, y a pedido de la fiscal federal Silvina Flavia Gutiérrez, Gendarmería Nacional realizó una veintena de procedimientos en distintos puntos de Misiones.
La causa tiene hasta el momento 17 personas imputadas. Según la información aportada, 16 fueron detenidas y una permanece prófuga. La investigación federal analiza su presunta participación, con distintos grados de responsabilidad, en la privación ilegítima de la libertad de Golemba, su eventual permanencia bajo una custodia estatal clandestina y las maniobras posteriores que, según la hipótesis fiscal, habrían buscado ocultar lo ocurrido.
La nómina incluye a efectivos que continúan en actividad y a otros que ya se encuentran retirados. Entre ellos aparece Evaldo Katz, comisario retirado de la Policía de Misiones, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo cuando desapareció Golemba y quedó involucrado a partir de distintos testimonios incorporados al expediente.
Edgardo Andrés Arce, domiciliado en Gobernador Roca, también está imputado. Al momento de los hechos cumplía funciones como oficial de guardia y registra una condena previa por transporte de estupefacientes, de acuerdo con los datos aportados para esta publicación.
Liliana Margarita Saft, domiciliada en Posadas, formaba parte de la estructura policial de la jurisdicción y posteriormente prestó servicio en la Dirección de Sistema Biométrico de la Policía de Misiones. También fue detenida en el marco de los procedimientos ordenados por la Justicia Federal.
Carmelo Alberto Cerdán Cruz, residente en Dos de Mayo y actualmente retirado, aparece entre los imputados. Según la reconstrucción incorporada a la causa, cumplía funciones como jefe de guardia en la dependencia policial de esa localidad.
También fue detenido José Roberto Pereyra Da Silva, domiciliado en Dos de Mayo, quien se desempeñaba como secretario de la comisaría. La investigación federal analiza el aporte que habría realizado cada integrante de la estructura policial en función del rol que ocupaba al momento de la desaparición.
Alejandro Alfonso González Samudio, también de Dos de Mayo, está imputado y fue detenido durante los procedimientos. De acuerdo con la reconstrucción de funciones incluida en la causa, se desempeñaba como chofer de turno de la dependencia.
Wiliams Gabriel Lunge, domiciliado en San Vicente, integra asimismo la nómina. Actualmente presta servicio en la División Seguridad Vial de la Policía de Misiones, aunque al momento de la desaparición de Golemba formaba parte de la jurisdicción policial de Dos de Mayo.
Maximiliano Gabriel Gutiérrez figura entre los imputados y detenidos. La información difundida sobre la causa lo ubica entre los efectivos que cumplían funciones de guardia en la dependencia de Dos de Mayo durante el período investigado.
Ramón Aníbal Cardozo, domiciliado en Dos de Mayo, también fue detenido. Actualmente se desempeña en la División Seguridad Vial, mientras que en 2008 formaba parte del esquema operativo de la comisaría local.
Mario Francisco Villar, residente en Dos de Mayo, integra la lista de imputados. Según la información aportada, continúa prestando funciones en la Comisaría de Dos de Mayo y quedó alcanzado por las medidas dispuestas por la Justicia Federal.
Diego Armando Amarilla, domiciliado en Aristóbulo del Valle, es otro de los policías incluidos en la investigación. Al momento de la desaparición de Golemba prestaba servicio dentro de la jurisdicción de Dos de Mayo.
Cristian Andrés Silva, domiciliado en Colonia Victoria, también fue detenido. Se trata de un ex policía que actualmente se encuentra retirado y que, según los antecedentes consignados, estuvo alojado en la Unidad Penal VIII del Servicio Penitenciario Provincial por una causa vinculada a abuso sexual.
Baldemar Parra, residente en Dos de Mayo y retirado de la Policía de Misiones, aparece asimismo entre los imputados. Su nombre integra el grupo de ex integrantes de la fuerza alcanzados por las órdenes de captura.
Juan Ramón Ferreyra, también domiciliado en Dos de Mayo y retirado, forma parte de la nómina. La investigación lo ubica dentro del personal que prestaba servicio en esa jurisdicción cuando Golemba desapareció.
Ofelia Gladys Ziller, residente en Dos de Mayo, continúa prestando funciones en la Comisaría de esa localidad. Fue detenida y quedó a disposición de la Justicia Federal en el marco de la investigación.
Eduardo Pellizer, domiciliado en Aristóbulo del Valle y retirado de la fuerza, completa el grupo de 16 personas localizadas durante los procedimientos y trasladadas a dependencias de Gendarmería Nacional.
El decimoséptimo imputado es Alfredo Lorenzo Ortiz, quien no fue encontrado durante los allanamientos y permanece prófugo, con pedido de captura. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, Ortiz se desempeñaba como radiooperador en la jurisdicción de Dos de Mayo al momento de la desaparición.
La situación procesal de todos ellos debe distinguirse de una eventual declaración de culpabilidad: se trata de personas imputadas en una investigación penal que deberá avanzar hacia las instancias judiciales correspondientes. La hipótesis fiscal sostiene que los distintos involucrados habrían efectuado aportes funcionales dentro de un plan común, pero esas responsabilidades deberán ser acreditadas en el proceso.
La hipótesis de “violencia, clandestinidad y pacto de silencio”
La fiscal federal Silvina Gutiérrez investiga desde 2021 la desaparición de Golemba bajo la figura de desaparición forzada de persona. El expediente sostiene como hipótesis que el joven habría sido privado ilegítimamente de su libertad y sometido a violencia física, para posteriormente desaparecer sin que hasta el momento se haya podido establecer su destino ni localizar sus restos.
Uno de los aspectos centrales de la imputación es la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional”. Según la fiscalía, ese entramado habría permitido mantener oculta la suerte de Golemba mediante una combinación de omisiones en registros oficiales, versiones coincidentes de funcionarios policiales, contradicciones entre actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación.
La acusación no se limita a quienes eventualmente hubieran participado de manera directa en la violencia. Debido al carácter permanente que la fiscalía atribuye al delito investigado, también analiza la eventual responsabilidad de quienes hubieran tomado conocimiento de una privación clandestina de la libertad y, pese a ello, no hubieran denunciado la situación ni adoptado medidas para hacerla cesar.
Dieciocho años sin respuestas
Mario Golemba tenía 27 años cuando salió el 27 de marzo de 2008 desde la vivienda familiar ubicada en Picada Indumar, en Dos de Mayo. Tenía previsto viajar a Oberá para asistir a una consulta con una nutricionista debido a su bajo peso. Después del turno médico se comunicó con familiares y con su pareja y anticipó que regresaría cerca de la tarde. Nunca volvió.
La investigación inicial estuvo bajo la órbita de la Justicia provincial y no logró determinar qué había ocurrido. Con el paso de los años, testimonios de identidad reservada incorporados posteriormente señalaron que Golemba habría permanecido detenido en la comisaría de Dos de Mayo y que allí habría sido golpeado.
En junio de 2021, a partir de un planteo de la querella que representa a la familia, el expediente pasó a la Justicia Federal de Posadas. Desde entonces se desarrollaron distintas medidas de investigación, entre ellas excavaciones realizadas en julio de 2022 en localidades como Oberá y Dos de Mayo.
La causa cuenta con la intervención del Centro de Reunión de Información “Misiones” de Gendarmería Nacional, además de la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional y de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La respuesta institucional de la Policía
Tras las detenciones, la Jefatura de la Policía de Misiones dispuso el pase a situación pasiva de los efectivos que permanecen en actividad y ordenó la apertura de un sumario interno a través de la Dirección de Asuntos Internos. La medida alcanza también a los policías retirados que conservan estado policial y permanecen sujetos al régimen disciplinario de la institución.
En su comunicación oficial, la fuerza señaló que adoptó las decisiones administrativas conforme a las obligaciones legales que corresponden a la Policía como auxiliar de la Justicia. También sostuvo que desde el inicio de la causa puso a disposición recursos humanos, técnicos, logísticos y presupuestarios para los rastrillajes, excavaciones y otros procedimientos solicitados judicialmente.
El caso Golemba plantea así una doble dimensión institucional: por un lado, el avance de una investigación penal que busca determinar qué ocurrió con un joven desaparecido hace 18 años; por otro, la necesidad de que los mecanismos judiciales y administrativos permitan reconstruir responsabilidades, preservar evidencia y esclarecer el destino de Golemba.
El desafío de esta nueva etapa no consiste solamente en determinar la eventual responsabilidad individual de los imputados. También está en establecer qué ocurrió dentro de una estructura estatal que, según la hipótesis fiscal, pudo haber permitido que una desaparición permanezca sin respuestas durante casi dos décadas. Para la familia, el punto de partida continúa siendo el mismo: conocer qué pasó con Mario Golemba y dónde está.
