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Desindustrialización: SKF deja de producir en el país y traslada su operación a Brasil

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SKF cierra su fábrica en Argentina tras 118 años de presencia y se reconvierte en importadora.

La multinacional sueca, líder en rodamientos industriales, deja de producir localmente y despide a 145 trabajadores en Tortuguitas. La medida se enmarca en la apertura de importaciones del gobierno de Javier Milei y marca un nuevo golpe para la industria metalúrgica nacional.

Un cierre histórico: fin de una era industrial en Tortuguitas

La empresa sueca SKF, referente mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones industriales, confirmó el cierre definitivo de su planta en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, tras 118 años de presencia ininterrumpida en la Argentina. La decisión implica el despido de 145 trabajadores y el cese de toda producción local, poniendo fin a más de medio siglo de operaciones industriales en el país.

La compañía, fundada en 1907 en Gotemburgo, había desembarcado en la Argentina en 1917, apenas una década después de su creación, y se consolidó como proveedor estratégico de la industria automotriz, agropecuaria y energética. Desde 1972, mantenía producción nacional en Tortuguitas y Rosario, con más de 650 empleados en su momento de mayor expansión.

En un comunicado oficial, la empresa explicó que la medida responde a una “reestructuración global para asegurar la competitividad”, aunque reconoció que mantendrá operaciones en el país bajo un nuevo modelo de importadora y distribuidora. En adelante, sus productos llegarán desde Brasil, donde la firma posee una de sus plantas más grandes en la región.

La noticia se produce en un contexto de mayor apertura comercial y flexibilización de importaciones impulsadas por el Gobierno nacional, en el marco de la política económica encabezada por el presidente Javier Milei, que busca reducir costos internos y eliminar trabas al comercio exterior.

Impacto en el empleo industrial y reacción sindical

La decisión de SKF generó una fuerte reacción por parte del movimiento obrero. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, expresó su rechazo al cierre y advirtió sobre las consecuencias del nuevo escenario económico. “Mientras el mundo cuida su producción, Argentina abre sus puertas a todo lo importado. SKF se va a reconvertir en importadora y perdemos puestos de trabajo”, sostuvo.

El cierre se suma a una tendencia preocupante para el sector. De acuerdo con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la producción metalúrgica cayó 5,2% interanual en septiembre, mientras las importaciones industriales alcanzaron niveles históricos.

Un trabajador de SKF, en una carta difundida en redes sociales, denunció que la empresa no atraviesa una crisis financiera, ya que facturó más de 9.300 millones de dólares en 2024, sino que aplica “una política deliberada de ajuste patronal y reconversión industrial” orientada a países con menores costos laborales.

El caso de SKF refleja una problemática estructural de la industria argentina: la dificultad para competir con los costos internacionales y la pérdida de densidad manufacturera ante escenarios de liberalización comercial.

De ícono industrial a importadora: el cambio de modelo

Durante décadas, SKF Argentina fue una de las fábricas más modernas y diversificadas del país. Además de producir rodamientos, sellos, sistemas de lubricación y componentes mecatrónicos, la empresa brindaba servicios de mantenimiento industrial y monitoreo de condición para sectores estratégicos como energía, minería, transporte, automotriz y agroindustria.

En 2015, había inaugurado en Tortuguitas su Centro de Soluciones (Solution Factory), destinado a la fabricación de sellos mecanizados y la asistencia técnica a clientes industriales. La reconversión hacia la importación marca el fin de esa línea de producción local y el desmantelamiento de uno de los polos metalmecánicos más relevantes del conurbano bonaerense.

A partir de ahora, SKF concentrará su operación argentina en distribución, servicios y soporte técnico, mientras los productos serán importados desde Brasil. La estrategia busca reducir costos y adaptarse a un nuevo escenario regional caracterizado por mayor integración de cadenas productivas dentro del Mercosur, pero también por asimetrías competitivas entre los países miembros.

El cierre de la planta deja un vacío no sólo laboral, sino también simbólico: SKF fue durante más de un siglo un emblema del desarrollo industrial argentino, acompañando el crecimiento de sectores clave como la automotriz, el agro y la energía.

Cierre por readecuaciones empresariales

La salida de SKF se suma a una serie de readecuaciones empresariales impulsadas por la apertura económica y la caída del mercado interno. Con una demanda industrial debilitada y un esquema de importaciones más flexible, varias multinacionales evalúan trasladar sus procesos productivos hacia países vecinos con menor carga tributaria y costos operativos más bajos.

A nivel institucional, el cierre reaviva el debate sobre el modelo de desarrollo y la competitividad estructural de la Argentina. Mientras el Gobierno apuesta a una economía más abierta y desregulada, los gremios y cámaras industriales advierten que el país puede perder capacidades productivas estratégicas si no se implementan políticas activas de fomento a la industria.

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Rappallini llamó a dejar de “correr atrás del dólar” y avanzar con reformas estructurales

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Rappallini afirmó que el dólar a $1.500 está en equilibrio y pidió avanzar con reformas laborales e impositivas para mejorar la competitividad.

El presidente de la UIA advirtió que Argentina no puede “vivir corriendo atrás del dólar” y reclamó reducir los costos internos para sostener la actividad industrial y el empleo.

El titular de la UIA planteó un “dólar de equilibrio” y un llamado a reformas estructurales

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, afirmó que el dólar a $1.500 refleja un nivel de equilibrio para la economía, aunque advirtió que el verdadero desafío está en la reducción de los costos laborales e impositivos. El dirigente industrial consideró que el país debe “dejar de correr atrás del tipo de cambio” y enfocarse en transformaciones estructurales que devuelvan competitividad a la producción nacional.

“No podemos estar siempre corriendo atrás del dólar. Se tiene que realmente trabajar sobre los costos internos y así vamos a tener una Argentina mucho más competitiva. El foco tiene que estar puesto en las reformas estructurales”, expresó Rappallini en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

En ese sentido, señaló que “el dólar en $1.500 está en equilibrio”, pero que “si tenemos un costo alto en términos laborales e impositivos, no hay dólar que alcance”. El titular de la UIA reiteró que la industria necesita previsibilidad macroeconómica, pero también un entorno regulatorio y fiscal que incentive la inversión productiva.

Reclamo por menor presión impositiva y reactivación del crédito

En declaraciones a Radio Mitre, Rappallini sostuvo que, en el corto plazo, es “necesario reducir las tasas de interés y reactivar la economía”, afectada por la turbulencia financiera y la caída del consumo en los últimos meses. “Si se logra estabilizar la economía y bajar las tasas, el empleo y la producción van a empezar a recuperarse”, aseguró.

El dirigente explicó que el freno del consumo en el último trimestre impactó con fuerza sobre distintas ramas industriales, especialmente las vinculadas al mercado interno. “Venimos de meses complejos, con una pérdida que había subido casi a 3.000 puestos de trabajo”, detalló.

En este contexto, la UIA insiste en que la competitividad no depende sólo del tipo de cambio, sino de un paquete integral de medidas estructurales, entre las que destacan:

  • Simplificación tributaria y reducción de cargas sobre la producción.
  • Modernización laboral, con esquemas que incentiven la contratación formal.
  • Recuperación del crédito productivo, hoy restringido por las altas tasas.
  • Estabilidad macroeconómica, como condición básica para la inversión.

“El dólar puede estar en equilibrio, pero si el entorno fiscal y laboral no cambia, la competitividad sigue siendo baja”, enfatizó Rappallini.

El costo argentino, eje de la agenda industrial

Las declaraciones del titular de la UIA se enmarcan en el debate sobre el “costo argentino”, un concepto que reúne la carga impositiva, los costos logísticos, la presión regulatoria y las rigideces del mercado laboral. La entidad fabril considera que estos factores restan dinamismo al entramado industrial y dificultan la generación de empleo formal.

De acuerdo con el planteo de Rappallini, el desafío para 2026 será alcanzar un modelo de estabilidad sostenida, con tasas de interés más bajas, incentivos al crédito productivo y reformas que reduzcan el peso de los costos internos. “El dólar no resuelve nada si no hay un marco que promueva la inversión y el trabajo”, sintetizó.

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Bonos en alza y riesgo país en 690 puntos: el Gobierno se acerca a emitir deuda en dólares

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La contundente reacción financiera posterior a las elecciones legislativas —con una baja de más de 400 puntos del riesgo país en apenas dos jornadas— acercó al Gobierno a su objetivo central: recuperar el acceso al crédito internacional hacia fines de 2025.

La combinación de precios récord en bonos, expectativas de estabilización macroeconómica y un resultado político que el mercado leyó como “ordenador” activó apuestas sobre una inminente normalización del financiamiento externo.

Reacomodamiento financiero tras las legislativas: señales de mercado y expectativas oficiales

El movimiento decisivo se produjo tras los comicios del domingo. En solo 48 horas, el riesgo país cayó de la zona de 1.100 puntos a 690, un derrumbe que revirtió completamente la tendencia negativa del año y consolidó un escenario que, hasta hace semanas, parecía distante.

El indicador de JP Morgan, que mide el diferencial de tasas que paga la deuda argentina sobre el Tesoro de EE.UU., venía de operar en los 1.080 puntos el viernes previo. La combinación de mayor demanda por bonos soberanos y una lectura política favorable redujo ese margen a mínimos de 2025.

El Gobierno planifica volver a emitir deuda internacional con dos objetivos explícitos:

  1. Refinanciar vencimientos, especialmente los pagos de cupones por USD 4.500 millones previstos para enero próximo, que el presidente Javier Milei definió como “perfectamente manejables”.
  2. Financiar infraestructura, energía, transporte y tecnología, pilares centrales del programa de crecimiento proyectado por el equipo económico.

El propio Milei recordó que, desde su asunción, la Argentina “pagó USD 30.000 millones de deuda” y afirmó que nunca estuvo en duda el cumplimiento de obligaciones. Esa señal de consistencia es leída por el mercado como un ancla para reducir el riesgo regulatorio y financiero.

Bonos en rebote y tasas en retroceso: las condiciones para volver al crédito externo

El rally de los bonos en dólares —que entre lunes y martes recuperaron toda la pérdida acumulada en el año— fue el motor directo de la compresión del riesgo país. Actualmente, los títulos rinden por encima del 11%, un nivel aún elevado para una salida al mercado, pero la tendencia apunta a perforar el 9%, umbral que analistas consideran razonable para una emisión.

El equipo de Luis Caputo trabaja con un objetivo explícito: llevar el riesgo país a la zona de los 450 puntos en las próximas semanas. De alcanzarse ese nivel, Argentina podría colocar deuda internacional por debajo del 10%, una tasa considerada aceptable para recuperar financiamiento.

La última emisión relevante de bonos en dólares se remonta a enero de 2018, cuando se colocaron USD 9.000 millones, en un contexto donde el riesgo país rondaba los 350 puntos. Esa ventana se cerraría luego con la crisis cambiaria de 2018-2019 y la posterior reestructuración a cargo de Martín Guzmán desde 2020.

Los analistas consultados por agencias financieras coinciden en un punto: el principal freno para que subieran los bonos era el factor político. Con el resultado legislativo despejando escenarios de parálisis, el mercado evalúa que el Gobierno podrá avanzar en acuerdos con gobernadores para fortalecer gobernabilidad y acelerar reformas pendientes. Ese marco es clave para mejorar expectativas, sostener la caída del riesgo y facilitar la reconstrucción de reservas vía endeudamiento externo.

Impacto económico y político: proyecciones hacia 2026

La posibilidad de volver a los mercados globales tiene implicancias estructurales:

  • Finanzas públicas: un acceso a tasas de un solo dígito permitiría refinanciar vencimientos sin tensionar la caja y ordenar el perfil de deuda.
  • Inversión y actividad: financiamiento para infraestructura y tecnología impactaría directamente en productividad, logística y competitividad exportadora.
  • Sector privado: un riesgo país más bajo ayuda a reducir el costo financiero empresario y estimula el ingreso de capital privado.
  • Sistema político: un acuerdo mínimo entre Nación y provincias será clave para sostener la percepción de estabilidad regulatoria que alimenta la recuperación de precios.

Con el riesgo en 690 puntos y un objetivo oficial de 450, el mercado ya descuenta un cambio de ciclo. Si la tendencia se mantiene, Argentina podría volver al mercado internacional de deuda antes de fin de año, un escenario inverosímil meses atrás, pero ahora cada vez más probable.

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El Gobierno libertario busca aprobar su primer Presupuesto con superávit del 1,5% del PBI

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Presupuesto 2026, el Gobierno libertario enfrenta su primera gran prueba de gobernabilidad tras las elecciones

El proyecto será el primer test político y fiscal de Javier Milei ante el nuevo Congreso. La discusión sobre el equilibrio presupuestario, la presión tributaria y la recaudación marcará el pulso del debate económico de fin de año.

Un examen clave para la estabilidad política y fiscal

Con el impulso político que dejaron las elecciones legislativas, el Gobierno libertario se enfrenta esta semana a su primer gran desafío de gobernabilidad: la discusión del Presupuesto 2026. El proyecto, presentado por el presidente Javier Milei el pasado 15 de diciembre, será la primera señal concreta de cómo planea ejercer el poder con una nueva correlación de fuerzas en el Congreso.

El Presupuesto constituye una prueba crucial de conducción política, luego de dos ejercicios consecutivos (2024 y 2025) con prórrogas del presupuesto 2023. En esta oportunidad, la administración busca ratificar su compromiso con el equilibrio fiscal, con una meta de superávit del 1,5% del PBI, frente al 0,9% que proponen sectores opositores como el espacio liderado por Miguel Ángel Pichetto, que anticipó la presentación de un dictamen de minoría.

La Cámara de Diputados será el escenario central del debate, donde cada bloque expondrá sus propuestas. A diferencia de ocasiones anteriores, los legisladores libertarios llegan con una base política fortalecida y el objetivo de aprobar su primer presupuesto propio, en línea con el plan de consolidación fiscal y reformas estructurales delineado por el Ejecutivo.

Las proyecciones económicas: ingresos, inflación y el rol del Estado

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expondrá esta semana ante las comisiones parlamentarias para defender las proyecciones oficiales. Según el texto presentado, el Gobierno prevé una recaudación total de $225 billones, equivalente al 21,77% del PBI, manteniendo la estructura impositiva vigente.

El desafío será explicar cómo se alcanzará ese volumen de ingresos con una inflación estimada del 10% y un crecimiento del 5% del PBI, proyecciones consideradas optimistas por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El organismo advierte que los principales tributos —IVA, Ganancias y Aportes a la Seguridad Social— representarán el 16,9% del PBI, es decir, más de las tres cuartas partes de los recursos nacionales.

Entre las claves del esquema fiscal se destacan:

  • Aumento de la presión tributaria del Impuesto a las Ganancias en 0,21 puntos porcentuales, producto de la desaceleración nominal.
  • Actualización gradual de los montos fijos del Impuesto a los Combustibles.
  • Reducción de la carga de Bienes Personales, conforme a las alícuotas menores establecidas por la Ley 27.743.

Un capítulo especial dentro del Presupuesto 2026 es la continuidad del régimen de Ganancias Simplificado, vigente actualmente por decreto. Este sistema —similar al monotributo— permite a la Administración de Recursos y Control (ARCA) generar una declaración automática de gastos que el contribuyente puede validar o ajustar. Aunque no se lo menciona explícitamente, la iniciativa funciona como un blanqueo permanente para fondos no declarados, incluidos los “dólares del colchón”, que se busca reinsertar en el sistema formal.

Primer mojón del plan libertario y reacción política

Para el oficialismo, el Presupuesto 2026 es el primer paso de una agenda más amplia que incluirá, en los próximos meses, una reforma laboral y una reforma tributaria. Milei busca demostrar a los mercados y a los gobernadores que puede mantener disciplina fiscal y gobernabilidad política en un contexto de expectativas crecientes.

El presidente ya había anticipado su disposición a dialogar con los mandatarios provinciales para garantizar la aprobación del texto. La señal de orden institucional resulta clave luego de la prórroga del Presupuesto 2023, que limitó la planificación financiera del Estado y afectó el flujo de fondos hacia las provincias.

Por otra parte, el Congreso continuará esta semana con la exposición de funcionarios. Está prevista la participación de la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, quien defenderá los gastos de su cartera; así como la de María Luciana Carrasco, jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa, y el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Ceratto. También asistirán Carlos Torrendell, secretario de Educación, y Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, para detallar la asignación de recursos en sus áreas.

El debate presupuestario se perfila, así, como el primer test político de la nueva etapa libertaria. Su desenlace marcará el ritmo del Gobierno hacia 2026 y será interpretado por los mercados como una señal de fortaleza o fragilidad institucional.

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El Tesoro amplía una LELINK 2025 para refinanciar pasivos con el Banco Central

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Economía amplía una emisión de Letras del Tesoro (LELINK) por USD 800 millones para una conversión con el Banco Central.

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda dispusieron la ampliación de la LELINK con vencimiento en noviembre de 2025 para reemplazar títulos en poder del BCRA. La operación se enmarca en el programa financiero 2025 y busca ordenar vencimientos en moneda vinculada al dólar.

Operación de conversión con el Banco Central: objetivos y alcance

El Ministerio de Economía, a través de una resolución conjunta 53/2025 firmada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno Magrane, y el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, oficializó una operación de conversión de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El instrumento elegido es la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 28 de noviembre de 2025 (LELINK D28N5), cuya emisión será ampliada por hasta USD 800 millones de valor nominal original.

El objetivo, según la resolución publicada en el Boletín Oficial el 28 de octubre de 2025, es sustituir las tenencias del BCRA de la “LELINK D31O5”, originalmente emitida el 7 de julio de 2025 y con vencimiento el 31 de octubre del mismo año, por el nuevo instrumento con vencimiento un mes más tarde.
La conversión —que tendrá fecha de realización el 27 de octubre de 2025 y liquidación el 28 de octubre— se realizará “de acuerdo con los precios de mercado determinados por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) inmediatamente antes de las 13:30 horas”, según establece el artículo 2° de la norma.

De este modo, el Ministerio de Economía busca refinanciar pasivos intra-sector público dentro del mismo ejercicio fiscal, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 27.701 de Presupuesto General, vigente para 2025 bajo los términos de la Ley de Administración Financiera (24.156) y los decretos complementarios 1131/2024, 280/2024, 459/2024 y 453/2025.

Una operación dentro del programa financiero 2025

La medida se encuadra en el esquema de administración de pasivos aprobado por el Poder Ejecutivo, que autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera —compartido por las Secretarías de Hacienda y Finanzas— a emitir y recomprar letras del Tesoro reembolsables en el mismo año fiscal.

El canje con el BCRA no implica nueva deuda externa ni un aumento del endeudamiento total del Estado, sino una reestructuración temporal dentro del Tesoro, en línea con el artículo 11 del Decreto 331/2022, incorporado a la Ley 11.672 de Presupuesto Permanente y actualizado por el Decreto 846/2024.

Según la normativa, las futuras suscripciones de instrumentos de deuda “podrán realizarse con otros instrumentos de deuda pública, cualquiera sea su moneda de pago”, y los precios serán fijados conforme a valores de mercado.
Esta facultad permite al Ministerio de Economía optimizar el perfil de vencimientos de corto plazo, especialmente en instrumentos vinculados al dólar (LELINK), que se utilizan como cobertura cambiaria dentro del mercado local.

El texto también autoriza a funcionarios de la Oficina Nacional de Crédito Público y de distintas direcciones de la Subsecretaría de Financiamiento a firmar la documentación necesaria para la ejecución de la operación, asegurando su implementación inmediata.

Estrategia de deuda y relación Tesoro-BCRA

La ampliación de la LELINK D28N5 es parte de la estrategia de ordenamiento financiero del Tesoro para el cierre del año fiscal 2025. A lo largo del ejercicio, el Ministerio de Economía ha utilizado instrumentos en pesos atados al tipo de cambio oficial como mecanismo de anclaje del financiamiento interno y de coordinación monetaria con el BCRA, evitando presiones sobre el mercado cambiario.

Estas letras —sin cupón y con ajuste por dólar oficial— permiten al Tesoro refinanciar vencimientos sin acudir al mercado de divisas, manteniendo la consistencia del programa financiero y reduciendo la necesidad de emisión monetaria.

En los últimos meses, el Palacio de Hacienda había emitido varias series de LELINK, con vencimientos escalonados entre octubre y diciembre de 2025, dentro de un esquema de rolleo intra-sector público que involucra principalmente al BCRA, la ANSES y organismos estatales.

La resolución destaca que la operación “se encuentra dentro del límite establecido en el artículo 38 de la Ley 27.701”, que autoriza este tipo de instrumentos para cumplir con las metas del programa financiero del año en curso.

Proyección e impacto institucional

El canje de letras entre el Tesoro y el Banco Central refuerza la coordinación financiera dentro del sector público y apunta a mejorar la previsibilidad del flujo de vencimientos de deuda en pesos vinculados al dólar, clave para sostener la estabilidad cambiaria en los meses previos al cierre del ejercicio fiscal.

A su vez, consolida el uso de instrumentos en moneda local ajustables por tipo de cambio como herramienta de financiamiento sostenible, en línea con la estrategia de profundizar el mercado de deuda doméstico y limitar la exposición externa del Tesoro.

La medida, que entró en vigencia el mismo 27 de octubre, complementa las decisiones adoptadas en materia de deuda pública a lo largo de 2025, orientadas a reducir el riesgo financiero y mejorar la administración del pasivo en moneda vinculada al dólar estadounidense.

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