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¿Paraguay es un espejo en el que mirarse?: la informalidad llega al 20,5% del PIB y alcanza al 60,1% del empleo

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Paraguay se convirtió en una de las referencias más citadas por el presidente Javier Milei cuando habla de competitividad, disciplina fiscal y crecimiento económico. Con una presión tributaria reducida, estabilidad monetaria y una economía que mantuvo dinamismo durante los últimos años, el país vecino aparece como uno de los modelos que la administración libertaria observa con atención.

Sin embargo, detrás de los indicadores macroeconómicos positivos persiste una realidad que condiciona el desarrollo paraguayo: la elevada informalidad laboral y empresarial.

Según estimaciones basadas en cuentas nacionales, la economía informal representa alrededor del 20,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay. Al mismo tiempo, el 60,1% de los trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad, una proporción que se mantiene entre las más altas de la región.

El economista Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), sostiene que la informalidad no puede explicarse únicamente por la presión impositiva o la burocracia estatal. Se trata de un fenómeno multicausal y estructural, vinculado a factores productivos, educativos e institucionales.

“La informalidad es una parte fundamental del funcionamiento económico paraguayo”, señala en un reportaje del diario Última Hora. Está presente en el comercio callejero, la construcción, el transporte, los servicios domésticos, las actividades agrícolas y miles de pequeños emprendimientos familiares.

Ibarrola advierte que la informalidad no constituye una categoría homogénea. Incluye desde trabajadores de subsistencia que no pueden afrontar los costos de la formalización hasta profesionales y empresarios que optan por permanecer fuera del sistema para aprovechar ventajas tributarias o mayores márgenes de flexibilidad.

Por esa razón, considera que medir exclusivamente la cantidad de trabajadores informales puede conducir a diagnósticos incompletos. Dos países pueden exhibir tasas similares y enfrentar problemas completamente diferentes.

Un modelo que crece pese a la informalidad

Uno de los aspectos más llamativos del caso paraguayo es que el crecimiento económico convive con altos niveles de informalidad.

La experiencia paraguaya contradice parcialmente la idea de que la formalización debe preceder necesariamente al crecimiento. Durante la última década, el país logró consolidar estabilidad macroeconómica, atraer inversiones y expandir sectores como la agroindustria, la energía y los servicios, aun con una importante porción de la economía funcionando fuera de los registros oficiales.

Para Milei y sus equipos económicos, Paraguay suele representar un ejemplo de competitividad regional. Su esquema tributario simple, el impuesto corporativo reducido, la estabilidad fiscal y el bajo nivel de endeudamiento son frecuentemente mencionados como ventajas frente al modelo argentino.

Sin embargo, los especialistas paraguayos advierten que la informalidad sigue generando costos significativos. Reduce la recaudación fiscal, limita el acceso a la protección social, restringe la productividad y dificulta la construcción de empresas de mayor escala.

Para Ibarrola, la clave de una reducción sostenible de la informalidad no pasa por endurecer sanciones ni multiplicar controles.

La evidencia muestra que los trabajadores con mayor nivel educativo tienen más probabilidades de acceder a empleos registrados, cobertura médica, aportes jubilatorios y contratos laborales formales. Además, suelen insertarse en empresas más grandes y productivas.

“La educación incrementa la productividad individual y facilita el acceso a mejores empleos. Los mejores empleos generan mayores ingresos y favorecen la inserción formal”, explica.

En esa lógica, la formalización aparece como una consecuencia del desarrollo económico más que como una condición previa.

El economista también cuestiona las estrategias basadas exclusivamente en fiscalización y castigos.

Paraguay enfrenta una paradoja: posee una alta intención regulatoria, pero limitada capacidad para controlar efectivamente el cumplimiento de las normas. Como resultado, muchos programas de formalización terminan mostrando impactos modestos.

Además, una formalización abrupta podría provocar efectos contraproducentes, como cierres de microempresas, aumento del desempleo o caída de ingresos familiares.

Por eso propone políticas centradas en incentivos, reducción de costos administrativos y mejoras concretas en los servicios públicos que reciben quienes ingresan al sistema formal.

El desafío pendiente del modelo paraguayo

La experiencia paraguaya muestra que es posible sostener crecimiento económico, estabilidad fiscal y competitividad aun con elevados niveles de informalidad. Pero también evidencia los límites de ese modelo cuando se busca avanzar hacia mayores niveles de productividad, innovación y desarrollo social.

Mientras Milei señala a Paraguay como una referencia para la economía argentina, el debate en el país vecino gira precisamente sobre cómo resolver una de sus principales asignaturas pendientes.

La informalidad ya no aparece como una anomalía transitoria. Es un fenómeno estructural que representa una quinta parte de la economía paraguaya y más de la mitad de su mercado laboral.

El desafío para Paraguay será mantener las fortalezas que hoy despiertan admiración en parte de la dirigencia argentina sin resignar el objetivo de construir una economía más integrada, productiva y formal.

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Paraguay promulgó el Presupuesto 2026 con foco social y control del déficit fiscal

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, una ley clave que define el rumbo económico y social del país para el próximo año. El plan de gastos e ingresos asciende a 149,6 billones de guaraníes, equivalentes a unos 19.000 millones de dólares, y representa un incremento del 12,3% respecto al presupuesto 2025, con un fuerte énfasis en inversión social, salud, educación y seguridad, pero manteniendo el déficit fiscal dentro del tope del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

La norma, sancionada previamente por el Congreso y promulgada en el último día de 2025, marca el inicio del proceso de reglamentación y ejecución presupuestaria para 2026. Desde el Poder Ejecutivo destacaron que se trata de un presupuesto consensuado con el Poder Legislativo y alineado con el objetivo de priorizar a los sectores más vulnerables sin desordenar las cuentas públicas.


Un presupuesto expansivo con fuerte eje en políticas sociales

El Presupuesto 2026 destina partidas significativas a programas sociales emblemáticos. Entre ellos se destaca el programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, que contará con 370 millones de dólares, con el objetivo de alcanzar a un millón de estudiantes en todo el país. A esto se suma una asignación de 412 millones de dólares para el programa de adultos mayores, que permitirá incorporar 30.000 nuevos beneficiarios al sistema.

El esquema de gastos también refuerza áreas sensibles como Seguridad, Defensa, Salud y Educación, consolidando un perfil de presupuesto orientado a la inversión social y a la provisión de servicios públicos esenciales. En el área sanitaria, las modificaciones introducidas por el Congreso incluyeron un aumento cercano a 47.000 millones de guaraníes, destinados a obras e inversiones específicas como la ampliación del Hospital de Caaguazú (20.000 millones), la adquisición de mamógrafos (10.000 millones), equipamiento para el futuro hospital de Curuguaty y la reposición de recursos para el Centro de Tratamiento de Adicciones.

Cambios legislativos y reasignaciones estratégicas

Durante el debate parlamentario, ambas cámaras introdujeron ajustes relevantes al proyecto original del Ejecutivo. Uno de los cambios más significativos fue la reasignación de fondos originalmente previstos para el Ministerio de Obras Públicas, que se redireccionaron para fortalecer el presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con el objetivo de dinamizar la construcción de viviendas sociales en 2026.

También se incrementó el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en 10.000 millones de guaraníes, y el del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en 17.000 millones de guaraníes, destinados en gran parte al proyecto “Letrina Cero”, que prevé la construcción de baños adecuados en 347 escuelas, con una asignación específica de 15.000 millones, mientras que el resto se orientará a tareas de supervisión regional.

En términos globales, el PGN aprobado asciende a 149,1 billones de guaraníes (unos 18.928 millones de dólares), una cifra muy cercana a la propuesta original del Ejecutivo y consistente con la estrategia fiscal del Gobierno.

Orden fiscal y señal política al mercado

Uno de los aspectos más destacados del Presupuesto 2026 es el cumplimiento del tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB, un límite que no se respetaba desde 2018. Al conocerse la sanción legislativa, el presidente Peña celebró este punto y subrayó su relevancia institucional y económica: “Esto marca un hito: es la primera vez desde 2018 que se aprueba un presupuesto dentro de este límite, lo que demuestra nuestro compromiso absoluto con el orden administrativo”.

Desde una mirada macroeconómica, el PGN 2026 busca combinar expansión del gasto social con disciplina fiscal, un equilibrio que será observado de cerca tanto por los actores políticos internos como por analistas económicos y organismos internacionales. La ejecución efectiva del presupuesto y el cumplimiento de las metas fiscales serán determinantes para sostener la credibilidad del programa económico del Gobierno en un año clave para la gestión.

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