El Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 398/2026, mediante el cual modifica la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias para actualizar el listado de “jurisdicciones no cooperantes” a los fines tributarios. Al remover a la República de Filipinas, la República de Madagascar y la República de Trinidad y Tobago de la nómina —tras convalidar su estatus de transparencia ante la OCDE—, la medida reduce el costo impositivo por retenciones a empresas globales. Para los grandes consorcios foresto-industriales y las corporaciones yerbateras de Misiones que triangulan operaciones o importan bienes de capital, la normativa morigera la carga sobre los flujos de divisas, redefiniendo las matrices de planificación fiscal y de precios de transferencia.
La decisión del Gobierno nacional de excluir a Filipinas, Madagascar y Trinidad y Tobago del listado de “jurisdicciones no cooperantes” en materia tributaria modifica el mapa de riesgos fiscales para empresas argentinas con operaciones internacionales y puede tener impacto indirecto sobre sectores exportadores del NEA, especialmente yerba mate, forestoindustria y comercio exterior.
El Decreto 398/2026 actualizó la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias y redefinió el universo de países considerados de baja cooperación fiscal. La medida responde a cambios en los estándares de intercambio de información promovidos por la OCDE y el Consejo de Europa. Para el sector privado, el dato central es que operar con empresas radicadas en esos países dejará de tener el tratamiento tributario agravado que rige para las jurisdicciones consideradas opacas.
En términos prácticos, esto reduce contingencias fiscales vinculadas a precios de transferencia, deducciones y controles sobre operaciones internacionales. Para economías regionales con creciente búsqueda de mercados alternativos, el movimiento no es menor.
Qué cambia para las empresas exportadoras
Las “jurisdicciones no cooperantes” son países que no intercambian información tributaria con Argentina o no cumplen estándares internacionales de transparencia. Cuando una firma argentina opera con compañías radicadas en esos territorios, ARCA y el sistema tributario aplican controles más estrictos y presunciones fiscales más gravosas.
Con la salida de tres países del listado: Se alivian requisitos de fiscalización sobre determinadas operaciones internacionales. Mejora la previsibilidad tributaria para exportadores y traders. Disminuye el riesgo de ajustes fiscales sobre estructuras comerciales vinculadas a esos mercados. Y se reduce el costo administrativo asociado a reportes y validaciones.
Para Misiones, donde muchas empresas medianas comenzaron a explorar mercados fuera del eje tradicional Mercosur-China-Estados Unidos, la señal tiene lectura estratégica. La provincia necesita diversificar destinos ante la desaceleración del consumo interno y la presión de costos logísticos.
Aunque el decreto no menciona economías regionales, la actualización tributaria tiene implicancias sobre el entramado exportador.
La industria tealera y yerbatera misionera viene buscando nuevos compradores en Asia y mercados emergentes. Filipinas, que deja de ser considerada “no cooperante”, aparece como un mercado potencialmente más accesible desde el punto de vista financiero y documental.
Para la forestoindustria ocurre algo similar. Empresas madereras del NEA operan frecuentemente mediante traders internacionales o estructuras logísticas trianguladas. Cuando esas operaciones involucran jurisdicciones observadas por el fisco, el costo financiero y legal aumenta.
La modificación también puede favorecer: Operaciones de financiamiento internacional. Apertura de cuentas y acuerdos bancarios. Menores alertas de compliance tributario. Mayor competitividad administrativa frente a exportadores brasileños o paraguayos.
La señal política detrás del decreto
El Gobierno sostiene una estrategia de alineamiento con estándares OCDE y de integración financiera internacional. La actualización del listado apunta a mostrar una Argentina más compatible con reglas globales de intercambio fiscal y menos aislada del sistema financiero internacional.
El movimiento también busca reducir fricciones para inversiones y operaciones internacionales privadas, especialmente en un escenario donde el Ejecutivo necesita aumentar generación genuina de divisas.
El dato que sigue de cerca el mercado es otro: la lista todavía mantiene a 72 jurisdicciones bajo observación. Entre ellas aparecen Bolivia, Cuba, Surinam, Irán y varios países africanos y asiáticos. Eso implica que los controles fiscales sobre operaciones internacionales seguirán siendo relevantes para empresas exportadoras.
La actualización del listado no cambia por sí sola la competitividad exportadora del NEA. El problema estructural sigue siendo logístico, cambiario y tributario. Pero sí muestra una tendencia: el Gobierno avanza hacia un esquema de menor intervención y mayor integración financiera internacional.
Para Misiones, donde el crecimiento exportador depende de abrir mercados y bajar costos ocultos, cada flexibilización regulatoria suma. El desafío es si esa apertura fiscal será acompañada por infraestructura, financiamiento y alivio impositivo que permitan transformar ventajas productivas en competitividad real.
El Ministerio de Economía avanzó con una recompra de Letras Intransferibles en poder del Banco Central por $18,4 billones, en una de las operaciones de administración de pasivos más relevantes del año. La medida busca reducir compromisos intraestatales, mejorar el perfil de deuda y fortalecer la hoja de balance del BCRA.
La operación, oficializada mediante la Resolución Conjunta 27/2026 de las Secretarías de Finanzas y Hacienda, implica cancelar distintos instrumentos emitidos entre 2019 y 2026, muchos de ellos originados para cubrir necesidades fiscales durante períodos de fuerte tensión cambiaria.
El dato político-financiero central es que el Gobierno acelera el saneamiento de pasivos cruzados entre Tesoro y Banco Central mientras intenta consolidar un esquema de menor emisión monetaria y mayor disciplina fiscal.
Qué son las Letras Intransferibles y por qué el Gobierno quiere cancelarlas
Las Letras Intransferibles son títulos que el Tesoro le entrega al Banco Central a cambio de dólares de reservas. Durante años funcionaron como mecanismo de financiamiento estatal.
El problema es que esos activos tienen baja liquidez y deterioran la calidad del balance del BCRA. En términos simples: el Central contabiliza activos que no puede vender fácilmente en el mercado.
La recompra apunta a reemplazar deuda “cerrada” dentro del Estado por una estructura financiera más transparente para el mercado.
La operación incluye:
Cancelación de Letras emitidas entre 2019 y 2026
Instrumentos con vencimientos hasta 2032
Precios de recompra inferiores al valor nominal original
Utilización de un tipo de cambio de $1.391,31 por dólar
La cifra total de la operación —$18,4 billones— equivale a varios presupuestos provinciales combinados del NEA.
La señal al mercado: menos emisión y mayor ortodoxia financiera
La administración Milei viene consolidando un mensaje consistente hacia inversores y organismos internacionales: reducir emisión, ordenar deuda y fortalecer el balance del Banco Central.
La recompra de Letras se inscribe en esa estrategia. El objetivo implícito es doble: Mejorar la credibilidad financiera y descomprimir riesgos monetarios futuros.
El costo oculto: más dependencia del equilibrio fiscal. La operación también deja una advertencia.
Al cancelar instrumentos intraestatales, el Gobierno reduce margen de financiamiento indirecto vía Banco Central. Eso obliga a sostener superávit fiscal y financiamiento genuino de mercado.
Para provincias periféricas como Misiones, esto puede traducirse en un escenario más restrictivo en materia de obra pública nacional, transferencias y programas de asistencia.
La discusión de fondo ya no pasa solamente por cuánto ajuste realiza Nación, sino por cómo impacta la nueva arquitectura financiera sobre economías regionales con menor escala y mayores costos logísticos.
Qué puede mirar el empresariado
Variables clave a monitorear en los próximos meses: evolución del dólar oficial. Nivel de reservas del BCRA. Tasas de financiamiento productivo. Costo del crédito para PyMEs. Movimiento del consumo fronterizo. E inflación en logística y energía
Si el saneamiento financiero logra estabilizar expectativas, sectores exportadores del NEA podrían ganar previsibilidad. Si el mercado interpreta que el ajuste reduce capacidad de crecimiento, el efecto puede trasladarse a menor actividad económica y caída del consumo.
La recompra de Letras Intransferibles no modifica la economía real de manera inmediata. Pero sí redefine el tablero financiero sobre el que operan empresas, provincias y consumidores.
El verdadero test no será la ingeniería financiera del Tesoro, sino si esta estrategia logra traducirse en estabilidad macroeconómica sostenible sin profundizar el freno sobre actividad, consumo e inversión regional.
El ingreso de 850.000 camiones al Gran Rosario en lo que va del año marca un hito logístico que contrasta con el retraso del 41% en la cosecha nacional de soja. Para el sector productivo del NEA, la presión de oferta en el mercado disponible y la distensión geopolítica en Medio Oriente configuran un escenario de precios a la baja que obliga a recalibrar los márgenes de comercialización y los costos de transporte de las economías regionales.
La actividad en los nodos portuarios del Gran Rosario ha alcanzado niveles sin precedentes. Durante la primera semana de mayo, la descarga de granos batió un récord semanal con más de 73.000 camiones, elevando el acumulado anual a 850.000 unidades, lo que representa un incremento de 185.000 vehículos respecto al año anterior, según la Bolsa de Comercio de Rosario. Este dinamismo, impulsado por el avance de la cosecha en la Región Núcleo, ocurre mientras las existencias de soja en el circuito comercial reportan 11,8 Mt, cifra inferior a las 15 Mt del ciclo previo debido a las persistentes lluvias que dificultan las labores en el campo.
Aunque la cosecha de soja avanza lento a nivel país, el fuerte avance en Región Núcleo impulsa un ingreso récord de camiones en la 1ra semana de mayo. EE. UU. e Irán se acercarían a un acuerdo, presionando la cotización de los aceites vegetales a la baja.
El disponible de soja subió AR$ 10.000/t por un día y se triplicó el volumen de contratos con precio
La cosecha de soja es una de las más retrasadas en la última década a nivel país, con el 41% de avance anual en las labores a nivel nacional. La falta de piso por las persistentes lluvias ha estado retrasando las actividades en el campo, condicionando el ingreso de porotos al circuito comercial. Este contexto se refleja en el nivel de existencias de soja al primero de mayo, con 11,8 Mt reportadas en plantas de acopio, industriales y de exportación. Si bien el salto intermensual es importante, está lejos de las 15 Mt que se reportaron el año pasado y aún más de las casi 21 Mt en la campaña 2019/20, ciclo comparable en términos de existencias totales de granos.
Más allá del ritmo récord de exportaciones para maíz, trigo y girasol, la absorción externa de granos no alcanza para compensar en la rotación teniendo en cuenta los volúmenes máximos de producción de esta campaña. Por ello, a pesar de que todavía no se generalizó la cosecha de la oleaginosa, los stocks de granos en el circuito comercial prácticamente igualan el récord histórico, con un 42% menos de soja.
Sin embargo, mientras las condiciones lo permitan, la puesta a punto de la cosecha será prioridad, intensificando los envíos de granos y la llegada de suministros al circuito comercial. Esta última semana, hasta el jueves inclusive, entraron más de 73.000 camiones a los puertos y plantas industriales del Gran Rosario, récord semanal para la descarga de granos a esta altura. Teniendo en cuenta el acumulado anual, ya van 850.000 camiones que descargaron granos en la región, récord histórico y 185.000 camiones más el año pasado.
Como es de esperar, en un escenario de suministros récord de granos, la presión de cosecha se acentúa aún más en el mercado disponible, empujando los precios a la baja. Entre todo abril y lo que va de mayo, la pizarra de soja promedió AR$ 432.000/t, y nunca salió del rango AR$ 420.000/t – 440.000/t, un 10% menos que a fines de marzo. Valuada en dólares la historia se repite, con caídas promedio del 7% entre marzo y mayo para el precio disponible, llegando a mínimos de diez meses.
Sin embargo, bajo un contexto internacional de altísima volatilidad, con variaciones intradiarias bruscas en Chicago, esta misma semana el mercado disponible tuvo revancha alcista en precios. Luego de quince ruedas consecutivas en AR$ 430.000/t o menos, el precio spot por soja subió AR$ 10.000/t durante una sola rueda, lo que bastó para marcar la jornada con mayor cantidad de toneladas anotadas con precio hecho desde que arrancó la cosecha. El 5 de mayo se operaron 304.000 toneladas con precio en firme, triplicando el promedio diario de las últimas tres semanas. Aunque el salto comercial fue notorio estos días, en términos generales, el ritmo de comercialización de esta campaña sigue siendo de los más bajos, con el 28% de la producción comprometida a esta altura, 9 p.p. por detrás de la media.
El mercado internacional de soja, entre Ormuz y China
Durante esta semana tuvo lugar uno de los avances más relevantes para alcanzar la paz desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente, o por lo menos así lo descuenta el mercado. Entre ambos países contendientes se habría elaborado un “memorándum de entendimiento” que iniciaría una ventana de 30 días de intensas negociaciones para llegar a una paz definitiva. Según Reuters, en los puntos tratados se omiten renglones claves de la disputa, como el desmantelamiento del programa nuclear iraní, una de las causas principales del inicio de la guerra. Sin embargo, la noticia fue percibida por el mercado como un paso importante hacia una eventual normalización del flujo comercial sobre el Estrecho de Ormuz. El petróleo Brent, que había superado los US$ 114/bbl, cayó un 16% en tres ruedas hacia los US$ 98/bbl, mínimos de dos semanas y la primera vez desde el año pasado que el petróleo cae por tres jornadas consecutivas.
La caída del combustible arrastró al aceite de soja en Chicago, que había alcanzado los USD 1.700/t el martes, máximos desde noviembre del 2022, y en la semana se operaba cerca de los USD 1.600/t. Aun así, el nivel actual de precios por el aceite se mantiene un 40% por encima de las cotizaciones preguerra.
Al mismo tiempo, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China también están en el ojo de la tormenta, con el mercado altamente expectante de lo que pueda ocurrir el próximo 14 y 15 de mayo, cuando Donald Trump visite suelo asiático, principalmente en materia de revalidar o conseguir nuevos compromisos de compras de soja. Hasta ahora solo 11,8 Mt de soja se comprometieron de la campaña 2025/26 desde USA a China, el volumen más bajo desde la 2006/07, cuando los asiáticos importaban 4 veces menos que en la actualidad. Mientras tanto, Sudamérica sigue siendo el epicentro de las compras de soja asiáticas.
En lo que va de la campaña y teniendo en cuenta las programaciones para este mes, Brasil estaría exportando 52,6 Mt de soja, superando el ritmo del año pasado y rompiendo récord de exportaciones hacia mayo. Del total, el 70% tendrían como destino suelo chino. En Argentina las compras asiáticas también se hacen sentir: un line-up de más de 800.000 toneladas de soja, y 2,5 Mt registradas en DJVE, aún más que la campaña pasada a esta altura.
Bajo este escenario, con cotizaciones internacionales por aceites vegetales cerca de récords históricos y China volcado al mercado sudamericano de soja, el esquema de precios relativos para el sector exportador argentino es casi tan extremo como el del año pasado: aceite de soja entre valores máximos, con cotizaciones FOB para la harina que en términos de poroto de soja queda “barata”. La principal diferencia durante este año es que el precio de exportación del aceite de soja se revalorizó en términos relativos respecto a la cosecha pasada, mientras que el nivel de precios de la harina se mantuvo prácticamente igual, elevando así el poder teórico de compra del sector en el mercado interno.
Sin embargo, la principal amenaza para el mercado global de soja actualmente es el nivel de “ruido” que debe enfrentar el mercado y la abultada posición de los fondos especulativos en Chicago. Los fondos llegaron a mantener la posición comprada más importante de la que se tenga registros en el complejo soja hacia fines de la semana pasada. Con los avances del acuerdo de paz, las ventas diarias fueron intensas y generalizadas para todos los commodities agro, convalidando tres ruedas consecutivas en rojo para granos y aceite. Aun así, el poder de fuego de los fondos especulativos es altísimo, exponiendo al mercado a eventuales recortes de posiciones y ajustes bruscos en precios frente a cambios de expectativas. En el marco de la soja, Ormuz y China son dos variables que claramente pueden disparar reajustes.
El mercado de maíz también siente el rigor de los fondos
El papel de los fondos especulativos es igual de relevante en el mercado de maíz, siendo el cereal el producto agro que más buscaron los fondos especulativos desde que comenzó a descontarse en el mercado las tensiones sobre Medio Oriente. La ampliación de cartera fue de 350.000 contratos comprados netos en poco más de tres meses, llegando a alcanzar la posición comprada en maíz más importante desde febrero del 2025.
Si bien el apetito por commodities agro fue general, el maíz junta algunos fundamentals propios en este escenario que justifican la dinámica actual:
• las frecuentes subas del precio del crudo y, en los últimos meses, su estabilización cerca de los US$ 100 el barril, lo que al maíz dado su carácter de materia prima para producir etanol (el cual tiene sustituibilidad parcial con el combustible fósil); • los altos costos de fertilización, dados los altos precios de la urea, lo que reduce el margen de sembrar maíz, llevando a algunos analistas a pensar que el área final sembrada sea menor de lo proyectado inicialmente por USDA; • la fuerte demanda externa: Estados Unidos tuvo una cosecha 2025/26 que fue récord y superó por amplio margen los volúmenes de años pasados. Aun así, los norteamericanos lograron colocar 77 millones de toneladas de maíz en los mercados de exportación al 30 de abril, de las 83,2 Mt que USDA proyectan se venderían. • las políticas de biocombustibles: Estados Unidos, entre otros importantes países productores agrícolas, están avanzando hacia mayores tasas de corte y políticas de uso de combustibles vegetales, que derivan en perspectivas de mayor demanda interna segura para los cultivos energéticos -entre ellos el maíz y la soja-, soportando mayores precios para estos.
En el orden de acontecimientos recientes, el rumor de que podría alcanzarse más pronto que tarde una tregua entre Estados Unidos e Irán provocando la caída del crudo, los fondos respondieron desarmando posiciones largas de maíz en CBOT. En consecuencia, el contrato más operado pasó de un máximo anual de US$ 191/t durante el lunes a terminar el jueves en 184/t y recortando.
Maíz argentino: exportaciones récord con un mercado comprador diversificado
Con un 38% de avance de cosecha de maíz, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), la abultada producción que salió de los puertos en el primer bimestre de campaña (marzo y abril) totaliza 9,76 millones de toneladas, según datos de INDEC marzo y de NABSA para abril. Esta cifra representa un incremento de 45% respecto al primer bimestre del año anterior, en el que se habían embarcado 6,70 Mt.
En la imagen anterior se aprecian los destinos de exportación del maíz argentino 2025/26. El principal comprador de la producción argentina fue Vietnam, con un 17%, seguido por Egipto (16%) y Argelia (13%). Comparando con el primer bimestre de campaña anterior, se registra una mayor participación de los países africanos, pintados de marrón oscuro. Estos acumularon cerca del 38% de las importaciones del cereal argentino, ganándole terreno al resto de regiones destino de la exportación.
El Gobierno de Misiones reunió este jueves en Posadas a productores, cooperativas, secaderos e industrias yerbateras en una mesa de diálogo convocada por el Ministerio del Agro y la Producción, con un objetivo: destrabar la crisis de precios que golpea al eslabón primario. Según lo expuesto en la reunión, el valor actual de la hoja verde se ubica alrededor de un 50% por debajo de los costos, lo que implica una pérdida de rentabilidad cercana al 70% para los productores.
El sector ya no cuenta con la herramienta que permitía fijar precios mínimos -atribución que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)– y la provincia solo puede tomar un rol de mediación. Pero el dato es que la Industria acudió casi en pleno y escuchó y expuso su posición en un diálogo abierto aunque no exento de tensión con los productores.
Durante el encuentro, los productores plantearon la necesidad de contar con precios de referencia que otorguen previsibilidad a la actividad, mientras que los representantes de los trabajadores rurales expusieron la compleja situación que atraviesa el sector, señalando el impacto directo de la desregulación sobre sus condiciones laborales y de ingresos. Se compartió un diagnóstico generalizado sobre las dificultades que atraviesan especialmente los sectores primarios de la cadena.
Los representantes de la industria misionera manifestaron su disposición a trasladar el planteo a sus respectivas cámaras y federaciones, con el objetivo de avanzar en una propuesta concreta que permita ordenar la discusión de precios. Desde el sector industrial con presencia en Corrientes -particularmente de la cooperativa de Colonia Liebig- se expusieron los valores actualmente abonados por la materia prima, destacando el vínculo con productores misioneros y reconociendo que la situación responde a múltiples factores que inciden sobre la rentabilidad del sector.
Del precio regulado a la negociación entre privados
El ministro del Agro, Facundo Sartori, explicitó en dialogo con Economis ese límite: la provincia no fija precios, pero intenta ordenar el conflicto. “Hoy los valores que se están pagando no cubren los costos”, advirtió, al tiempo que describió un mercado con fuerte asimetría: muchos productores frente a pocos molinos que concentran la capacidad de fijación de precios.
La dinámica actual, según se planteó, responde a un cambio estructural. La oferta de materia prima creció en los últimos años, mientras la demanda no acompañó en igual proporción. Esa combinación, en un esquema sin precios sostén, presiona a la baja el valor de la hoja verde.
El subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, recordó que este tipo de instancias de diálogo tiene antecedentes previos a la creación del INYM, y remarcó que, más allá de los desafíos, la existencia de ese organismo permitió durante años dotar de mayor previsibilidad al sector. Asimismo, advirtió que los períodos de libre mercado han sido históricamente los más adversos para el conjunto de los actores de la cadena.
Desde la industria, el diagnóstico no difiere en lo general, aunque incluye sus propios problemas. Gustavo Quatrin, de la Cooperativa Liebig, señaló a Economis que el aumento de exportaciones -que llegó a crecer un 37% interanual- se explica en gran medida por la caída de los precios locales, que volvió competitiva a la yerba argentina en el exterior. Sin embargo, ese impulso no alcanza para absorber el excedente: los stocks no bajaron y eso sigue condicionando los valores.
Qué se discute: precios, plazos y poder de mercado
El eje concreto de la negociación pasa por el precio de la materia prima y las condiciones de pago. La cooperativa Liebig anunció un incremento del 5% en los valores que paga por hoja verde y una reducción en el plazo de pago de 30 días, movimiento que fue leído por el Gobierno como un gesto inicial, aunque insuficiente.
Los productores cuestionaron que los precios actuales que ofrece la industria están entre 180 y 250 pesos por kilo, valores que, según afirmaron, no solo eliminan margen sino que generan pérdidas. “Cosechar es entrar en deuda”, sintetizó uno de los referentes.
La posibilidad de medidas de fuerza sigue latente. Algunos sectores ya evalúan sostener la no cosecha e incluso avanzar en cortes para interrumpir la circulación de materia prima, aunque la mayoría pretende seguir el camino de la negociación y el Gobierno busca evitar mediante la mediación. El dato político es que la Industria se sentó a la mesa y sus representantes no bloquearon la discusión. La producción, incluso los más exaltados, también mantuvo una posición negociadora.
El diagnóstico industrial hizo foco en otro dato: el mercado interno mantiene una demanda relativamente estable -definida como inelástica-, lo que limita la capacidad de absorber mayores volúmenes incluso con precios más bajos.
Al mismo tiempo, el crecimiento del mercado externo enfrenta barreras culturales y de escala. Quatrin explicó que la Cooperativa Liebig aunque exporta a más de veinte países, la participación sobre el total sigue siendo marginal, inferior al 2% en volumen. La expansión internacional, entonces, aparece como una estrategia de largo plazo, pero sin capacidad de resolver la sobreoferta inmediata.
El corrimiento del INYM como fijador de precios reconfigura el equilibrio de poder dentro de la cadena. Los molinos basan su capacidad de negociación en un contexto de sobreoferta, mientras los productores quedan están expuestos a la dinámica de mercado.
El Gobierno provincial, sin herramientas regulatorias directas, intenta ocupar un rol de articulador. La mesa de diálogo funciona como espacio de contención institucional, pero su efectividad depende de la voluntad de las partes de ceder posiciones.
La convocatoria a un cuarto intermedio por parte de las cámaras molineras marca el próximo punto de inflexión: deberán definir si avanzan hacia un precio común o sostienen estrategias individuales.
Ingreso rural en riesgo y tensión social
La caída de precios en la hoja verde impacta de forma directa en el ingreso de las familias productoras, que constituyen la base social de la actividad en Misiones. La pérdida de rentabilidad no solo compromete la cosecha actual, sino también la sostenibilidad de las chacras en el mediano plazo.
En paralelo, el encarecimiento del financiamiento -con tasas positivas- limita la capacidad de la industria para sostener stocks y pagar mejores precios, lo que complejiza aún más la ecuación.
La polémica por el auspicio de una marca brasileña de yerba mate a la Selección Argentina escaló en las últimas horas y dejó al descubierto un fenómeno poco habitual en la política nacional: un reclamo transversal que une a dirigentes del misionerismo con sectores del PRO alineados al oficialismo nacional.
A la iniciativa impulsada por los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, que solicitaron a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) revisar el acuerdo comercial, se sumó un documento del senador nacional Martín Goerling, referente del PRO y cercano al mileísmo, que endurece el tono y amplía el alcance del planteo.
El proyecto de declaración presentado por Goerling expresa un “profundo rechazo y enérgico repudio” a la decisión de la AFA de incorporar como sponsor a una yerba mate de origen brasileño, al considerar que la medida “perjudica de manera directa a las economías regionales” y desplaza a la industria nacional de uno de los espacios de mayor visibilidad global.
El dato político no es menor: el cuestionamiento ya no se limita al espacio provincial misionero, sino que alcanza a sectores opositores que, en otros temas, suelen acompañar la agenda del gobierno de Javier Milei. La yerba mate, en este caso, funciona como un eje de defensa productiva que trasciende alineamientos partidarios.
En sus fundamentos, tanto el proyecto de los senadores misioneros como el de Goerling coinciden en un punto central: la contradicción entre el carácter de “Infusión Nacional”, establecido por la Ley 26.871, y la decisión de promover una marca extranjera en uno de los principales símbolos del país.
Goerling advierte que la medida rompe con la tradición de acompañamiento de empresas nacionales a la Selección y constituye “un precedente lesivo para la soberanía productiva” de provincias como Misiones y Corrientes.
El planteo adquiere mayor peso al incorporar datos estructurales del sector: Misiones concentra el 88% de la superficie cultivada de yerba mate en Argentina, con más de 200 mil hectáreas, mientras que la actividad involucra a más de 13.000 explotaciones y sostiene el entramado económico de amplias zonas del noreste.
En ese contexto, los legisladores advierten que la decisión de la AFA no es un hecho aislado ni meramente comercial, sino que impacta directamente en la cadena productiva y en el empleo, en un momento en el que el sector ya muestra señales de deterioro.
Más que un sponsor: visibilidad, mercado y posicionamiento
El núcleo del conflicto no radica únicamente en la elección de una marca extranjera, sino en lo que representa la Selección Argentina como plataforma de posicionamiento global.
“La máxima vidriera deportiva del país” —como la define el documento— es también un espacio estratégico de marketing internacional. Ceder ese lugar a un competidor externo implica, según los legisladores, resignar una oportunidad clave para promover la producción nacional en mercados internacionales.
El argumento se refuerza con un dato simbólico: mientras el mate se consolida como parte de la identidad argentina a nivel global, impulsado incluso por la visibilidad de los campeones del mundo, la AFA opta por asociar esa imagen a un producto importado.
El reclamo comenzó en el ámbito productivo, con el planteo del diputado provincial Juan José Szychowski, pero rápidamente escaló al plano institucional y ahora suma volumen político en el Congreso.
La coincidencia entre el misionerismo y un sector del PRO alineado al oficialismo nacional introduce un elemento nuevo: la posibilidad de que el tema trascienda lo simbólico y se convierta en un punto de tensión concreta entre economías regionales y decisiones de actores privados con impacto público.
Aunque la AFA es una entidad de derecho privado, los proyectos presentados sostienen que su rol excede lo comercial por su peso cultural y representativo, lo que abre un debate más amplio sobre los límites entre mercado, identidad nacional y políticas de promoción productiva.
En ese escenario, la discusión por un sponsor deportivo se transforma en algo más profundo: un test sobre cómo se defienden —o se resignan— los espacios de visibilidad global de las economías regionales argentinas.
