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Misiones crea un registro para el sector fungi y apuesta a formalizar una economía emergente en las chacras

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El Gobierno de Misiones puso en marcha el Registro Provincial de Productores y Recolectores de Hongos Comestibles, una herramienta institucional que busca ordenar una actividad en expansión fungi dentro de la economía rural. La medida, implementada bajo la Ley VIII – Nº 114 y articulada entre el Ministerio del Agro y la Producción, la Secretaría de Agricultura Familiar y el IMiBio, introduce una decisión política concreta: visibilizar y formalizar un sector que hasta ahora crecía por fuera de los registros oficiales. La pregunta que se abre es si este paso logra transformar una práctica dispersa en un nuevo vector productivo o si quedará limitado a una política de reconocimiento sin escala económica.

El lanzamiento no es menor en el actual escenario provincial. La diversificación productiva aparece como una necesidad estratégica en las chacras misioneras, y el desarrollo del sector fungi se inserta en esa lógica: bajo costo de entrada, aprovechamiento del monte y potencial de agregado de valor.

Marco legal y construcción de información: la base del nuevo esquema

El registro se inscribe en una normativa que ya establece la promoción de la actividad, pero que ahora adquiere operatividad. El objetivo central es construir información: identificar productores, ubicar territorios, relevar especies y dimensionar volúmenes.

En términos institucionales, el movimiento implica un cambio de enfoque. El Estado deja de actuar solo como promotor y pasa a estructurar el sector. La falta de datos era el principal límite para diseñar políticas públicas específicas. Con el registro, se busca revertir esa asimetría.

El ministro del Agro, Facundo López Sartori, planteó la clave política de la medida: muchas de estas producciones existen, pero no forman parte del radar estatal. La formalización no es solo administrativa; es una forma de incorporar a estos actores en la agenda pública.

Desde Agricultura Familiar, Marta Ferreira reforzó el enfoque territorial. La actividad, señaló, ya está presente en chacras y comunidades rurales, aunque en escalas pequeñas. El registro, en ese sentido, busca legitimar ese conocimiento y transformarlo en una oportunidad económica más estable.

De la informalidad a los circuitos comerciales

El paso siguiente es más complejo. No se trata solo de registrar, sino de integrar. El esquema prevé capacitaciones técnicas y sanitarias, promoción de prácticas seguras de recolección y acceso a canales formales de comercialización, como ferias francas y mercados locales.

Ahí aparece el verdadero impacto económico. La posibilidad de incorporar hongos comestibles a circuitos formales implica pasar de una actividad marginal a una cadena con valor agregado. También abre la puerta a nuevos nichos en gastronomía y consumo saludable.

El rol del Instituto Misionero de Biodiversidad introduce otra dimensión: la investigación. La ley prevé fortalecer el estudio de especies nativas y su potencial productivo. En una provincia con alta biodiversidad, ese componente científico puede ser decisivo para escalar la actividad sin comprometer el ambiente.

Correlación de fuerzas y modelo productivo

En términos políticos, la medida fortalece el perfil del Gobierno provincial en la agenda de economías regionales. La articulación entre organismos muestra una estrategia de gestión que combina desarrollo productivo con inclusión rural.

El sector que resulta directamente beneficiado es el de la agricultura familiar, que encuentra en esta actividad una alternativa de diversificación. Al mismo tiempo, el Estado gana capacidad de intervención al ordenar un segmento que hasta ahora operaba con baja regulación.

No hay, por ahora, tensiones visibles con otros actores económicos. Pero sí se configura un nuevo espacio de política pública donde convergen producción, ambiente y ciencia. Ese cruce no es menor en una provincia donde el uso del monte y la biodiversidad forman parte de la discusión estructural.

Un punto de partida con interrogantes abiertos

La creación del registro marca un primer paso. El desafío será convertir la información en políticas concretas y, sobre todo, en escala productiva. Las personas interesadas en registrarse como cultivadores o recolectores de hongos comestibles pueden iniciar el trámite a través de la plataforma habilitada por el Ministerio del Agro en https://registro-hongos.rup-agro.com.ar/  o comunicarse al correo funga@agro.misiones.gob.ar

Habrá que observar si el Estado logra sostener el acompañamiento técnico, si los productores se integran efectivamente a los circuitos formales y si la actividad encuentra mercados que justifiquen su expansión.

También quedará bajo análisis cómo evoluciona la articulación entre conocimiento local y desarrollo científico. En ese equilibrio se juega buena parte del futuro del sector.

Por ahora, Misiones decidió intervenir. Ordenar antes que expandir. Registrar antes que regular en exceso. El resultado dependerá de lo que ocurra después de este primer movimiento.

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Productor yerbatero anticipa que no habrá safriña: precios bajos, pagos a plazos y crisis de ingresos

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Crisis en el sector yerbatero, el productor apostoleño Luis Andrusyszyn advierte que la safriña no se cosechará por falta de fondos y precios en caída

La cosecha 2024 de yerba mate dejó un saldo “económicamente nefasto”, según describe un productor de la zona sur de Misiones, afectado por precios muy por debajo de lo acordado, pagos que se extendieron hasta 180 días y un escenario de desfinanciamiento generalizado. La gravedad del cuadro anticipa una decisión inédita: hasta el 70% de los productores analiza no realizar la safriña, lo que podría impactar en toda la cadena yerbatera.

Precios por debajo del convenio, plazos extendidos y costos que no cierran

En diálogo con Economis, el productor apostoleño Luis Andrusyszyn sintetizó el problema: “El balance fue económicamente bastante nefasto. Se pagaron malos precios y hubo plazos de hasta 180 días. Muchos todavía no cobraron la cosecha anterior”.

El convenio sectorial había fijado valores de referencia de $305 por kilo de hoja verde, con la posibilidad de llegar a $320 como compensación. Sin embargo, según el testimonio, ocurrió lo contrario.

Muy pocos particulares pagaron los $305 durante un breve lapso. Los precios “hicieron efecto hacia abajo”, con registros que en otras zonas rurales cayeron hasta $180 por kilo. En la zona sur, la liquidación terminó entre $250 y $290, pero a plazos de 30, 60 y 90 días, lo que trasladó el costo financiero al productor.

El costo real de cosecha —considerando mano de obra, transporte e impuestos— osciló entre $330 y $340 “en blanco”. En el circuito informal, los valores rondaron los $80 a $90, aunque sin garantías laborales ni cumplimiento normativo.

“Si recibís cheques a 30, 60 y 90 días, el costo financiero lo paga el productor. Eso termina llevando el precio real a $250”, explicó.

La safriña en riesgo: falta de circulante y un consenso creciente para no cosechar

El impacto financiero se traduce ahora en una advertencia directa: “Hoy ya no conviene cosechar los yerbales. No hay dinero para hacer la safriña”, señaló Andrusyszyn.

La safriña —la cosecha de verano que complementa el ciclo anual— requiere desembolsos semanales inmediatos para pagar: jornales, fletes, carga y logística, combustibles y servicios.

Sin ingresos previos, muchos productores afirman no poder asumir esos costos.

Según el testimonio: Hasta el 70% del sector ya consensuó no realizar la safriña. Algunas empresas industriales decidieron que no recibirán hoja verde de terceros, sino solo de sus propios yerbales. La falta de circulante agrava la situación: “No hay dinero en la calle para afrontar los costos operativos”.

La decisión implicaría una reducción temporal del volumen disponible en 2025, con consecuencias en el abastecimiento, el empleo rural y los ingresos regionales.

Repercusiones para la economía misionera

La queja más reiterada del sector apunta al vacío normativo tras la eliminación del esquema de precios de referencia del INYM.

“Cuando estaba el instituto, había un precio base y se respetaba. También los plazos”, recordó el productor.

Sin una regulación que ordene precios, plazos y condiciones de pago, el mercado se volvió más volátil y desigual entre actores: algunas cooperativas pagaron $370 a $380 a socios. Otras industrias pagaron entre $280 y $305 a proveedores particulares. El resto del mercado quedó librado a negociaciones a la baja.

La posible suspensión de la safriña implicaría: menos actividad para cosecheros y fleteros, contracción en los ingresos rurales, menor flujo hacia secaderos y cooperativas, tensiones adicionales en la cadena de valor.

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