Economía

ARCA instala anticipo de Ganancias para exportadores de oro, plata y platino

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un régimen específico de percepción del Impuesto a las Ganancias para las exportaciones de oro, plata y platino que se realizan sin transferencia de dominio, cuando los metales son enviados al exterior para refinación, procesamiento y/o depósito. La medida quedó formalizada a través de la Resolución General 5815/2026, publicada el 16 de enero de 2026, y apunta a reforzar los mecanismos de control fiscal y aduanero sobre un sector considerado estratégico por su aporte en divisas y su inserción en los mercados internacionales.

La normativa impacta de manera directa sobre operadores mineros y comercializadores de metales preciosos que utilizan esquemas internacionales de procesamiento fuera del país, estableciendo una percepción del 1% del Impuesto a las Ganancias en el momento de la exportación, aun cuando no exista una realización económica inmediata de los bienes.

Alcance del régimen y fundamentos fiscales

La resolución se enmarca en un diagnóstico oficial que reconoce que la extracción, refinación y comercialización de metales preciosos constituye un sector clave para la generación de divisas, la inversión productiva y la integración internacional de la Argentina. Sin embargo, ARCA advirtió que en la operatoria internacional es habitual la utilización de esquemas de procesamiento o depósito en terceros países, sin transferencia de dominio, lo que dificulta el seguimiento fiscal y la trazabilidad económica de las operaciones.

En ese contexto, el organismo consideró necesario asegurar adecuados mecanismos de recaudación, información y control, con el objetivo de prevenir maniobras abusivas y resguardar el interés fiscal. Por ello, el régimen alcanza a las exportaciones para consumo de oro, plata y/o platino, en cualquiera de sus etapas de elaboración, incluido el bullón dorado, siempre que no se produzca la transmisión de dominio y que la exportación tenga como finalidad su refinación, depósito para posterior venta u otros fines similares.

Quedan comprendidas aquellas operaciones en las que se emita factura de exportación “E” con valor “0”, consignando el CUIT PAÍS del destino y la identificación del propio exportador como emisor receptor, y que cuenten con un contrato respaldatorio que acredite el motivo del egreso al exterior. En los casos de contratos de depósito, deberán detallarse las partes intervinientes, la vigencia y las tarifas o montos acordados.

Percepción del 1%, rol de Aduana y plazos de ingreso

La Dirección General de Aduanas actuará como agente de percepción del impuesto. El monto a ingresar se calculará aplicando una alícuota del 1% sobre el valor considerado a los fines de los derechos de exportación, conforme al punto “ES03: Exportación de concentrado de minerales” del Anexo I de la Resolución General 5.626.

La percepción deberá determinarse al momento de la liquidación de los tributos aduaneros y abonarse dentro de los quince (15) días hábiles posteriores al libramiento de la mercadería, a través del Sistema Informático MALVINA (SIM), mediante la Liquidación Malvina Anticipada (LMAN), motivo GAEX, según el procedimiento establecido por la Resolución General 2.161.

El incumplimiento del pago dentro del plazo previsto habilitará la suspensión prevista en el inciso c) del artículo 1.122 del Código Aduanero (Ley 22.415), hasta la cancelación total de la obligación. Además, el ingreso fuera de término devengará los intereses resarcitorios previstos en el artículo 37 de la Ley 11.683, desde el vencimiento original hasta el pago efectivo.

Carácter del impuesto e información trimestral obligatoria

ARCA estableció que la percepción tendrá carácter de impuesto ingresado y podrá ser computada en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal en el que se produzca la transferencia onerosa de la mercadería exportada, ya sea en el mismo estado en que salió del territorio aduanero o luego de un proceso de transformación.

No obstante, la normativa aclara que este importe no será computable para la determinación de anticipos del impuesto ni para solicitar la reducción de dichos anticipos, lo que introduce un efecto financiero relevante para las empresas alcanzadas.

En paralelo, se creó un régimen de información obligatorio. Los sujetos comprendidos deberán presentar trimestralmente una certificación emitida por un profesional independiente en ciencias económicas, que acredite —sobre la base de la documentación respaldatoria y la contabilidad del contribuyente— la calidad y cantidad de los metales exportados, con identificación de las destinaciones aduaneras asociadas. La información deberá remitirse dentro de los quince (15) días corridos posteriores al vencimiento de cada trimestre, mediante el servicio “Presentaciones Digitales”, trámite “Régimen Informativo exportación de metales preciosos”.

Impacto sectorial y proyección

La implementación del régimen introduce un nuevo esquema de control fiscal y financiero sobre la exportación de metales preciosos sin transferencia de dominio, una práctica habitual en la industria minera internacional. Para el sector, la medida implica mayores obligaciones de información, un costo financiero anticipado vía percepción y un refuerzo del seguimiento aduanero de las operaciones.

Desde la perspectiva institucional, la resolución se apoya en las facultades conferidas por la Ley 11.683, la Ley de Impuesto a las Ganancias, el Decreto 618/1997, el Decreto 953/2024 y el Decreto 13/2025, consolidando el rol de ARCA como organismo central en la fiscalización de actividades estratégicas vinculadas a la generación de divisas.

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Más financiamiento externo: Telecom consiguió US$ 600 millones y refuerza su plan de inversiones

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Telecom Argentina concretó una nueva colocación de deuda por US$ 600 millones en el mercado internacional, en una operación que recibió un fuerte respaldo de los inversores y que, además, favorece la acumulación de reservas del Banco Central. La emisión se realizó en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta US$ 4.200 millones, aprobado por la Comisión Nacional de Valores, y se destacó por su elevada demanda, el plazo alcanzado y la tasa obtenida.

La operación se inscribe en un contexto en el que empresas de primera línea vuelven a acceder al financiamiento externo, aportando divisas al sistema financiero local y contribuyendo a fortalecer la posición cambiaria, en línea con la estrategia oficial de recomposición de reservas.

Demanda récord y condiciones financieras destacadas

En esta emisión puntual, Telecom recibió ofertas por US$ 2.427 millones, a través de 174 órdenes, lo que permitió adjudicar un monto final de US$ 600 millones. De este modo, la demanda resultó 3,3 veces superior al monto emitido, un dato que refleja el apetito de los inversores por activos corporativos argentinos de alta calificación relativa.

Este resultado refleja la consistencia de la estrategia de negocios de la compañía y la solidez de su desempeño operativo, factores que generaron un fuerte respaldo por parte de inversores institucionales”, destacó la empresa en un comunicado oficial.

Los títulos se estructuraron a un plazo final de 10 años, con vencimiento el 20 de enero de 2036, y un plazo promedio de 9,5 años. La colocación se realizó a una tasa fija nominal anual del 8,50%, con un rendimiento del 8,625%, lo que representa el nivel más bajo de todas las emisiones internacionales de Telecom desde 2019. Además, la operación logró una compresión de 50 puntos básicos frente a la referencia inicial brindada al mercado.

Por estas características, la emisión se destacó por alcanzar uno de los plazos más largos en la historia de la compañía y por concentrar el mayor volumen de interés de inversores para una emisión corporativa argentina desde la reapertura del mercado internacional en 2024.

Destino de los fondos y estrategia de largo plazo

Según informó la empresa, los fondos obtenidos se destinarán principalmente a la gestión activa del perfil de deuda, incluyendo la refinanciación de pasivos existentes, entre ellos préstamos asociados a la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA). El objetivo es preservar un nivel de apalancamiento consistente con el plan financiero de largo plazo.

En paralelo, la operación permitirá seguir respaldando el plan de inversiones, que durante 2025 ascendió a aproximadamente US$ 2.000 millones, orientado a sostener y ampliar la infraestructura tecnológica y los servicios de conectividad.

Desde una mirada macroeconómica, este tipo de colocaciones corporativas en dólares contribuye a mejorar la oferta de divisas, facilita la acumulación de reservas por parte del Banco Central y envía una señal positiva al mercado financiero respecto de la capacidad de las empresas argentinas para acceder a financiamiento en condiciones competitivas, aun en un contexto de riesgo país elevado.

Participación de bancos globales y colocadores locales

La emisión contó con la participación de J.P. Morgan, BBVA, Santander, Citigroup y Deutsche Bank Securities como Global Coordinators y Joint Bookrunners en el exterior. En el ámbito local, actuaron como colocadores Banco Santander Argentina, ICBC Argentina, Macro Securities, Balanz Capital, Latin Securities y Banco CMF.

El amplio respaldo de entidades financieras internacionales y locales refuerza el carácter estratégico de la operación y consolida a Telecom como uno de los principales emisores corporativos argentinos en el mercado de capitales global.

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El dólar oficial cayó 0,8% y quedó 7,2% debajo del techo de la banda tras fuertes compras del BCRA

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El dólar oficial profundizó su tendencia bajista y registró este jueves la mayor caída en dos meses, en un contexto marcado por una fuerte intervención del Banco Central y por el respaldo explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI) al ritmo de acumulación de reservas. La baja del tipo de cambio se dio pese a un escenario financiero más tenso, con caídas en acciones y bonos y un riesgo país nuevamente cerca de los 600 puntos.

El movimiento del mercado cambiario se produjo luego de que la portavoz del FMI, Julie Kozack, destacara que la compra de divisas por parte del Banco Central “empezó el año a un ritmo más rápido de lo previsto”, una señal que fue leída como un respaldo institucional a la estrategia oficial de intervención.

Fuerte intervención del BCRA y caída del tipo de cambio

Durante la jornada del jueves, el Banco Central compró US$ 187 millones, el mayor saldo neto positivo en diez meses, y encadenó así ocho ruedas consecutivas con compras. Sin embargo, el impacto sobre las reservas fue limitado: según fuentes oficiales, la autoridad monetaria debió afrontar pagos por unos US$ 100 millones a organismos internacionales, lo que dejó una suba marginal de US$ 37 millones en las reservas brutas, que cerraron en US$ 44.717 millones. También incidió el avance del precio del oro, que subió 1% y alcanzó un nuevo máximo histórico.

En ese marco, el dólar minorista en el Banco Nación cayó $10 (-0,7%) y cerró en $1.470, mientras que el tipo de cambio mayorista retrocedió 0,8% hasta $1.441, la caída más profunda desde el 17 de noviembre. De esta manera, el dólar quedó 7,2% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado actualmente en $1.544,4, lo que representa la mayor brecha con el límite superior en dos meses.

El volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) alcanzó los US$ 410 millones, muy por encima del registro de la rueda previa. La atención del mercado quedó puesta en qué proporción de ese monto fue absorbida por el Banco Central.

Reservas, mercado de futuros y señales del inicio de 2026

La magnitud de la intervención oficial volvió a llamar la atención. El miércoles previo, el BCRA habría comprado cerca del 70% del volumen operado en el segmento de contado, que fue de US$ 269 millones, muy por encima del objetivo habitual del 5%. En el mercado de futuros, en tanto, se negociaron US$ 567 millones. Operadores señalaron que el Banco Central no apareció activo “en pantalla” y estimaron que las compras se realizaron mediante operaciones en bloques, una modalidad ya utilizada anteriormente por el Tesoro.

Desde la autoridad monetaria explicaron que no todas las compras impactan de manera directa en las reservas, ya que depende del origen de los dólares: aquellos que ya estaban depositados en el sistema financiero pasan de reservas brutas a netas, mientras que solo los flujos provenientes del exterior incrementan el stock total.

En paralelo, el mercado de futuros siguió mostrando tasas implícitas elevadas. Desde Adcap Grupo Financiero señalaron que se mantuvieron por encima del 30%, con valores cercanos al 35% en los tramos cortos, niveles que consideran altos frente a la tasa de caución, que cerró en 20,5% a un día.

Según Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, “en los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó 12 pesos, una dinámica similar a la de la semana anterior”. Con la baja de este jueves, agregó, el dólar mayorista volvió a ubicarse cerca de los valores registrados el 26 de diciembre.

Un contexto financiero más tenso

La caída del dólar oficial se produjo en un contexto financiero adverso. En el plano bursátil, se registraron fuertes bajas en acciones y bonos, mientras que el riesgo país volvió a acercarse a los 600 puntos, arrastrado por una mala rueda en Wall Street y por un dato de inflación de diciembre más alto de lo esperado, que no estaba plenamente incorporado en los precios.

Aun así, el respaldo del FMI a la política de acumulación de reservas y la continuidad de las compras del Banco Central refuerzan la estrategia oficial de anclar expectativas cambiarias en el inicio de 2026, en un escenario donde el equilibrio entre intervención, tasas y contexto financiero externo seguirá siendo determinante.

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Tarifas de energía: el nuevo sistema de subsidios regirá desde febrero y cambia el criterio de acceso

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El Ejecutivo nacional demoró la puesta en marcha del nuevo esquema de subsidios a las tarifas de gas, electricidad y garrafas, que finalmente entraría en vigencia en febrero. La postergación responde a pasos administrativos pendientes y trasladará el impacto en las boletas recién a marzo, en el marco de un rediseño profundo del sistema de asistencia energética que elimina la segmentación por ingresos y avanza hacia un modelo focalizado.

La decisión introduce un compás de espera en una de las reformas clave de la política energética, con impacto directo sobre hogares, empresas distribuidoras y las cuentas públicas. Si bien el nuevo régimen ya fue definido por decreto, su aplicación efectiva quedó sujeta a la reglamentación y a la actualización formal de los precios mayoristas de la energía.

Demoras administrativas y nuevo cronograma de aplicación

Según confirmaron fuentes oficiales, la implementación del nuevo esquema de subsidios se retrasó debido a que aún resta la publicación de un decreto reglamentario y, posteriormente, la Secretaría de Energía debe oficializar los nuevos precios del gas y de la generación eléctrica. La falta de cumplimiento de esos pasos administrativos impidió que el régimen entre en vigencia en enero, como se preveía inicialmente.

Con ese escenario, el Gobierno ahora apunta a que el nuevo sistema comience a regir en febrero, mientras que el impacto en las facturas se reflejaría recién a partir de marzo, una vez que los cuadros tarifarios actualizados lleguen a los usuarios finales.

En el Ejecutivo confían en completar el proceso normativo en las próximas semanas para evitar nuevas dilaciones, en un contexto de fuerte presión fiscal y de revisión integral de los subsidios económicos.

Fin de la segmentación y nacimiento de los Subsidios Energéticos Focalizados

Aunque su aplicación quedó demorada, el nuevo esquema ya fue establecido por el Decreto 943, publicado el 2 de enero en el Boletín Oficial, y marcó un punto de inflexión en la política tarifaria. La norma puso fin al sistema de segmentación por ingresos vigente desde 2022, que dividía a los usuarios residenciales en tres niveles, y lo reemplazó por un modelo simplificado de dos grupos: hogares que reciben subsidios y hogares que pagan el costo pleno de la energía.

El régimen fue denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y tiene como objetivos centrales trasladar de manera gradual los costos reales de la energía, promover un consumo más eficiente y garantizar un acceso básico para los sectores más vulnerables.

Según el decreto, el acceso a la asistencia estatal quedará limitado a los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), tomando como referencia los valores del Indec a noviembre de 2025. Este criterio redefine el universo de beneficiarios y apunta a concentrar el gasto público en los sectores de menores recursos.

Topes de consumo, control y un registro unificado de beneficiarios

Además de redefinir quiénes acceden al subsidio, el nuevo esquema introduce bloques de consumo base diferenciados para la electricidad. Durante los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, el consumo subsidiado será de hasta 300 kilovatios hora (kWh) mensuales. En cambio, en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, el tope se reducirá a 150 kWh mensuales.

La normativa también habilita a la Secretaría de Energía a fijar consumos diferenciados para zonas frías y regiones más cálidas, reconociendo las particularidades climáticas del país. Asimismo, la autoridad energética podrá revisar periódicamente los volúmenes subsidiados y las bonificaciones, con el objetivo de sostener la gradualidad del esquema y acompañar la adopción de hábitos de consumo más eficientes.

En paralelo, el Gobierno creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que dependerá del Ministerio de Economía y se apoyará en la base de datos del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), vigente desde 2022. Las personas que ya estaban inscriptas no deberán realizar un nuevo trámite, ya que la información será migrada automáticamente, aunque podrán actualizar sus datos mediante una declaración jurada.

Impacto esperado y señales al mercado energético

La postergación del nuevo esquema introduce una breve tregua para los usuarios residenciales, pero mantiene latente el debate sobre el impacto en las boletas y la reducción del gasto en subsidios, uno de los objetivos centrales de la política económica. Para las empresas del sector energético, la definición de los nuevos precios mayoristas será clave para recomponer ingresos y previsibilidad, mientras que para el Estado el desafío pasa por sostener la asistencia sin profundizar el desequilibrio fiscal.

Con la mira puesta en febrero y marzo, el Gobierno busca avanzar en un rediseño estructural de los subsidios energéticos, en un contexto de ajuste gradual, revisión del rol del Estado y presión sobre los ingresos de los hogares.

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Las canastas básicas subieron 4,1% en diciembre y volvieron a superar a la inflación: una familia necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

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El fuerte aumento de los alimentos impulsó en diciembre un salto del 4,1% tanto en la canasta básica alimentaria como en la canasta básica total, según el INDEC. Así, una familia tipo requirió ingresos por $1.308.713 para no caer bajo la línea de pobreza y $589.510 para no ser considerada indigente, en un contexto en el que las canastas volvieron a crecer por encima del índice general de inflación.

Los datos surgen del informe de Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y correspondiente a diciembre de 2025. El relevamiento confirma que el cierre del año estuvo marcado por una presión sostenida sobre los precios de los alimentos, con impacto directo sobre los indicadores de pobreza e indigencia y sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Alimentos como principal motor del aumento y cierre de año con subas superiores a la inflación

Según el informe oficial, la canasta básica total (CBT), que define el umbral de pobreza, registró en diciembre una suba mensual del 4,1%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA), utilizada para medir la indigencia, también avanzó 4,1%. Ambas variaciones se ubicaron por encima de la inflación del mes, que fue del 2,5%.

En términos acumulados, la CBT cerró 2025 con un incremento del 27,7%, mientras que la CBA acumuló una suba aún mayor, del 31%. Esta dinámica refleja que los precios de los alimentos continúan creciendo a un ritmo superior al promedio general, una tendencia que impacta con mayor intensidad en los hogares de menores ingresos.

Para diciembre, el INDEC detalló que una familia tipo necesitó $589.510 mensuales para no ser indigente y $1.308.713 para no ser pobre. En noviembre de 2025, esos valores eran de $566.364 y $1.257.329, respectivamente, lo que evidencia un salto significativo en apenas un mes.

Evolución mensual, brecha con la inflación y señales de tensión social

El informe también destaca que en noviembre de 2025 la variación mensual de la CBA había sido del 4,1%, mientras que la CBT había aumentado 3,6%, ambas por encima de la inflación de ese mes, que se ubicó en 2,5%. La persistencia de esta brecha confirma que los alimentos siguen siendo el principal factor de presión sobre las canastas de pobreza e indigencia.

A nivel territorial, se observaron dinámicas similares. En la Ciudad de Buenos Aires, el aumento de los precios de la carne y sus derivados, junto con frutas y verduras, impulsó en diciembre una suba del 3,3% en la canasta de indigencia y del 3% en la canasta de pobreza, también por encima de la inflación promedio porteña, que fue del 2,7%.

Estos movimientos refuerzan la preocupación sobre la evolución del costo de vida y su impacto distributivo, especialmente en un contexto en el que los salarios y los ingresos informales muestran dificultades para acompañar el ritmo de los precios de los bienes esenciales.

Clase media: ingresos cada vez más exigentes para sostener el nivel de vida

El informe también expone la presión creciente sobre los sectores medios. Para ser considerada de clase media, una familia tipo debió incrementar sus ingresos en noviembre en más de $50.000, alcanzando los $2.128.461 mensuales, frente a los $2.076.904 del mes previo, siempre sin contemplar el costo del alquiler.

Cuando se incorpora el gasto en vivienda, el umbral se eleva aún más: con alquiler incluido, el ingreso necesario para sostener un nivel de vida de clase media superó los $3.200.000 mensuales. Este dato refuerza la tensión estructural que atraviesa a los hogares urbanos, donde la vivienda y los alimentos concentran una porción cada vez mayor del presupuesto familiar.

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