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Misiones elimina niveles jerárquicos en nueve jurisdicciones y reordena la estructura del Poder Ejecutivo

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua dictó el Decreto N° 267 el 24 de febrero de 2026 y dispuso la supresión de distintos niveles jerárquicos en ministerios y secretarías de Estado. La medida, amparada en la Ley I – N° 70 (ex Ley 2.557), apunta a “racionalizar, modernizar y agilizar” la administración pública provincial, sin vincular la decisión a un sobredimensionamiento de personal. Las jurisdicciones deberán adecuar sus diseños organizacionales en un plazo de 90 días.

En una decisión con impacto institucional y administrativo, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Misiones oficializó una reconfiguración de su estructura orgánica mediante el Decreto N° 267, firmado en Posadas el 24 de febrero de 2026. La norma dispone la supresión de niveles jerárquicos en distintas jurisdicciones, conforme al detalle de los Anexos I a IX, y redefine la dependencia funcional de las unidades de conducción alcanzadas.

La medida se inscribe en las facultades conferidas por el Artículo 41° de la Ley I – N° 70 (antes Ley 2.557), Ley de Ministerios, que habilita al Poder Ejecutivo a “disponer las medidas necesarias para asegurar el adecuado desenvolvimiento de la Administración Pública Provincial”.

Racionalización administrativa: qué cambia y a quiénes alcanza

El Artículo 1° del decreto establece que, “a partir de la fecha del presente Decreto”, se suprimen los niveles jerárquicos de las diferentes jurisdicciones detalladas en los anexos. El alcance abarca áreas de:

  • Gobernación (Jurisdicción 02)
  • Ministerio de Gobierno (Jurisdicción 03)
  • Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos (Jurisdicción 04)
  • Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud (Jurisdicción 05)
  • Ministerio de Salud Pública (Jurisdicción 06)
  • Ministerio del Agro y la Producción (Jurisdicción 07)
  • Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables (Jurisdicción 08)
  • Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Jurisdicción 09)
  • Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración (Jurisdicción 11)
  • Ministerio de Trabajo y Empleo (Jurisdicción 12)
  • Ministerio de Turismo (Jurisdicción 14)
  • Ministerio de Deportes (Jurisdicción 15)
  • Ministerio de Industria (Jurisdicción 16)
  • Secretaría de Estado de Energía (Jurisdicción 17)
  • Secretaría de Estado de Agricultura Familiar (Jurisdicción 18)
  • Secretaría de Estado de Cultura (Jurisdicción 19)
  • Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas (Jurisdicción 20)
  • Secretaría de Estado de Cambio Climático (Jurisdicción 21)

En términos operativos, el Artículo 2° determina que las Unidades de Conducción dependientes de las áreas eliminadas pasarán a depender de la Unidad Superior de la jurisdicción correspondiente. Esto implica una concentración de la cadena de mando, con menor estratificación jerárquica y mayor centralización funcional en cada ministerio o secretaría.

A su vez, el Artículo 3° fija un plazo de 90 días para que las jurisdicciones adecuen sus respectivos diseños organizacionales, lo que obligará a redefinir manuales de funciones, organigramas y circuitos administrativos internos.

Fundamentos oficiales: eficiencia sin ajuste de personal

En los considerandos, el decreto sostiene que, tras un “análisis exhaustivo de la estructura orgánica vigente”, se detectó que “ciertos niveles jerárquicos, varios de ellos vigentes desde hace tiempo, presentan un grado de funcionamiento que torna aconsejable su eliminación”.

El texto enfatiza que la adecuación “no se vincula al sobredimensionamiento del personal administrativo”, y subraya que Misiones mantiene históricamente una de las menores relaciones de empleados públicos por habitante del país, lo que —según el decreto— “evidencia un modelo de gestión responsable y equilibrado en materia de recursos humanos”.

En esa línea, la supresión de niveles jerárquicos se presenta como una reingeniería organizacional, más que como una política de ajuste cuantitativo. El objetivo declarado es “fortalecer la coherencia interna de las jurisdicciones y optimizar la capacidad operativa de las áreas que cumplen funciones sustantivas”.

Desde el punto de vista institucional, la medida se apoya en la potestad del Ejecutivo para rediseñar su estructura, sin necesidad de modificar la Ley de Ministerios, dado que el Artículo 41° le otorga margen para reorganizar niveles y dependencias.

Eficiencia, control y gobernanza

Si bien el decreto no explicita cifras de ahorro fiscal, la eliminación de niveles jerárquicos suele traducirse en:

  1. Reducción de superposiciones funcionales y duplicidad de firmas.
  2. Agilización de trámites administrativos, al acortar la cadena de validaciones.
  3. Mayor concentración de responsabilidad política en las unidades superiores.

En el plano presupuestario, la medida podría impactar en partidas vinculadas a cargos jerárquicos suprimidos, aunque el texto no menciona recortes ni reasignaciones específicas. La clave estará en cómo cada jurisdicción reconfigure su estructura dentro del plazo de 90 días.

Desde el punto de vista político, el decreto consolida un esquema de centralización estratégica en las Unidades Superiores, lo que puede fortalecer la coordinación interministerial, pero también exige mayor capacidad de gestión en las cúpulas administrativas.

Además, la norma dispone que el decreto será refrendado por los Ministros de Coordinación General de Gabinete y de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, y ordena su comunicación a las áreas competentes, incluida la Dirección General de Coordinación del Sector Público y la Dirección de Liquidaciones de Contaduría General.

Boletin Oficial Misiones 25 02 2026 by CristianMilciades

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ARCA flexibiliza el uso de instrumentos fiscales para cigarrillos nacionales y extiende una excepción operativa hasta 2027

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una modificación operativa en el régimen de control fiscal aplicable a los cigarrillos nacionales, al habilitar de manera excepcional el uso de instrumentos fiscales de color verde en reemplazo de los violetas. La medida, formalizada mediante la Resolución General 5829/2026, apunta a garantizar la continuidad del cumplimiento tributario ante limitaciones en la disponibilidad de los insumos de control y tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2027.

La decisión se enmarca en el esquema de determinación e ingreso de los impuestos internos a los cigarrillos y del adicional de emergencia, regulado originalmente por la Resolución General N° 2.445. En términos prácticos, la norma introduce una flexibilización puntual que impacta directamente sobre la operatoria de las empresas manufactureras de tabaco y sobre los mecanismos de fiscalización del organismo recaudador.

Ajuste operativo en el sistema de identificación fiscal

La Resolución General N° 2.445 había establecido, en su artículo 7°, un sistema de identificación por colores para los instrumentos fiscales de control utilizados en el expendio de cigarrillos nacionales, según la modalidad de comercialización. El esquema vigente define el color azul para paquetes cerrados de veinte (20) cigarrillos, verde para envases de diez (10) unidades y violeta para cualquier otra unidad de medida adoptada por las empresas manufactureras.

Sin embargo, según expone la nueva resolución, razones operativas vinculadas con la disponibilidad de dichos instrumentos motivaron a la ARCA a introducir una excepción temporal. En concreto, se habilita el uso de instrumentos de color verde en sustitución de los violetas para los supuestos previstos en el punto 1.3 del inciso a) del artículo 7° de la norma original, siempre que se trate de cigarrillos de producción nacional.

Desde el organismo señalaron que la medida busca posibilitar el cumplimiento de la obligación de identificación fiscal, evitando que problemas logísticos o de abastecimiento de insumos deriven en incumplimientos formales o interrupciones en la cadena de comercialización.

Alcance normativo y vigencia de la excepción

El artículo 1° de la Resolución General 5829/2026 establece que la utilización de instrumentos fiscales de control de color verde, en reemplazo de los violetas, será admitida con carácter excepcional hasta el 28 de febrero de 2027. Se trata, por lo tanto, de una ventana temporal amplia, que otorga previsibilidad a los operadores del sector tabacalero.

La norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, conforme lo dispone el artículo 2°, y se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024 y el artículo 8° del Decreto N° 13 del 6 de enero de 2025.

En el proceso de elaboración intervinieron la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Fiscalización y Administración, lo que refuerza el encuadre técnico y legal de la decisión.

Impacto en la fiscalización

Desde el punto de vista económico e institucional, la resolución introduce un alivio operativo para las empresas manufactureras de cigarrillos, que podrán continuar con sus esquemas de producción y comercialización sin verse condicionadas por la falta de instrumentos fiscales de un color específico. Al mismo tiempo, la ARCA preserva el esquema de control y fiscalización de los impuestos internos, evitando vacíos normativos o situaciones de informalidad.

Para el Estado, la medida apunta a resguardar la recaudación de un tributo sensible, tanto por su peso fiscal como por su rol en las políticas de control del consumo. Para el sector privado, en cambio, implica una señal de flexibilidad administrativa en un contexto donde los costos operativos y regulatorios son un factor clave.

La resolución lleva la firma del director ejecutivo de la ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, y fue publicada el 25 de febrero de 2026, consolidando un ajuste técnico que, sin modificar la estructura del impuesto, introduce una adaptación relevante en la mecánica diaria de control fiscal.

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Posadas avanza con operativos sanitarios y de mantenimiento hacia el inicio de clases

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La Municipalidad de Posadas, en conjunto con el Gobierno de Misiones, llevó adelante este martes un nuevo operativo “Escuela Segura” en el barrio Villa Cabello. Se realizaron trabajos de limpieza, fumigación y acondicionamiento en la Escuela Nº 721, la Escuela Nº 42 y el NENI 2004, con el objetivo de dejar en condiciones los establecimientos de cara al inicio de clases.

En este marco, las cuadrillas municipales avanzaron con tareas de descacharrización para eliminar posibles criaderos de mosquitos, fumigación en los predios escolares y despeje de malezas y residuos en los alrededores. Estas acciones forman parte de un esquema integral que se replica en distintos puntos de la ciudad en la previa al comienzo de clases.

El operativo apunta a mejorar las condiciones sanitarias y de infraestructura en las instituciones educativas, en un contexto donde la prevención de enfermedades y el mantenimiento de los espacios escolares resultan clave para el normal desarrollo de las actividades..

Desde la comunidad educativa, destacaron la importancia de estas intervenciones. Raquel Oviedo, docente de la Escuela Nº 721, señaló que la institución mantiene el proceso de inscripción de alumnos para el nuevo ciclo.

“Estamos inscribiendo alumnos, los chicos están viniendo a anotarse. Funcionamos de primero a séptimo grado y además contamos con áreas especiales como tecnología, música, danza, inglés, jardinería y huerta”, explicó.

La docente también remarcó el funcionamiento de la escuela de adultos que comparte el edificio en horario nocturno. Allí se organizan distintos ciclos educativos y una amplia oferta de talleres orientados a la salida laboral.

“Tenemos talleres que son muy demandados, como peluquería y refrigeración, donde muchas veces falta lugar por la cantidad de interesados. También hay electrónica, reciclaje, corte y confección, fotografía, cocina y repostería, informática, canto y guitarra, y cuidado del adulto mayor”, detalló.

En ese sentido, subrayó el impacto social de estas propuestas: “Son herramientas concretas para que las personas puedan trabajar y generar ingresos. Es muy importante para el barrio”.

Respecto a la matrícula, Oviedo precisó que durante el año pasado la Escuela Nº 721 contó con alrededor de 400 alumnos entre ambos turnos, mientras que la escuela de adultos alcanzó los 263 estudiantes.
“Es una matrícula muy buena. Se nota que la gente quiere salir adelante, progresar. En la escuela de adultos vienen porque quieren, porque les interesa y valoran la calidad de los profesores”, afirmó.

Los operativos “Escuela Segura” continuarán desarrollándose en otros barrios de Posadas en los próximos días, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de establecimientos posible antes del inicio del calendario escolar, reforzando así el compromiso conjunto entre el municipio y la provincia con la educación pública

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Fundación Encuentro en defensa de INYM, INTA, INTI, INV y Senasa

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“Otro camino es posible: en defensa del desarrollo argentino y de sus instituciones” es el título del editorial de Fundación Encuentro, centro de estudios del Frente Renovador:

En tiempos de crisis profundas, cuando se habla de eficiencia, racionalización y ajuste muchas veces se olvida que los organismos públicos no son simples estructuras administrativas: son pilares del desarrollo nacional.

Hoy vemos cómo se profundiza una política que, en nombre de la eficiencia, avanza peligrosamente hacia el desmantelamiento de instituciones claves para la vida productiva, científica y social de la Argentina.

El INTA, el INTI, el SENASA, el INV, y más recientemente el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), se encuentran en el centro de un proceso sistemático de destrucción institucional y desguace de su capital más importante: el recurso técnico capacitado y formado. Esta política no construye un país mejor, sino uno más injusto, más desigual y más vulnerable.

Desde diciembre de 2023, con la llegada del nuevo gobierno encabezado por Javier Milei y la sanción del Decreto 70/2023, titulado “Bases”, comenzó a institucionalizarse un proceso de destrucción que va mucho más allá de la simplificación administrativa.

Detrás de una promesa de mayor libertad, eficiencia y menos burocracia, se ha abierto un camino de desfinanciamiento y desprecio por lo público. Una promesa que, en los hechos, solo garantiza libertad para los más poderosos, mientras limita los derechos y las posibilidades de desarrollo de las mayorías.

Durante más de un año, esta política de tierra arrasada ha debilitado organismos estratégicos del Estado. El INTA, que es clave para el desarrollo agropecuario; el INTI, que impulsa la tecnología y la calidad industrial; el SENASA, que garantiza la inocuidad y calidad de los alimentos juntamente con el acceso efectivo a los mercados de productos de exportación; el INV que integra a la cadena vitivinícola acompañando la industria en el país; o el INYM, que regula y promueve la actividad yerbatera en el país y en el mundo.

Todos estos organismos funcionaban bien, incluso todos con oportunidades de mejora. Son instituciones que articulan con empresarios, científicos, cooperativas, universidades, gobiernos locales y con el mundo generando no solo valor económico, sino también tejido social en todo el territorio nacional.

Lo que está en juego no es la defensa de estructuras obsoletas, ni la negación de que muchas cosas pueden y deben mejorarse. Es necesario repensar, optimizar y modernizar las instituciones y las políticas que ellas generan y ejecutan, pero para hacerlo, hace falta un modelo participativo, que escuche a quienes están en el territorio con la ruralidad como marco de actuación y con mirada federal, que valore la experiencia acumulada, que entienda que cada institución tiene una historia y un rol que no pueden borrarse de un plumazo.

La cultura del descarte no soluciona los problemas: los profundiza y, la política del desguace no es un plan de gobierno, sino una renuncia a pensar el país con respeto y seriedad.

Caso por caso

El caso del INYM es ilustrativo. Este instituto reunía a productores, cooperativas e industriales dos veces al año para acordar precios y condiciones de comercialización de la yerba mate. Un espacio de diálogo y equilibrio, donde se garantizaba la supervivencia de pequeños productores frente a los grandes grupos concentrados. La intervención del gobierno, sin escuchar a los actores involucrados, destruyó ese equilibrio. Hoy, la desregulación avanza, pero no para democratizar el mercado, sino para concentrarlo aún más.

En el caso del INTA, su gobernanza a través de un Consejo Directivo con representantes del sector privado y académico es, ejemplo en nuestro país, de pluralidad en la conducción de una institución que permite coordinar esfuerzos y hacerlos más eficientes para una mayor y mejor producción y desarrollo. El Decreto que está analizando el Poder Ejecutivo lejos de mejorar a la institución la degrada, sacando de la mesa al sector académico que representan las facultades de agronomía y veterinaria y, a los empresarios que les molestan, aumentando y asegurando una mayoría de representación del Poder Ejecutivo con finalmente, control total sobre la gobernanza institucional del gobierno nacional de turno.

Así, un órgano decisorio plural y representativo quedaría a merced únicamente del Poder Ejecutivo. Se rompe de esta manera una de las virtudes del INTA que lo caracteriza desde el año 1956 su gobernanza democrática y participativa destruyendo el valor de la pluralidad en la representación que es: federalismo en las decisiones a través de proyectar acciones e intervenciones en las áreas de investigación, educación y producción en función de los territorios y sobre todo, a partir de ellos. Sumado a esto, el poder ejecutivo refiere a ¨absorber actividades del INTI por el INTA¨ con desconocimiento y con desprecio por la legitimidad propia de la institución de tecnología industrial más importante de nuestro país.

El futuro no se construye demoliendo lo que tenemos, sino mejorando lo que funciona y transformando lo que no. Apostar a un modelo de país sin instituciones es condenarnos a una permanente desigualdad y, a un país sin educación, sin investigación y sin producción. Defender el INTA, el INTI, el SENASA, el INYM y tantos otros organismos no es un acto de nostalgia, es un compromiso con el futuro argentino. Porque no hay desarrollo posible sin instituciones que garanticen equidad, innovación y soberanía. ¿Estamos dispuestos a perderlas? El futuro no se construye demoliendo lo que tenemos, sino mejorando lo que funciona y transformando lo que no. Apostar a un modelo de país sin instituciones es condenarnos a una permanente desigualdad y, a un país sin educación, sin investigación y sin producción. Defender el INTA, el INTI, el SENASA, el INYM y tantos otros organismos no es un acto de nostalgia, es un compromiso con el futuro argentino. Porque no hay desarrollo posible sin instituciones que garanticen equidad, innovación y soberanía. ¿Estamos dispuestos a perderlas?

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Bitfinex estrena documental sobre la trayectoria de Bitcoin en El Salvador

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Bitfinex, el exchange original de Bitcoin, presenta una serie documental inédita titulada ‘El sueño Bitcoin de El Salvador’. La producción, dividida en tres partes, muestra la evolución de la adopción de Bitcoin y otras criptomonedas y activos digitales en todo el país, tras la histórica decisión del gobierno de declarar bitcoin como moneda de curso legal en 2021. El documental recoge las actividades del ‘Financial Freedom Tour’ de Bitfinex, que recorrió ciudades y pueblos a nivel nacional para examinar cómo se utiliza el Bitcoin cuatro años después. Incluye también una serie de entrevistas con figuras clave y a la vanguardia del ecosistema local de Bitcoin.

El ‘Financial Freedom Tour’ de Bitfinex visita algunos de los lugares más emblemáticos e históricos de El Salvador, llevando educación financiera y sensibilización sobre Bitcoin a las comunidades locales. En particular, se destacan los encuentros en la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) en San Salvador; en El Zonte, el pueblo costero reconocido como la cuna de la iniciativa Bitcoin Beach; así como en Zacatecoluca, Berlín y en la plantación de café Cherito Café, donde la intersección de BTC con la agricultura artesanal ofrece un ejemplo vívido de la soberanía financiera en acción.

‘El sueño Bitcoin de El Salvador’ trasciende los titulares para explorar la realidad de la adopción y el uso de bitcoin, desde los cambios en la Ley Bitcoin de El Salvador hasta la floreciente industria de activos digitales que continúa desarrollándose en todo el país. Entre los entrevistados destaca la presencia de Román Martínez, cofundador de Bitcoin Beach; Napoleón Osorio, fundador de Bit-Driver; Ronny Avendaño, cofundador de The Bitcoin Hardware Store; Michael Ruiz, fundador de Build In El Salvador; Evelyn Lemus, cofundadora de Bitcoin Berlín; así como de otros promotores de Bitcoin que impulsan activamente esta industria en El Salvador.

“La trayectoria de El Salvador con Bitcoin representa uno de los esfuerzos más significativos y aleccionadores en la historia de la soberanía financiera. Para nosotros, El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele y su administración, es un pionero mundial que quedará en la historia de la humanidad como un ejemplo audaz de lo que una nación puede lograr cuando abraza la libertad financiera“, aseguró Paolo Ardoino, director de tecnología de Bitfinex.

El documental ya está disponible en YouTube y, a través de esta producción, Bitfinex ratifica su compromiso de apoyar, documentar y difundir los trabajos de las comunidades, emprendedores e innovadores que están haciendo realidad la visión de Bitcoin y las criptomonedas.

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