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Emprendedores locales se capacitaron en propiedad intelectual y registro de marca

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En el Salón de Usos Múltiples (SUM) del edificio municipal se llevó a cabo el curso “DEJÁ TU MARCA – Propiedad Intelectual y Registro de Marca para Emprendedores”. Se trató de una propuesta sumamente práctica en la que los asistentes aprendieron cómo proteger sus proyectos, cuáles son los pasos para registrar una marca, qué errores comunes deben evitar y cómo cuidar el valor de su identidad comercial.

La disertante, Mgtr. en Tecnología de Alimentos Rosana Mendoza, explicó que el objetivo principal fue “acercar a los asistentes a las cuestiones prácticas de cómo registrar una marca, qué es, qué elementos no se pueden registrar y cómo se realiza el trámite; en definitiva, brindar una guía útil”.

Para el sector emprendedor, este tipo de instancias no representan una pérdida de tiempo, sino una inversión estratégica y un escudo protector para sus negocios. En el competitivo mercado actual, el nombre, el logotipo y la identidad visual son los activos más valiosos de una pequeña empresa o pyme, ya que construyen la confianza y el reconocimiento del público.

Con frecuencia, el desconocimiento legal deriva en el error de lanzar un producto o servicio sin verificar antes la disponibilidad de su identidad. Comprender el proceso de registro permite a los fundadores blindar su propiedad intelectual, evitar costosas demandas por infracción de derechos de terceros y prevenir que otros se apropien del prestigio de su esfuerzo. Por ello, dominar estas herramientas legales transforma una idea vulnerable en un activo comercial sólido, escalable y atractivo para futuras inversiones o franquicias.

El curso, impulsado de manera conjunta por la Dirección General de Modernización y Desarrollo y la Dirección de Desarrollo Local y Social de la Municipalidad, estuvo “dirigido a cualquier tipo de emprendedor que quiera registrar su marca con validez nacional”, concluyó la capacitadora.

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El Banco Central sumó más divisas y el dólar volvió a bajar

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar y sumó más dólares mientras que el tipo de cambio siguió bajando y cerró este miércoles en $1.455 en su cotización minorista.

La autoridad monetaria adquirió la misma cantidad de dólares que el martes, siendo US$ 121 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), e hilvanó 105 jornadas consecutivas con compras.

Desde que puso en marcha la “fase 4” del programa monetario, el BCRA ya compró US$ 10.376 millones en el mercado mayorista. El pasado 3 de junio cumplió con la meta anual.

Desde la entidad aclararon que puede escalar hasta los US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Luis Caputo adelantó, además, que las estimaciones que realizan en el Ministerio de Economía apuntan a conseguir US$ 24.000 millones para lo que resta del año.

En particular, las reservas internacionales cerraron en los US$ 47.558 millones, una baja de US$ 274 millones en el stock diario.

El dólar volvió a bajar

En el segmento minorista, el tipo de cambio bajó $5 y cerró en los $1.455, una caída de 0,35%.

El dólar mayorista también perdió presión sobre su cotización y terminó en los $1.431 (-0,7%), alejándose de la zona de los $1.440. Así, continúa distanciándose del techo cambiario impuesto por el BCRA (actualmente en $1.776,27)

En los tipos de cambio financieros, el MEP retrocedió 0,23% hasta los $1.459,3 y el Contado con Liquidación (CCL) hizo lo mismo hasta los $1.509,7 (-0,29%).

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Finanzas logró un rollover del 120% y estira vencimientos hasta 2030 con fuerte demanda por bonos duales

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La Secretaría de Finanzas cerró una nueva licitación de deuda con un resultado que fortalece la estrategia oficial de administración de pasivos: adjudicó $6,12 billones frente a vencimientos del día y alcanzó un rollover del 120,42%, lo que implica que no sólo refinanció la totalidad de los compromisos inmediatos sino que además obtuvo financiamiento neto positivo.

El resultado adquiere relevancia en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar el equilibrio fiscal, reducir la emisión monetaria y construir una curva de financiamiento de largo plazo en moneda local. La operación recibió ofertas por $7,40 billones, lo que evidencia una demanda superior al monto finalmente adjudicado y permitió al Tesoro seleccionar condiciones más favorables.

La principal apuesta de los inversores estuvo concentrada en los nuevos bonos duales CER/TAMAR con vencimientos en 2028, 2029 y 2030. Estos instrumentos, diseñados para ofrecer cobertura tanto frente a la inflación como ante la evolución de las tasas del mercado, captaron más de $4,3 billones. El bono con vencimiento en junio de 2030 fue el más demandado, con adjudicaciones por $2,11 billones y una tasa interna de retorno efectiva anual del 9,30% sobre la pata TAMAR y del 6,34% sobre la pata CER.

La fuerte adhesión a estos títulos revela una señal relevante para el equipo económico: el mercado comienza a aceptar plazos cada vez más extensos en pesos. En términos prácticos, el Tesoro logró trasladar parte de sus necesidades financieras desde instrumentos de corto plazo hacia vencimientos ubicados entre 2028 y 2030, reduciendo presiones futuras de refinanciación.

Otro dato significativo fue la colocación de instrumentos vinculados al dólar. La nueva letra dólar linked con vencimiento en agosto de 2026 absorbió $1,62 billones, mientras que el bono dólar linked a diciembre de 2028 sumó otros $116.000 millones. La demanda por este tipo de activos refleja que una porción del mercado continúa buscando cobertura cambiaria, aunque sin recurrir a instrumentos emitidos directamente en moneda extranjera.

En paralelo, el Gobierno concretó una nueva reapertura del Bonar 2028 (AO28), denominado y pagadero en dólares. La operación captó USD 191 millones efectivos mediante la adjudicación de USD 200 millones de valor nominal, con una tasa de retorno del 8,63%. El nivel de demanda superó el monto ofrecido, obligando a aplicar un prorrateo cercano al 31% para las órdenes presentadas al precio de corte.

La colocación del AO28 tiene una importancia estratégica para la administración de Javier Milei. Por un lado, permite captar dólares genuinos del mercado sin recurrir a organismos multilaterales. Por otro, funciona como una referencia para medir la percepción de riesgo sobre la deuda soberana argentina en moneda dura.

El operativo incluyó además una conversión voluntaria de títulos con vencimiento a fin de junio de 2026. Los tenedores del BONCER TZX26 y del bono dual TTJ26 aceptaron canjear una parte relevante de sus posiciones por los nuevos bonos duales a más largo plazo. La adhesión alcanzó al 24,89% del stock en circulación del TZX26 y al 21,79% del TTJ26.

Desde la óptica financiera, esta conversión representa una extensión efectiva de vencimientos por más de $3 billones, reduciendo las necesidades de caja que el Tesoro hubiera debido afrontar en las próximas semanas. Al mismo tiempo, permite construir una curva de rendimientos más extensa para los nuevos instrumentos duales.

La operación confirma que el Ministerio de Economía continúa aprovechando el escenario de desaceleración inflacionaria para reconfigurar el perfil de la deuda pública. La aparición de instrumentos con vencimientos hasta 2030 marca una diferencia respecto de los años previos, cuando la mayor parte del financiamiento se concentraba en plazos considerablemente más cortos debido a la incertidumbre macroeconómica.

El desafío hacia adelante será sostener esta dinámica. Si el Gobierno logra mantener la estabilidad cambiaria, la baja de la inflación y el superávit fiscal, la extensión gradual de plazos podría transformarse en una de las herramientas centrales para disminuir la vulnerabilidad financiera del sector público. Por lo pronto, la licitación dejó una señal positiva para el equipo económico: el mercado continúa dispuesto a financiar al Tesoro y comienza a hacerlo a horizontes temporales cada vez más largos.

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Misiones fortalece su estrategia climática con una nueva cohorte de analistas en huella de carbono

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La transición hacia una economía más sostenible no sólo demanda nuevas tecnologías o inversiones en infraestructura. También requiere capital humano especializado capaz de medir, analizar y gestionar los impactos ambientales de las actividades productivas. Con esa premisa, el Ministerio de Cambio Climático de Misiones y el Instituto Misionero de Educación Superior (IMES) lanzaron una nueva edición del Diplomado de Posgrado en Analista de Huella de Carbono, una propuesta académica orientada a formar profesionales que puedan intervenir en uno de los desafíos centrales de la agenda global: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La iniciativa, que transita su tercera edición consecutiva, surge como una herramienta estratégica dentro del Plan de Respuesta al Cambio Climático de Misiones, que contempla entre sus ejes prioritarios la mitigación de emisiones. El objetivo es claro: generar capacidades técnicas para que empresas, instituciones y organismos puedan cuantificar su huella de carbono y avanzar en planes concretos de reducción de emisiones.

Eduardo Saldivia, director de Planificación y Ejecución Territorial del Ministerio de Cambio Climático y coordinador académico de la propuesta, explicó que cualquier estrategia de mitigación requiere primero un diagnóstico preciso. “Para reducir emisiones necesitamos saber cuánto estamos emitiendo y cuáles son las fuentes que generan esos gases. Es el equivalente a un análisis clínico antes de definir un tratamiento”, señaló durante una entrevista en Radio Open 101.7.

La formación apunta a cubrir una demanda creciente tanto del sector público como privado. Desde empresas logísticas que buscan optimizar sus recorridos y reducir el consumo de combustibles hasta industrias, hoteles y organizaciones que deben adaptarse a estándares ambientales cada vez más exigentes en los mercados nacionales e internacionales.

El diplomado tiene una duración de tres meses y se desarrolla bajo modalidad virtual, con una instancia presencial vinculada al trabajo integrador final. Durante el trayecto formativo, los participantes abordan metodologías estandarizadas para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, análisis de datos ambientales y elaboración de estrategias de mitigación.

La propuesta está dirigida a profesionales universitarios de disciplinas vinculadas a la biología, ingeniería, ciencias ambientales y áreas afines, así como también a técnicos superiores relacionados con la gestión ambiental, la estadística y otras especialidades que requieran capacidades analíticas.

Uno de los aspectos distintivos del programa es su enfoque práctico. El último mes está destinado al desarrollo de un trabajo de campo sobre un caso real, donde los estudiantes realizan el cálculo de la huella de carbono de una organización y elaboran propuestas de mejora. En las ediciones anteriores, las experiencias se llevaron adelante junto a la empresa Intacto Welty, dedicada al reciclaje de aceites usados, y el Hotel Batista de Posadas, incorporando además la dimensión de la sostenibilidad en el sector turístico.

“Lo que buscamos es formar profesionales capaces de ayudar a cualquier organización que quiera medir su huella y avanzar en un plan de mitigación”, explicó Saldivia. Según indicó, la creciente demanda de este tipo de conocimientos responde a la necesidad de generar información confiable para la toma de decisiones ambientales y productivas.

La capacitación también se inscribe dentro de una tendencia global. Cada vez más mercados exigen certificaciones ambientales, trazabilidad de emisiones y reportes de sostenibilidad como condición para acceder a determinadas cadenas de valor. En ese contexto, la medición de la huella de carbono deja de ser una práctica voluntaria para convertirse en una herramienta de competitividad.

Desde la perspectiva de Misiones, la formación de especialistas adquiere una relevancia adicional. La provincia se posicionó en los últimos años como una de las jurisdicciones más activas del país en materia de políticas climáticas, impulsando iniciativas vinculadas a la conservación de la biodiversidad, los mercados de carbono y la valorización de los servicios ecosistémicos.

La nueva cohorte del diplomado busca precisamente fortalecer esa estrategia mediante la generación de recursos humanos especializados que puedan acompañar la transformación productiva hacia modelos más sostenibles.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del sitio web del IMES. La actividad es arancelada y cuenta con un cuerpo docente integrado por especialistas con experiencia en medición de emisiones, gestión ambiental y sostenibilidad corporativa.

En un escenario donde los compromisos climáticos ganan peso en las agendas públicas y empresariales, la formación de analistas en huella de carbono emerge como una herramienta clave para traducir los objetivos ambientales en acciones concretas y medibles.

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Educación financiera y ciudadanía digital: impulsan su incorporación obligatoria en las escuelas misioneras

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Las comisiones de Educación, Cultura y Deporte, y de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes emitieron dictamen favorable a un proyecto de ley que crea el Programa Provincial de Educación Financiera para la Autonomía y Ciudadanía Digital, destinado a brindar a los estudiantes herramientas de formación económica, financiera y tecnológica para la toma de decisiones informadas, responsables y autónomas.

La iniciativa propone fortalecer y sistematizar la educación financiera y la ciudadanía digital en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de todos los niveles y modalidades de la provincia, incorporándolas como un eje transversal y obligatorio dentro del sistema educativo.

Entre los contenidos previstos se encuentran el presupuesto personal y familiar, la organización de gastos, el ahorro, la planificación financiera, la bancarización, los medios de pago digitales, las billeteras virtuales, el acceso al crédito, las tasas de interés, el consumo responsable, los derechos del consumidor financiero, los impuestos, el emprendedurismo, la economía social y la prevención de estafas digitales, junto con herramientas para la protección de datos personales y la identidad digital.

El proyecto contempla además la utilización de plataformas educativas, cursos digitales, aplicaciones móviles, tecnología QR y asistentes conversacionales basados en inteligencia artificial para ampliar el acceso a los contenidos y facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, prevé acciones de capacitación y actualización docente, instancias de difusión destinadas a la comunidad educativa y la presentación anual de un informe a la Cámara de Representantes sobre el estado de implementación del programa y los resultados obtenidos.

La propuesta reúne iniciativas presentadas por las diputadas Sara Butvilofsky, , Analia Labandoczka y Nelli Guerrero; por los ex legisladores Paulino Mela, Lilia Torres y por el Parlamento de la Mujer 2024 y 2026.

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