Las asociaciones de productores yerbateros de Misiones y Corrientes respondieron a las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien afirmó que “en diez años la industria de la yerba va a ser una cosa irreconocible”.
Las entidades consideraron que el análisis oficial presenta a la actividad como un bloque homogéneo, cuando la cadena yerbatera está integrada por productores, trabajadores rurales, contratistas, cooperativas, secaderos, molinos, fraccionadores, distribuidores y comercializadores, con intereses y realidades diferentes.
Los productores cuestionaron la afirmación de que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) transformó una industria competitiva en un monopolio. Recordaron que el organismo nunca compró hoja verde, nunca industrializó yerba ni comercializó paquetes al consumidor. Su función consistía en establecer reglas para un mercado marcado por fuertes asimetrías entre miles de productores y un número reducido de compradores.
Según señalaron, la producción primaria está en manos de alrededor de 13.000 productores. Por esa razón, sostienen que no puede hablarse de monopolio. En cambio, describen un mercado oligopsónico, donde pocos compradores concentran la demanda y cuentan con una capacidad económica, financiera y logística muy superior a la de los productores.
Las entidades remarcaron que, sin regulación, los pequeños productores negocian individualmente con empresas de gran escala. Una relación desigual. De un lado, quienes necesitan vender para sostenerse. Del otro, quienes pueden comprar, almacenar, industrializar y esperar mejores condiciones de mercado.
En ese contexto, sostienen que el INYM no reemplazaba al mercado. Introducía condiciones mínimas de equilibrio entre actores que no negocian desde posiciones equivalentes. Confundir regulación con monopolio, afirman, implica desconocer la estructura de la actividad yerbatera.
También rechazaron la idea de que la desregulación redujo a la mitad el precio de la yerba para los consumidores. Argumentaron que lo que efectivamente cayó fue el precio de la hoja verde percibido por los productores.
Las organizaciones señalaron que no se conocen estudios o mediciones que respalden la afirmación oficial. Tampoco observan una reducción equivalente en las góndolas. Por eso plantean una pregunta central: si la materia prima vale mucho menos, ¿por qué esa baja no se trasladó en igual proporción al consumidor?
Para los productores, la discusión pasa por identificar quién capturó la renta generada por esa transferencia de ingresos. Si el productor recibe menos y el consumidor no paga mucho menos, la diferencia queda en otros eslabones de la cadena.
Las entidades destacan que dos empresas concentran cerca de la mitad de las ventas en góndola. También mencionan el peso de las grandes cadenas comerciales y de la carga tributaria estatal. En ese escenario, consideran legítimo preguntarse quiénes fueron los principales beneficiarios de la desregulación.
A su entender, la evidencia disponible muestra una transferencia de ingresos desde los productores primarios hacia los sectores más concentrados de la cadena, sin beneficios equivalentes para los consumidores.
Las asociaciones coinciden en que la actividad debe crecer, exportar más y conquistar nuevos mercados. Sin embargo, advierten sobre las consecuencias de un modelo basado en la desaparición de productores, el éxodo de trabajadores rurales y la concentración de la renta.
“Cuando el ministro celebra que el precio pagado al productor haya caído a la mitad, está admitiendo precisamente el problema que hoy denunciamos ante la Justicia”, sostienen.
La respuesta enfatiza que detrás de cada reducción del precio de la hoja verde existen familias agrarias, cooperativas, comercios locales y miles de trabajadores vinculados a la actividad.
Las organizaciones recuerdan que la yerba mate es una economía regional construida durante generaciones por pequeños y medianos productores. Un modelo productivo singular. Una base social amplia. Un entramado económico que excede la producción y la exportación.
A partir de allí plantean una serie de interrogantes sobre el futuro del sector. Se preguntan si la actividad “irreconocible” mencionada por Sturzenegger será una donde desaparezcan los productores familiares, los trabajadores deban emigrar o la rentabilidad quede concentrada en cada vez menos operadores.
También expresan preocupación por la posibilidad de que la tradicional Ilex paraguariensis pierda centralidad frente a sustitutos, mezclas o productos que aprovechen el prestigio construido durante generaciones por productores de Misiones y Corrientes.
Para las entidades, la fortaleza de la yerba mate argentina no reside únicamente en su potencial exportador. También en su historia, cultura, conocimiento productivo y arraigo territorial.
“Exportar más no puede significar producir menos productores”, afirman.
Por eso sostienen que el debate no debe limitarse al precio que paga el consumidor o al volumen exportado. Debe incluir la retribución justa para el productor, la continuidad de las familias agrarias, la protección del trabajo rural y la preservación de una economía regional estratégica para Misiones.
La acción judicial actualmente en trámite busca determinar si un decreto puede desarticular el sistema institucional que durante décadas garantizó un equilibrio mínimo entre los distintos actores de la cadena.
Las asociaciones concluyen que la Argentina necesita una yerba mate más competitiva y exportadora. Pero también una actividad que conserve productores, trabajadores, cooperativas y comunidades rurales.
Porque una industria puede aumentar exportaciones y, al mismo tiempo, destruir las bases sociales, culturales y productivas que le dieron origen.
“Y cuando eso ocurre, lo que se vuelve irreconocible no es solamente la industria. Se vuelve irreconocible la propia Misiones”.
