Por Philip Barrett y Gonzalo Huertas / FMI – Mientras el conflicto en Oriente Medio eleva los precios del petróleo y amenaza con un nuevo ciclo de inflación, el buen anclaje de las expectativas inflacionarias de América Latina ayudará a amortiguar el impacto, incluso cuando los bancos centrales han considerado reducir las tasas de interés.
En la mayoría de los países de la región, los shocks de oferta tras la pandemia no han elevado las expectativas de inflación a largo plazo —es decir, el nivel en el que la población, las empresas y los analistas esperan que se sitúe la inflación en los próximos años—, incluso en un contexto de alta inflación en el corto plazo. Nuestro estudio muestra que estas expectativas firmemente ancladas ayudan a limitar la transmisión de los shocks de precios de la energía y otras materias primas a los precios al consumidor, ya que no se espera que los precios más elevados de las importaciones se traduzcan en un aumento persistente de la inflación en el futuro.
El estudio, que se basa en trabajos anteriores del FMI, muestra que, en los mercados emergentes, un anclaje más firme reduce considerablemente el impacto inflacionario de los shocks en los términos de intercambio, es decir, cuando el precio de las exportaciones de un país cambia en relación con el precio de sus importaciones. La estabilidad de las expectativas da a los países de la región más margen para poder reducir las tasas de interés, incluso ante subidas de los precios del petróleo.
Las principales economías de América Latina se benefician ahora de unas expectativas inflacionarias mejor ancladas, resultado de las reformas institucionales iniciadas hace unos 25 años, que incluyeron la adopción de regímenes de metas de inflación, el fortalecimiento de la independencia de los bancos centrales y el fin del predominio fiscal.
Dichas reformas influyeron positivamente en la percepción sobre los precios. Aunque los pronósticos de inflación en América Latina siguen estando, en promedio, más alejados de la meta que en las economías avanzadas, la disparidad de las percepciones sobre los precios es similar en ambos grupos de países. Esto es coherente con el hecho de que las autoridades económicas gozan de credibilidad y operan dentro de marcos sujetos a limitaciones institucionales.
En las últimas dos décadas, han mejorado ambos extremos de la distribución de las expectativas inflacionarias, es decir, la percepción de que los aumentos de precios fueran a ser demasiado altos o demasiado bajos. Quienes antes esperaban una inflación demasiado alta y quienes esperaban una inflación demasiado baja han ido modificando gradualmente sus expectativas y acercándolas al nivel de las metas de los bancos centrales.
Sin embargo, esta credibilidad ganada a base de mucho esfuerzo también puede perderse fácilmente. Nuestro estudio concluye que una política monetaria más restrictiva de lo previsto lograría avances modestos en las expectativas, aumentando el anclaje de forma moderada y con cierta demora. Por el contrario, una política monetaria inesperadamente expansiva puede tener efectos negativos mucho más fuertes, dando lugar a un desanclaje de las expectativas.
Los estudios de casos de países como Brasil, Chile y Argentina ilustran cómo los cambios en los marcos de política monetaria afectan a las expectativas y ofrecen lecciones importantes para el diseño de las políticas:
El régimen monetario adecuado depende del contexto. Por ejemplo, aunque los regímenes de metas de inflación suelen ser un componente clave de los marcos de políticas que proporcionan estabilidad macroeconómica, puede que no siempre sean ideales cuando la inflación es muy elevada. Si la inflación es realmente muy elevada, unos regímenes más sencillos, como aquellos con componentes de metas cambiarias o monetarias, pueden resultar inicialmente más adecuados.
Esto no significa que la aplicación de regímenes de metas de inflación exija unas condiciones plenamente estables. Aunque lo más adecuado pueda parecer la introducción gradual de los regímenes de metas de inflación en condiciones macroeconómicas estables, también pueden contribuir a anclar las expectativas cuando se adoptan de golpe en un entorno económico difícil. La introducción de regímenes de metas de inflación en Brasil en 1999 es buen ejemplo de ello. No obstante, en tales condiciones, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para generar confianza en los objetivos de la política del banco central.
Contar con un amplio apoyo institucional es esencial en casi todos los casos. No es muy probable que los regímenes de metas de inflación sean eficaces cuando las políticas fiscales u otras políticas socavan el objetivo del banco central, o si falta un compromiso político más amplio para mantener la inflación baja y estable. Los altos niveles de dolarización pueden dificultar los procesos de desinflación.
La experiencia de América Latina muestra los frutos de las reformas aplicadas una generación atrás. Los marcos construidos en torno a las metas de inflación y a la independencia de los bancos centrales contribuyeron a fomentar la estabilidad y a poner fin a una era de inflación elevada y volátil. Estos avances son importantes ante la aparición de nuevos shocks, puesto que el mejor anclaje de las expectativas inflacionarias contribuye a contrarrestar las presiones temporales sobre los precios.
La mayor disrupción en la historia del mercado mundial de petróleo plantea una nueva prueba, pero observamos un patrón claro: si las expectativas están bien ancladas, las economías pueden absorber mejor esos shocks sin desestabilizar la inflación. Esta capacidad para sobreponerse a las turbulencias se debe a la credibilidad monetaria forjada a lo largo de décadas, aunque no está garantizada. Una política excesivamente laxa o cambios bruscos en los marcos de política económica pueden erosionar rápidamente los logros alcanzados con gran esfuerzo; por ello es importante preservar la credibilidad para mantener la estabilidad en los momentos más críticos.
Por Lara Guerrero / IPS Noticias – Aunque Argentina continúa impulsando su industria fósil, su amplia zona costera abre una oportunidad poco explorada: la energía undimotriz, una fuente renovable que aprovecha el movimiento de las olas para generar energía.
Con esa idea en mente, el ingeniero Alejandro Haim comenzó en 2007 un proyecto de energía undimotriz en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Buenos Aires.
A mediados de marzo, el proyecto de energía undimotriz tuvo un avance contundente. En la metalúrgica Duroll de Pilar, se realizó la prueba estructural de la boya de tres metros de diámetro y 2,5 toneladas y el brazo.
“Probamos todas las partes del equipo, su funcionamiento, que no fallen, que no se rompan, que funcione correctamente fuera del agua, en el lugar donde estamos construyendo”, sostuvo Haim. “Una vez que pase todas las pruebas, que demostremos que es seguro para la gente y que no va a pasar nada extraño que pueda poner en peligro ni la flora, ni la fauna marina, recién ahí se trasladaría a la escollera norte de Mar del Plata y se instalaría», añadió.
Explicado de manera esquemática, el proyecto del generador comienza con una boya que flota en el agua. Un brazo metálico unido, en un extremo, a la boya que oscila cuando esta sube y baja, y al otro extremo del brazo, la conexión con una plataforma que puede ser una escollera o muelle. El movimiento lento y de vaivén del brazo entra en una cadena cinemática, es decir, un sistema de engranajes y mecanismos que hace girar un generador eléctrico y, finalmente, produce la energía.La simplicidad del mecanismo tiene detrás años de planificación estratégica. Así lo explica Haim: “El hecho de que sea simple hace que el costo sea bajo y la confiabilidad del equipo, elevada, porque mientras más simple, menos probabilidades hay de que algo falle”.
A diferencia de otros proyectos de energía undimotriz que hay en el mundo, “la ventaja del nuestro es que lo único que está en contacto con el agua es la boya. El resto, va fuera del agua. Hay equipos que van sumergidos total o parcialmente, por ejemplo”, aporta el ingeniero respecto a las probabilidades de corrosión de los materiales.
La escollera norte de Mar del Plata no es el destino final del proyecto. “Nosotros pensamos el equipo en la escollera como una plataforma de investigación científica”, sostiene Haim.
El objetivo final es llegar a instalaciones offshore (costa fuera), pero para eso primero hay que demostrar en condiciones reales el coeficiente de conversión de energía undimotriz a energía eléctrica. “Uno puede hacer un montón de simulaciones, cálculos, pero en definitiva la demostración práctica es lo que termina de ponerle el sello a todo esto”, afirma.
En ese sentido, Roberto Salvarezza, exministro de Ciencia y Tecnología de la Nación (2019-2021) y actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) –dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires– precisa que «se llega a un piloto, se hace una evaluación y a partir de ahí uno busca la posibilidad de escalar si la tecnología ha sido exitosa, a fin de pasar ya a una fase productiva».
El potencial undimotriz
Imagen descriptiva del convertidor diseñado – Imagen: Proyecto de Energía Undimotriz UTN.BA – Pacheco
Hoy, el proyecto de energía undimotriz de la UTN que dirige Haim está patentado y tiene más de 20 profesionales e investigadores trabajando en su concreción. El equipo estima que un parque pequeño de 200 boyas tendría una potencia de 6 megavatios y abastecería a unas 20 000 personas o 5000 hogares, ocupando una superficie equivalente a tres manzanas.
Según un estudio publicado por el equipo de investigación en la revista Energías Renovables y Medio Ambiente, una sola boya de 30 kilovatios (kW) instalada en la costa de Necochea sería capaz de producir 131 megavatios hora (MWh) al año.
En 2025, Argentina consumió 141 249 gigavatios hora (GWh) según el informe anual de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Eléctrico (Cammesa), lo que pone en perspectiva la escala: el aporte de un prototipo individual es mínimo, pero según Haim, «la cantidad (de generadores) que se puede instalar no tiene techo».
Una de las ventajas técnicas que destaca el equipo es la densidad energética del recurso. Según un estudio publicado por los investigadores de la UTN, la energía undimotriz tiene una potencia por unidad de superficie de entre 2000 y 3000 W/m², frente a los 400-600 W/m² de la eólica y los 200 W/m² de la solar.
La razón es que la densidad del agua es 850 veces mayor que la del aire, lo que permite que la masa oceánica acumule y transporte más energía. Salvarezza suma otra ventaja: “Esta transferencia de energía (de las olas) es más permanente con respecto a la intermitencia que puede tener la energía solar o la energía eólica, donde la intensidad del viento es más fluctuante”.
A nivel global, las estimaciones sobre el potencial de este recurso son significativas. Un estudio de 2010 calculó que el recurso undimotriz a nivel mundial podría llegar a cubrir alrededor de 3,7 teravatios (TW), lo que representaba 20 % de la demanda mundial de energía de aquel momento.
Ana Julia Liftschitz es oceanógrafa y fue parte del proyecto de energía undimotriz durante varios años. En la actualidad, trabaja en la UTN de Puerto Madryn, Chubut, en un proyecto de turbinas hidrocinéticas para generar energía a partir de las mareas.
Coincide con Haim en que el potencial energético del mar argentino es sumamente vasto. Liftschitz destaca que «desde el punto de vista del recurso no hay ninguna limitación», y resalta que, aunque la aplicabilidad tecnológica sea un desafío, «tenemos el mar acá, que tiene un recurso ilimitado de energía y no lo estamos aprovechando».
Sobre esa dificultad de aplicación, Salvarezza precisa qué tipo de obstáculos enfrenta la tecnología: «El gran problema que tiene es que está expuesta a condiciones muy extremas. Se somete a los dispositivos a un permanente estrés mecánico que es el movimiento de las olas y, por el otro lado, está expuesto a un ambiente marino que degrada los materiales», detalla.
Actualmente, existen diversos proyectos en fase de prototipo desarrollados en distintos países como Reino Unido, España, Portugal, Estados Unidos, Japón, Noruega, Dinamarca, Brasil e Israel. A pesar de estos avances, Haim explica que en el sector todavía no hay ninguna tecnología que haya llegado a un grado de madurez que posicione a un proyecto por sobre otro para desarrollarlo a escala comercial.
Esta situación de paridad tecnológica habilita una oportunidad para el desarrollo local, a la vez que posiciona a la Argentina dentro del contexto global. Como se destaca en un estudio de 2019 realizado por Haim y otros miembros del proyecto, el hecho de ser una «tecnología en estado de desarrollo experimental permite competir con otros desarrollos a nivel mundial sobre el desarrollo de equipos confiables, seguros y de costos competitivos».
Salvarezza precisa que, a nivel mundial, «la energía del mar está en una etapa aún exploratoria, en el caso de la undimotriz, precomercial, con algunos prototipos desarrollándose, algunos en Estados Unidos, otros en Europa». Y agrega: «Hoy en día el precio que podría tener el megawatt-hora de estas energías están por encima de lo que son las energías fósiles o el caso de las renovables como la energía solar y energía eólica. Sin embargo, a medida que se vayan desarrollando y alcancen escala, seguramente estos precios van a bajar».
Energía renovable en la matriz energética argentina
En 2006, mediante la Ley 26.190, se creó el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, que establecía como meta alcanzar una contribución de las fuentes de energía renovables de 8 % del consumo de energía eléctrica nacional para el 31 de diciembre de 2017.
El incentivo que planteaba la ley era a través de incentivos fiscales, beneficios impositivos y la remuneración de la energía generada que se volcara al mercado mayorista o servicios públicos. En aquella ley, la energía undimotriz ya se posicionaba dentro de la lista de energías renovables que se buscaba fomentar.
Boya y brazo metálico – prueba _en seco_ en metalúrgica Duroll de Pilar. Imagen: Proyecto de Energía Undimotriz UTN.BA -Pacheco
Luego, en 2015 con la Ley 27.191 se modificó el régimen y elevó esta meta para lograr que las fuentes renovables alcancen el 20% del consumo de energía eléctrica nacional para diciembre de 2025. Según el informe anual de Cammesa de 2025, el país cerró ese año con un aporte de 18,9 %.
Desde el proyecto de energía undimotriz de la UTN plantean que el desarrollo de esta tecnología contribuiría a diversificar la matriz energética y a un abastecimiento más seguro y constante.
“La diversificación de las energías hace que, si te falla una de las fuentes, tenés de la otra. Si dependés de una sola y esa falla, es muy complicado”, advierte Haim, quien retoma como ejemplo el apagón masivo que afectó a España y Portugal en abril de 2025, cuando una desconexión abrupta de plantas generadoras provocó la caída de la red eléctrica peninsular.
Soberanía energética: el peso del desarrollo local
Gabriel Blanco es ingeniero, investigador y coordinador del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía (CTAE) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), donde se estudia el nexo entre energía, ambiente y sociedad.
Blanco sostiene que la transición energética es necesaria por múltiples motivos, entre ellos, el cambio climático y cuestiones vinculadas al modelo energético actual, que describe como «muy concentrado en términos de capitales y tecnología».
El investigador plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo más diversificado y participativo. En ese sentido, considera que el desarrollo de energías renovables a nivel nacional, como el proyecto de energía undimotriz, «es parte de una diversificación en términos de recursos, en términos tecnológicos y fundamentalmente que se está haciendo desde lo local con actores locales».
Autonomía tecnológica frente a los cambios de gobierno
El proyecto undimotriz de la UTN fue diseñado para realizarse de punta a punta en el país. «Todos los mecanismos que tiene nuestro equipo se pueden fabricar en la Argentina. Es más, nosotros ya lo estamos fabricando, lo podemos hacer con la industria nacional, no dependemos de importaciones», cuenta Haim.
Y esto tiene una razón. «Queríamos algo que pudiéramos hacer acá en Argentina, que no dependiéramos de inversiones extranjeras. Yo empecé con esto en el 2007, casi 20 años atrás y fijate cuántos presidentes pasaron por el medio y todavía seguimos con el tema. Entonces, tenemos que ser resistentes a los cambios de política de la Argentina. Si un día te abren las importaciones, después te las cierran, después te las abren, no podemos depender de lo que decida el gobierno de turno. Mientras menos dependamos del entorno exterior, mejor», explicó el ingeniero.
La preocupación de Haim por la autonomía tecnológica se vincula con un debate más amplio sobre la transición energética en Argentina. El estudio «Impactos en la Balanza Comercial Argentina de la Transición Energética», realizado por Blanco y otros autores, advierte que la transición puede reproducir formas de dependencia si no se acompaña con una política industrial propia.
«Si la transición se implementa sin una estrategia de desarrollo tecnológico e industrial, puede generar una nueva dependencia: la importación masiva de equipos, tecnologías y componentes estratégicos, sustituyendo la vulnerabilidad asociada a los combustibles fósiles por otra vinculada a la tecnología extranjera», concluye el documento.
Fotomontaje del equipo pontado sobre la escollera norte del puerto de Mar del Plata. Imagen: Proyecto de Energía Undimotriz UTN.BA -Pachec
Blanco desarrolla esa idea: «Pueden haber cuestiones ligadas a la dependencia tecnológica porque, por ejemplo, la energía solar y los paneles solares pueden ser muy buenos, pero nosotros no los hacemos, se traen de China o del país que sea».
Salvarezza aporta una mirada similar desde su rol institucional: «En el caso de la energía eólica y solar, hay pocas posibilidades de que Argentina pueda participar de la cadena de valor, salvo algunos nichos reducidos. La mayoría de la tecnología que se dispone, está en manos de empresas extranjeras».
Por eso, destaca el caso del proyecto de energía undimotriz: «Es particularmente interesante porque el dispositivo que ha desarrollado la universidad tiene estas características de integrar, casi en su totalidad, industria nacional».
Del desfinanciamiento nacional al apoyo provincial
En 2022 el proyecto fue seleccionado por el Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec) para, en 2023 recibir un financiamiento de 50 millones de dólares para el desarrollo gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Sin embargo, desde 2024 el gobierno de Javier Milei dejó al financiamiento al sistema científico y el desarrollo nacional prácticamente congelado debido a la retención de fondos provenientes de préstamos internacionales.
El dinero que debían recibir nunca llegó.
“Peor todavía, porque nosotros hicimos trabajos durante un año, les presentamos las facturas, y nunca lo pagaron. O sea que nosotros tuvimos el gasto”, relata Haim.
Antes “el Fonarsec te daba la plata y vos la administrabas. Con el cambio de gobierno cambiaron las reglas”, relata y agrega que la instrucción fue que, cuando compraran los insumos o finalizaran los trabajos, enviaran la factura y les iban a remunerar los gastos.
“Los investigadores dedicaron mucho tiempo y horas de trabajo, presentaron las facturas, el trabajo que hicieron, y nunca se les pagó. Es peor a que te saquen el financiamiento, porque trabajaste con la esperanza de cobrar y no cobraste un mango”, relata Haim y agrega que también perdieron a la empresa con la que se habían asociado para construir el equipo.
El investigador agrega que perdieron “todo el trabajo que hicimos de conseguir una empresa, firmar compromiso de confidencialidad, armar el proyecto, fue mucho tiempo que no te lo paga nadie después. Cuando uno hace un proyecto con la idea que salga, sabe que puede salir mal, pero no te imaginás que va a pasar algo así”.
Fue entonces cuando, en 2024, la Provincia de Buenos Aires intervino para que el proyecto continuara a través del Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (FREBA).
Este organismo funcionó como el nexo que vinculó al equipo de la UTN con el Programa de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (Proinged) y con el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), permitiendo que el proyecto recupere su impulso.
Salvarezza, presidente de la CIC, describe ese momento: «A comienzos del 2024 este proyecto se encontraba en una situación muy compleja porque se había desarrollado con lo que eran los fondos que aportaba el Estado Nacional, los Fonarsec. Hubo un cambio en el gobierno y estos fondos no siguieron fluyendo».
Y agrega: «Hoy en día es la provincia (de Buenos Aires) la que está sosteniendo este proyecto”.
El recurso marino en Argentina
Como oceanógrafa, Liftschitz hace una caracterización de los potenciales de energía que podrían obtenerse de los casi 5000 km de costa argentina.
«Si uno piensa en la costa argentina puede hacer una división muy clara. En la costa bonaerense la energía del mar más rentable sería la undimotriz, la energía de las olas, que allí no son excesivamente grandes, pero son persistentes. Para que se forme la ola necesitás un viento sostenido y una cierta distancia donde el viento le transfiere energía al agua, que se llama fetch. En la costa bonaerense el viento viene del este, tiene buena distancia y vientos sostenibles como para formar oleaje”, explica.
Mar del Plata. Imagen: Lara Guerrero
En cambio, las características cambian en el sur del país, habilitando otro tipo de aprovechamiento energético. Liftschitz sostiene que “en la costa patagónica, como tenemos una amplitud de marea muy importante y velocidades de corrientes de mareas muy fuertes, lo que conviene es obtener la energía de las mareas. Allí, los vientos son del oeste, entonces no se genera oleaje, pero existe una amplitud de marea excepcional”.
Un estudio de impacto ambiental publicado en 2017 en la revista Proyecciones, realizado por integrantes del proyecto en el marco de una tesis de maestría en Ingeniería Ambiental de la UTN, evaluó los efectos potenciales de la instalación del dispositivo en la escollera sur del Puerto Quequén.
La conclusión fue que “los potenciales impactos ambientales negativos no resultan significativos y resulta viable su ubicación”.
Según el estudio, los impactos negativos que identificaron son de carácter moderado y podrían focalizarse en la etapa de construcción, como por ejemplo, la contaminación sonora, la modificación del entorno visual y alteraciones temporales en la accesibilidad.
Liftschitz, codirectora del estudio, ratifica la evaluación: “Son instrumentos muy chicos. Hay que estudiar el impacto, obviamente, porque todo lo que uno pone tiene su impacto. Pero en la zona de Quequén el resultado fue positivo, el impacto ambiental era bajo”.
Una Argentina que mire al mar con perspectiva energética
Luego de casi 20 años de desarrollo, el prototipo argentino de energía undimotriz se acerca a una prueba decisiva: el mar. El paso siguiente, la escala comercial y el aporte real a la matriz energética, va a depender de los resultados que se obtengan y las decisiones políticas y económicas que se tomen.
La transición energética es una oportunidad para pensar sobre los patrones de consumo, la soberanía, y la participación ciudadana en el uso de los recursos naturales, sin olvidar la importancia de acompañar este proceso con políticas industriales, tecnológicas y territoriales que eviten reproducir nuevas dependencias y conflictos.
Por Dariel Pradas / IPS Noticias – El gobierno de Cuba aprobó nuevas normas para incentivar el desarrollo de las fuentes de energía renovable, mientras desregula los precios de venta del combustible en su red de servicentros estatales, en un intento de paliar la crisis energética causada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos a la isla desde enero.
Por cada kilovatio (kW), el Estado pagará 90 pesos o unos 0,18 dólares, según la tasa de cambio oficial, poco menor que la informal.
Asimismo, se exonera del pago del impuesto sobre los servicios por los ingresos provenientes de estas operaciones, tanto a los productores del sector no residencial como del residencial.
Diego Vázquez, un abogado de 43 años residente en La Habana, instaló un kit de paneles solares en la azotea de su casa cuando los apagones eléctricos empezaron a volverse insostenibles a mediados de 2025, lo que se transformó en colapso este año.
Sus paneles producen electricidad suficiente para llenar su batería de respaldo energético y dejar un sobrante inutilizado, pero nunca se había planteado hasta ahora vender al Estado los excedentes de su generación. Simplemente, hizo la instalación de los paneles para tener autonomía y no para integrarse a la red eléctrica.
“Tendré que hacer los cálculos y ver qué tan grande es mi excedente energético. Hay tantos apagones que no sé si vale la pena empezar a vender electricidad y todo el proceso burocrático que viene con eso”, dijo Vázquez a IPS.
Para poder suministrar electricidad a la red eléctrica, Vázquez tendría que realizar varias readecuaciones técnicas, como conectar a tierra la instalación, no muy común en los sistemas eléctricos residenciales. También debería solicitar un contador eléctrico “bidireccional”, que no solo haga lecturas del consumo, sino de la electricidad que se entrega al sistema.
Vender energía al estado ya era permitido desde hace años, pero no resultaba rentable.
El Ministerio de Finanzas y Precios emitió en 2021 la Resolución 359, que fijaba el precio de venta del kW en tres pesos o unos 0,025 dólares, según el cambio oficial de entonces. En octubre de 2023, la Resolución 238 duplicó ese monto.
Ninguna de las medidas fue popular, porque en ambos casos el coste de pagar la electricidad a la red, siguió siendo ínfimamente menor que el de importar o comprar en divisas los paneles solares.
El coste de la electricidad en Cuba para el sector residencial funciona con una tarifa progresiva que, tras superar los 450 KWh de consumo acumulado, empieza a valer más de seis pesos cada KWh, hasta alcanzar los 20 pesos el KWh (unos 0,04 dólares).
Mientras, en los mercados minoristas de la comercializadora estatal Copextel o de varios negocios privados, un módulo básico de paneles solares, de generación de un kilovatio aproximadamente, cuesta alrededor de 2500 dólares, inaccesible para los 13,5 dólares que representa el salario medio mensual en Cuba, según la tasa oficial de cambio.
Ante tan bajos incentivos, el mayor motivo por el que los cubanos invertían en paneles solares se debía a conseguir una autonomía en medio de los prologados apagones, que empeoraron tras el cerco petrolero causado por Estados Unidos desde finales de enero.
Con la nueva norma, el gobierno quiere aprovechar esas infraestructuras ya establecidas y sumar los kilovatios excedentes a una red eléctrica con déficits cada vez mayores.
Una estación de servicio de La Habana exhibe los nuevos precios “flotantes” en dólares para los combustibles. Estos precios oscilarán según “el proveedor, el costo de los fletes, la ruta del suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional”, estableció el gobierno cubano. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS
El 12 de mayo, las autoridades cubanas anunciaron que, a partir del 15 de mayo, “los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán, hacia el alza o la baja, de acuerdo con los costos reales de cada operación específica”.
Desde entonces, coexistirían diferentes precios minoristas de combustibles publicados en las estaciones de servicio, en los que influirá “el proveedor, el costo de los fletes, la ruta del suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional.”
El Ministerio de Finanzas y Precios añadió que ante el férreo bloqueo petrolero de Estados Unidos desde fines de enero, “los escasos combustibles llegan a altos costos, por lo que no es posible mantener un precio único y fijo para la venta en dólares en todo el país”.
Si bien el gobierno protegía con subsidios la volatilidad de los precios oficiales del combustible, la realidad desde febrero es que solo la gasolina —no el diésel— se estuvo vendiendo entre 1,1 y 1,3 dólares el litro, apenas 20 litros por vehículo y con una frecuencia muy limitada, por lo que el precio del litro en el mercado negro ha oscilado entre 6 y 10 dólares.
Para disponer de esos 20 litros, un usuario debe registrarse en la plataforma cubana Ticket y solicitar un turno en un servicentro determinado. Normalmente, las filas de cada servicentro superan los 20 000 usuarios mientras apenas atienden entre 40 y 100 clientes diarios en La Habana.
El 15 de mayo, los servicentros empezaron a anunciar aumentos de entre 50 % y 100 % en el precio de venta de la gasolina, según el establecimiento.
La medida llega cuando las empresas privadas llevan meses importando tanto diésel como combustible, desde que el 6 de febrero el gobierno autorizó la importación de combustible por empresas privadas, cuando antes solo se podía hacer desde la administración central del Estado.
Pasajeros viajan en triciclos eléctricos gestionados por conductores privados en La Habana. Los altos precios cubanos del combustible en el mercado informal han obligado a muchos conductores a sumarse a una transición energética en el transporte. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS
Importación de combustibles en marcha
“Es un proceso en marcha. Hay importaciones de combustible de algunos empresarios privados, que traen al país para sus negocios y, una parte, para ser comercializado. Pero las cantidades que hasta ahora se importan son mínimas”, dijo Argelio Abad, viceministro primero de Energía y Minas, en una conferencia de prensa el 20 de marzo.
En febrero, la Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos emitió una guía autorizando exportaciones y reexportaciones de productos de gas y petróleo estadounidenses a entidades elegibles del sector privado cubano.
Según datos de Reuters, entre febrero y marzo, el sector privado cubano ha importado de Estados Unidos unos 30 000 barriles (de 159 litros, traducibles en unos 4,8 millones de litros) de diésel fundamentalmente, del cual solo un 1 % fue de gasolina.
Eric Almeida, presidente de la empresa privada Quota, que asesora y brinda servicios profesionales a otras empresas nacionales e internaciones desde 2022, dijo a IPS que, desde abril, más empresas privadas empezaron a importar gasolina y a distribuirse en varios servicentros.
De acuerdo a Almeida, traer un tanque de 25 000 litros al Puerto del Mariel —a 50 kilómetros al oeste de La Habana—, cuesta entre 45 000 y 50 000 dólares.
Esa cifra aumenta 13 % entre las comisiones a una importadora estatal y por los servicios de manipulación del combustible de la Unión Cuba-Petróleo, la única empresa estatal en Cuba autorizada para ello.
Los tanques se almacenan en la refinería Ñico Lopez en La Habana, y luego se va surtiendo poco a poco en servicentros que se han dispuestos exclusivamente para atender a las empresas privadas que importaron su propio combustible.
En general, las licencias para importar combustible tienen como objetivo cubrir el gasto de carburantes de los propios negocios, por lo que revender ese combustible en teoría no se debería hacer o, al menos, conlleva grandes limitaciones, coincidieron varios empresarios entrevistados por IPS, interesados en esas operaciones.
Un trabajador de uno de esos servicentros especializados en la capital, quien pidió mantener su anonimato, dijo a IPS que su tarea es solo descontar la cantidad de combustible que los vehículos de las empresas van extrayendo del establecimiento.
En la práctica, él no lleva mucho control del proceso, pues un representante de las empresas es quien maneja la tarjeta con el combustible asignado, y la lista de los automóviles o camiones que tienen permitido llenar sus tanques.
“Nosotros no nos metemos en la lista de ellos. De haber una comercialización, una venta por la izquierda (informal), no tengo manera de controlarlo”, dijo.
Escriben Adam Jakubik, Florence Jaumotte, Samuel Pienknagura y Michele Ruta / FMI – La política industrial, el uso de intervenciones gubernamentales para apoyar o desarrollar empresas e industrias específicas, se ha vuelto más popular en los últimos años, especialmente en respuesta a crisis.
La guerra en Oriente Medio es el último ejemplo, con altos precios de la energía y convulsiones geopolíticas que impulsan la acción. Además de las medidas de apoyo a nivel económico, como los límites de precios del combustible y la reducción de los impuestos especiales, se anunciaron al menos 305 medidas de política industrial atribuidas al conflicto en sus dos primeros meses. Incluían prohibiciones de exportación de energía y fertilizantes, subvenciones a productos de energía verde y apoyo a exportadores.
Estas medidas siguen a un amplio aumento de las acciones de política industrial en los últimos años. El Observatorio de Nueva Política Industrial, que desarrollamos junto con Global Trade Alert, muestra una aceleración notable desde 2020, cuando la COVID-19 desató una oleada de acciones gubernamentales. A diferencia de crisis anteriores, muchas de esas medidas permanecieron vigentes tras la aprobación del estado de emergencia.
Los datos del NIPO, que abarcan más de 52.000 intervenciones en 75 países desde 2009, muestran que el total introducido el año pasado fue 2,5 veces la media previa a la pandemia.
Este crecimiento subraya la necesidad de comprender mejor cómo y por qué está evolucionando la política industrial —y cuándo tiene éxito.
Cambios de prioridades
Nuestro análisis revela un cambio notable en por qué intervienen los gobiernos. La reciente adopción de la política industrial está cada vez más motivada por preocupaciones de resiliencia y seguridad, que probablemente no disminuirán dadas las crecientes tensiones en Oriente Medio.
Después de 2008, las justificaciones dominantes para el apoyo industrial fueron aumentar la competitividad y abordar el cambio climático. Pero desde 2020, están más orientados a la resiliencia de la cadena de suministro, la seguridad nacional y las preocupaciones geopolíticas, según nuestro estudio, que utilizó grandes modelos de lenguaje para clasificar las políticas según su justificación.
Eso demuestra cómo los gobiernos ya no buscan solo construir industrias más fuertes y competitivas. Cada vez quieren depender menos de sus rivales geopolíticos y proteger lo que consideran sectores estratégicos. Esta es una política industrial cualitativamente diferente.
¿Qué funciona?
Nuestro análisis muestra que los resultados son mixtos, con el éxito determinado por el diseño de políticas, como la elección del instrumento utilizado. Pero la situación se vuelve menos alentadora con evidencias más detalladas—específicamente nuestra investigación sobre el impacto económico de las políticas industriales, analizando los patrones comerciales entre países y productos, y cómo responden las empresas de sectores objetivo.
El análisis a nivel de producto muestra que la política industrial tiende a mejorar la competitividad de sectores objetivo, pero con efectos de corta duración. Más importante aún, el impulso se observa principalmente en sectores que ya eran competitivos. Es una consideración importante para los gobiernos que esperan utilizar la política industrial para construir nuevas industrias desde cero.
Las subvenciones a nivel de empresa están asociadas a aumentos sostenidos en la inversión de capital, pero sus efectos en productividad y producción se desvanecen rápidamente e incluso pueden revertirse tras unos años. Los incentivos a la exportación tienen poca repercusión en el rendimiento de las empresas, aunque hay indicios de que pueden reasignar recursos hacia empresas más productivas tras un periodo de ajuste.
Hay puntos brillantes. Muchos están vinculados a algunos de los objetivos políticos más recientes de la industria, como la resiliencia climática y de la cadena de valor. Al dirigirse a sectores con grandes distorsiones de mercado, como generosos margen y dependencia financiera externa, el efecto puede ser hasta cuatro veces mayor. Además, las políticas que apoyan la transición verde muestran mejoras más fuertes y duraderas en la competitividad. Y las intervenciones que se dirigen a componentes para productos finales, conocidas como la parte upstream de la cadena de suministro, parecen más eficaces que aquellas dirigidas directamente a productos finales.
Éxito esquivo
Nuestra conclusión no es que la política industrial esté equivocada. Existen razones económicas sólidas para ello en presencia de fallos de mercado. Más bien, concluimos que es mucho más difícil alcanzar los objetivos previstos de lo que la popularidad política actual de estas acciones podría sugerir. La evidencia no respalda la idea de ciclos de éxito auto-reforzados, donde el apoyo gubernamental fomenta la competencia. En cambio, vemos principalmente ganancias modestas y temporales en sectores que ya eran fuertes.
Estas pruebas plantean una pregunta clave: ¿debería la política industrial ser siquiera el primer paso correcto?
Reformas más amplias y a nivel económico suelen generar mayores ganancias. Las mejoras institucionales y regulatorias pueden aumentar la producción en industrias ineficientes hasta en un 10 por ciento a medio plazo. Esto es cinco veces mayor que el aumento de la producción a medio plazo visto tras la implementación de las políticas industriales. Las reformas financieras especialmente ayudan a las industrias con limitaciones crediticias. En términos más generales, las reformas estructurales benefician a todos los sectores, evitan los riesgos de nombrar ganadores y mejoran las perspectivas de éxito de la política industrial si se aplica.
Efectos de desbordamiento
Los gobiernos a menudo pasan por alto los efectos más amplios a nivel nacional y global. La política industrial suele reasignar recursos a entidades objetivo, lo que puede perjudicar a la economía en su conjunto si se produce a costa de actores más productivos. Además, cuando un país subvenciona un sector estratégico, otros suelen seguirlo, como muestran los datos del NIPO.
El resultado puede ser una costosa carrera armamentística globalmente ineficiente de subvenciones que deje a todos en peor situación. Por último, las medidas de política industrial pueden ser relevantes para los desequilibrios globales cuando afectan a la productividad agregada o se aplican a nivel económico para forzar el ahorro y redirigir recursos hacia superávits externos. Gestionar estos desbordamientos requerirá más cooperación internacional en un momento en que las tensiones geopolíticas dificultan cada vez más dicha cooperación.
Aunque está claro que la política industrial ha vuelto, es más difícil decir si puede aportar beneficios económicos sostenibles o a qué coste. Nuestro análisis sugiere que depende de lo cuidadosamente que se diseñen las políticas, de lo bien gobernadas que estén las instituciones implementadoras, de la fortaleza de los fundamentos de la política macroeconómica de un país y de si el mundo puede coordinarse, no tomar represalias.
La desaceleración inflacionaria encontró en mayo una nueva señal de estabilidad. Según el relevamiento semanal de precios de alimentos y bebidas de la consultora Analytica, durante la cuarta semana del mes la variación fue de apenas 0,3%, mientras que el promedio acumulado de las últimas cuatro semanas alcanzó el 2,5%, nivel que también coincide con la proyección para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general del mes.
El dato resulta relevante porque consolida una tendencia de moderación de precios en uno de los rubros de mayor impacto sobre el consumo cotidiano de los hogares. A diferencia de los meses de fuertes oscilaciones registradas durante 2024 y parte de 2025, el actual escenario muestra una inflación de alimentos que comienza a moverse en niveles compatibles con el proceso de estabilización macroeconómica impulsado por el Gobierno nacional.
Sin embargo, detrás del promedio aparecen comportamientos muy dispares entre categorías. El principal factor de presión continúa siendo el segmento de verduras, que acumuló una suba del 12,7% en las últimas cuatro semanas. Se trata de un incremento asociado principalmente a factores estacionales, problemas climáticos y variaciones en la oferta de productos frescos, un fenómeno recurrente en la economía argentina.
También se observó una aceleración moderada en los lácteos, con un aumento promedio del 3%, por encima del nivel general. En contraste, otros rubros tradicionalmente sensibles mostraron una dinámica mucho más contenida. Las carnes y derivados registraron una suba de apenas 1%, mientras que la categoría de otros alimentos —que incluye salsas, condimentos, snacks y productos procesados— avanzó 1,6%.
Un dato que contribuyó a amortiguar la evolución del índice fue la caída de las frutas, cuyos precios descendieron 4,9% en el promedio de cuatro semanas, compensando parcialmente el fuerte encarecimiento de las verduras.
Las diferencias regionales también reflejaron un comportamiento relativamente homogéneo. El Noroeste Argentino (NOA) registró la menor variación semanal con un aumento de 0,2%, mientras que el Gran Buenos Aires (GBA) y la región de Cuyo encabezaron los incrementos con alzas de 0,4%.
Para las provincias del NEA, donde el peso de los alimentos en la estructura de gasto familiar suele ser superior al promedio nacional, la moderación de los precios constituye un dato relevante. No obstante, el comportamiento de los productos frescos sigue siendo un factor de incertidumbre para los consumidores, especialmente en ciudades fronterizas donde la dinámica comercial también está influenciada por los movimientos cambiarios y los precios de países vecinos.
El relevamiento confirma que el proceso de desaceleración inflacionaria continúa avanzando, aunque de manera heterogénea. La clave para los próximos meses estará en determinar si la estabilidad cambiaria, la reducción de la emisión monetaria y la caída de las expectativas inflacionarias logran trasladarse de forma más uniforme a toda la cadena de alimentos, uno de los principales termómetros del costo de vida de los argentinos.
