La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, realizó la siguiente declaración en la reunión virtual de los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G-20:
«Quisiera felicitar al Gobierno de Indonesia, a Sri Mulyani Indrawati, Ministro de Hacienda, y a Perry Warjiyo, Presidente del Banco Central, por ocupar la presidencia de esta reunión del G-20.
Aunque continúa su curso, el ritmo de la recuperación económica mundial se ha moderado. Hace tres semanas recortamos el pronóstico mundial a 4,4% —un crecimiento que no deja de ser saludable—, en parte debido a una revaluación de las perspectivas de Estados Unidos y China.
Los indicadores económicos que hemos observado desde entonces apuntan a una pérdida de ímpetu del crecimiento en 2022 debido a la aparición de la variante ómicron y a trastornos de la cadena de suministro que han resultado más persistentes de lo previsto. Al mismo tiempo, los niveles de inflación siguen siendo elevados en muchos países, se ha agudizado la volatilidad en los mercados financieros y las tensiones geopolíticas se han agravado drásticamente.
Para atravesar una complicada «carrera de obstáculos» este año, serán fundamentales una estrecha cooperación internacional y una extraordinaria agilidad en las políticas.
Permítanme centrarme en tres prioridades de política.
Primero, tenemos que redoblar los esfuerzos para luchar contra lo que podría describirse como «COVID económica prolongada». Según nuestras proyecciones, las pérdidas atribuibles a la pandemia rozarán USD 13.800 millones para fines de 2024; la variante ómicron es un recordatorio de que una recuperación duradera e inclusiva es imposible mientras continúe la pandemia. Sigue habiendo gran incertidumbre respecto a cuán eficaces serán las medidas de protección sanitaria tomadas, en caso de que surjan nuevas variantes.
En este entorno, el mejor curso de acción, en lugar de centrarnos en la inmunización, es asegurarnos de que todos los países tengan acceso equitativo a un conjunto de herramientas integral en contra de la COVID-19 que también incluya detección y tratamientos. Mantener estas herramientas actualizadas a medida que evolucione el virus requerirá una inversión constante en investigación médica, seguimiento de la enfermedad y sistemas de salud que se extiendan hasta el «último tramo» en cada comunidad. El anuncio realizado por el Banco Mundial sobre una mayor movilización en pos de ese objetivo constituye un hecho positivo.
Segundo, muchos países tendrán que atravesar un ciclo de endurecimiento monetario. En un contexto de profunda incertidumbre y significativas diferencias entre los países, las políticas macroeconómicas tienen que estar cuidadosamente calibradas a las circunstancias de cada uno. También es necesario controlar el riesgo de efectos secundarios, sobre todo para los mercados emergentes y los países en desarrollo. Debemos luchar contra la inflación sin obstaculizar la recuperación.
Para ayudar a los países miembros a aprovechar los beneficios de los flujos de capital controlando al mismo tiempo los riesgos para la estabilidad financiera y económica, nos proponemos llevar a término, para las Reuniones de Primavera, el examen del enfoque institucional del FMI sobre los flujos de capital. Tenemos previsto también llevar a la práctica las determinaciones del Marco Integrado de Políticas .
Tercero, los países deben otorgar más prioridad a la sostenibilidad fiscal. Las extraordinarias medidas fiscales desplegadas durante la crisis contribuyeron a evitar otra Gran Depresión. Pero también empujaron los niveles de deuda a registros históricamente elevados. En 2020, observamos la escalada más grande en un año desde la Segunda Guerra Mundial: la deuda mundial —tanto pública como privada— subió a USD 226 billones.
Y aunque muchos países se enfrentan a deudas más altas, debemos priorizar la ayuda a los que necesitan una reestructuración. La proporción de países de bajo ingreso que ya se encuentran en situación crítica por sobreendeudamiento o corren un gran riesgo de caer en ella se ha duplicado desde 2015 —de 30% a 60%—, y varios enfrentan una necesidad urgente de reestructurar su deuda.
En este ámbito, el Marco Común del G-20 puede desempeñar un papel importante, e insto a que se tomen medidas para profundizar aún más su impacto. Además de la transparencia y la actuación sin demora, eso significa:
• Ofrecer una moratoria del servicio de la deuda durante las negociaciones para evitar estrujar a un país precisamente en un momento en que se encuentra sometido a presión financiera;
• Proponer procesos claros y puntuales que promuevan la confianza y faciliten la implementación, incluida la participación de los acreedores privados; y
• Encontrar maneras para incorporar a países que no se encuentran actualmente dentro del alcance del Marco Común ampliando su perímetro.
A nivel más general, el G-20 es crucial para sustentar el ímpetu de las iniciativas colectivas encaminadas a hacer realidad las ambiciones internacionales en pos del bien común. Eso incluye concentrarse en amplificar el efecto de la histórica asignación de USD 650.000 millones en DEG canalizando todo lo que sea posible a los países con las necesidades más apremiantes.
En ese sentido, observamos con satisfacción el aval que el G-20 ha concedido a nuestra propuesta de crear un Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (FFRS). El objetivo es establecerlo para las Reuniones de Primavera de modo que entre en servicio para las Reuniones Anuales, lo cual nos permitirá brindar apoyo a los miembros más vulnerables ante retos estructurales a más largo plazo, especialmente los relacionados con el cambio climático y las pandemias.
Contamos con los aportes de los miembros del G-20 para poner en marcha el FFRS y también para respaldar la ampliación del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, que guarda una importancia igualmente crítica para nuestros países miembros de bajo ingreso vulnerables. Me alienta observar el avance logrado hacia la ambición internacional de reasignar USD 100.000 millones en DEG en beneficio de los países más necesitados, de los cuales ya se han comprometido alrededor de USD 60.000 millones.
Debemos mantener el impulso de los esfuerzos mundiales por implementar el Acuerdo de París, lo cual requiere un fuerte aumento de la inversión destinada al desarrollo con bajos índices de carbono y resiliencia climática. En ese sentido son críticas las señales de política de los gobiernos para descarbonizar la economía, entre otras cosas mediante mecanismos de tarificación del carbono para incentivar la inversión del sector privado en mitigación.
El FMI respaldará al G-20 en estas y otras prioridades. Aguardo con interés nuestra próxima reunión en abril.»
