Revelado por The New York Times, el entendimiento en análisis permitiría a la administración de Donald Trump enviar a la Argentina migrantes de otras nacionalidades detenidos en la frontera estadounidense. La iniciativa expone la profundidad del alineamiento político de Javier Milei y abre interrogantes económicos, institucionales y de seguridad.
Un acuerdo sensible en negociación y su relevancia estratégica
Los gobiernos de Estados Unidos y la Argentina mantienen negociaciones avanzadas para firmar un acuerdo bilateral de deportaciones que habilitaría a la administración de Donald Trump a enviar a la Argentina inmigrantes de otras nacionalidades latinoamericanas, detenidos tras ingresar de manera ilegal a territorio estadounidense. La información fue revelada este 30 de enero de 2026 por The New York Times, que citó dos personas familiarizadas con las tratativas y documentos oficiales del gobierno norteamericano.
El eventual acuerdo, aún no confirmado formalmente por la Casa Rosada, se inscribe en la campaña masiva de deportaciones impulsada por Trump desde el inicio de su segundo mandato y refleja el alineamiento político y estratégico del gobierno de Javier Milei con Washington. Al mismo tiempo, plantea implicancias institucionales, operativas y políticas para la Argentina, que podría convertirse en un “tercer país receptor” de migrantes expulsados de Estados Unidos.
Deportaciones, alineamiento político y negociaciones reservadas
Según el reporte del diario neoyorquino, las conversaciones se desarrollan bajo estricto hermetismo y forman parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca para acelerar las expulsiones de migrantes ilegales, una de las principales promesas de campaña de Trump. El plan incluye el despliegue de miles de agentes de inmigración de distintas agencias federales y la firma de acuerdos con países aliados, como ya ocurrió con El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele mantiene una estrecha relación con el mandatario republicano.
Fuentes del oficialismo argentino reconocieron a LA NACION que la subsecretaría de Defensa de Estados Unidos realizó sondeos al Ministerio de Seguridad, aunque durante la gestión de Patricia Bullrich esos contactos no derivaron en un acuerdo concreto ni en su instrumentación. En ese momento, las dudas giraron en torno a las posibles reacciones internas frente a la llegada de detenidos de otras nacionalidades, en un país con una idiosincrasia diferente a la de otros Estados que aceptaron este tipo de pactos.
De acuerdo con The New York Times, la iniciativa habría sido un pedido de Estados Unidos, y no una propuesta surgida desde Buenos Aires. Desde la embajada norteamericana en la Argentina y el Departamento de Estado, las respuestas oficiales fueron idénticas: “No haremos comentarios sobre los detalles de nuestras comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos”.
Un vocero del Departamento de Estado agregó que “Implementar las políticas de inmigración de la administración Trump es una prioridad principal (…) mantenemos nuestro firme compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”.
Migrantes de terceros países y rol de la Cancillería
Según los documentos del gobierno estadounidense citados por el medio, el subsecretario de Política Exterior argentino, Juan Manuel Navarro, presentó a principios de este mes una propuesta para concretar un acuerdo de deportación con un tercer país. El artículo añade que el canciller Pablo Quirno se habría comprometido ante autoridades estadounidenses a firmar dicho acuerdo.
El esquema bajo análisis prevé que la Argentina acepte personas detenidas cerca de la frontera estadounidense poco después de ingresar ilegalmente, según indicó un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citado por The New York Times. Posteriormente, a esos migrantes se les ofrecerían vuelos para regresar a sus países de origen, utilizando a la Argentina como escala administrativa y logística.
Desde la Cancillería, la respuesta oficial fue cauta. “Por política institucional, la Cancillería no realiza comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”.
Quirno, además, tiene previsto viajar a Washington la próxima semana para participar el 4 de febrero de una reunión sobre minerales críticos, convocada por el secretario de Estado Marco Rubio, lo que refuerza la intensidad del vínculo bilateral en múltiples agendas estratégicas.
Seguridad, migración y señales al electorado
La revelación del posible acuerdo se produce cuatro días después de que el Gobierno argentino anunciara un incremento significativo en las inadmisiones y expulsiones de extranjeros en los pasos fronterizos. Según el Ministerio de Seguridad Nacional, entre diciembre y enero “casi 5000 personas no pudieron ingresar al país o fueron expulsadas”. La ministra Alejandra Monteoliva atribuyó el dato al refuerzo de controles en aeropuertos, puertos y corredores fronterizos.
En ese marco, el eventual entendimiento con Estados Unidos podría leerse como una señal de coherencia discursiva con la política de endurecimiento migratorio que impulsa el gobierno de Milei, aunque también expone tensiones internas: aceptar deportados de terceros países podría generar costos políticos, administrativos y de seguridad, además de debates jurídicos y operativos.
Para Washington, en cambio, estos acuerdos cumplen una doble función. Por un lado, buscan enviar un “mensaje disuasorio” a potenciales migrantes. Trump sostiene que, gracias a esta estrategia, los cruces ilegales alcanzaron un mínimo histórico durante el primer año de su segundo mandato. Por otro, permiten deportar ciudadanos de países con los que EE.UU. enfrenta dificultades diplomáticas o documentales para concretar expulsiones directas.
El alcance de la política migratoria de Trump
Según un análisis de datos federales realizado por The New York Times, durante el último año Estados Unidos deportó aproximadamente 230.000 personas arrestadas dentro del país, 270.000 detenidas en la frontera y otras 40.000 que optaron por la “autodeportación”. Aunque el total quedó por debajo de la promesa de Trump de alcanzar un millón de expulsados en un año, la cifra supera todo lo registrado durante los cuatro años de la administración de Joe Biden.
En paralelo, la Argentina ya fue destino de vuelos de deportación desde Estados Unidos durante el año pasado, aunque en esos casos solo con migrantes de origen argentino. La diferencia central del acuerdo en negociación es que ampliaría el rol del país como receptor transitorio de migrantes de otras nacionalidades, una decisión con impacto regional y potencial escrutinio legal.
