El presidente de Vialidad Provincial, Leonardo Stelatto, fue reelecto en el cargo en asamblea extraordinaria.
Se realizó en Buenos Aires la asamblea extraordinaria del Consejo Vial Federal. El presidente del Vialidad Provincial, Leonardo Stelatto, fue reelecto vicepresidente primero del Consejo Federal que reúne a los organismos viales del país.
El gobernador Hugo Passalacqua encabezó en la mañana de este miércoles una reunión de trabajo con funcionarios del Ministerio del Interior de la Nación, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), miembros de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) e integrantes del Gabinete provincial.
El Secretario de Provincias, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, Alejandro Caldarelli llegó acompañando a Juliette Grundman, representante de la agencia de crédito francesa y a Emilio Pineda, especialista líder en Gestión Fiscal y Municipios del BID y un equipo ampliado que junto a miembros del Gabinete provincial se ocuparían durante toda la jornada a profundizar acciones relacionadas al fortalecimiento institucional y modernización del Estado. El programa también incluiría el apoyo financiero para el reasfaltado sobre un tramo de la ruta provincial 4.
Según explicaron los presentes, el interés provincial se orienta fundamentalmente al programa de fortalecimiento institucional que tiene como objetivo mejorar el funcionamiento y la operatividad de algunos organismos provinciales. En esta oportunidad las áreas beneficiadas serán la Dirección de Catastro, la Dirección de Personas Jurídicas, el Registro de la Propiedad e Inmuebles, el Registro de las Personas, Presupuesto y Contaduría y el Tribunal de Cuentas.
Respecto a la repavimentación de la ruta provincial 4, se trata de un tramo de 18 kilómetros, que atraviesa la provincia de Este a Oeste, desde Santa Ana (ruta prov. 103) pasando por Leandro N. Alem hasta San Javier.
Passalacqua agradeció a los presentes la predisposición para atender a las necesidades más urgentes de la provincia y los representantes de los organismos de crédito pusieron a disposición del Gobierno Provincial líneas directas entre ellos, incluso sin participación de la Nación.
Después de las presentaciones y saludos protocolares, el Gobernador se dirigió raudo, a tomar el avión que lo llevaría a Buenos Aires, donde participará de las jornadas del Think 20 (T20), donde se desarrollarán recomendaciones sobre políticas públicas en base a las investigaciones de diez grupos de trabajo temáticos, integrados por investigadores de países que pertenecen al foro multilateral del G20.
El T20 Argentina definió los siguientes grupos de trabajo temáticos para este ciclo: El futuro del trabajo y educación para la era digital, Cambio climático e infraestructura para el desarrollo, Seguridad alimentaria y agricultura sostenible, Equidad económica de género, Cooperación con África, La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Comercio, inversión y cooperación impositiva, Cohesión social, gobernanza global y el futuro de la política, Una arquitectura financiera internacional para la estabilidad y el desarrollo y Migraciones.
Los productores forzaron una declaración de rechazo a la desregulación del mercado yerbatero que impulsa el presidente Mauricio Macri.
Los productores decidieron hacer una demostración de fuerza y se sumaron incluso los de Corrientes, que le venden a Las Marías, una de las interesadas en una eventual desregulación.
El documento consensuado “defiende” al INYM como organismo regulador del mercado yerbatero y demanda al Gobierno nacional que recuerde las consecuencias de la idéntica decisión tomada en 1991 por Domingo Cavallo, durante el menemismo.
“En esa época, el precio de venta de la hoja verde no alcanzaba para comer, ni hablar de mandar los chicos a la escuela y enfermarse era estar condenado a muerte, porque un remedio era incomprable, por eso le pedimos al Gobierno que no tropiece con la misma piedra, ni crea en los cuentos de hadas de algunos celebres molineros por todos conocidos, que tratan de “salvarse” condenando a muerte a los pequeños productores yerbateros”, plantearon.
“Cobrábamos con una bolsa de harina y un litro de aceite”, recordó uno de los productores en medio de la reunión.
“El INYM nos pertenece, porque lo parimos, con gran sufrimiento, con dolor y lo vamos a defender como una madre defiende un hijo”, resalta el documento, como una advertencia a la ola de protestas que se levantará si Macri decide finalmente ponerle la firma a su proyecto.
Además de defender los mecanismos de fijación de precios, los productores redoblaron la apuesta y reclaman ahora que el INYM también fije el precio a salida de molino, para establecer una competencia “leal” y garantizar que la industria también reciba un precio acorde. Hoy ese precio está fuera de regulación y los hipermercados compran el producto al valor que ellos mismos fijan, pero con una rentabilidad elevada. Pagan a 28 pesos el kilo, pero en góndola se consigue por el doble. O, a la inversa, venden yerba a precios por debajo de los costos.
El documento elaborado por los productores y cooperativistas realiza una reseña histórica de la distribución de la renta yerbatera.
Reseña histórica:
El Gobierno Nacional beneficiando a los sectores más ricos de la Argentina, la pampa húmeda, sometió a la miseria y a la pobreza extrema a los productores yerbateros de Misiones, lo que derivó en innumerables protestas, como por ejemplo la “Matanza de Oberá”, del 15 de marzo de 1936, en la que marchaban niños, mujeres, que fueron abusadas, y productores que murieron, pidiendo un precio justo por sus productos, solo recordarlo nos llena de congoja y tristeza.
Los observadores y los yerbateros que fueron testigos de la existencia de la CRYM afirman que este sistema funcionó con ciertos desajustes, pero básicamente permitió la supervivencia productiva de gran parte de los pequeños productores.
Entre los año 1990 y 2000 la situación económica de los pequeños productores se fue deteriorando de tal manera, que a fines de esa década, la situación era insostenible, ver a los hijos de los colonos mendigando por las ciudades era una imagen cotidiana, las chacras abandonadas y vendidas a los grandes industriales era una situación de todos los días. Pero tales injusticias produjeron el recordado Tractorazo del año 2001 y 2002.
También presentaron un gráfico con la evolución del precio de la yerba mate durante la “década maldita”, hasta la eclosión de la crisis en 2000.
Los productores argumentaron en contra de las palabras del Presidente en Iguazú: en la vista del 6 de abril, Macri dijo que “ningún mercado funciona regulado.
Por el contrario, el documento firmado por las asociaciones sostiene que “para entender el mercado yerbatero debemos decir que es muy acotado, la demanda es casi exclusivamente del mercado interno, de unos 250.000 millones de kilos, es un mercado maduro, la yerba se encuentra en el 98% de los hogares, y resulta muy difícil crecer, lo que crece un marca es a costas de lo que pierde otra y de unos pocos países a los que se exporta, unos 30 millones de kilos, crecer en el exterior es muy difícil ya que el consumo en forma tradicional, mate y bombilla, no tiene aceptación masiva en los consumidores de otras países, y el mercado de las especialidades, saborizantes, bebidas, etc., no consume un volumen considerable”.
“Al estar acotada la demanda de materia prima a unos 280.000 millones de kilos, todo kilo que se produce de más, no encuentra comprador, no hay a quien vender, los stock se acumulan, los bajos precios derrumban la actividad y empujan a la miseria y al abandono de las chacras a las productores y como dijimos, solo subsisten los más fuertes, que compran las chacras a precios “regalados”, se concentra cada vez más la actividad transformándola en un monopolio u oligopolio, mercados no deseados por ningún plan económico que busque una distribución equitativa de la riqueza”, afirman.
Cuando existe exceso de oferta de materia prima los compradores, en el caso de la yerba, los 10 grandes industriales molineros que representan aproximadamente el 80 % del mercado, se ven abrumados por la ofertas de yerba que realizan aproximadamente 15.000 pequeños productores desesperados por poder vender su producción, porque como dijimos, cunado sobra un kilo, no hay a quien vender.
Cuando el primer industrial, con el afán de ganar mercado compra ese excedente de yerba a un precio bajo y lo traslada al precio de venta, se desata una guerra de precios que derrumba toda la actividad, por eso es tan necesario un control de precios que garantice un ingreso mínimo a los productores y le de racionalidad al mercados.
Un precio, que cubra los costos y fije un margen de ganancia fijado por ley, es la única alternativa que tienen los productores para vender su hoja verde a un precio justo y los industriales honestos de estar protegidos de aquellos molineros que lo único que quieren es liberar los precios para cubrir su ineficiencias, ya que durante años, en el mejor de los casos, invirtieron las ganancias que le daba la yerba en cualquier otra actividad. Ver sus balances es una prueba más que suficiente.
Estamos convencidos que cualquier plan económico busca en definitiva el bienestar de la sociedad, de los que producen con su esfuerzo cotidiano luchando contra el frio, el calor o la lluvia y que cuando llega a fin de mes no cobran ni un sueldo ni un subsidio, lo único que quieren es vender el fruto de su esfuerzo a un precio justo.
La proyección del Fondo Monetario Internacional significó un golpe duro para el optimismo del Gobierno de Mauricio Macri en la batalla para derrotar la inflación. A diferencia de otras proyecciones, esta vez se trata de fuego amigo. Christine Lagarde había elogiado el “gradualismo”, pero ahora anticipa que la inflación superará por cinco puntos porcentuales las metas del Gobierno.
Según el Fondo, la inflación de este año será del 19,2 por ciento, lejos de la meta del 15 del equipo económico.
En paralelo, el FMI espera que el crecimiento se modere, pasando del 2,9% registrado en 2017 al 2,0% en 2018 (0,5 puntos porcentuales inferior al pronosticado en la edición de octubre del informe WEO) debido al efecto de la sequía sobre la producción agrícola y la necesidad de efectuar un ajuste fiscal y monetario para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y reducir los altos niveles de inflación. Posteriormente, se espera que el crecimiento se recupere gradualmente y llegue al 3,3% en el mediano plazo.
El FMI incluyó a la Argentina entre los ocho países con mayor inflación del mundo para este año.
“En Argentina, las reformas fiscales aprobadas a finales de 2017 ofrecen mejores orientaciones en materia de disciplina fiscal y contribuirán a abordar los importantes desequilibrios del sistema jubilatorio en el país, así como a poner en marcha una reducción gradual de los impuestos altos y distorsivos. Sin embargo, habrá que aplicar nuevos recortes al gasto primario para alcanzar los objetivos de déficit primario y generar espacio para seguir reduciendo la carga tributaria”, señala el informe del organismo financiero.
No es casual que el Gobierno de Macri esté alarmado por la inflación. Había sido una de las banderas de la campaña, pero hasta ahora ha sido uno de los principales fracasos.
Según un estudio publicado en el diario La Nación, siete de cada diez argentinos recortó gastos en los últimos meses, especialmente en indumentaria, en restaurantes, entretenimiento y viajes.
Ese ajuste obedece a los sucesivos tarifazos, especialmente en la energía y la quita de subsidios que alcanzaban a la clase media.
La canasta básica –esto es, lo necesario para alimentarse-, según el último estudio del Indec, cuesta 6.987,20 pesos, mientras que la Canasta Básica Total, que incluye servicios, transporte, educación, entre otros rubros, subió a 17.537,88 pesos.
Ahora, gracias a la nueva herramienta del Instituto Provincial de Estadística y Censos, también se pueden calcular esos valores en Misiones. En marzo la Canasta Básica Alimentaria misionera ascendió a 7.939,55 pesos, mientras que la CBT llegó a 20.357,81 para una familia tipo de padre, madre y dos hijos de seis y nueve años. En marzo del año pasado, la CBA costaba 6.449,78 y la CBT 16.537,90 pesos. Ambas aumentaron 23,1 por ciento, con un incremento nominal de 1.490 y 3.820 pesos, respectivamente. Esos valores determinan si una familia es indigente o pobre.
Los incrementos de precios están por encima del promedio de paritarias acordadas. El pan aumentó 22 por ciento en los últimos meses. La educación privada registró en marzo una suba promedio del 22 por ciento y la tarifa eléctrica de un usuario residencial, subió 34 por ciento en Misiones. Este dato podría ser mucho más dramático: Emsa paga por la energía que compra a la Nación, 62,50 por ciento más que en marzo del año pasado. La Provincia absorbió prácticamente la mitad de las subas.
