Estudio asegura que se redujo 3% la participación de los asalariados en el PBI
Las profundas transformaciones en la política económica que desplegó la alianza Cambiemos no solo provocaron una importante recesión en 2016 sino también alteraciones sustanciales en el régimen económico. Si bien el examen de los cambios estructurales es prematuro en cuanto a su profundidad no lo es en lo que concierne a su naturaleza y orientación. Por ello, la evaluación del primer año de gobierno resulta sumamente útil como para advertir el nuevo esquema de “ganadores” y “perdedores” que se tiende a configurar en la economía argentina y, consiguientemente, la orientación del modelo de acumulación de capital que se busca establecer.
Al respecto, lo primero que cabe señalar es que las medidas adoptadas (devaluación, quita o baja de retenciones a las exportaciones, aumento de las tarifas de los servicios públicos, apertura comercial, liberalización del movimiento de capitales, suba de la tasa de interés, etc.) generaron una profunda transferencia de ingresos del trabajo al capital. A tal punto que la participación de los asalariados en el ingreso cayó del 37,4% al 34,3% entre 2015 y 2016, lo que equivale a una apropiación por parte del capital de aproximadamente 16.000 millones de dólares.
Sin embargo, las intensas pugnas por la distribución del ingreso no solo se entablaron entre el trabajo y el capital sino también en el plano intra-capital. Se trata de transferencias de ingresos que emanan tanto de la punción en el salario real como de las rentabilidades relativas sectoriales. Así es que en el marco de la aceleración inflacionaria de 2016, y en forma consistente con la nueva política económica, los sectores que pudieron aumentar sus precios relativos por encima del promedio fueron el agro (83,9%), la intermediación financiera (60,9%), electricidad, gas y agua (57,4%) y minas y canteras (49,9%).
Las ramas que, en cambio, se ubicaron dentro del segmento de los “perdedores” son, en lo fundamental, la industria, la construcción y el comercio. En la generalidad de los casos, estas actividades estuvieron afectadas por la caída del consumo, el incremento de los costos de los servicios públicos y la apertura comercial (que fue muy escasamente compensada por la suba del tipo de cambio real). Este cambio de precios relativos se desplegó en un marco internacional complejo, caracterizado por la intensificación de la lucha competitiva que se reflejó en una importante caída de los precios externos.
En ese marco, el eje ordenador de la economía argentina se desplazó de la economía real y el consumo hacia la especulación financiera, reprimarizándose asimismo la canasta exportadora del país. De hecho, el único componente de la demanda agregada que experimentó un crecimiento en 2016 fueron las exportaciones por efecto del comportamiento de las ventas primarias. En tanto que se redujo el consumo privado, en virtud de la caída del salario real y el aumento del desempleo, y se derrumbó la inversión productiva.
Al respecto, cabe apuntar que la tasa de inversión cayó desde el 16% hasta el 13,9% del PIB entre 2015 y el cuarto trimestre de 2016, mientras que la radicación de inversiones extranjeras directas se redujo a la mitad. Sin embargo, la supuesta lluvia de inversiones pretendidas por el gobierno tuvo su manifestación en un masivo ingreso de capital especulativo a partir de los altos rendimientos en dólares que posibilitaron fundamentalmente las Lebac. Así es que las inversiones de cartera, que habían sido negativas en 2015, treparon a USD 44.585 millones en 2016. En ese marco, la fuga de capitales al exterior, medida a través del método residual de la balanza de pagos, aumentó de USD 7.505 a 11.666 millones entre 2015 y 2016 y, como contrapartida, el ratio de la deuda externa pública se elevó del 13,3% al 23,4% del PIB.
En efecto, el marcado descenso de las inversiones orientadas a la economía real constituye un indicador relevante de que si, efectivamente, existe reactivación de la actividad en 2017 será esencialmente por efecto del “rebote estadístico”, con escaso impacto en la economía real y el empleo y, lo que es más importante aún, no sostenible en el tiempo. De todos modos, los últimos indicadores de coyuntura aún no permiten advertir un cambio de tendencia en este sentido.
Si bien en enero el nivel de actividad había registrado un incremento interanual del 1,1%, en la comparación mensual se contrajo 0,5%, interrumpiendo la tendencia de los meses previos. Por el lado de la oferta, la industria y la construcción registraron en febrero caídas interanuales superiores a las de enero (-6% y -3,4% respectivamente). Por el lado de la demanda, el nivel de consumo, que no había tenido un buen desempeño en enero, profundizó su contracción en febrero en virtud de la aceleración inflacionaria, en tanto que las cantidades exportadas registraron caídas significativas. En ese marco, el único dato relativamente positivo, pero con escasa capacidad de tracción sobre el conjunto de la economía, provino por el lado del gasto en obra pública, que se duplicó en febrero y arrastró el incremento de los despachos de cemento en marzo.
Bajo estas circunstancias, cada vez queda más claro que el eje de la política económica no tiene como objetivo prioritario el de apuntalar el nivel de actividad sino el de contener la inflación, que devino en la principal apuesta electoral del gobierno.
En ese marco, el reciente incremento de las tasas de interés tiene el propósito de “secar la plaza” con el objetivo de restarle presión al dólar y, consiguientemente, al nivel de precios. Cabe señalar que ello ocurre en un contexto de elevados vencimientos de las Lebac cuyo stock asciende a $ 773.989 millones (equivalente a las reservas totales del Banco Central).
En ese escenario, existe la posibilidad de que ante una modificación de las expectativas cambiarias los inversores privados, que tienen ahora una elevada presencia en las Lebac, dolaricen su cartera. El gobierno reduce, así, su margen de maniobra y se torna más dependiente de mantener las altas tasas de interés y acceder al endeudamiento externo -una vez pasados los efectos extraordinarios del blanqueo de capitales-, realimentando el proceso de valorización financiera.
El otro punto neurálgico para reducir el nivel de precios es el de la represión salarial. De allí que la negociación paritaria, tal como lo indica el caso testigo de los docentes, constituye la madre de todas las batallas. Sus resultados dependen de las relaciones de fuerza y de la acción del movimiento sindical, al cual pretenden doblegar con políticas dirigidas a desprestigiar a su dirigencia más activa frente al ajuste económico.
