El costo de una Canasta Básica total se duplicó en el transcurso de un año. La CBA, instrumento que determina la línea de la indigencia, ya roza los $450.000
Aunque los precios siguen desacelerando, los productos de la canasta básica se hacen más caros mes a mes. En diciembre, una familia tipo necesitó $1.024.435 para cubrir el 100% de sus necesidades en el transcurso de un mes (Canasta Básica Total). Se trata de un valor 2,3% más alto que el mes anterior y 106,6% mayor al que se registraba a principios de año. De esta manera, los hogares con ingresos inferiores a ese monto son técnicamente considerados “pobres”.
De igual manera, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), indicador que mide el total de gastos que debe hacer una familia tipo para cubrir sus necesidades alimenticias en el transcurso de un mes, avanzó un 2,3% en el último mes de 2024 y cerró el año con un alza del 86,7%. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la CBA llegó a un valor de $449.314. Las familias con ingresos por debajo de ese monto son “indigentes”.
Claro que en la práctica el costo de vida es diferente para cada grupo familiar. Para reflejar esta situación, el Indec informa mensualmente cuál es la CBA y la CBT de otros dos grupos familiares que sirven como modelo. Una familia compuesta por tres integrantes, por ejemplo, debe gastar $357.706 para cubrir el valor de una Canasta Básica Alimentaria y no caer bajo la línea de la indigencia. La misma familia debe reunir $815.570 al mes para pagar todos los bienes y servicios necesario para cubrir todas sus necesidades básicas durante un mes.
Por supuesto, el presupuesto es más alto para familias más numerosas. Un hogar conformado por un varón y una mujer, ambos de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año, tienen que gastar $472.579 al mes para comprar todos los productos alimenticios indispensables. En tanto, el valor de la CBT en ese caso es de $1.077.480.
Como se mencionó, la CBA se usa para determinar la línea de la indigencia, en tanto que la CBT es el valor de referencia para marcar la línea de la pobreza. Ahora bien, el hecho de que ambas canastas sigan aumentando, no implica necesariamente que haya más pobres e indigentes en la Argentina. Para saber realmente qué está ocurriendo a nivel socioeconómico, se debe tener en cuenta la otra variable que entra en juego en la ecuación: los salarios.
La cuenta es simple. Para que haya menos pobres, los ingresos de los trabajadores deben subir a mayor ritmo que la CBT; así mismo, para que haya menos indigentes, los sueldos deben superar a la CBA. El problema es que el Índice de Salarios que publica el Indec lleva dos meses de retraso en relación a la medición de las canastas, dado que el último dato disponible de ingresos corresponde al mes de octubre.
No obstante, se puede hacer una comparación de las tres variables con corte al décimo mes del año pasado. Hasta ese momento, el Índice de Salarios había avanzado 129,2%, mientras que la CBA acumulaba un incremento del 80%. La CBT, por su parte, marcaba hasta ese momento una suba del 99%.
Pasando en limpio, en los primeros diez meses del 2024 los ingresos de los trabajadores crecieron más que ambas canastas básicas, lo que da un indicio de que la pobreza y la indigencia pueden haber caído en la última parte del 2024. De todas formas, el dato se podrá confirmar recién cuando el Indec de a conocer las estadísticas oficiales de ambos indicadores socioeconómicos. Se debe tener en cuenta, además, que en la comparación de los primeros diez meses del año se está dejando de lado lo ocurrido en diciembre de 2023, cuando los precios se dispararon a un nivel que los salarios no pudieron seguir.
Lo comunicó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich esta tarde. Se trata de David Nazareno Ávila, quien había formado parte del Ejército argentino como voluntario. Las imágenes halladas en su celular
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la detención en Argentina de un hombre a quien señalan como “extremista islámico”. El arresto se llevó adelante tras allanamientos simultáneos de Prefectura en General Roca, en la provincia de Río Negro.
“Estamos demostrándole al mundo que estamos decididos a dar esta batalla contra estas amenazas globales. Es un operativo histórico, resultado de nueve meses de investigación exhaustiva”, dijo Bullrich en conferencia de prensa.
La funcionaria indicó que el supuesto terrorista está vinculado al grupo Estado Islámico Daesh y que “pertenecía a una red de odio y destrucción global”.
“Este terrorista representaba una amenaza concreta contra la seguridad nacional. La investigación significó confesiones directas conseguidas por nuestro agente encubierto digital”, detalló.
De acuerdo a la información difundida por el Gobierno, en el mes de marzo 2024, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, (UFECO), a cargo de Santiago Marquevich, tomó conocimiento de que una persona, identificada como David Nazareno Ávila, realizaría actividades de difusión y propaganda yihadista del autoproclamado Estado Islámico a través de las redes sociales Instagram, TikTok, Facebook, Telegram y Twitter.
Lo hacía mediante la utilización de distintos usuarios. “Naza”, era uno de ellos.
A partir del dato, se inició una investigación en la que intervino Prefectura.
“Teniendo en consideración que surgían posibles encuentros en la zona de Escobar, se judicializó en el Juzgado Federal de Campana”, detallaron las fuentes. Esa dependencia está a cargo de Adrián González Charvay. En la causa intervino la Secretaria Penal 2, de Agustín Ocamp y el fiscal Sebastián Bringas.
Los agentes realizaron vigilancias encubiertas, escuchas telefónicas y se designó a un Agente Encubierto digital de la fuerza de seguridad federal que resultó clave para atrapar al presunto extremista.
El efectivo logró confirmar que Ávila se vinculaba con diferentes grupos afines a ISIS y que se encontraba trabajando en una mensajería lindante a una empresa de la comunidad judía.
Fuentes del caso indicaron a este medio que el hombre señalado formó parte del Ejército Argentino como voluntario por cuatro meses.
En allanamientos simultáneos en domicilios vinculados a Ávila, ordenados por el juzgado de Campana, se secuestró su celular.
Del aparato, se lograron extraer imágenes -que ilustran esta nota- y comunicaciones con grupos que resultarían ser terroristas.
En ese contexto, “sehalló un mensaje del mes de octubre en el que solicitaba instrucción para la realización del armado de bombas explosivas”.
Para los investigadores, el fin era “cometer un ataque presuntamente en el ámbito nacional”.
Con estas pruebas, se dispuso la detención e incomunicación de Ávila y su traslado al Juzgado Federal de Campana con la intervención del Grupo Especial Albatros de PNA para su indagatoria.
“El plan estaba en una etapa muy avanzada. Lo que los terroristas llaman encomendarse, para tener una guía, que significa la última etapa para consumar un atentado”, indicó la Ministra.
“Su fin era la caracterización del gobierno nacional como sionista y que debía pagar por eso. No casualmente trabajaba en una mensajería. Eso le permitía moverse para elegir blancos”, agregó.
“Este extremista usaba Telegram, Tik Tok, Instagram, para difundir la ideología de odio y para intentar reclutar jóvenes argentinos que fueran carne de cañón para organizaciones terroristas”, dijo.
Al mismo tiempo, reveló que era parte de un canal de Telegram que lleva el nombre de un grupo reivindicaba al autor de una masacre en un colegio de Ucrania, en la que fueron asesinados 20 estudiantes.
“Propagando yihadista, manuales para la fabricación de explosivos, mensajes antisemitas y conexiones con redes internacionales de radicalización”, enumeró Bullrich sobre las evidencias halladas en contra de Ávila.
“Frustramos sus planes antes de que pudiera causar daño, gracias a la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y Prefectura”, dijo. Por último, señaló que la investigación contó con el asesoramiento del FBI.
Quién es el presunto terrorista vinculado al Estado Islámico
David Nazareno Ávila, de 21 años, fue arrestado luego de una investigación en la que intervino un agente digital encubierto y determinó su participación en grupos extremistas
David Nazareno Ávila, de 21 años, fue arrestado en General Roca, Río Negro, por terrorismo, entre otras imputaciones, tras una investigación de nueve meses que determinó su vínculo con grupos extremistas islámicos. La intervención de un agente digital encubierto y el secuestro de su celular, donde se encontraron conversaciones que lo comprometen, fueron claves para su detención, indicaron fuentes del caso a.
“La paz sea contigo hermano. Me pasaron tu contacto para que puedas acompañarme en el grupo. Mi nombre es Naza soy de Argentina”, se presenta ante una persona, presuntamente, vinculada a una organización terrorista.
“En Argentina tenemos un gobierno sionista que apoya a Israel y debe pagar por sus pecados. Quiero llevar adelante un ataque. Quiero aprender a hacer explosivos si me pueden ayudar”, pide.
Ávila fue indagado en las últimas horas en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. De acuerdo a la descripción de las fuentes, el sospechoso se mostró como una persona “fría”.
“No se le movió un pelo cuando se le notificó que iba a ser detenido. No se conmovió como suelen hacerlo las personas cuando se les comunica este tipo de medidas”, detallaron.
En su declaración, el supuesto terrorista reconoció las conversaciones halladas en su dispositivo, pero negó las acusaciones con una versión que resultó inverosímil a los investigadores.
Las fuentes indicaron que no se reconoció extremista y alegó que se acercó a esos grupos porque “tiene interés en temas bélicos”. Aseguró, en ese sentido, que se trataba de “un juego” y que estaba dispuesto a quedarse con el dinero que podrían enviarle para financiar un supuesto atentado en territorio argentino.
“Dijo que no estaba dispuesto a hacer nada, pero si le llegaban a mandar plata se la iba a quedar, como una estafa”, detallaron. Hasta el momento, no se encontraron mensajes que hablen de una operación monetaria concretada, aunque aún resta revisar el contenido del dispositivo secuestrado durante los allanamientos.
“Es raro que una persona se contacte e interactúe con estos grupos a modo de juego, por eso no es creíble esa versión”, agregó un investigador con acceso al expediente, quien además precisó que Ávila llegó a generar estos vínculos luego de navegar por sitios relacionados al terrorismo y, luego de enviar mensajes privados a los mismos. De esta manera, se fue abriendo camino hasta llegar a los grupos en Telegram.
Uno de los grupos en esta plataforma tiene una particularidad alarmante: lleva el nombre de Vladislav Roslyakov, un estudiante de 18 años autor de la masacre en una universidad de Ucrania, en 2018, en el que 20 jóvenes fueron asesinados a tiros.
Sobre su personalidad, indicaron que es probable que Ávila tenga dificultades en su socialización y en su inserción, un aspecto que resulta ser un factor riesgo para los agentes que participaron del caso. “Personajes muy marginales encuentran reconocimiento en este tipo de grupos, donde intentan convertirse en referentes”, agregaron.
En cuanto al argentino, puntualizaron que en las conversaciones aseguraba que su intención era que el Gobierno “pague sus pecados”, razón por la cual alarmó su pedido expreso de instrucciones para armar explosivos.
Según las fuentes, Ávila vivía en una casa de General Roca con sus hermanas y una sobrina. Trabajaba como repartidor de una mensajería cuya sede está ubicada al lado de una empresa de agro de la comunidad judía.
A ese empleo regresó tras un frustrado paso en el Ejército Argentino como voluntario. Los investigadores indicaron que lo echaron tras un mes y 18 días dentro de la institución. El supuesto extremista dijo a su entorno que lo habían encontrado robando, pero los investigadores también descreen de esa afirmación.
Por otro lado, fuentes del Ejército indicaron que el joven no se llegó a adaptar. “Se le dio de baja en concepto de no re incorporable, por no cumplir las condiciones para el servicio y disciplina”, indicaron ante la consulta de este medio.
La jueza de Nueva York emitió un fallo contundente relacionado con el caso por la expropiación de la petrolera, obligando al país a revelar datos clave solicitados por los demandantes.
La jueza Loretta Preska, que preside el caso por la expropiación de YPF en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar toda la información requerida por los beneficiarios del fallo. Entre los datos solicitados se encuentra información detallada sobre la ubicación del oro argentino y otros activos, como parte del proceso judicial en curso.
En su fallo, hecho público por Sebastián Maril de LATAM Advisors, Preska criticó la actitud del país en relación con la entrega de estos documentos, indicando que “se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega”. Este señalamiento puso de manifiesto las demoras en la producción de la información exigida por el tribunal.
Adicionalmente, la jueza aclaró que, independientemente de si las reservas de oro se encuentran bajo custodia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) o no, el país está obligado a proporcionar documentación que tenga en su poder sobre estos activos. Este requerimiento subraya la obligación del Estado de cumplir con las órdenes judiciales del tribunal estadounidense.
El fallo también incluyó observaciones sobre la integridad de las producciones documentales entregadas hasta el momento. La jueza Preska remarcó que es probable que se haya gastado más tiempo y recursos discutiendo sobre la entrega de la información que en completar la tarea de producirla, evidenciando las tensiones existentes entre las partes.
Los documentos solicitados están relacionados con activos estratégicos del país, lo que genera un alto interés internacional y podría tener implicancias importantes en el caso por la expropiación de la petrolera YPF, considerada una de las disputas más significativas en la historia reciente entre un Estado soberano y acreedores internacionales.
Al cierre de este fallo, las partes involucradas en el litigio deberán seguir los plazos impuestos por el tribunal para garantizar que la documentación sea entregada sin mayores demoras.
En diálogo con Infobae, Maril explicó las particularidades del sistema judicial estadounidense y su contraste con el argentino, un aspecto clave para entender el fallo de la jueza Loretta Preska. “El sistema judicial argentino es diferente al americano. La sentencia de Preska está firme, pese a que sea apelable y haya sifo apelada”, señaló. Además, recordó que existen dos formas de evitar embargos: una de ellas es presentar una garantía, algo que, según él, “Preska recomendó apenas asumió Javier Milei, pero el presidente no lo hizo porque había otras prioridades”.
Sobre los embargos, Maril destacó que desde el 30 de enero, fecha en que se ordenaron las medidas iniciales, comenzaron los procesos para intentar embargar activos argentinos como las acciones de YPF en manos del Estado o el oro del BCRA, como parte de las solicitudes de los beneficiarios del fallo.
En relación con la inmunidad de los activos argentinos, Maril explicó la actitud de la juez. Está diciembre “ustedes no son quienes para decirme qué activos gozan de inmunidad soberana y qué activos no. Ustedes tienen que presentarlo y yo digo qué es inmune”. Según el analista, esto incluye desde propiedades consulares y cuentas bancarias hasta las reservas de oro.
Maril explicó que uno de los objetivos principales de los demandantes es demostrar que Argentina utiliza activos soberanos para actividades comerciales, lo que podría hacerlos embargables. “Si usaste la cuenta de una propiedad consular para un pago comercial, eso es algo que los demandantes buscan identificar”, afirmó.
Respecto de la apelación que está en curso, el especialista indicó que solo el 32% de los casos llegan a argumentos orales, mientras que el resto se decide sin ellos. “Si no hay argumentos orales, ya empezaron a deliberar. Si los hay, todavía no empezó la deliberación”, explicó.
En una reflexión sobre la estrategia del Gobierno frente al caso, Maril afirmó: “Si hay algo que aplaudo de este Gobierno, es que todo lo que estaba mal lo está cambiando. Si hay algo que no cambió es la estrategia legal. Es la misma que tenían CFK, Macri y Alberto. La estrategia legal es patear la pelota”.
Un litigio adverso
El caso por la expropiación de YPF, que enfrenta a la República Argentina contra el fondo de inversión inglés Burford Capital, se encuentra en una etapa clave. Según información reciente, la sentencia inicial dictada por la jueza Loretta Preska acumula una cifra de más de USD 17.000 millones, incluyendo intereses y honorarios legales. De este total, unos USD 1.000 millones corresponden únicamente al presente año.
Burford, que invirtió USD 400 millones en la demanda y luego vendió el 60% de sus derechos para financiar el litigio, apuesta a cobrar el fallo este año. Para ello, continúa litigando en primera instancia sobre cuestiones paralelas, como la posibilidad de que la justicia estadounidense determine que YPF actúa bajo órdenes del Estado argentino. Esto permitiría avanzar con embargos y, eventualmente, hacerse con las acciones de YPF en manos del Estado como parte de pago.
La apelación presentada por la Argentina en octubre de 2023 ante el Segundo Circuito de Apelaciones será fundamental para definir el rumbo del caso. Si no se convocan argumentos orales, el tribunal podría fallar directamente. En caso de un resultado adverso, Argentina tendría la opción de recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque esta instancia suele evitar intervenir en casos de este tipo.
Burford observa con atención el escenario económico y político del país. El crecimiento sostenido de las acciones de YPF en Wall Street, que aumentaron más de 170% en un año, sumado a la baja en el riesgo país, crea un contexto que consideran favorable para negociar con el Gobierno. Sin embargo, hasta el momento no se han alcanzado acuerdos, ya que el Ejecutivo optó por esperar el fallo de apelación antes de tomar decisiones concretas.
Entre las alternativas que Burford estaría dispuesto a aceptar, se encuentran quitas de capital o el pago mediante bonos soberanos. Según un informe de Bloomberg, el fondo incluso evaluaría opciones como bonos “zero-coupon” a 10 años, que no generan intereses y comienzan a pagarse tras una década.
Otro elemento central en el desarrollo del juicio es el papel del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y de la Procuración del Tesoro. Aunque técnicamente la causa es llevada adelante por la Procuración, las decisiones finales dependen de la aprobación del Ejecutivo. Fuentes cercanas al caso indican que Caputo, si bien no descarta eventualmente negociar, preferiría que el Congreso o el Presidente asuman la responsabilidad de autorizar un acuerdo.
El próximo movimiento del caso será la presentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que emitirá su opinión sobre un pedido de Burford: la entrega de las acciones de YPF como parte de pago. Aunque el organismo previamente se opuso, un fallo reciente de la Corte de Apelaciones relacionado con activos de Irán podría influir en esta nueva instancia.
El desenlace del caso no solo determinará el futuro de YPF, sino también las posibilidades de acceso de Argentina a los mercados internacionales de crédito y la estrategia del Gobierno frente a demandas similares en el ámbito global.
¿Dónde está el oro del BCRA?
Los beneficiarios del fallo por el juicio de la expropiación de YPF buscan saber dónde están los activos de la República Argentina, entre los que se encuentran las reservas de oro en el Banco Central, para tenerlos en la mira ante eventuales embargos. La jueza Loretta Preska, que preside el caso en el Tribunal del Distrito Sur Nueva York, ordenó este martes al país entregar toda la información requerida por los demandantes como parte del proceso judicial en curso.
En su fallo, hecho público por Sebastián Maril de Latam Advisors, Preska criticó la actitud del país en relación con la entrega de estos documentos, indicando que “se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega”. Este señalamiento puso de manifiesto las demoras en la producción de la información exigida por el tribunal y solicitada por el fondo de inversión inglés Burford Capital.
Los documentos solicitados están relacionados con activos estratégicos del país, lo que genera un alto interés internacional y podría tener implicancias importantes en el caso por la expropiación de la petrolera YPF, considerada una de las disputas más significativas en la historia reciente entre un Estado soberano y acreedores internacionales. La Argentina fue condenada en primera instancia a pagar USD 16.000 millones y en el último año se sumaron intereses por otros USD 1.000 millones.
Adicionalmente, Preska aclaró que, independientemente de si las reservas de oro se encuentran bajo custodia del BCRA o no, el país está obligado a proporcionar documentación que tenga en su poder sobre estos activos. Este requerimiento subraya la obligación del Estado de cumplir con las órdenes judiciales del tribunal estadounidense.
La autoridad monetaria comunicó a principios de septiembre pasado que completó “exitosamente” transferencias de parte de sus reservas en ese metal a una cuenta en el extranjero, aunque no precisó el destino, luego de las denuncias que realizó la oposición sobre estas operaciones ante la vulnerabilidad de los activos frente a eventuales embargos y pedidos de acceso a la información pública. El último balance de la entidad arrojó que las reservas de oro representan el equivalente a más de USD 5.400 millones.
En ese marco, el Banco Central destacó: “La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria, que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos. Desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”.
“Estas operaciones de rebalanceo no alteran el volumen total de las reservas en oro, que se mantienen equivalentes a aproximadamente USD 4.981 millones, según lo publicado en el balance del 23 de agosto de 2024″, agregó en ese momento la entidad que preside Santiago Bausili. Finalmente, el BCRA expresó su preocupación por lo que consideró “difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”.
Sin embargo, explicaron a este medio fuentes al tanto de la operación, el traslado brinda a la entidad herramientas para generar rendimientos por el depósito del metal en el exterior –tasa de interés– o, en caso de requerirlo, utilizarlo como garantía para conseguir dólares líquidos a través del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés).
De hecho, el BCRA había informado en abril que completó la cancelación de la deuda con el BIS, que ascendía, al asumir Javier Milei, a los USD 3.117 millones, por un swap por el que Argentina entregó oro durante la gestión de Alberto Fernández. Es por eso que ahora el camino para volver a solicitar liquidez se encuentra allanado.
La utilización del metal en manos de la entidad y, en especial, su traslado al exterior generó controversia en los últimos años cada vez que se habló del tema, a pesar de que no es algo nuevo en la Argentina. Es en ese marco que el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, realizó varios pedidos de acceso a la información pública para conocer el destino de esos activos y luego se sumaron otros dirigentes de la oposición que señalaban el riesgo por eventuales embargos por los fallos adversos que enfrenta el país.
Según tres personas que tienen o tuvieron en el pasado responsabilidad sobre esas operaciones consultadas por este medio, para utilizar las reservas de oro como las tenencias de moneda extranjera hace falta un procedimiento muy sencillo. Alcanza con vender a cambio de dinero en efectivo o, más fácil aún, tomar un préstamo en dólares con oro como garantía, lo que en la jerga se conoce como un swap. La operación, por su puesto, tiene como costo una tasa de interés.
El oro ubicado fuera del país, explicó uno de los ex responsables del tema a este medio, es el más fácil de usar para un swap y transformar en dinero. El que está ubicado en Buenos Aires, mientras tanto, puede tomar un par de días antes de ser utilizados.
El IPC de diciembre se ubicó en 2,7%, marcando así una inflación del 117,8% para 2024. Dato que complica más prever que pasará con el crawling peg.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INdEC) reveló este martes (14/01) que el IPC de diciembre se ubicó en 2,7%, marcando así una inflación del 117,8% para 2024.
La división con mayor alza mensual en diciembre de 2024 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,3%), escoltada por Comunicación (5%)
En diciembre 2024, Noreste y Gran Buenos Aires fueron las regiones de mayor suba mensual (2,9%); y Cuyo, la de menor (2,3%)
Sobre este dato, el ministro de economía, Luis Caputo, se pronunció:
“El IPC Nacional registró una variación de 2,7% en diciembre, confirmando la continuidad del proceso de desinflación. Esto se da en un mes en el cual el índice presenta una estacionalidad positiva, vinculada a las fiestas y al inicio del período de vacaciones de verano, y en un contexto donde tanto la actividad económica como los ingresos reales de la población presentan una fuerte recuperación. En efecto, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló un crecimiento de 2,3% entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, en tanto los salarios del sector privado registrado (SIPA), las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) exhibieron una suba en términos reales de 15,4%, 12,8% y 107,4%, respectivamente, en los primeros once meses del año. A diferencia de otras oportunidades, el crecimiento en los ingresos reales de la población y el crédito al sector privado se da como consecuencia, y no en detrimento, del orden macroeconómico. La profundización en la desinflación y la devolución al sector privado de recursos que hasta 2023 se destinaban a financiar al sector público, permiten que esta expansión sea genuina y sostenible.”
“La variación interanual del IPC Nacional fue de 117,8% i.a., siendo el octavo mes consecutivo de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior, y contrastando con el 211,4% de inflación registrado en 2023. Cabe destacar que la inflación anunciada hoy fue la menor para un mes de diciembre desde 2018.”
“La continuidad del proceso de desinflación puede apreciarse también en el análisis de medias móviles de la variación del IPC, dado que permite extraer tendencias más allá de la volatilidad de muy corto plazo. En esta línea, la media móvil de 3 meses fue de 2,6% mensual (-0,3 p.p. vs. noviembre de 2024), el menor registro desde septiembre de 2020.”
En diciembre, la suba intermensual fue del 1,5% y si se comparan los valores con el Salario Mínimo Vital y Móvil, este alcanza para 20 días de alimentos básicos.
La Fundación COLSECOR presentó el informe de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que contempla precios registrados en 30 localidades medianas y pequeñas de 7 provincias del interior de nuestro país.
De este trabajo, que se realiza desde el 2021 y cuya frecuencia es mensual, se desprende que en diciembre un adulto necesitó $134.254 para cubrir sus necesidades básicas alimentarias. Ese valor determina la línea de indigencia. La suba intermensual fue de 1,5%, mientras que el acumulado en el año fue de 107,2%.
El proyecto es realizado junto a Cooperativas de Servicios Públicos y los resultados indicaron que para una familia tipo (cuatro integrantes), la Canasta Básica fue de $414.846, mientras que en el caso de un núcleo familiar integrado por dos y tres personas, los valores ascendieron a $201.382 y a $330.266 respectivamente. Para hogares conformados por cinco individuos, el total ascendió a $436.327.
La Canasta Básica medida por la Fundación COLSECOR también es comparada con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que permite realizar un seguimiento de la cantidad de días de alimentación básica de una familia cubierta por el salario. En este sentido el SMVM continúa alcanzado para alimentar 20 días a un núcleo familiar de cuatro personas. Lo que significa que sólo teniendo en cuenta los alimentos necesarios para no cruzar la línea de indigencia, una familia no llegó a alimentarse todo el mes con un SMVM.
Al analizar el comportamiento intermensual, el economista Gerardo Sánchez, asesor de la Fundación COLSECOR indicó que “el crecimiento de 1,5%, luego de dos meses seguidos por debajo del 1%, se explicó por una compensación entre la suba de la carne vacuna y la baja en la verdura y frutas. La carne aumentó en promedio un 8,8% y las verduras y frutas bajaron un 5,6% (explicado en gran parte por el fuerte descenso del tomate y de la papa). Sin la baja del precio de estos alimentos, la suba final se hubiese situado por encima de 2%”.
Por otro lado, el especialista analizó el comportamiento del valor de la Canasta Básica durante el 2024 y destacó que “en relación al valor de los productos, el bloque de alimentos que más subió en el año fue el de los lácteos (163% en promedio) liderados por los quesos que tuvieron subas por encima del 200%. Mientras que los dulces fueron los que menos aumentaron (40%) debido a la baja en el precio del azúcar del 10% en el año, producto del reacomodamiento en el mercado internacional de esta materia prima. La carne vacuna, principal bloque de la CBA, termina con un aumento de 103%, cifra cercana al promedio”.
Sánchez indicó además que “otra cuestión que estuvo presente en los debates económicos es si el costo de la CBA medida en dólares creció (o no). Según nuestras estimaciones, durante el 2024 la CBA subió un 30% en dólares, pero si la comparamos con los valores previos a la devaluación de diciembre, se encuentra en los mismos valores en dólares que registró en septiembre y octubre del 2023”.
El informe que presenta mensualmente la Fundación COLSECOR compara también los resultados con otras mediciones de la Canasta Básica que se realizan en nuestro país. Esta se efectúa al mes anterior, para contar con todos los datos. De esta forma, en noviembre, la Canasta Básica presentada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para un adulto equivalente fue de $197.257, mientras que en el Gran Buenos Aires fue de $142.149 (INDEC). La medición de la Fundación COLSECOR ese mes fue de $132.306, en Tucumán registró un total de $125.992 y en Mendoza $114.290″.
La diferencia entre el valor promedio de las localidades medidas por Fundación COLSECOR con la del Instituto Nacional de Estadística y Censos en noviembre fue del 5,5% más caro en el INDEC.
Canasta Básica Alimentaria
El proyecto que impulsa la Fundación COLSECOR desde junio del 2021, se propone generar información y profundizar el conocimiento sobre pequeñas y medianas localidades de nuestro país. A través de la iniciativaque es coordinada por la socióloga Natalia Calcagno, cada lugar conoce el nivel de ingresos que necesita un habitante para cubrir las necesidades básicas, valor que determina la línea de indigencia. Para medir la Canasta Básica Alimentaria se registran los precios del conjunto de alimentos que establece el INDEC. La medida de referencia utilizada por el instituto se define por los requerimientos calóricos mensuales de un adulto equivalente, hombre de 30 a 60 años de actividad moderada.
Fundación COLSECOR
La Fundación COLSECOR nació en 2018 con el fin de promover a la Economía Social como factor de desarrollo para las localidades donde las cooperativas de prestación de servicios audiovisuales y digitales se encuentran insertas. Su presidente honorario es José “Pepe” Mujica.
COLSECOR es una integración de cooperativas y pymes, que desde 1995 reúne a entidades que prestan servicios de televisión por cable y telecomunicaciones en 300 comunidades de Argentina.
