El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, prepara un proyecto de reforma tributaria que atacaría esencialmente a dos impuestos que considera “distorsivos”: los que se aplican sobre Ingresos Brutos y sobre los débitos y créditos bancarios, más conocido como éste último como impuesto al cheque. El objetivo del funcionario es eliminarlos pero reemplazarlos por otros que tengan un impacto menos nocivo en la economía.
El equipo de Dujovne presiona a las provincias con un acuerdo para eliminar Ingresos Brutos, al que consideran “el más distorsivo” de los impuestos en revisión. No es un tema sencillo, porque se estima que este tributo implica el 80% de la recaudación de los Estado provinciales.
La primera respuesta firme en contra del embate sobre Ingresos Brutos llegó desde Misiones. El presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, al igual que el Gobernador, sostuvo que Misiones va a defender el esquema tributario provincial “que es de vanguardia en materia económica”.
“Nada reemplaza los impuestos para atender todas estas finalidades, más aún en época de vacas flacas. El Boleto Estudiantil Gratuito de Misiones es el principal sostén del presentismo del alumno y significa más del 30 por ciento de los recursos de una familia humilde, que los provee el Estado provincial”, consideró.
No fue el único mensaje críptico. Fiel a su pensamiento, Rovira cuestionó severamente el endeudamiento como forma de financiamiento.
“Celebro la defensa de Pasasalacqua de los recursos provinciales, que lo hace con uñas y dientes, sin gritar. En el pensamiento liberal, es incómodo algunas realidades provincials. Pero en economìa, se hace frente con recursos propios o te endeudás, que es inmensamente peor. Cubrir las necesidades del Estado tomando plata prestada, es de muy corto plazo y un problema grave. Aparte es indebido, porque el verdadero progreso es con recursos propios. El esfuerzo fiscal de Misiones es para cumplir con esto”, aseveró.
Según trascendió, el Gobierno de Mauricio Macri tiene decidido bajar la presión o directamente eliminar, el que quizá sea el impuesto más distorsivo del sistema tributario argentino. La jefatura de Gabinete de Marcos Peña ya dio el aval para que se avance en dirección a terminar con el tributo a los Débitos y Créditos Bancarios, que grava las operaciones de transferencias financieras y encarece las operaciones bancarias, fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas y contribuyentes. Terminar con el impuesto al cheque es además una de las muchas promesas de campaña de Mauricio Macri, que quiere tener el anuncio definido antes de las elecciones legislativas de octubre de este año. Para avanzar en la reducción de la presión o en el fin del impuesto al cheque, el Gobierno debe elegir entre dos opciones sobre las que está trabajando el Ministerio de Hacienda: o impulsarlo dentro de la reforma impositiva integral que está preparando el Ejecutivo para enviar al Congreso Nacional antes de diciembre, o avanzar en cambios puntuales en el tributo, más allá que se concrete el proyecto global de modificaciones en el sistema tributario argentino. Desde el Gobierno se buscaría esta segunda opción. El problema es que se necesitaría impulsar nuevos ingresos para el Estado nacional, que reemplacen la recaudación anual del impuesto al cheque.
En términos de ingresos, no será fácil encontrarle un reemplazo al dinero que el sector público obtiene cada mes por este tributo. El año pasado, por esta vía, según anunció en enero pasado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se obtuvieron unos $131.669 millones con un aumento del 35% en forma interanual (más que el 27% anual de la recaudación total), con un promedio mensual de 10.970 millones. Este año el dinero obtenido es aún mejor, con unos 13.059 millones de pesos en enero y unos 12.722 millones en febrero. Se trata además de un impuesto de recaudación fácil y diaria y que crece al ritmo de la recuperación del sistema financiero argentino que, se supone, tendrá un movimiento cada vez más importante en los próximos tiempos si se consigue, según piensa el oficialismo, la reactivación de la economía y real y el acompañamiento de los bancos.
El Gobierno está convencido de que se trata de un impuesto ampliamente distorsivo y negativo para las pautas de crecimiento, además de estar históricamente atado con los años de mayor presión tributaria sobre los privados. El Gobierno quiere que la solución a este problema de ingresos se estudie en conjunto con el sistema financiero, y que en el momento de cerrar un acuerdo con los bancos este sea transmitido a la clase política para que no haya problemas en ser aprobado por el Congreso Nacional. La idea es siempre que la solución a la pérdida de recaudación se encuentre antes de fin de año para anticipar el proyecto a las elecciones legislativas de octubre. A diferencia de otros impuestos, no hay problema de aplicar una mejora en este tributo, ya que no es de facturación anual sino mensual. Esto implica que una vez aprobada su modificación en el Congreso, la mejora se podría aplicar automáticamente una vez reglamentada la nueva norma desde el organismo que maneja Alberto Abad.
Por ahora se estudian dos alternativas para la eliminación o disminución del impuesto al cheque. Una es implementar una resolución que permita tomar a cuenta de otros impuestos el tributo. Se piensa en Ganancias o Bienes Personales en el caso de los trabajadores autónomos; o en algún pago a cuenta por parte de los monotributistas. Sería la alternativa que menos costaría para el Gobierno, y que, en algunos casos, incluso ayudaría a blanquear la economía ya que para poder descontar el tributo este debería pasar por el sistema financiero para luego tomarse como pago a cuenta. Como consecuencia, sólo los trabajadores, pyme y medianas y grandes empresas bancarizadas podrían utilizar el beneficio. Sin embargo tendría alcances limitados para el resto de los contribuyentes.
La otra alternativa que se estudia es aplicar algún tipo de impuesto a las tenencias financieras, incluyendo los depósitos en efectivo en pesos o las tenencias a plazos. Esta alternativa está siendo analizada por el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne con algunos bancos con los que ya se reunió en enero pasado. Las entidades propusieron como primer ensayo de trabajo avanzar sobre la necesidad de bancarizar al máximo los pesos circulando fuera del sistema y que se trasladan en efectivo por el público para evitar el impuesto al cheque, para luego aplicar un tributo de menor presión que el impuesto al cheque pero para los depósitos. El cálculo que hacen las entidades financieras es que en el volumen general de dinero en pesos que se maneja en los bancos locales un porcentaje de no más del 0,5% del total serviría para compensar las pérdidas de recaudaciones del impuesto al cheque. Hoy el tributo tiene un costo del 1,2%, con lo que se reduciría a la mitad.
La historia del impuesto es conocida. Fue creado por Domingo Cavallo en agosto de 2001 como rápida, fácil y diaria recaudación y como prenda a las presiones del FMI para garantizar ingresos públicos y evitar el default. La idea en esos tiempos era que su vigencia se extendiera no más allá de seis meses. O, como máximo, un año. Sin embargo aún está con nosotros, casi 15 años y medio después.
