El empleo público siempre ha sido el botín de la política. En un extremo existen los países donde el botín es acotado a algunos centenares de cargos políticos -legales-, y alguno que otro abuso de acomodo o nepotismo, que por lo general termina en escándalo o renuncia. En el otro extremo, está la Argentina. Con su Estado enteramente colonizado, se destaca como caso singular de neopatrimonialismo crónico, que no cuestiona ningún sector dirigente del país. Así, el acomodo es la norma en casi todos los cargos jerárquicos, y el nepotismo una costumbre generalizada.
Esta captura de cargos sirve tanto para lucrar con la remuneración o el favor político, como para extraer recursos públicos de manera ilegítima, o incluso, para entregar los resortes de control estatal a sectores o corporaciones que el mismo Estado debiera estar controlando. El fraude administrativo ya no es un accidente, sino un efecto buscado. La corrupción generalizada debilita la provisión de bienes públicos como la educación, salud y justicia. Al no haber Estado estable, escasean las políticas de Estado permanentes.
En definitiva, existe un pacto tácito de la dirigencia sindical, empresarial prebendaria, política y judicial, de alternarse -o perpetuarse- en el usufructo del Estado botín, que compromete no sólo la suerte del gobierno sino también el desarrollo futuro del país.
Nuevos estudios publicados advierten sobre el tamaño desmedido del Estado, y la profusión de dependencias y cargos innecesarios. Este es otro efecto obvio del acuerdo de cúpulas, porque los cargos nunca alcanzan para paliar todas las “emergencias políticas” o satisfacer las ansias de poder de nuestros líderes.
Es probable que la actual frondosidad estatal absurda desencadene finalmente un plan de recortes indiscriminados basados en criterios fiscalistas. Sería tropezar con la misma piedra. Cuando se “achicó” el Estado en los 90, se pasó de un estado grande, inefectivo y corrompido a uno igual pero más chico. La crisis de 2001 mostró que el déficit fiscal es peligroso, pero mucho más lo es el costo social de un Estado diezmado.
Peor aún, un intento de recorte con anteojeras terminará reduciendo más los gastos operativos, que permiten sostener la gestión, porque las remuneraciones estatales suelen ser inflexibles. Como el caso de una familia que contrató un jardinero y una cocinera en épocas de bonanza, y cuando llega la crisis, solo recorta en semillas y provisiones. Sigue pagando sueldos, pero sin disfrutar de jardín ni de buenas comidas, hasta que la situación se hace insostenible y estallan gastos paliatorios desmedidos.
Hay peligro que así suceda con el próximo ciclo de disminución del gasto público. Bajará momentáneamente el déficit, pero no se habrá desarmado la lógica del Estado botín. Seguiría siendo débil el poder de control administrativo del gobierno sobre un Estado colonizado por sus predecesores; y para controlar realmente al gasto público, ¡hay que primero poder controlar -legalmente- al Estado! Así, el Estado cada vez más ineficaz, desbocado y corrompido, favorecerá la gestación de la próxima crisis.
