Empleo Industrial

CTM Misiones impulsa el empleo forestoindustrial con operarios técnicos listos para trabajar

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El Centro Tecnológico de la Madera Misiones (CTMMi), dependiente del Ministerio de Industria, puso a disposición de las empresas del sector forestoindustrial un banco de capital humano conformado por operarios y operarias ya formados y listos para su inserción laboral inmediata. La iniciativa apunta a reducir la brecha entre formación técnica y demanda productiva, en un contexto donde la disponibilidad de mano de obra calificada se vuelve un factor clave para la competitividad industrial y el desarrollo sostenible del sector en Misiones.

La herramienta está orientada a facilitar la vinculación directa entre las industrias madereras y trabajadores con capacitación específica, fortaleciendo el entramado productivo local y promoviendo el empleo formal en uno de los sectores estratégicos de la economía provincial.

Formación técnica aplicada a los procesos productivos

El banco de capital humano del CTMMi está integrado por perfiles técnicos con formación teórico–práctica y experiencia en procesos productivos vinculados a la transformación de la madera. Los operarios y operarias fueron capacitados en el propio Centro Tecnológico, lo que garantiza conocimientos alineados con las necesidades actuales de la forestoindustria.

Entre los perfiles disponibles se incluyen operadores de secadero, operadores de aserradero y operadores de sala de afilado, todos ellos con competencias específicas en manejo de maquinaria, procesos industriales, seguridad laboral y buenas prácticas productivas. Esta preparación permite su incorporación inmediata a distintos eslabones de la cadena forestoindustrial, reduciendo tiempos de adaptación y costos de capacitación inicial para las empresas.

A través de esta herramienta, las industrias interesadas pueden conocer en detalle la formación y las competencias de cada trabajador o trabajadora, facilitando procesos de selección más eficientes y ajustados a los requerimientos técnicos de cada planta.

Articulación público-productiva y empleo local

Desde el Ministerio de Industria se remarcó que la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre el sistema de formación y el entramado productivo, facilitar el acceso de las empresas a recursos humanos calificados y promover el empleo local. El enfoque apunta a acompañar el crecimiento del sector forestoindustrial, potenciando la mano de obra misionera y contribuyendo a una mayor competitividad industrial.

El banco de operarios se inscribe en una estrategia más amplia de desarrollo sostenible, en la que la capacitación técnica, la inserción laboral y la productividad industrial se articulan como ejes centrales. En ese marco, el organismo provincial se mantiene a disposición para ampliar información y articular necesidades específicas de cada industria interesada, ofreciendo un canal directo de contacto a través de WhatsApp al 3755 57-0584.

La medida busca consolidar un modelo de crecimiento basado en el fortalecimiento del capital humano local, con impacto directo en la eficiencia productiva y en la generación de empleo calificado en Misiones.

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Cierre de Alal: Valdés advirtió que la industria correntina “empieza a colapsar”

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió al cierre de la empresa textil Alal en Goya, que dejó sin empleo a 260 trabajadores, y trazó un diagnóstico crítico sobre la situación de la industria correntina. Señaló la falta de ventas, la competencia con productos importados y las pérdidas acumuladas como factores determinantes, y confirmó que pedirá una audiencia con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, entre el 9 y el 13 de febrero, para exponer el escenario que atraviesan las industrias correntinas.

Un cierre emblemático y un diagnóstico crítico sobre la industria

El cierre de la textil Alal en la ciudad de Goya volvió a encender las alarmas sobre la situación productiva en Corrientes. La empresa dejó en la calle a 260 trabajadores, en un contexto que, según el gobernador Juan Pablo Valdés, refleja un deterioro más amplio del entramado industrial provincial.

Hoy es muy difícil que se sostenga una firma que tiene una pérdida de $900.000.000 porque justamente no tiene ventas. Y es muy difícil competir con empresas extranjeras, eso también complica”, afirmó el mandatario este martes 27 de enero, en declaraciones a cronistas radiales. Para Valdés, el cierre de Alal no es un hecho aislado, sino un síntoma de un proceso que impacta de lleno en la industria, el comercio y las pymes.

El gobernador remarcó que, hasta el momento, no se evalúa una asistencia provincial directa para los trabajadores afectados por el cierre de la firma goyana. No obstante, subrayó que el Gobierno de Corrientes acompañó a la empresa en los últimos años con distintas herramientas. “Facilitamos créditos a la empresa para poder tecnificar. La luz la pagan directamente a CAMMESA y nosotros siempre dimos todo lo que está a nuestro alcance”, sostuvo.

En ese marco, anticipó que el tema será planteado en el plano político nacional. “Este tema lo voy a plantear a Santilli ahora cuando nos reunamos esta semana”, indicó, en referencia al ministro del Interior.

Importaciones, falta de ventas y un escenario que se repite en otros sectores

Más allá del caso puntual de Alal, Valdés amplió su análisis al conjunto del aparato productivo provincial. “Hay preocupación industrial porque empieza a colapsar el sector. Competir con la importación con las empresas extranjeras es muy difícil. Es más costoso comprar un producto hecho en Argentina que hecho en otros países”, advirtió.

Según explicó, la falta de ventas atraviesa a distintas actividades. “Todos están preocupados porque no hay ventas, la industria yerbatera también, la forestal lo mismo”, enumeró, al anunciar que ya se solicitó una audiencia con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, prevista para entre el 9 y el 13 de febrero. Allí, adelantó, se expondrá la situación de las industrias correntinas y el impacto que el actual contexto económico tiene sobre la producción local.

El diagnóstico del gobernador coincide con el planteo de los sectores empresarios de Goya, que señalaron que el cierre de Alal “golpea de lleno a la economía regional” y se inscribe en un escenario de fragilidad previa. En un pronunciamiento público, la Cámara Empresarial de Goya sostuvo que el fortalecimiento de la moneda, que “estimuló las importaciones casi sin control y en claro detrimento de la industria nacional”, aparece como uno de los principales factores que precipitaron el desenlace.

El reclamo empresarial y el impacto en la economía regional

La Cámara Empresarial de Goya calificó la decisión de la empresa como “drástica” y señaló que, si bien tomó por sorpresa a gran parte de la ciudadanía, existía la percepción de que “más temprano que tarde, esta situación podría concretarse”. En ese marco, evitó profundizar en las razones internas de la firma y dejó de lado valoraciones político-partidarias, pero puso el foco en las consecuencias sociales y económicas.

El comunicado expresó solidaridad “con la empresa Emilio Alal SCIFI, con los más de trescientos trabajadores que quedarán sin su fuente de ingresos, con quienes prestan servicios sin relación de dependencia y con los proveedores de materia prima, incluso aquellos radicados en otras provincias”. Además, instó a las autoridades municipales, provinciales y a los legisladores nacionales por Corrientes a ser “portavoces de un reclamo firme en defensa de las economías regionales”.

El cierre de Alal, una firma histórica en la segunda ciudad de la provincia, profundiza así un escenario de tensión en el entramado productivo local, donde la caída del consumo, el aumento de los costos relativos y la presión de las importaciones configuran un desafío que excede a una sola empresa.

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Concejal libertaria trató a forestales de “esclavistas” y de ser “40 años subsidiados”

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Las declaraciones de la concejal libertaria María Elena Fernández desataron una fuerte reacción en el sector foresto–industrial de Misiones, uno de los más afectados por la recesión, la caída del empleo y la apertura de importaciones. Desde su cuenta personal de Facebook, la edil calificó a los forestales como “esclavistas” y sostuvo que estuvieron “40 años subsidiados”, en referencia a la Ley 25.080, en el marco de un debate público sobre la situación crítica de la actividad.

El episodio ocurrió luego de que el ingeniero forestal Nicolás Ocampo reclamara al diputado nacional Diego Hartfield la gestión de medidas concretas para aliviar la crisis del sector: reducción del IVA, menores costos energéticos y de combustibles, y algún tipo de regulación frente al ingreso de productos importados. Lejos de responder con argumentos técnicos o productivos, Fernández optó por una descalificación generalizada que rápidamente se viralizó entre empresarios, trabajadores y técnicos del complejo foresto–industrial.

Los dichos que encendieron la indignación del sector

Las expresiones de la concejal se publicaron como comentarios en una red social y fueron atribuidas a su cuenta personal. “40 años fueron subsidiados y beneficiados con créditos fiscales por ley 25.080 y lloran. No fue suficiente regalarle 40 años para que sean rentables”, escribió Fernández. En otro mensaje profundizó el tono: “500 pymes dudo. Mano de obra esclava sí creo”. Y completó con una acusación aún más dura: “Unos pocos vivos se enriquecieron y quieren seguir con su fiesta”.

Las frases circularon rápidamente en grupos vinculados a la actividad forestal, acompañadas por capturas de pantalla, y cayeron “como una bomba” en una industria que atraviesa uno de sus momentos más delicados. Si bien hasta el momento no hubo pronunciamientos institucionales formales, el malestar es generalizado en un entramado productivo que combina grandes empresas con cientos de pymes familiares, aserraderos y cooperativas del interior provincial.

La polémica también adquirió un costado político. Dentro del propio espacio de La Libertad Avanza, la fuerza a la que pertenece Fernández, existe una referente del sector forestal con representación nacional: Maura Gruber, electa diputada nacional como segunda en la lista encabezada por Hartfield. Esa contradicción no pasó desapercibida entre los actores de la actividad.

Un sector golpeado por la recesión y la apertura de importaciones

Las declaraciones se produjeron en un contexto económico adverso para la foresto–industria misionera. El sector enfrenta caída de ventas, pérdida de competitividad frente a productos importados, tarifas energéticas en alza, altos costos logísticos y una presión impositiva que no distingue entre grandes grupos y pequeñas pymes. A esto se suma la condición de provincia de frontera, con competencia directa de Paraguay y Brasil, donde los costos internos son significativamente más bajos.

El planteo original de Ocampo apuntaba justamente a la falta de “igualdad de condiciones” para competir. “Todos quieren competir, pero en igualdad de condiciones”, fue el eje de su reclamo, en referencia a un escenario donde la apertura importadora se combina con costos internos elevados y una macroeconomía recesiva.

Desde el sector recuerdan además que la Ley 25.080 de promoción forestal, mencionada por Fernández, fue concebida como una herramienta para fomentar inversiones de largo plazo en una actividad cuyos ciclos productivos se miden en décadas. Lejos de ser un “regalo”, sostienen que la norma nunca logró blindar a la actividad frente a la volatilidad macroeconómica, las crisis recurrentes ni la ausencia de políticas industriales sostenidas.

Impacto de la controversia

El malestar no se limita al contenido de los dichos, sino también al rol institucional de quien los emitió. Como concejal de Posadas, capital provincial, las expresiones de Fernández fueron interpretadas como una señal política que desprecia al entramado productivo misionero y a los miles de trabajadores que dependen directa o indirectamente de la foresto–industria.

Al hablar de “mano de obra esclava” y de una supuesta “fiesta” empresarial, la edil colocó en un mismo plano a grandes grupos y a pequeñas unidades productivas que hoy reducen turnos, suspenden personal o directamente cierran sus puertas para sobrevivir. En un contexto de recesión nacional, derrumbe del consumo, despidos y cierre de fábricas, el episodio profundiza una grieta entre el discurso político y la realidad de los sectores productivos regionales.

Para los forestales misioneros, la polémica excede una opinión aislada en redes sociales. Se trata de un ataque directo a un sector estratégico para la economía provincial, que hoy pelea por sostener el empleo, la inversión y la producción en un escenario cada vez más hostil. La controversia se suma así a una serie de cruces públicos que reflejan un clima social y económico crecientemente tenso en Misiones y en el país.

Fuente MisionesOpina

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Industria fueguina: Economía suspendió el aporte al FAMP por pérdida de competitividad

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El Ministerio de Economía resolvió reducir al 0% el aporte obligatorio que las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego debían realizar al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), en el marco del régimen de promoción de la Ley 19.640. La medida, formalizada mediante la Resolución 20/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, busca recomponer la ecuación económico-financiera del sector ante cambios tributarios y arancelarios que afectaron la competitividad, y tiene impacto directo sobre la inversión, el empleo y la continuidad productiva en la provincia.

La resolución fue firmada el 20 de enero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires por el Secretario de Coordinación de Producción, en ejercicio de las competencias de la Secretaría de Industria y Comercio, y publicada en el Boletín Oficial el 21 de enero de 2026.

El régimen fueguino, la prórroga hasta 2038 y el rol del FAMP

La decisión se inscribe en el entramado normativo del Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, establecido por la Ley N° 19.640, cuyo objetivo original fue reafirmar la soberanía nacional mediante un esquema fiscal y aduanero especial que impulsara el desarrollo económico en la entonces jurisdicción nacional.

Ese régimen permitió la radicación de empresas industriales generadoras de empleo directo e indirecto y, con el Decreto N° 727 del 22 de octubre de 2021, el Poder Ejecutivo extendió hasta el 31 de diciembre de 2038 la vigencia de los derechos y obligaciones de las firmas con proyectos vigentes, otorgando previsibilidad a largo plazo. Como contrapartida, ese mismo decreto estableció que las empresas debían realizar aportes mensuales obligatorios equivalentes al 15% del beneficio obtenido en concepto de IVA, destinados al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP – Fueguina), creado por el Decreto N° 725/21.

El FAMP fue concebido como un fideicomiso de administración orientado a financiar proyectos productivos que ampliaran la matriz económica provincial y mejoraran la competitividad. Sin embargo, el artículo 5° del Decreto N° 727/21 ya preveía que, ante modificaciones en las condiciones tributarias o arancelarias que alteraran la competitividad, la Autoridad de Aplicación pudiera reducir el porcentaje del aporte, hasta tanto se restablecieran las condiciones originales.

Pérdida de competitividad y pedido del sector industrial

Según los considerandos de la Resolución 20/2026, las empresas que integran la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) presentaron formalmente su reclamo en el expediente administrativo, advirtiendo que la plena vigencia del Decreto N° 333 del 19 de mayo de 2025 y el conjunto de medidas de desregulación económica en curso generaron una pérdida crítica de competitividad para el sector.

El planteo sostuvo que el impacto no se limitó a un segmento específico, sino que alcanzó a toda la actividad productiva de la provincia, comprometiendo la continuidad operativa y el sostenimiento del empleo. En ese marco, y conforme al procedimiento previsto en el artículo 5° de la Resolución N° 228/2022, se realizó la consulta al Comité Ejecutivo del FAMP – Fueguina, que dictaminó favorablemente sobre la afectación de los proyectos vigentes y recomendó hacer lugar a la reducción solicitada.

Los informes técnicos incorporados al expediente concluyeron que se verificaron modificaciones en las condiciones tributarias y arancelarias vigentes al momento del dictado del Decreto N° 727/21, configurándose el supuesto legal que habilita la reducción del aporte. En función de ello, se dispuso llevar el aporte obligatorio a CERO POR CIENTO (0%), con aplicación extensiva a todas las empresas adheridas a las prórrogas establecidas por los Decretos N° 727/21 y N° 594/23.

Alcances, límites y efectos sobre el empleo y la inversión

La resolución aclara que la reducción del aporte no libera a las empresas del cumplimiento de los proyectos productivos que hubieran sido aprobados por el Comité Ejecutivo del FAMP en los términos del artículo 6° bis del Decreto N° 727/21. En caso de incumplimiento, las firmas deberán integrar al fondo los aportes retenidos, más los intereses correspondientes.

Asimismo, se establece que el Comité Ejecutivo del FAMP – Fueguina será el encargado de fijar las pautas para operativizar esta previsión, y que la medida rige desde el día de su suscripción y se mantendrá vigente mientras subsistan las condiciones que motivaron su dictado.

Desde el punto de vista económico e institucional, la decisión representa una señal de alivio fiscal para el entramado industrial fueguino en un contexto de cambios regulatorios y de presión sobre costos. Al mismo tiempo, reabre el debate sobre el equilibrio entre la necesidad de financiar políticas de diversificación productiva y la urgencia de preservar la competitividad, la inversión y el empleo en una provincia altamente dependiente del régimen promocional.

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El dólar mejora, pero no alcanza: la mirada industrial sobre las nuevas bandas del BCRA

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La decisión del Banco Central (BCRA) de actualizar las bandas cambiarias desde 2026 fue recibida con cautela por el sector industrial. Si bien los industriales reconocen que el nuevo esquema mejora respecto del régimen previo y evita una apreciación persistente del tipo de cambio real, advierten que el dólar, por sí solo, no alcanza para recomponer la competitividad sin una política productiva integral que atienda costos, tecnología y estructura sectorial.

A partir del 1° de enero de 2026, el BCRA ajustará mensualmente las bandas de flotación en función del último dato de inflación informado por el INDEC, con dos meses de rezago. En paralelo, pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. El escenario base prevé elevar la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI hacia diciembre de 2026, lo que podría abastecerse con compras de hasta u$s10.000 millones, extensibles a u$s17.000 millones si la demanda de dinero creciera un punto adicional del producto.

El nuevo esquema cambiario y sus límites para la industria

Desde la óptica industrial, la corrección del esquema de bandas representa un alivio parcial. Federico Poli, economista y director de la consultora Sistémica, sostuvo que el régimen anunciado “puede leerse como una mejora respecto del vigente” y que, “en el mejor de los casos, podrá evitar, con rezagos temporales, que la moneda local siga apreciándose”. En su análisis, la indexación permitiría recuperar competitividad en el largo plazo, aunque al ritmo de la inflación internacional.

Sin embargo, Poli advirtió que el anuncio también puede interpretarse como una oportunidad perdida. Señaló que no se avanzó hacia un esquema de flotación que permita corregir la apreciación acumulada del tipo de cambio y remarcó que el valor del dólar debería ser determinado por el mercado y no por decisiones administrativas. “Su determinación es extremadamente compleja y depende de múltiples factores difíciles de prever”, explicó.

En el plano macroeconómico, el economista destacó que la estabilidad de precios es una condición necesaria para el crecimiento y reconoció avances en materia de desregulación que “permitieron reducir costos a partir de una mayor competencia y desburocratización”. No obstante, subrayó que la producción enfrenta hoy un escenario “complejo”, en el que las necesidades del sector productivo quedaron relegadas frente a la urgencia de la estabilización macroeconómica.

Entre los factores que afectan la competitividad, Poli mencionó políticas de incentivo a las importaciones vinculadas a la aduana, como el relajamiento de normas de seguridad, sanitarias y fitosanitarias, la eliminación de precios de referencia y la menor presencia del sector privado. A ello se suma la quita del Impuesto PAIS, que redujo el tipo de cambio real de importación, y el mantenimiento de retenciones junto con la falta de devolución de impuestos como el IVA y los reintegros, que continúan “castigando” a las exportaciones industriales.

Estructura productiva, RIGI y el debate de fondo

El debate trasciende el nivel del dólar y se inserta en una discusión más amplia sobre el perfil productivo del país. Poli remarcó que la Argentina no puede sostenerse únicamente sobre sectores primarios como el agro, el petróleo, el gas o la minería. “Somos una economía de tamaño medio, con 46 millones de habitantes y un tejido productivo diverso”, afirmó, y sostuvo que la industria es clave para el empleo, la innovación tecnológica y la seguridad de abastecimiento.

En ese marco, consideró un “contrasentido histórico” debilitar la base industrial en un contexto global en el que China refuerza su estructura productiva y Estados Unidos “reconoce como un error haberla perdido en los años noventa”. Por eso, planteó la necesidad de un diálogo del Gobierno con las cadenas de valor para identificar problemáticas específicas y diseñar políticas activas de competitividad, especialmente frente a la aceleración de la digitalización y la inteligencia artificial.

Una mirada complementaria aportó Cristian Desideri, exministro de Producción de la provincia de Santa Fe, quien calificó al nuevo techo de la banda como “más razonable que el esquema anterior”, pero advirtió que confiar en el tipo de cambio como única herramienta es un error conocido. “Pensar que solo por la mejora del tipo de cambio aumentarás la competitividad industrial es una condición necesaria, pero no suficiente”, afirmó, y enumeró problemas estructurales de escala, déficits tecnológicos y logísticos en distintas cadenas de valor.

Desideri introdujo además el debate sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), previsto en la Ley Bases, como el instrumento elegido para la transformación de la estructura productiva. Trazó un paralelismo con el modelo peruano de los años noventa, impulsado para desarrollar el sector del cobre, que inicialmente fortaleció proveedores locales pero terminó derivando en un régimen con beneficios impositivos extendidos, baja demanda de empleo y escaso compromiso local.

Según su análisis, el RIGI argentino replica esa lógica, con un piso de inversión de u$s200 millones orientado principalmente a gas, energía no convencional y minería. “Se orientan a la especialización de eslabones cortos y no a la diversificación de productos de eslabones largos”, explicó, y advirtió que, sin valor agregado, la economía queda expuesta a las fluctuaciones de los precios internacionales. En ese contexto, afirmó no visualizar “un interés por lo industrial en su concepción integral”, sino “una ventanilla de ingreso de dólares de exportación”.

Actividad industrial, empleo y señales de alerta

Las advertencias del sector llegan en un momento de debilidad de la actividad. Según FIEL, la industria manufacturera cayó 6,1% interanual en noviembre, el peor registro en 16 meses, con fuertes bajas en químicos, plásticos y neumáticos. La industria automotriz mostró la contracción más profunda, afectada por la menor producción, la caída de ventas y el retroceso de exportaciones a Brasil. Aunque hubo una mejora desestacionalizada del 0,4%, el índice industrial acumula en 2025 una caída de 0,5%.

La metalurgia tampoco logra revertir la tendencia. En noviembre, la actividad cayó 4,2% interanual y la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 44,4%, uno de los niveles más bajos de la serie histórica, según ADIMRA. El impacto es más severo en las pymes, que cuentan con menor espalda financiera para atravesar el proceso. “Eso deriva en suspensiones, despidos y cierres de empresas”, advirtió Daniel Rosato. En la provincia de Buenos Aires, la utilización de la capacidad instalada promedió 58% entre enero y octubre, casi seis puntos por debajo del promedio de la última década.

En este escenario, desde la Confederación General Empresaria Argentina (CGERA), Marcelo Rodríguez coincidió en que un tipo de cambio más alto puede aportar competitividad, pero relativizó su efecto. “El dólar alto ayuda cuando está extremadamente alto, pero hoy no creo que sea el factor que frene importaciones”, afirmó. Además, advirtió que si la banda acompaña a la inflación, el impacto puede diluirse rápidamente: “Si el dólar llega a $1.600, puede no significar nada y hasta aumentar costos para la industria”.

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