El mercado textil argentino se abastece en un 70% de importaciones y el sector denuncia “competencia fraudulenta”, exigiendo condiciones de comercio justas, en medio de la caída en la actividad y el bajo uso de la capacidad instalada.
Los cambios en la política comercial que impulsó la administración de Javier Milei favoreciendo el mayor ingreso de productos del exterior no están siendo compensados por mejoras en las condiciones económicas de la industria local.
Al respecto, la Fundación Pro Tejer manifestó que “el escenario productivo local se ve afectado por la veloz apertura comercial, desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, en un contexto de demora de medidas para reducir carga tributaria y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina”.
En este marco, recordó que “históricamente el mercado interno se abastecía en partes iguales por producción nacional e importaciones”, pero advirtió que “en la actualidad, las importaciones ya explican cerca del 70% del mercado”.
En el primer semestre del año, las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron 177.356 toneladas y US$911 millones, cayendo 20% interanual en cantidades y 5% en valores, pero “esta caída no es pareja”.
La contracción concentra en los primeros eslabones de la cadena: materias primas (-33%), hilados (-43%), tejidos planos (-52%) y tejidos de punto (- 34%), lo que es “reflejo de la menor actividad y el exceso de oferta en el mercado local”, según Pro Tejer.
En sentido contrario, las importaciones de productos finales continúan en niveles récord histórico: indumentaria creció 62% en toneladas y 36% en dólares, mientras que confecciones para el hogar (sábanas, toallas, etc.) aumentó 26% en toneladas y 7% en dólares.
Ante este contexto, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) advirtió sobre la “competencia fraudulenta” señalando que las rebajas impositivas y los procesos de desburocratización de los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones.
En contraste, remarcaron que “la producción nacional sigue enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos, deficiencias logísticas y falta de financiamiento para sostener la inversión y el empleo, al tiempo que compite con plataformas como Shein y Temu, que comercializan productos sin pagar aranceles”.
Respecto al comercio exterior, FITA subrayó que el sector textil argentino siempre ha competido, destacando la firma reciente de una declaración conjunta con entidades del Mercosur y Europa para el acuerdo birregional, así como gestiones para avanzar en la apertura comercial con Estados Unidos.
Sin embargo, aclararon que la problemática actual no radica en la apertura, sino en la subfacturación de importaciones, donde más del 70% de los productos ingresa a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal.
Ante esta situación, desde FITA reclamaron el cumplimiento de la normativa vigente de comercio exterior y el restablecimiento de condiciones de competencia justa para recuperar el desarrollo industrial
Las distorsiones generadas impactan de lleno en el sector formal, registrándose una caída de la producción textil en el primer semestre del 24,4% respecto a 2025 y 34% respecto a 2023, sumando a que el uso de la capacidad instalada fue de 39%. Esto implica que 6 de cada 10 máquinas están paradas en las fábricas textiles.
La industria misionera celebró el Día de la Industria en Puerto Rico con un planteo que buscó diferenciarse de una discusión binaria entre apertura y proteccionismo. Más de 200 empresarios y representantes de distintos sectores productivos se reunieron para analizar el escenario económico y coincidieron en una demanda central: competir con el mundo, pero con condiciones que permitan sostener la producción y el empleo en la provincia.
El encuentro, denominado “Tendencias que transforman la industria: mercados, innovación y oportunidades de crecimiento”, fue organizado por la Confederación Económica de Misiones (CEM), el Ministerio de Industria de Misiones, la Municipalidad de Puerto Rico y la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios Libertador General San Martín, en el marco de la Semana de la Industria.
La convocatoria reunió a representantes de actividades diversas, entre ellas minería, producción ladrillera y ceramista, industria forestal, calzado, gráfica, frigoríficos, cluster de la mandioca, reciclaje y transporte. La amplitud sectorial expuso un problema transversal: el costo de producir en Misiones y la capacidad de las empresas para sostenerse en un mercado cada vez más abierto.
El presidente de la CEM, Guillermo Fachinello, planteó la necesidad de que los representantes misioneros en el Congreso defiendan las particularidades de las economías regionales. “Debemos hacer docencia de lo que significa trabajar en Misiones”, sostuvo, al remarcar que las decisiones nacionales tienen efectos diferentes en una provincia con más del 90% de su territorio fronterizo.
El planteo empresarial no apuntó a cerrar la economía. Por el contrario, el reclamo que atravesó el encuentro fue alcanzar una estructura de costos que permita aprovechar la apertura comercial sin dejar a las PyMEs locales en una posición de desventaja frente a productos importados.
Luis Steffen, secretario de la CEM y presidente de la Cámara Libertador General San Martín, fue quien expresó con mayor claridad esa tensión. Al recordar el proceso histórico que convirtió a Puerto Rico en un polo industrial, sostuvo que Misiones no puede limitarse a producir materias primas y debe continuar agregando valor y generando empleo.
Pero el diagnóstico actual es más complejo. “Una PyME cierra cuando no puede pagar la energía, cuando la presión impositiva se vuelve insoportable, cuando los costos laborales la dejan fuera de competencia”, afirmó Steffen. El empresario reclamó pasar de las capacitaciones y el acompañamiento institucional a decisiones que permitan reducir los costos estructurales de las empresas.
La energía apareció como uno de los principales puntos de preocupación. Para las industrias electrointensivas y para buena parte del entramado manufacturero, el costo energético dejó de ser solamente una variable más de la estructura de gastos y comenzó a condicionar directamente la continuidad de determinadas operaciones.
La ecuación se completa con impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, cargas laborales, logística y burocracia. Según planteó Steffen, la acumulación de esos costos puede neutralizar las ventajas competitivas de empresas que necesitan vender fuera de Misiones o enfrentar la competencia de bienes producidos en otros países.
En ese marco, la apertura de las importaciones fue otro de los ejes del debate. La posición empresaria fue explícita: la industria misionera no reclama evitar la competencia internacional, sino contar con condiciones que permitan enfrentarla. “Queremos un mercado abierto, pero con igualdad de condiciones”, sostuvo Steffen.
El planteo implica una agenda de reformas internas. Entre las demandas mencionadas aparecen la reducción de impuestos, la revisión de las cargas patronales y los costos laborales, la disminución del costo energético y la eliminación de trabas burocráticas. La lógica es que una reducción de costos improductivos puede liberar recursos para inversión, incorporación tecnológica, producción y empleo.
La CEM también puso sobre la mesa una problemática específica de Misiones vinculada con la estructura tributaria provincial. Steffen mencionó la doble y triple imposición de Rentas, el impuesto a los sellos y los regímenes de percepciones aplicados sobre clientes extraprovinciales. Según sostuvo, estos mecanismos generan costos y una carga administrativa que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
El reclamo, sin embargo, convivió con un reconocimiento al rumbo macroeconómico nacional. De acuerdo con una encuesta de la Confederación Económica de Misiones citada durante el encuentro, el 78% de las PyMEs consultadas considera que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional van en la dirección correcta.
Ese dato introduce un matiz relevante en el debate. El sector empresario no cuestiona necesariamente la necesidad de ordenar las cuentas públicas y reducir la inflación. Lo que plantea es que la estabilización macroeconómica debe traducirse en mejores condiciones para producir.
“La estabilidad macroeconómica debe ser el punto de partida, no el punto de llegada”, resumió Steffen. La frase concentra el principal desafío que enfrenta el entramado productivo: que la mejora de las variables generales de la economía alcance a las fábricas, comercios, chacras y pequeñas empresas.
La preocupación aparece también en las expectativas. Según el mismo relevamiento citado por la CEM, el 70% de las PyMEs manifestó que no observa crecimiento de la Argentina en los próximos meses. Más allá de la evolución futura de los indicadores, esa percepción puede condicionar decisiones de inversión, contratación y ampliación de capacidad productiva.
La respuesta que propone el sector privado no es volver al cierre de la economía. Es reducir la brecha de costos que existe entre producir localmente y competir con bienes provenientes de países con estructuras impositivas, energéticas, laborales y logísticas diferentes.
Crédito, infraestructura y articulación público-privada
Desde el Gobierno provincial, el ministro de Industria, Federico Fachinello, puso el énfasis en el rol de las PyMEs dentro de la cadena productiva. Señaló que la industria comienza con el pequeño productor, continúa con los servicios y la logística y termina generando movimiento sobre el conjunto de la economía.
El funcionario destacó además la importancia del diálogo permanente con las cámaras empresariales para diseñar políticas productivas y mencionó como ejemplo el acceso al crédito productivo con tasas bonificadas.
“Ustedes son los que generan el trabajo de calidad y nosotros somos los que debemos generar las condiciones para que eso pase”, sostuvo Fachinello. La definición plantea una división de responsabilidades: las empresas toman las decisiones de producción e inversión, mientras el Estado debe procurar un entorno que reduzca obstáculos y facilite esas decisiones.
El acceso al financiamiento aparece como una herramienta especialmente relevante en un escenario de costos elevados. Para una PyME, disponer de crédito en condiciones razonables puede determinar si una empresa posterga una inversión, reemplaza equipamiento, incorpora tecnología o sostiene capital de trabajo durante una caída temporal de la demanda.
El encuentro también incorporó una mirada sobre innovación y transformación de los mercados. Ximena Díaz Alarcón, especialista en experiencia del cliente, participó de las disertaciones junto con Nicolás Johann, de Frigorífico San Francisco, y Hugo Herrera, de Raiza. El objetivo fue ampliar la discusión más allá de los costos y abordar las nuevas tendencias que atraviesan a las empresas.
Para Puerto Rico, la discusión tiene además una dimensión territorial. La ciudad construyó buena parte de su identidad económica sobre la transformación de la producción primaria y la generación de valor local. Sostener esa matriz requiere que las empresas puedan atravesar el actual proceso de apertura sin perder capacidad productiva.
Carlos Koth, intendente de Puerto Rico, recordó el origen histórico de la celebración del Día de la Industria y el papel de los pioneros que transformaron la actividad económica de la localidad. También advirtió sobre las dificultades que enfrentan las PyMEs industriales ante una economía nacional que, según planteó, todavía no acompaña suficientemente a las economías regionales.
El desafío queda planteado en términos concretos. Misiones necesita mantener abierta su economía, ampliar mercados y generar inversión, pero también necesita evitar que la diferencia de costos termine expulsando empresas del mercado. La solución requiere trabajar sobre aquello que sí puede modificarse: energía, impuestos, financiamiento, logística, burocracia, infraestructura y productividad.
Por eso, el pedido de la industria misionera no se presenta como una resistencia a la transformación económica. Es una demanda para que esa transformación incluya a las empresas que producen en el territorio. La apertura puede ampliar oportunidades, pero para aprovecharlas las PyMEs necesitan capacidad de competir.
La discusión que surgió en Puerto Rico coloca así a la industria frente a una nueva etapa. El objetivo no es elegir entre mercado interno y mercado internacional, ni entre protección y apertura, sino construir las condiciones para que una empresa misionera pueda producir, invertir, exportar y sostener empleo en un escenario de mayor competencia.
En una provincia donde la distancia de los grandes centros de consumo y la condición fronteriza agregan costos y particularidades, esa discusión adquiere una dimensión estratégica. El resultado de las reformas macroeconómicas se medirá también en la capacidad de las empresas para mantener abiertas sus puertas, incorporar tecnología y generar trabajo.
“Queremos producir y generar trabajo. Queremos que nuestros hijos se queden a trabajar y construir su futuro en Misiones”, resumió Steffen. Esa definición sintetiza el desafío que atraviesa al sector: que la estabilidad económica no quede limitada a los indicadores nacionales y pueda convertirse, finalmente, en condiciones concretas para producir en el territorio.
El Día de la Industria encontró al sector fabril en una posición de fuerte tensión con el Gobierno de Javier Milei. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, trazó una radiografía crítica de la actividad, advirtió por la pérdida de empleo registrado y reclamó un “puente” que permita atravesar la transformación económica sin profundizar el deterioro del entramado productivo.
El planteo industrial llegó en un momento en que la política económica del Gobierno tiene como uno de sus principales objetivos consolidar la estabilidad macroeconómica y reducir la inflación. Para la UIA, sin embargo, esa variable no alcanza para medir el estado de la economía real. “La economía no puede medirse solamente por la inflación”, sostuvo Rappallini, en una de las definiciones centrales de su discurso.
Según los datos citados por la entidad, la producción industrial se encuentra 10% por debajo del nivel de 2022, mientras que algunos sectores acumulan retrocesos de hasta 30%. El deterioro también aparece en el mercado laboral: la UIA estimó en 90.000 los puestos registrados perdidos en la industria desde el inicio de la actual gestión, aunque otras cifras mencionadas durante la jornada ubicaron la pérdida de empleos directos en alrededor de 52.000 durante los últimos doce meses.
La diferencia entre ambos datos responde a los períodos de comparación utilizados, pero el diagnóstico empresarial converge en un punto: la recuperación macroeconómica todavía no se traduce de manera homogénea en actividad industrial y empleo. Esa brecha es la que la principal cámara fabril busca instalar en la agenda económica.
Rappallini planteó que la apertura comercial es un “proceso necesario”, pero cuestionó que la industria deba enfrentar la competencia internacional manteniendo costos internos que, según el sector, reducen su capacidad para competir. “La industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos”, resumió.
El concepto de “puente” sintetiza el pedido empresario. La UIA reclama reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir el contrabando y la competencia desleal, garantizar energía a precios competitivos, reducir la morosidad, mejorar la infraestructura exportadora y avanzar en una modernización laboral.
El reclamo tiene una dimensión estructural. La discusión ya no pasa solamente por medidas de protección frente a las importaciones, sino por las condiciones bajo las cuales las empresas argentinas pueden competir en una economía más abierta. Para el sector fabril, reducir aranceles y eliminar distorsiones no alcanza si la producción local enfrenta costos financieros, logísticos, tributarios y energéticos superiores a los de sus competidores.
Ese punto adquiere especial relevancia frente a la orientación sectorial del Gobierno. Milei impulsa con mayor intensidad actividades como la energía, la minería y el agro, mientras que la industria reclama que la estrategia de desarrollo incorpore también la transformación de las materias primas en bienes con mayor valor agregado.
El debate sobre Vaca Muerta aparece como uno de los ejemplos más claros. Para los industriales, el desafío no consiste únicamente en aumentar la extracción de hidrocarburos, sino en desarrollar proveedores, tecnología, bienes de capital y productos derivados que permitan ampliar el impacto de esa inversión sobre el resto de la economía.
La discusión también alcanzó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Dentro de la UIA existe el planteo de que los beneficios destinados a grandes proyectos deben generar mayores vínculos con la cadena industrial para evitar que el crecimiento de sectores primarios y extractivos tenga un impacto limitado sobre la producción manufacturera nacional.
En ese marco, el reclamo de la UIA puede leerse como una disputa por el modelo de crecimiento que seguirá a la estabilización. La industria acepta que la economía atraviese un proceso de transformación, pero reclama condiciones para evitar que la apertura termine acelerando la pérdida de capacidades productivas que luego resulten difíciles de reconstruir.
El mensaje político también fue explícito. Rappallini pidió dejar atrás las “descalificaciones” y las agresiones hacia quienes producen y sostuvo que las diferencias sobre la política económica deben procesarse dentro de la convivencia democrática. El planteo aparece después de una relación cada vez más tensa entre la conducción industrial y funcionarios del Gobierno.
En la misma jornada, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, profundizó las críticas y sostuvo que el Gobierno “no sabe lo que es una fábrica”. También cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, al que calificó de “trader” y criticó por su orientación financiera. Las declaraciones muestran que el malestar empresarial ya no se limita a pedidos sectoriales y comienza a expresarse como una discusión abierta sobre el rumbo económico.
La ausencia de funcionarios de alto rango en el acto agregó otro elemento político al escenario. El Gobierno estuvo representado por Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y Comercio, un funcionario que anteriormente había sostenido que “la mejor política industrial es no tenerla”. La presencia de un representante de menor jerarquía, frente a una entidad que esperaba discutir de manera directa el rumbo productivo, fue interpretada por parte del sector como una señal de distancia.
Para las empresas, el problema inmediato es cómo atravesar la transición sin destruir empleo ni capacidad instalada. Para el Gobierno, el desafío consiste en demostrar que la estabilización macroeconómica puede convertirse en inversión, productividad y crecimiento sin recurrir a esquemas que perpetúen ineficiencias.
Ahí aparece el núcleo de la discusión. La industria no está reclamando simplemente volver al esquema anterior ni cerrar la economía frente a las importaciones. Está planteando que la apertura debe estar acompañada por una reducción efectiva de los costos que determinan la competitividad y por instrumentos que permitan financiar la reconversión.
La respuesta a ese planteo tendrá impacto sobre el empleo, pero también sobre la capacidad exportadora argentina. Una industria que incorpora tecnología, mejora productividad y logra integrarse a cadenas globales puede transformar la apertura en una oportunidad. Una estructura productiva que pierde empresas, proveedores y trabajadores calificados durante la transición tendrá mayores dificultades para capturar ese beneficio cuando llegue la etapa de expansión.
El conflicto entre la UIA y el Gobierno entra así en una nueva fase. La discusión dejó de concentrarse exclusivamente en la inflación y pasó a una pregunta más compleja: qué estructura productiva tendrá la Argentina cuando la estabilización macroeconómica se consolide y qué sectores estarán en condiciones de aprovecharla.
La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a poner en el centro de la agenda la presión fiscal y financiera que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. En una reunión con autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la entidad solicitó suspender durante 180 días los embargos y ejecuciones fiscales sobre pymes, como medida transitoria frente al deterioro del capital de trabajo y la caída de la actividad.
El planteo se produjo en un contexto en el que las empresas industriales enfrentan una combinación particularmente compleja: menor nivel de actividad, restricciones de acceso al crédito, tasas financieras elevadas y obligaciones tributarias que continúan generando presión sobre la liquidez. Para la UIA, el objetivo de una eventual suspensión no sería eliminar las obligaciones fiscales, sino evitar que una dificultad de corto plazo termine convirtiéndose en un cierre definitivo.
El reclamo adquiere mayor relevancia por el impacto que la política de cobro puede tener sobre las cadenas de pagos. Según explicó la entidad, ARCA no necesariamente interviene de manera directa sobre las cuentas bancarias de las compañías deudoras, sino que puede actuar sobre los clientes que mantienen operaciones comerciales con ellas. En esos casos, el organismo puede exigir que determinados pagos destinados a una empresa con deudas tributarias no sean depositados en su cuenta bancaria.
Para las industrias, ese mecanismo puede profundizar los problemas de capital de trabajo en compañías que ya enfrentan dificultades para sostener su operatoria corriente. La preocupación del sector es que una restricción sobre los ingresos termine afectando la capacidad de pagar salarios, proveedores, servicios e insumos y, por efecto de cadena, traslade el problema financiero hacia otras empresas.
El mapa industrial muestra una pérdida de empresas
El reclamo de la UIA se apoya también en la evolución reciente del entramado productivo. Un informe de la consultora I+D señaló que durante los primeros cuatro meses de 2026 cerraron 1.070 empresas, de las cuales cerca de la mitad correspondió a pequeños talleres y el resto, principalmente, a pymes.
El diagnóstico plantea además un escenario más exigente para los próximos meses. La consultora proyecta la pérdida de otras 2.000 empresas industriales durante lo que resta del año, lo que llevaría el saldo negativo de 2026 a unas 3.070 firmas.
El problema no estaría concentrado únicamente en el aumento de los cierres. I+D advierte que la creación de nuevas empresas también se encuentra en niveles históricamente bajos. Esa combinación —más firmas que salen del mercado y menos empresas que ingresan— reduce la capacidad de renovación del tejido productivo y limita la generación futura de empleo.
En ese escenario, la discusión tributaria adquiere una dimensión que excede la recaudación. Para las pymes industriales, el punto crítico es cómo administrar los vencimientos y las obligaciones fiscales sin comprometer el capital necesario para continuar produciendo.
La tasa de los planes de pago, otro foco de tensión
Durante el encuentro con ARCA, la UIA también planteó modificaciones al régimen de facilidades de pago recientemente anunciado, que permite regularizar obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026 en hasta 24 cuotas.
El sector empresario valoró la reapertura del régimen y la posibilidad de incluir obligaciones aduaneras, pero cuestionó el costo financiero de los planes, que contempla una tasa del 2,75% mensual. Para la UIA, esa tasa resulta elevada frente a la tendencia descendente de la inflación y dificulta que las pequeñas empresas puedan normalizar sus obligaciones sin deteriorar todavía más su flujo de fondos.
La entidad pidió, en particular, habilitar la migración entre planes y evaluar una reducción de la tasa de financiación para las pymes. El planteo introduce una discusión sobre la adaptación de las condiciones tributarias a un escenario macroeconómico diferente al de períodos de inflación más elevada.
Ganancias, IVA y capital de trabajo
La agenda empresaria incluyó además una serie de propuestas destinadas a aliviar la presión sobre el capital de trabajo. Entre ellas, la UIA solicitó reducir y automatizar los anticipos del Impuesto a las Ganancias para las pymes y simplificar los mecanismos para solicitar su reducción.
También pidió diferir durante 180 días los vencimientos de IVA para actividades estacionales y postergar las contribuciones patronales correspondientes a las economías regionales. En materia de saldos a favor, reclamó acelerar los plazos de devolución de distintos impuestos, debido al impacto que esas demoras tienen sobre la liquidez de las empresas.
Otro de los planteos apuntó a flexibilizar el uso de los reintegros de exportación, una herramienta particularmente relevante para las firmas que necesitan transformar rápidamente créditos fiscales y recursos retenidos en fondos disponibles para sostener la producción.
ARCA señaló que varias de estas propuestas requieren definiciones del Ministerio de Economía. No obstante, el organismo se comprometió a analizar una ampliación del universo de contribuyentes habilitados para compensar créditos y a revisar los montos mínimos sujetos a control en las solicitudes de reducción de anticipos de Ganancias.
La salida que busca la industria: ganar tiempo para sostener empresas
El planteo de la UIA no apunta únicamente a una moratoria. El eje es ganar tiempo. La suspensión temporal de embargos y ejecuciones fiscales permitiría, según la lógica empresaria, evitar que una dificultad de liquidez se transforme en una interrupción de la actividad, mientras que una reducción del costo de los planes de pago facilitaría la regularización de las obligaciones acumuladas.
La diferencia es relevante para las pymes, donde el límite entre una empresa con problemas financieros y una empresa que deja de operar puede estar determinado por el capital de trabajo disponible durante unas pocas semanas.
El desafío para el Gobierno consiste ahora en compatibilizar dos objetivos que pueden entrar en tensión: sostener el cumplimiento tributario y evitar que los mecanismos de recaudación profundicen el cierre de empresas y la pérdida de empleo. Una eventual respuesta de política pública deberá determinar hasta dónde puede flexibilizarse el cobro sin afectar los ingresos fiscales y, al mismo tiempo, cuánto puede costar para la economía productiva no hacerlo.
La UIA y ARCA acordaron continuar el diálogo y volver a reunirse dentro de 45 días. El próximo encuentro tendrá como telón de fondo una discusión que ya dejó de ser exclusivamente tributaria: cómo preservar el entramado pyme mientras la economía transita una etapa de reconfiguración del crédito, los costos y la demanda.
Con el objetivo de visibilizar el aporte del sector productivo, impulsar la competitividad y promover la formación técnica, el Ministerio de Industria de Misiones anunció la realización de la Semana de la Industria 2026.
Organizada por el Ministerio de Industria, la iniciativa central se desarrollará del 1 al 4 de septiembre, precedida por una serie de actividades previas orientadas al fortalecimiento del sector productivo. Incluirá capacitaciones, rondas de negocios, un viaje de formación profesional para estudiantes universitarios, recorridas educativas y eventos en Oberá, Puerto Rico, Posadas y Salto Encantado para consolidar el desarrollo industrial.
Este espacio de encuentro entre el sector público, privado, académico y educativo abordará el diseño como factor de diferenciación, el liderazgo empresarial, la vocación industrial en jóvenes y la sostenibilidad en los procesos.
Actividades previas a la Semana de la Industria
Como antesala a las jornadas centrales, la agenda de fortalecimiento industrial comenzará a fines de agosto con las siguientes instancias: • Miércoles 26/08: Ronda de Negocios de la Cadena Minera (La Rural, Buenos Aires). • Jueves 27 y Viernes 28/08: Misión Industrial – Viaje de formación profesional y académica a Buenos Aires con alumnos de 4.° y 5.° año de Ingeniería Industrial (UNaM). • Sábado 29/08: Copa Industrial Autoelevadores 2026 (CTM, Salto Encantado).
Cronograma de actividades estratégicas (Semana de la Industria)
• Diseño que Impulsa la Industria (Oberá – Martes 1/09): En la Facultad de Arte y Diseño de la UNaM, se abordará el diseño y la construcción de marca para el agregado de valor en origen. • Jornada Central por el Día de la Industria – Tendencias que Transforman la Industria: Mercados, innovación y oportunidades de crecimiento (Puerto Rico – Miércoles 2/09): A las 17 hs en el Aula Magna del Polo Educativo Municipal (Corrientes 152). Contará con la conferencia principal de Ximena Díaz Alarcón sobre “Mercado, tendencias y oportunidades de crecimiento”, seguida por el panel “Innovación, sostenibilidad y desarrollo territorial”, integrado por la disertante, el Ing. Alberto González (ATS Energy, empresa diseñadora de la planta municipal de Biocombustible de Puerto Rico) y representantes industriales misioneros con desarrollos en sostenibilidad, valor agregado y nuevos modelos de negocio. • Industria y futuro (Posadas – Jueves 3/09): Recorrido guiado por el Parque Industrial y de la Innovación Posadas (PIIP) con estudiantes secundarios de la provincia. • Kaizen Day (Posadas – Viernes 4/09): Edición binacional (Argentina – Paraguay) orientada a metodologías de mejora continua y producción.
Respecto a la iniciativa, el Ministro de Industria, Federico Fachinello, destacó: “Buscamos darle a nuestras empresas y jóvenes las herramientas de innovación y gestión necesarias para competir en mercados exigentes. El trabajo conjunto entre el Estado, la academia y el sector privado es la clave para seguir construyendo un modelo industrial sostenible e integrador.” Con esta propuesta, el Gobierno de Misiones reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema productivo y la formación del capital humano regional.
