Empleo Industrial

John Foos cierra su planta en Argentina y se reconvierte a importadora tras 40 años de producción

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La marca de zapatillas John Foos resolvió cerrar su planta de producción en Beccar, partido de San Isidro, y despedir a los 50 trabajadores que aún permanecían en actividad. La decisión, comunicada internamente con fecha límite operativa a fines de abril, marca el fin de más de cuatro décadas de fabricación en el país y consolida su reconversión hacia un modelo basado en la importación de productos terminados desde Asia.

De fábrica nacional a importadora: el cambio de modelo

La empresa, fundada en la década de 1980 y vinculada a la razón social Flingday S.A., ya venía reduciendo su estructura productiva. En 2023 contaba con unos 400 empleados; hoy ese número se redujo a 50, que serán desvinculados con el cierre definitivo de la planta.

El proceso no fue abrupto. Según lo informado, la firma había iniciado una transición gradual mediante la importación de partes de calzado para ensamblaje local, hasta avanzar hacia el esquema actual: zapatillas terminadas provenientes de países asiáticos.

Una vez completado el cierre del área industrial, la compañía mantendría una estructura mínima orientada a tareas administrativas y comerciales. En un comunicado, la empresa señaló que atraviesa “un proceso de reestructuración interna, orientado a adecuar su operación y garantizar la sustentabilidad del negocio en el largo plazo”.

Conflicto laboral y tensiones por indemnizaciones

El cierre no ocurre sin conflicto. Los trabajadores denunciaron que la empresa ofrece acuerdos de desvinculación por entre el 60% y el 70% de la indemnización legal, en algunos casos con pagos en cuotas.

Según los operarios, la dirección —encabezada por el fundador Miguel Fosati— habría advertido sobre la posibilidad de un concurso de acreedores. De acuerdo con su interpretación, esa señal funciona como presión para aceptar condiciones de salida menos favorables, ante el riesgo de quedar atrapados en un proceso judicial prolongado.

La empresa, por su parte, sostuvo que el proceso se desarrolla “conforme a la normativa laboral vigente”, sin reconocer irregularidades en las negociaciones.

El contexto que condiciona la decisión

El cierre de la planta se inscribe en un deterioro más amplio del sector textil y del calzado. Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) del INDEC, la fabricación de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado registró en enero una caída interanual del 34,1%.

El retroceso también impacta en el empleo. De acuerdo con datos citados en el sector, el nivel de ocupación en 2024 se mantiene casi un 49% por debajo del pico alcanzado en 2011, lo que refleja una tendencia de largo plazo.

En este contexto, la decisión de John Foos se alinea con una dinámica más amplia: empresas que abandonan la producción local para reconvertirse en importadoras, en un escenario atravesado por costos internos elevados y cambios en la política económica nacional.

Apertura económica y reconfiguración industrial

El movimiento de la empresa ocurre durante la gestión de Javier Milei, que impulsa una política de apertura económica y desregulación. Sin embargo, el texto base no atribuye de manera directa la decisión empresarial a una medida específica, aunque sí menciona el contexto general.

En términos de actores, el cierre debilita al eslabón industrial y a los trabajadores del sector, mientras refuerza el rol de importadores y comercializadores dentro de la cadena de valor. También expone tensiones entre sostenibilidad empresarial y condiciones laborales.

Señales para el sector y las economías regionales

Aunque el caso se localiza en Buenos Aires, el fenómeno tiene implicancias potenciales para economías regionales como Misiones, donde el sector textil y de manufactura liviana también enfrenta desafíos similares.

El cambio de modelo productivo —de fabricación local a importación— podría replicarse en otras firmas si persisten las condiciones actuales del mercado. A su vez, plantea interrogantes sobre el futuro del empleo industrial y la capacidad de sostener cadenas productivas nacionales.

El escenario queda abierto: la evolución del consumo, los costos internos y las condiciones de importación serán variables clave para determinar si este tipo de reconversiones se profundiza o encuentra límites en los próximos meses.

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La vidriera Rigolleau comienza a importar desde China tras pérdidas millonarias

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La histórica vidriera Rigolleau reconfiguró su estrategia productiva tras registrar pérdidas por $5.500 millones en 2025: redujo su producción en Berazategui, opera al 60% de su capacidad instalada y comenzó a importar vajilla desde China para abastecer el mercado interno. La decisión incluyó la paralización de un horno y la salida de cerca de 100 trabajadores, en un movimiento que excede lo empresarial y se proyecta como síntoma de un cambio más amplio: ¿es un ajuste coyuntural o una señal estructural sobre la competitividad industrial en la Argentina actual?

El dato no es menor en el contexto político y económico. La reconversión de una firma fundada en 1882, con fuerte presencia en el entramado productivo, se produce en paralelo a un esquema económico que promueve apertura comercial, desaceleración inflacionaria y reconfiguración de costos internos. En ese cruce, la decisión de importar lo que antes se producía localmente instala una tensión directa entre competitividad y sostenimiento del empleo.

Un cambio de modelo forzado por el mercado interno

La propia empresa explicitó el giro. En su balance presentado en febrero y en el reporte enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), reconoció que “debe cambiar su modelo de negocio tradicional”. La caída del consumo interno, eje central de su operación —el 95% de su línea Hogar se destina al mercado local—, impactó de lleno en la estructura de costos.

El diagnóstico es claro: menor actividad, mayor ociosidad productiva y presión sobre la rentabilidad. Aun con esfuerzos por mejorar eficiencia y renegociar condiciones, el resultado fue negativo por segundo año consecutivo, duplicando incluso las pérdidas de 2024, que habían sido de $2.599.109.500.

En ese marco, la importación aparece como una salida pragmática. Según la empresa, los productos traídos desde China resultan más baratos incluso considerando flete y embalaje. La consecuencia es directa: las líneas vinculadas a vajilla y consumo hogareño dejarán de sostenerse mayoritariamente con producción local.

Sin embargo, el repliegue no es total. Rigolleau mantiene activas sus unidades ligadas a los sectores farmacéutico y alimentario, donde la demanda se muestra más estable. Esa segmentación revela que el problema no es uniforme, sino concentrado en los rubros más expuestos al consumo masivo.

Impacto laboral y señales al sistema productivo

El ajuste operativo ya tuvo efectos concretos: de una planta de más de 800 trabajadores, quedaron alrededor de 700. La paralización de un horno y la reducción de la producción implican una pérdida de escala que tensiona no solo a la empresa, sino al entramado industrial que la rodea.

El movimiento también reconfigura incentivos. Si importar resulta más competitivo que producir localmente, incluso en sectores tradicionales, el mensaje se amplifica hacia otras industrias que enfrentan estructuras de costos similares. En ese sentido, la decisión de Rigolleau puede leerse como un caso testigo dentro del proceso de apertura y reordenamiento económico en curso.

Al mismo tiempo, el vínculo histórico de la empresa con figuras como Enrique Ernesto Shaw y su tradición dentro de la doctrina social empresaria introduce una dimensión simbólica: el tránsito desde un modelo industrial con fuerte anclaje local hacia uno más flexible y globalizado.

Entre la supervivencia empresarial y el nuevo esquema económico

El dato más delicado no está en la caída, sino en la incógnita que deja abierta el propio balance: la capacidad de la empresa de sostenerse como “empresa en marcha”. Esa advertencia no es habitual y coloca el foco en la viabilidad futura del negocio.

En paralelo, los primeros meses de 2025 muestran señales de mejora, aunque todavía insuficientes para revertir el impacto previo. La recuperación aparece, pero no alcanza a compensar la caída estructural en ventas que disparó el cambio de estrategia.

Lo que está en juego no es solo la reconversión de una firma, sino la adaptación de un sector a nuevas reglas. El equilibrio entre costos locales, apertura comercial y demanda interna será determinante en las próximas decisiones.

Un caso abierto en medio de la transición económica

La decisión de Rigolleau no cierra un ciclo, lo abre. Marca un punto de inflexión en la lógica productiva de una empresa emblemática y, al mismo tiempo, deja planteadas preguntas sobre el rumbo de la industria nacional en el nuevo escenario económico.

Habrá que observar si este viraje se consolida o si, ante cambios en el consumo o en la estructura de costos, la producción local recupera terreno. También si otros actores siguen el mismo camino o si logran sostener esquemas productivos competitivos sin recurrir a importaciones.

Por ahora, el movimiento es claro: una empresa centenaria ajusta su modelo para sobrevivir. Lo que todavía no está definido es si ese ajuste será transitorio o el anticipo de una transformación más profunda.

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Bahco deja de fabricar en Santa Fe y reconfigura su negocio en Argentina

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La decisión de Bahco de discontinuar la producción en su planta de Santo Tomé, Santa Fe, y reconvertir ese establecimiento en un nodo exclusivamente comercial, logístico y de servicio vuelve a poner sobre la mesa un movimiento que ya se repite en distintos sectores: multinacionales que dejan de fabricar en la Argentina, pero no se van del mercado. Esta vez, el impacto inmediato alcanza a aproximadamente 40 trabajadores, según informó la propia compañía, y deja una pregunta que excede a una sola firma: cuánto margen conserva la industria para sostener producción local en un contexto económico que empuja a las empresas a rediseñar su presencia sin romper del todo su vínculo con el país.

La medida fue comunicada por SNA Europe Argentina, administradora local de la marca, y marca un cambio estructural en el rol que tenía la planta santafesina dentro del esquema del grupo. Ya no fabricará herramientas. Seguirá operativa, pero bajo otra lógica. El dato es políticamente sensible porque no se trata de un cierre total ni de una retirada completa, sino de una mutación del modelo de negocios: menos industria, más importación, distribución y postventa. En términos de poder económico, eso también reordena la relación entre empleo, producción y mercado interno.

De planta fabril a base logística: qué cambia en Santo Tomé

La empresa informó que la actividad industrial en Santo Tomé quedará desactivada y que la producción será transferida a otras plantas del grupo. El establecimiento, sin embargo, continuará funcionando para sostener la distribución, las ventas y el servicio. Es un cambio de perfil que altera el lugar que ocupaba la sede dentro de la estructura productiva de la compañía.

En el comunicado oficial, la firma vinculó la decisión con “la necesidad de adaptar nuestro modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”. Esa formulación, habitual en los anuncios corporativos, traduce una decisión concreta: la compañía considera que producir localmente dejó de ser la mejor ecuación para su operación en Argentina, aunque sí le resulta estratégico conservar presencia comercial.

El impacto sobre el empleo aparece como la consecuencia más directa. Los 40 colaboradores alcanzados por la reestructuración fueron notificados, de acuerdo con el texto de la empresa, el miércoles 18 de marzo. Bahco aseguró además que cumplirá con las obligaciones legales correspondientes. No hay, en el material base, detalles sobre indemnizaciones, retiros o eventuales reubicaciones, pero sí queda claro que la fabricación dejará de formar parte de la actividad del predio.

Una decisión empresaria con lectura industrial

El caso de Bahco se inscribe en una secuencia más amplia que ya muestra a distintas compañías reemplazando producción nacional por esquemas centrados en importación y distribución. No es un dato menor. Cuando una firma decide conservar marca, ventas y logística, pero desactivar la fábrica, el mensaje de fondo es que el mercado sigue siendo atractivo, aunque no necesariamente lo sea el proceso industrial local.

Ese punto vuelve relevante el anuncio más allá del establecimiento de Santo Tomé. La planta integraba desde hace años el entramado industrial de la región, por lo que su salida de la producción no solo afecta a los trabajadores involucrados de manera directa. También altera una pieza del tejido económico local y reduce densidad fabril en una provincia con peso histórico en la industria.

La empresa no habla de retiro ni de crisis terminal. Habla de reorganización. Pero en política económica las palabras importan menos que el sentido del movimiento. Y aquí el movimiento es claro: la producción se va a otras plantas del grupo, mientras Argentina conserva funciones de comercialización y abastecimiento. Es una racionalización empresaria que, al mismo tiempo, deja en evidencia el deterioro relativo de la competitividad industrial como plataforma de manufactura.

El mercado argentino sigue, la producción no

Bahco forma parte de un grupo internacional con presencia global, y sus productos se fabrican mayoritariamente en plantas propias en Europa. Ese dato ayuda a leer la decisión desde una lógica corporativa más amplia. El grupo no abandona la marca ni el mercado argentino; reubica la producción donde entiende que puede operar con mejores condiciones y deja en el país la etapa más cercana al cliente final.

Ahí aparece una diferencia clave. No estamos frente a una empresa que cierra y desaparece, sino ante una multinacional que conserva negocio, pero modifica la cadena de valor que desarrolla localmente. Para la economía regional y para la discusión industrial, esa diferencia importa: el consumo puede sostenerse, el canal comercial también, pero la pérdida de fabricación reduce empleo de calidad, capacidades productivas y peso industrial en el territorio.

La compañía remarcó que garantizará el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y postventa en todo el país. Es decir, busca transmitir continuidad hacia el mercado. El problema es que esa continuidad no evita el retroceso de la función productiva, que era precisamente el componente con mayor impacto sobre empleo e integración local.

Repercusiones: menos fábrica, más fragilidad en el frente industrial

El anuncio generó preocupación en el ámbito local por dos razones que se superponen. La primera es el empleo directo: los 40 trabajadores afectados concentran el impacto inmediato de la decisión. La segunda es más estructural y tiene que ver con el mensaje hacia el entramado productivo. Cada planta que deja de fabricar y pasa a un esquema de distribución confirma una tendencia que complica el frente industrial, incluso cuando la empresa insiste en que su negocio en Argentina seguirá activo.

En la correlación de fuerzas, este tipo de decisiones fortalece la lógica empresarial de centralizar producción en otras geografías y condiciona a los territorios que dependen de actividad fabril para sostener empleo y dinamismo económico. También deja a los actores locales con menos herramientas de negociación: cuando una firma no abandona el país pero sí la producción, el margen de presión pública baja, porque la compañía puede argumentar que mantiene operaciones y abastecimiento.

Desde el punto de vista económico, la decisión no incorpora en el texto base menciones a políticas públicas, incentivos o conflictos regulatorios específicos. Por eso la lectura debe mantenerse en ese límite: lo que se observa es una reestructuración empresaria en medio de un contexto donde otras firmas tomaron caminos similares. No hay elementos, en el material dado, para atribuir el cierre fabril a una sola causa puntual, pero sí para registrar que el “actual contexto económico” fue el argumento explícito utilizado por la empresa.

Una señal para mirar más allá de Santo Tomé

La historia de Bahco, nacida en 1892 y con una trayectoria de más de un siglo, agrega otra capa a la noticia. No se trata de una marca marginal, sino de una compañía con peso histórico en el mercado de herramientas. Que una firma de ese perfil decida resignar producción local y conservar solo la operación comercial no es un dato anecdótico. Funciona como síntoma de un cambio más profundo en la forma en que algunas multinacionales evalúan su permanencia en Argentina.

Lo que habrá que seguir en las próximas semanas no es solo la implementación concreta de esta reestructuración, sino el efecto espejo que pueda generar. Cada movimiento de este tipo reabre la discusión sobre cuántas plantas más pueden migrar hacia modelos de importación y distribución, y qué capacidad tiene el entramado industrial para resistir esa transición.

Por ahora, Bahco deja una señal nítida: el mercado argentino todavía merece presencia, pero la fábrica ya no ocupa el mismo lugar en esa ecuación. Lo que sigue en discusión es si ese corrimiento será un caso puntual o una pieza más de una tendencia que todavía no termina de mostrar toda su dimensión.

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El aserradero ASECOR de Virasoro paga salarios con vales y expone el deterioro del sector

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Un aserradero ubicado en Gobernador Virasoro comenzó a pagar parte de los salarios con vales, en un contexto de atraso en los haberes y caída del consumo interno que ya había sido advertido por referentes del sector. La situación, que surge del testimonio directo de trabajadores de la firma ASECOR, introduce un dato incómodo para la política productiva regional: cuando una actividad estratégica como la forestoindustria recurre a mecanismos informales de pago, la discusión deja de ser sectorial y pasa a ser estructural.

El hecho ocurre en una provincia que, junto a Misiones, concentra buena parte del complejo maderero del país. Y aparece en un momento donde el discurso público todavía apuesta a la expansión industrial basada en recursos forestales. La pregunta se vuelve inevitable: ¿se trata de un caso puntual de crisis empresaria o de una señal temprana de un ajuste más profundo en la cadena?

Un síntoma que desborda lo laboral

La situación en ASECOR se conoció a partir de testimonios difundidos por el portal Corrientes Hoy de trabajadores, quienes aseguran que “hace meses” no perciben sus salarios en efectivo y que, ante la falta de alternativas, aceptan vales para adquirir mercadería. La práctica no solo implica un deterioro directo del ingreso, sino que también tensiona los marcos regulatorios laborales vigentes.

El dato no es menor: el pago en vales remite a esquemas que históricamente fueron cuestionados por desnaturalizar la relación laboral formal. En términos concretos, limita la capacidad de los trabajadores para decidir sobre su consumo, reduce liquidez en economías locales y desdibuja la trazabilidad del salario.

El contexto empresarial tampoco es ajeno. Según se indicó, la firma tendría entre sus socios a una referente del sector maderero que recientemente había advertido sobre la crisis derivada de la caída del consumo interno. Esa lectura sectorial ahora encuentra una expresión concreta en el territorio.

Marco productivo: una cadena estratégica bajo presión

La industria maderera en la región se apoya en un esquema integrado que va desde la producción forestal hasta la industrialización y exportación. Sin embargo, el eslabón industrial —especialmente los aserraderos— suele ser el más expuesto a variaciones en la demanda y a los costos operativos.

Cuando el consumo interno se retrae, el impacto se traslada rápidamente a la actividad de transformación. En ese escenario, las empresas con menor espalda financiera enfrentan tensiones de liquidez que terminan trasladándose a la variable más sensible: el salario.

El caso de ASECOR se inscribe en esa lógica. No aparece como una decisión aislada, sino como la consecuencia de un desequilibrio económico que todavía no encuentra mecanismos de compensación. Y que, además, convive con un escenario donde otras provincias impulsan inversiones forestales de gran escala, buscando posicionar al sector como motor exportador.

Correlación de fuerzas: entre la crisis empresarial y la respuesta estatal

El episodio deja expuesta una zona gris en la articulación entre el sector privado y el Estado. Por un lado, la forestoindustria continúa siendo presentada como un eje de desarrollo regional. Por otro, emergen situaciones que cuestionan la sostenibilidad de ese modelo en el corto plazo.

En términos de poder, el caso coloca en tensión a varios actores: Empresas del sector, que advierten sobre la caída del consumo y la necesidad de sostener la actividad. Trabajadores, que quedan atrapados en esquemas informales para sostener ingresos. Estado, que enfrenta el desafío de garantizar condiciones laborales sin desarticular la producción.

La aparición de pagos en vales no solo afecta a los empleados involucrados. También introduce ruido en el conjunto de la cadena, porque puede anticipar conflictos laborales, inspecciones o incluso intervenciones regulatorias si la situación escala.

Además, impacta indirectamente en la economía regional: menos ingreso líquido implica menor circulación de dinero en comercios locales, lo que retroalimenta la caída del consumo que originó el problema.

Un escenario abierto: señales a monitorear

El caso ASECOR no define por sí solo el rumbo del sector maderero, pero sí funciona como indicador temprano. Sobre todo en un contexto donde la política económica nacional apuesta a la generación de divisas a través de complejos productivos como el forestal.

En las próximas semanas habrá variables clave a observar: Si la situación se replica en otras empresas del sector. Si aparecen respuestas institucionales para regularizar los pagos. Si el mercado interno muestra señales de recuperación o profundiza su retracción.

También quedará bajo análisis la capacidad del sistema productivo para absorber shocks de demanda sin trasladarlos directamente al empleo. Porque, en definitiva, el equilibrio entre competitividad y condiciones laborales sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la agenda industrial.

Por ahora, el episodio en Virasoro pone en evidencia que, detrás de los grandes anuncios de inversión, la realidad cotidiana de algunas empresas empieza a mostrar fisuras que todavía no encuentran respuesta clara.

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Sin producción local, Argentina abre el mercado de importaciones de aislantes eléctricos

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El Gobierno nacional avanzó con una decisión que combina urgencia operativa y definición estratégica: el Ministerio de Economía resolvió levantar las medidas antidumping sobre la importación de aislantes eléctricos de porcelana desde China, Brasil y Colombia.

La medida, oficializada el 17 de marzo mediante la Resolución 345/2026, responde a un dato crítico: la producción local dejó de existir. Con la salida definitiva de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino SA (FAPA), el país quedó sin capacidad interna para abastecer un insumo clave de la red eléctrica. La decisión abre el mercado, pero también deja al descubierto una tensión mayor: ¿la apertura es una respuesta puntual o el síntoma de un cambio más profundo en la política económica?

El dato técnico es contundente. Los aislantes alcanzados por la norma —utilizados en líneas, transformadores y sistemas eléctricos— son indispensables para el mantenimiento y expansión de la infraestructura energética. Sin producción local, el riesgo de desabastecimiento dejó de ser una hipótesis.

De la protección a la apertura: el giro forzado por la ausencia de oferta local

La resolución del Ministerio de Economía de la Nación elimina por al menos seis meses las barreras que desde 2021 protegían a la industria local frente a importaciones a precios considerados desleales. Pero el contexto cambió: ya no hay industria que proteger.

La decisión se apoya en un argumento directo. FAPA, que había concentrado la producción nacional de estos insumos, cesó sus operaciones de manera definitiva, incluso con el remate de su maquinaria. En términos concretos, el esquema de protección perdió sentido económico: mantener el antidumping implicaba encarecer importaciones sin resguardar producción local ni empleo activo.

El efecto inmediato es la habilitación del ingreso de aislantes desde mercados externos para garantizar obras y mantenimiento del sistema eléctrico. En otras palabras, el Estado reemplaza protección por abastecimiento.

Impacto en la red eléctrica: evitar un cuello de botella operativo

La salida de FAPA no solo representa un dato industrial. Tiene consecuencias directas sobre la infraestructura energética. La falta de aislantes comprometía la ejecución de obras y el mantenimiento de redes, un punto sensible en un sistema que ya opera con restricciones.

La apertura de importaciones aparece, en este contexto, como una decisión defensiva para evitar un freno en la red eléctrica. El objetivo es garantizar continuidad operativa en un sector crítico, incluso a costa de resignar instrumentos de política industrial.

El dato que subyace es que la política económica empieza a priorizar la disponibilidad de insumos por sobre la protección sectorial, al menos en rubros donde la producción local ya no existe.

Tensión con la industria: apertura, costos y empleo

La medida se inscribe en una tendencia más amplia. El Gobierno viene avanzando en la reducción de barreras a la importación en distintos sectores, con el argumento de normalizar mercados y reducir costos. Sin embargo, ese proceso tiene un correlato político: la presión sobre el entramado industrial.

El cierre de FAPA —que llegó a emplear a 70 trabajadores— se suma a una lista de empresas que no lograron sostener su actividad en este nuevo contexto. La ecuación es conocida: apertura, competencia externa y dificultades para igualar costos.

En ese escenario, la decisión del Ministerio de Economía refuerza una señal hacia el sector productivo. La protección deja de ser un eje automático y pasa a depender de la viabilidad efectiva de cada actividad. Cuando esa viabilidad desaparece, la política pública se reorienta.

Esto no ocurre en un vacío político. La relación entre el Gobierno y sectores industriales ya muestra tensiones, con cuestionamientos cruzados sobre el impacto de la apertura en el empleo y la producción.

Un cambio de lógica: de proteger producción a garantizar funcionamiento

La eliminación del antidumping en este caso puntual marca un desplazamiento en la lógica de intervención estatal. Ya no se trata de sostener una industria que no está, sino de asegurar que el sistema funcione.

El movimiento tiene implicancias más amplias. Señala que, en determinadas condiciones, la política económica priorizará la eficiencia operativa del sistema —en este caso, la red eléctrica— por sobre la reconstrucción de capacidades industriales en el corto plazo.

Sin embargo, la medida es temporal. El plazo de seis meses deja abierta la posibilidad de revisión, lo que introduce un margen de flexibilidad en un contexto todavía inestable.

Entre la urgencia energética y la estrategia industrial

La decisión resuelve un problema inmediato, pero abre interrogantes hacia adelante. El primero es si la importación cubrirá de manera sostenida la demanda de estos insumos y en qué condiciones de costo.

El segundo, más estructural, es qué lugar ocupará la industria nacional en sectores estratégicos donde la producción se ha retraído o desaparecido. La experiencia de FAPA plantea una advertencia: una vez que se pierde capacidad productiva, la recuperación no es automática.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo evoluciona el abastecimiento de la red eléctrica y si emergen nuevos casos similares en otros rubros. También en la reacción del sector industrial frente a una política que, en los hechos, empieza a redefinir prioridades.

La resolución del Ministerio de Economía no solo habilita importaciones. Expone una discusión de fondo que todavía no está cerrada: qué se protege, qué se abre y bajo qué condiciones en el nuevo esquema económico.

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