Empleo Industrial

El aserradero ASECOR de Virasoro paga salarios con vales y expone el deterioro del sector

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Un aserradero ubicado en Gobernador Virasoro comenzó a pagar parte de los salarios con vales, en un contexto de atraso en los haberes y caída del consumo interno que ya había sido advertido por referentes del sector. La situación, que surge del testimonio directo de trabajadores de la firma ASECOR, introduce un dato incómodo para la política productiva regional: cuando una actividad estratégica como la forestoindustria recurre a mecanismos informales de pago, la discusión deja de ser sectorial y pasa a ser estructural.

El hecho ocurre en una provincia que, junto a Misiones, concentra buena parte del complejo maderero del país. Y aparece en un momento donde el discurso público todavía apuesta a la expansión industrial basada en recursos forestales. La pregunta se vuelve inevitable: ¿se trata de un caso puntual de crisis empresaria o de una señal temprana de un ajuste más profundo en la cadena?

Un síntoma que desborda lo laboral

La situación en ASECOR se conoció a partir de testimonios difundidos por el portal Corrientes Hoy de trabajadores, quienes aseguran que “hace meses” no perciben sus salarios en efectivo y que, ante la falta de alternativas, aceptan vales para adquirir mercadería. La práctica no solo implica un deterioro directo del ingreso, sino que también tensiona los marcos regulatorios laborales vigentes.

El dato no es menor: el pago en vales remite a esquemas que históricamente fueron cuestionados por desnaturalizar la relación laboral formal. En términos concretos, limita la capacidad de los trabajadores para decidir sobre su consumo, reduce liquidez en economías locales y desdibuja la trazabilidad del salario.

El contexto empresarial tampoco es ajeno. Según se indicó, la firma tendría entre sus socios a una referente del sector maderero que recientemente había advertido sobre la crisis derivada de la caída del consumo interno. Esa lectura sectorial ahora encuentra una expresión concreta en el territorio.

Marco productivo: una cadena estratégica bajo presión

La industria maderera en la región se apoya en un esquema integrado que va desde la producción forestal hasta la industrialización y exportación. Sin embargo, el eslabón industrial —especialmente los aserraderos— suele ser el más expuesto a variaciones en la demanda y a los costos operativos.

Cuando el consumo interno se retrae, el impacto se traslada rápidamente a la actividad de transformación. En ese escenario, las empresas con menor espalda financiera enfrentan tensiones de liquidez que terminan trasladándose a la variable más sensible: el salario.

El caso de ASECOR se inscribe en esa lógica. No aparece como una decisión aislada, sino como la consecuencia de un desequilibrio económico que todavía no encuentra mecanismos de compensación. Y que, además, convive con un escenario donde otras provincias impulsan inversiones forestales de gran escala, buscando posicionar al sector como motor exportador.

Correlación de fuerzas: entre la crisis empresarial y la respuesta estatal

El episodio deja expuesta una zona gris en la articulación entre el sector privado y el Estado. Por un lado, la forestoindustria continúa siendo presentada como un eje de desarrollo regional. Por otro, emergen situaciones que cuestionan la sostenibilidad de ese modelo en el corto plazo.

En términos de poder, el caso coloca en tensión a varios actores: Empresas del sector, que advierten sobre la caída del consumo y la necesidad de sostener la actividad. Trabajadores, que quedan atrapados en esquemas informales para sostener ingresos. Estado, que enfrenta el desafío de garantizar condiciones laborales sin desarticular la producción.

La aparición de pagos en vales no solo afecta a los empleados involucrados. También introduce ruido en el conjunto de la cadena, porque puede anticipar conflictos laborales, inspecciones o incluso intervenciones regulatorias si la situación escala.

Además, impacta indirectamente en la economía regional: menos ingreso líquido implica menor circulación de dinero en comercios locales, lo que retroalimenta la caída del consumo que originó el problema.

Un escenario abierto: señales a monitorear

El caso ASECOR no define por sí solo el rumbo del sector maderero, pero sí funciona como indicador temprano. Sobre todo en un contexto donde la política económica nacional apuesta a la generación de divisas a través de complejos productivos como el forestal.

En las próximas semanas habrá variables clave a observar: Si la situación se replica en otras empresas del sector. Si aparecen respuestas institucionales para regularizar los pagos. Si el mercado interno muestra señales de recuperación o profundiza su retracción.

También quedará bajo análisis la capacidad del sistema productivo para absorber shocks de demanda sin trasladarlos directamente al empleo. Porque, en definitiva, el equilibrio entre competitividad y condiciones laborales sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la agenda industrial.

Por ahora, el episodio en Virasoro pone en evidencia que, detrás de los grandes anuncios de inversión, la realidad cotidiana de algunas empresas empieza a mostrar fisuras que todavía no encuentran respuesta clara.

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Sin producción local, Argentina abre el mercado de importaciones de aislantes eléctricos

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El Gobierno nacional avanzó con una decisión que combina urgencia operativa y definición estratégica: el Ministerio de Economía resolvió levantar las medidas antidumping sobre la importación de aislantes eléctricos de porcelana desde China, Brasil y Colombia.

La medida, oficializada el 17 de marzo mediante la Resolución 345/2026, responde a un dato crítico: la producción local dejó de existir. Con la salida definitiva de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino SA (FAPA), el país quedó sin capacidad interna para abastecer un insumo clave de la red eléctrica. La decisión abre el mercado, pero también deja al descubierto una tensión mayor: ¿la apertura es una respuesta puntual o el síntoma de un cambio más profundo en la política económica?

El dato técnico es contundente. Los aislantes alcanzados por la norma —utilizados en líneas, transformadores y sistemas eléctricos— son indispensables para el mantenimiento y expansión de la infraestructura energética. Sin producción local, el riesgo de desabastecimiento dejó de ser una hipótesis.

De la protección a la apertura: el giro forzado por la ausencia de oferta local

La resolución del Ministerio de Economía de la Nación elimina por al menos seis meses las barreras que desde 2021 protegían a la industria local frente a importaciones a precios considerados desleales. Pero el contexto cambió: ya no hay industria que proteger.

La decisión se apoya en un argumento directo. FAPA, que había concentrado la producción nacional de estos insumos, cesó sus operaciones de manera definitiva, incluso con el remate de su maquinaria. En términos concretos, el esquema de protección perdió sentido económico: mantener el antidumping implicaba encarecer importaciones sin resguardar producción local ni empleo activo.

El efecto inmediato es la habilitación del ingreso de aislantes desde mercados externos para garantizar obras y mantenimiento del sistema eléctrico. En otras palabras, el Estado reemplaza protección por abastecimiento.

Impacto en la red eléctrica: evitar un cuello de botella operativo

La salida de FAPA no solo representa un dato industrial. Tiene consecuencias directas sobre la infraestructura energética. La falta de aislantes comprometía la ejecución de obras y el mantenimiento de redes, un punto sensible en un sistema que ya opera con restricciones.

La apertura de importaciones aparece, en este contexto, como una decisión defensiva para evitar un freno en la red eléctrica. El objetivo es garantizar continuidad operativa en un sector crítico, incluso a costa de resignar instrumentos de política industrial.

El dato que subyace es que la política económica empieza a priorizar la disponibilidad de insumos por sobre la protección sectorial, al menos en rubros donde la producción local ya no existe.

Tensión con la industria: apertura, costos y empleo

La medida se inscribe en una tendencia más amplia. El Gobierno viene avanzando en la reducción de barreras a la importación en distintos sectores, con el argumento de normalizar mercados y reducir costos. Sin embargo, ese proceso tiene un correlato político: la presión sobre el entramado industrial.

El cierre de FAPA —que llegó a emplear a 70 trabajadores— se suma a una lista de empresas que no lograron sostener su actividad en este nuevo contexto. La ecuación es conocida: apertura, competencia externa y dificultades para igualar costos.

En ese escenario, la decisión del Ministerio de Economía refuerza una señal hacia el sector productivo. La protección deja de ser un eje automático y pasa a depender de la viabilidad efectiva de cada actividad. Cuando esa viabilidad desaparece, la política pública se reorienta.

Esto no ocurre en un vacío político. La relación entre el Gobierno y sectores industriales ya muestra tensiones, con cuestionamientos cruzados sobre el impacto de la apertura en el empleo y la producción.

Un cambio de lógica: de proteger producción a garantizar funcionamiento

La eliminación del antidumping en este caso puntual marca un desplazamiento en la lógica de intervención estatal. Ya no se trata de sostener una industria que no está, sino de asegurar que el sistema funcione.

El movimiento tiene implicancias más amplias. Señala que, en determinadas condiciones, la política económica priorizará la eficiencia operativa del sistema —en este caso, la red eléctrica— por sobre la reconstrucción de capacidades industriales en el corto plazo.

Sin embargo, la medida es temporal. El plazo de seis meses deja abierta la posibilidad de revisión, lo que introduce un margen de flexibilidad en un contexto todavía inestable.

Entre la urgencia energética y la estrategia industrial

La decisión resuelve un problema inmediato, pero abre interrogantes hacia adelante. El primero es si la importación cubrirá de manera sostenida la demanda de estos insumos y en qué condiciones de costo.

El segundo, más estructural, es qué lugar ocupará la industria nacional en sectores estratégicos donde la producción se ha retraído o desaparecido. La experiencia de FAPA plantea una advertencia: una vez que se pierde capacidad productiva, la recuperación no es automática.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo evoluciona el abastecimiento de la red eléctrica y si emergen nuevos casos similares en otros rubros. También en la reacción del sector industrial frente a una política que, en los hechos, empieza a redefinir prioridades.

La resolución del Ministerio de Economía no solo habilita importaciones. Expone una discusión de fondo que todavía no está cerrada: qué se protege, qué se abre y bajo qué condiciones en el nuevo esquema económico.

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Lumilagro redefine su modelo tras 85 años: menos industria, más importaciones

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La histórica fabricante argentina de termos Lumilagro atraviesa una de las transformaciones más profundas de su trayectoria. Tras más de ocho décadas de producción industrial, la empresa decidió apagar los hornos de su planta de Tortuguitas y discontinuar la fabricación local de ampollas de vidrio, en un giro estratégico que combina importaciones, diseño propio y fortalecimiento comercial.

El cambio se inscribe en un proceso de reconversión más amplio, marcado por la caída del consumo, el avance de productos importados -legales e ilegales- y una reconfiguración de la cadena de valor.

Fundada en 1941 por Eugenio Suranyi y hoy conducida por la cuarta generación familiar, la compañía supo ser líder regional en termos de vidrio. Sin embargo, el nuevo escenario obligó a replantear su esquema productivo. “La caída del 50% en las ventas es real”, reconoció el CEO Martín Nadler, quien además explicó que el apagado de hornos responde tanto a necesidades técnicas como a una menor escala de producción que ya no justifica su operación.

En ese marco, Lumilagro optó por un modelo híbrido: mantendrá en Argentina el ensamblado, la fabricación de carcasas y parte de la producción de termos de acero, mientras que componentes clave comenzarán a importarse desde Asia. Las ampollas de vidrio llegarán desde India y Vietnam, y los termos de acero inoxidable se producirán en China.

La reestructuración tuvo un fuerte impacto laboral. La planta de Tortuguitas pasó de 220 empleados en 2022 a cerca de 100 puestos entre directos e indirectos en la actualidad. En total, unos 170 trabajadores dejaron la empresa mediante esquemas de retiro voluntario.

Desde la firma sostienen que se trató de un proceso ordenado y sin despidos, aunque reconocen que fue una de las decisiones más complejas en la historia reciente de la compañía.

Uno de los factores clave detrás del cambio es el crecimiento del contrabando de termos, principalmente desde Bolivia y Paraguay. Según la empresa, estos productos -fabricados con acero de menor calidad- ingresan al país de forma ilegal y ganaron fuerte participación en el mercado.

“Antes de la pandemia, uno de cada diez termos era tóxico. Hoy es uno de cada cuatro”, advirtió Nadler. Estos productos, prohibidos por la ANMAT, compiten en precio con la producción nacional y generan distorsiones en el mercado.

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Argentina tuvo el segundo peor desempeño industrial del mundo

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La frase histórica de la Unión Industrial Argentina volvió a resonar en medio del deterioro del sector manufacturero: “sin industria no hay país”. El diagnóstico se refuerza con los datos internacionales más recientes: Argentina registró el segundo peor desempeño industrial del mundo entre 56 economías en los últimos dos años.

El dato surge de un informe de la consultora Audemus, que midió la evolución de la actividad industrial entre 2023 y 2025. En ese período, la producción manufacturera argentina cayó en promedio 7,9%, ubicándose solo por encima de Hungría, donde el retroceso fue de 8,2%.

La dinámica local contrasta con lo ocurrido en gran parte del mundo y también en América Latina, donde varios países lograron sostener expansiones industriales o caídas mucho más moderadas.

País Variación industrial (%) Tendencia
Hungría -8,2% Caída
Argentina -7,9% Caída
Bulgaria -6,7% Caída
Alemania -6,3% Caída
Canadá -5,2% Caída
Italia -4,8% Caída
Países Bajos -3% Caída
Taiwán +32,3% Crecimiento
Vietnam +23,8% Crecimiento
Egipto +19,5% Crecimiento
Costa Rica +16,3% Crecimiento
China +13,3% Crecimiento
Rusia +13% Crecimiento
Singapur +12,8% Crecimiento

Una crisis con causas internas

Según el estudio, el retroceso industrial argentino no responde principalmente a factores externos.

Mientras en Europa el deterioro manufacturero se explica por el shock energético, la competencia china en la industria automotriz y las tensiones comerciales con Estados Unidos, en Argentina el informe apunta a factores de política económica doméstica.

Entre ellos se destacan un tipo de cambio apreciado que reduce la competitividad, una apertura comercial acelerada y la ausencia de instrumentos de política industrial activa.

La comparación regional también resulta desfavorable. En el mismo período:

  • Brasil expandió su industria 3,5%
  • Chile creció 5,2%
  • Perú avanzó 6,5%
  • Uruguay registró +3,7%

Incluso países que mostraron retrocesos, como México (-0,4%) o Colombia (-0,7%), tuvieron caídas marginales frente al desplome argentino.

El contraste más evidente aparece con Brasil, que comparte el Mercosur con Argentina pero implementó políticas industriales activas, como el programa automotriz Mover, además de sostener un tipo de cambio más competitivo.

Cierre de empresas y caída del empleo

El deterioro del sector no solo se refleja en los índices de producción. También impacta en el entramado empresarial y en el empleo.

En los últimos dos años, 2.436 empresas industriales dejaron de realizar aportes al sistema de ART, un indicador que suele reflejar cierres o una reducción significativa de la actividad. Esa cifra representa casi el 5% del total de firmas industriales del país.

Las empresas que continúan operando también atraviesan un escenario complejo. El uso de la capacidad instalada se ubica en 57,9%, el nivel más bajo de la última década, excluyendo la pandemia.

En términos de empleo, desde 2023 se perdieron 72.955 puestos de trabajo industriales, lo que implica una contracción cercana al 6% del empleo manufacturero.

El deterioro del sector se da en medio de un fuerte debate político sobre el rol de la industria en la economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó recientemente la pérdida de empleo industrial y sostuvo que la rotación laboral es parte del funcionamiento normal del mercado de trabajo.

Por su parte, el presidente Javier Milei cuestionó en el Congreso lo que definió como el “fetiche industrialista”, al afirmar que durante décadas se sostuvo un esquema basado en subsidios y protecciones.

Tras esas declaraciones, tanto la Unión Industrial Argentina como la Asociación Empresaria Argentina reclamaron respeto institucional y un diálogo constructivo entre el sector público y el privado, advirtiendo sobre la necesidad de políticas que permitan sostener la producción y el empleo.

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La UIA advierte caída en producción y ventas en más del 50% de las fábricas

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La Unión Industrial Argentina (UIA) difundió este miércoles un dato que agrega presión al frente económico del Gobierno: el 53,3% de las empresas redujo su producción y el 54,7% registró caídas en ventas internas durante enero de 2026. El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se ubicó en 36,5 puntos, con una baja de 7,5 puntos respecto del relevamiento anterior y 5,6 puntos menos que en enero del año pasado.

La publicación llega días después del duro cruce entre la central fabril y el presidente Javier Milei tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En ese contexto, el informe no es solo estadístico: funciona como respuesta institucional y señal política en medio de una discusión abierta sobre competitividad, apertura comercial y costos locales. ¿Se trata de un diagnóstico técnico o de una advertencia en plena disputa por el rumbo industrial?

Producción en retroceso y mercado interno debilitado

El relevamiento muestra un deterioro generalizado. Más de la mitad de las firmas consultadas reportó una caída en su nivel de producción frente al promedio del cuarto trimestre de 2025. En ventas internas, apenas el 13,3% registró aumentos, uno de los valores más bajos de la serie histórica.

En exportaciones, el 30% de las empresas informó descensos y el 14,3% incrementos, sin cambios significativos frente a encuestas anteriores. El dato revela que la debilidad no se limita al mercado doméstico, aunque la demanda interna sigue siendo el principal factor de contracción.

El estudio también expone tensiones financieras. El 45,6% de las compañías tuvo dificultades para cumplir con al menos uno de sus compromisos: salarios, proveedores, servicios públicos, impuestos o deudas financieras. Dentro de ese grupo, el 5,4% acumuló atrasos en todos los rubros. Las consecuencias fueron directas: el 39,8% afrontó mayores costos financieros e intereses y el 38,1% recurrió a financiamiento de corto plazo.

Empleo, PyMEs y presión importadora

El impacto en el empleo industrial aparece como moderado pero persistente. El 22,2% de las empresas redujo su plantel. Entre ellas, el 50% aplicó disminución directa de personal, el 41,4% recortó turnos y el 22,9% implementó suspensiones. En la proyección a doce meses, el 26% prevé nuevas reducciones y el 19,4% anticipa aumentos.

Las PyMEs muestran mayor fragilidad en producción y ventas. El Índice de Difusión fue de -43,3 puntos en micro y pequeñas empresas frente a -34,8 en medianas y grandes para producción. En ventas, la brecha se amplía: -46,5 contra -30,8 puntos. En empleo, el ajuste fue más marcado en medianas y grandes (-18,5) que en micro y pequeñas (-13,3).

El dato que reconfigura el debate es la preocupación por las importaciones. La dificultad para competir con bienes importados pasó de no registrarse en octubre de 2024 a representar el 19,4% en enero de 2026. En paralelo, la caída de la demanda interna continúa como principal problema, mencionada por el 46,1% de las empresas. Los costos, que en enero de 2025 lideraban con 40,6%, descendieron al 19,7% y dejaron de ocupar el primer lugar.

La combinación de apertura comercial y apreciación cambiaria aparece en el centro de la discusión. Para el sector industrial, la presión externa crece mientras el mercado interno no reacciona.

Correlación de fuerzas y agenda económica

El informe fortalece la posición negociadora de la UIA en su disputa con el Ejecutivo. La central fabril instala en la agenda pública un cuadro de deterioro productivo que interpela directamente la estrategia económica del Gobierno. A la vez, el oficialismo mantiene su crítica sobre precios internos y competitividad estructural.

En términos políticos, el diagnóstico condiciona el debate legislativo y la agenda de reformas. Si la caída se profundiza, la presión por medidas sectoriales o ajustes en la política comercial podría intensificarse. También impacta en la gobernabilidad económica: menos producción y empleo tensionan la recaudación y el consumo.

Las expectativas reflejan un enfriamiento del optimismo empresario. El 47,8% prevé mejoras en su situación económica, frente al 60,4% del relevamiento anterior. Sobre el contexto nacional, el 51% espera avances, contra el 68,6% previo. La tendencia es descendente.

Un escenario en disputa

La industria atraviesa un momento delicado, atravesado por estacionalidad de enero pero también por señales de desaceleración persistente. El Gobierno sostiene su estrategia de apertura y disciplina macroeconómica; la UIA advierte sobre el impacto en producción y empleo.

En las próximas semanas será clave observar si el deterioro se mantiene en febrero y marzo, meses menos afectados por paradas de planta. También si el diálogo institucional se recompone o si la tensión escala hacia un conflicto más abierto en el Congreso y en la agenda pública.

La discusión ya dejó de ser técnica. Se convirtió en un debate de poder sobre el modelo productivo y el equilibrio entre apertura, competitividad y protección del entramado industrial. El resultado todavía está en construcción.

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