empleo privado Argentina

Solo tres provincias superan el empleo privado de 2023 y se perdieron 241.000 puestos

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La recuperación del empleo privado registrado todavía no alcanza al conjunto de las provincias argentinas. A mayo de 2026, solo Neuquén, Río Negro y San Juan tenían más trabajadores asalariados privados registrados que en noviembre de 2023, mientras que el país acumulaba una pérdida aproximada de 241.000 puestos, equivalente a una caída del 3,8%, según un relevamiento de PensarLab, de la Fundación Pensar.

El dato expone una transformación que excede la dinámica del mercado laboral. El informe, que analiza las 24 jurisdicciones a partir de indicadores de actividad, inversión, empleo privado, situación fiscal, presión tributaria, pobreza, educación y seguridad, plantea que la Argentina está construyendo una nueva geografía económica, con resultados cada vez más diferenciados entre territorios.

“La estabilización es nacional, las oportunidades no”, sostiene el trabajo. La definición resume el principal hallazgo: el nuevo escenario económico parece favorecer en mayor medida a las provincias con recursos energéticos y mineros, producción agropecuaria, infraestructura y capacidad exportadora, mientras genera mayores desafíos en los distritos cuya estructura depende del consumo interno, la construcción, la industria orientada al mercado doméstico y el empleo público.

Neuquén aparece como el caso más contundente. El empleo asalariado privado registrado creció 7,6% frente a noviembre de 2023, mientras que la actividad económica de la provincia avanzó 11,3% durante 2024, de acuerdo con la serie homogénea utilizada por PensarLab. El desempeño está asociado principalmente al desarrollo de Vaca Muerta y al efecto que la expansión hidrocarburífera genera sobre la inversión, los salarios y la demanda de servicios vinculados con la actividad.

Río Negro ocupa el segundo lugar entre las provincias que lograron superar el nivel de empleo privado de noviembre de 2023, con una expansión del 3,4%. San Juan completa el grupo, aunque con un crecimiento mucho más moderado, del 0,4%. En ambos casos, el resultado adquiere relevancia porque muestra que el incremento del empleo formal privado no se distribuye de manera homogénea y comienza a concentrarse en economías con nuevos motores de inversión.

La distancia entre provincias también aparece en la evolución de la actividad. Durante 2024, solamente cinco jurisdicciones registraron crecimiento según la metodología empleada por el estudio. Después de Neuquén se ubicaron Córdoba, con una expansión del 4,5%; Santa Fe, con 3,1%; Entre Ríos, con 0,4%; y La Pampa, también con 0,4%.

En el otro extremo, Tierra del Fuego registró una contracción del 13,1%; Formosa cayó 12,9%; Jujuy, 9,5%; San Luis, 8,8%; y Chaco, 6,3%. La dispersión refleja que el cambio de régimen económico no impacta de igual manera sobre las estructuras productivas provinciales.

El caso de Córdoba ocupa un lugar particular en el análisis. PensarLab la identifica como la jurisdicción que presenta la combinación más equilibrada entre crecimiento, situación fiscal, educación y evolución social. Río Negro, por su parte, aparece como un nuevo polo de inversión y empleo, mientras que San Juan concentra expectativas de transformación vinculadas principalmente con el desarrollo minero.

El RIGI comienza a reforzar esa diferenciación territorial. A mediados de agosto, PensarLab contabilizaba 21 proyectos aprobados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones por un monto de USD 46.709 millones, asociados a unos 95.175 empleos directos e indirectos. La mayor parte de esos desembolsos corresponde a iniciativas vinculadas con minería, petróleo y gas.

La concentración geográfica de esos proyectos constituye uno de los principales puntos de atención hacia adelante. Las inversiones asociadas al RIGI se localizan especialmente en provincias patagónicas y de la región cordillerana, donde la disponibilidad de recursos naturales puede convertirse en una ventaja competitiva frente a otros territorios.

Para las provincias que quedan fuera de esos grandes corredores de inversión, el desafío consiste en desarrollar condiciones que permitan capturar parte de la nueva actividad económica mediante proveedores, infraestructura, capacitación laboral y servicios. El impacto territorial de un proyecto extractivo no depende únicamente del capital que ingresa, sino también de cuánto de esa cadena de valor logra permanecer y multiplicarse en las economías locales.

El informe advierte justamente sobre esa posibilidad: Argentina puede volver a crecer y, al mismo tiempo, profundizar las diferencias entre provincias. La cuestión central deja de ser únicamente cuánto crece la economía nacional y pasa a ser dónde se concentra ese crecimiento, qué tipo de empleo genera y qué capacidad tienen los gobiernos provinciales para convertir inversiones puntuales en desarrollo sostenido.

En ese escenario, el empleo privado registrado funciona como uno de los indicadores más concretos para medir si la recuperación económica logra trasladarse al mercado laboral. Los 241.000 puestos perdidos frente a noviembre de 2023 muestran que la estabilización macroeconómica todavía no se tradujo en una recuperación generalizada del trabajo formal privado.

La nueva geografía económica que describe PensarLab plantea, por lo tanto, una competencia entre modelos productivos. Energía, minería, agro y exportaciones aparecen como los sectores con mayor capacidad para atraer capital en el nuevo esquema, pero el desafío para cada provincia será transformar esa ventaja en empleo formal, proveedores locales, mayor productividad y mejoras sociales.

Para Misiones y buena parte del NEA, la discusión adquiere una dimensión estratégica: competir por inversiones en un mapa donde los recursos naturales y la infraestructura energética concentran buena parte de los grandes proyectos exige identificar otras ventajas —industriales, forestales, agropecuarias, logísticas y de servicios— capaces de generar empleo privado y vincularse con mercados externos.

El dato laboral marca el punto de partida. Mientras el país todavía se encuentra 3,8% por debajo del nivel de empleo privado registrado de noviembre de 2023, tres provincias ya lograron superar aquel registro. La pregunta que abre el nuevo escenario no es solamente quién crece primero, sino qué territorios conseguirán convertir la inversión en una estructura productiva capaz de sostener empleo y reducir las brechas sociales y regionales.

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El empleo privado registrado cayó por tercer mes consecutivo

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El mercado laboral argentino volvió a mostrar en mayo una señal de debilidad que ya dejó de ser episódica: el empleo privado registrado encadenó su tercer mes consecutivo de caída y acumuló doce meses de contracción en el segmento asalariado. La fotografía que surge de los registros oficiales combina una moderación de la velocidad de destrucción de puestos con un problema más estructural: los empleos formales de mayor densidad productiva siguen perdiendo terreno, mientras crecen modalidades como el monotributo, que amortiguan estadísticamente el deterioro pero no sustituyen en cantidad ni calidad al empleo asalariado perdido.

De acuerdo con los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo privado registrado disminuyó en mayo en 9.059 puestos, equivalente a una baja mensual del 0,15%. La caída fue menor que la registrada en marzo y abril, cuando había alcanzado 0,2% y 0,3%, respectivamente. Sin embargo, la desaceleración no modificó la tendencia de fondo: el empleo asalariado privado mantiene doce meses consecutivos de retroceso.

En términos interanuales, el sector privado registrado perdió 135.438 puestos, un 2,16%. El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa qué actividades explican la mayor parte del ajuste. La industria manufacturera destruyó 52.341 empleos en un año, una reducción del 4,5%, mientras que el comercio perdió 39.154 puestos, equivalente a un 3,1%. Transporte, almacenamiento y comunicaciones recortó otros 13.915 empleos y la intermediación financiera, 6.924.

En conjunto, esas cuatro ramas concentran alrededor del 49% del empleo asalariado privado registrado y unos tres millones de trabajadores. Por eso, la evolución de estos sectores resulta determinante para evaluar si la economía consigue transformar una eventual recuperación de la actividad en generación neta de empleo formal. La señal actual es todavía insuficiente.

La composición de la variación mensual ofrece, al mismo tiempo, una lectura más compleja. Mientras el empleo privado asalariado cayó, el monotributo incorporó 2.676 trabajadores en mayo y acumuló 42.672 nuevos inscriptos en los últimos doce meses. El trabajo en casas particulares también creció, con 1.352 puestos adicionales en el mes y 6.319 en términos interanuales.

Ese desplazamiento es relevante porque permite distinguir entre una recuperación de la ocupación y una recuperación del empleo formal asalariado. El crecimiento del monotributo puede ampliar la cantidad de personas registradas, pero no compensa automáticamente la pérdida de puestos en empresas privadas. De hecho, el aumento de esta modalidad durante el último año absorbió menos de la mitad de los empleos privados asalariados destruidos.

La otra cara del mercado laboral aparece en el sector público. En mayo sumó apenas 736 puestos, un 0,02% mensual, y en doce meses acumuló una reducción de 16.701 empleos, equivalente a 0,49%. El ajuste estatal, por lo tanto, fue considerablemente menor al observado en el sector privado registrado.

La evolución desde el inicio de la actual gestión también exhibe una transformación en la estructura ocupacional. Desde entonces, el empleo privado registrado acumula una reducción de 241.176 puestos, mientras el empleo público retrocedió en 79.865. En sentido contrario, el monotributo incorporó 160.573 inscriptos, un crecimiento del 7,88%.

El problema no se limita a la cantidad de puestos. El salario real también comenzó a deteriorarse nuevamente. La remuneración real promedio del empleo registrado privado cayó 2,9% en mayo y volvió a retroceder 0,9% en junio. Como resultado, quedó por primera vez en 20 meses por debajo del nivel de noviembre de 2023, con una pérdida acumulada del 0,6% respecto de aquel punto de referencia.

La dinámica muestra que la desaceleración de la inflación no necesariamente se traduce de manera inmediata en una recuperación del poder adquisitivo. Durante los primeros cuatro meses de 2026, las remuneraciones nominales habían aumentado en promedio 2,1% mensual, pero entre abril y mayo ese ritmo se redujo a aproximadamente 1%. Si los salarios nominales desaceleran más rápido que los precios, el resultado termina siendo una nueva pérdida de salario real aun en un contexto de menor inflación.

La situación tampoco es uniforme entre los distintos convenios colectivos. Algunas actividades lograron recomponer poder adquisitivo, entre ellas encargados de edificio, camioneros, construcción y farmacia. En el extremo opuesto, textiles acumula una pérdida real del 12,6% interanual, metalúrgicos del 12,4%, comercio del 11% y calzado del 10,5%.

Esta dispersión confirma que la discusión salarial se volvió progresivamente más sectorial. La capacidad de cada actividad para trasladar mejoras nominales y sostener el poder de compra depende de su estructura productiva, productividad, condiciones de demanda y capacidad de negociación. También existe una fuerte dimensión territorial: en el convenio metalmecánico, la mediana salarial de la provincia mejor remunerada llega a ser 4,4 veces superior a la de la jurisdicción con menor salario. En construcción la brecha alcanza 3,7 veces y en alimentación, 3,5 veces.

Para Misiones y el NEA, este componente territorial resulta especialmente relevante. La recuperación del empleo no depende únicamente de que mejore el nivel general de actividad, sino de que esa mejora se traduzca en inversión, producción y demanda laboral en las economías regionales. La brecha salarial entre jurisdicciones y la concentración de la destrucción de puestos en sectores como industria y comercio muestran que una política de empleo efectiva necesita considerar las estructuras productivas locales y no solamente los agregados nacionales.

Los datos de junio tampoco anticipan todavía un cambio de ciclo. La Encuesta de Indicadores Laborales registró una nueva caída del empleo asalariado privado en empresas de diez o más trabajadores de los principales centros urbanos, del 0,1% mensual. En el interior del país la contracción fue del 0,2%, superior a la observada en el Gran Buenos Aires.

La clave para revertir esta dinámica, entonces, excede cualquier modificación normativa sobre el mercado laboral. El propio análisis citado de LCG plantea que la actividad económica, tanto por el lado de la demanda interna como de la externa, tiene mayor capacidad para traccionar la creación de empleo que los cambios regulatorios aislados. El desafío de política económica pasa por conseguir que la estabilidad macroeconómica y la recuperación sectorial se conviertan en inversión productiva y, finalmente, en puestos de trabajo formales.

Ese es el punto donde el dato laboral deja de ser una estadística y se convierte en una señal sobre el modelo de crecimiento. La economía puede estabilizar precios, recuperar determinados sectores y ampliar modalidades de trabajo independiente, pero la prueba decisiva será si consigue reconstruir empleo asalariado formal, particularmente en industria, comercio y servicios. Sin esa transmisión, la mejora macroeconómica corre el riesgo de convivir durante más tiempo con un mercado laboral que todavía no logra recuperar capacidad de absorción.

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Misiones cortó con ocho meses seguidos de caída en el  empleo privado formal: en febrero recuperó 0,1%

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En febrero el empleo registrado en el sector privado a nivel nacional no mostró variación relativa en la comparación mensual (0,0% respecto a enero), aunque en  términos absolutos hubo una leve recuperación de empleos: +9657 asalariados, lo que  sería la primera mejora desde mayo de 2025. 

Misiones también logró tener su primer resultado positivo  tras ocho meses al hilo de caídas: según los datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y  Seguridad Social de la Nación, en el segundo mes del año, la provincia registró unos 98.940 trabajadores en el sector privado formal, presentando una suba del 0,1% contra el mes anterior, lo que equivale a la recuperación de unos 109 empleos durante el mes de análisis.  Así, Misiones se ubica en el lote de diez provincias que presentaron mejoras mensuales en  el mes de febrero y fue la única provincia del NEA que logró subas. 

Pese a ello, en la comparación interanual la provincia sigue exhibiendo resultados  negativos: contra febrero de 2025, Misiones muestra un retroceso del 4,5% (-4.416 empleos),  la séptima más fuerte del país.

Desde que asumió la actual gestión nacional,  Misiones acumula una pérdida de 10.072 empleos (-9,2% vs. noviembre de 2023). En este  caso, la provincia presenta la quinta caída más fuerte del país. 

¿Qué pasó en el país? 

Como se indicó previamente, a nivel nacional el empleo privado formal no mostró variación  en términos relativos en febrero (0,0% vs. enero 2026) aunque en términos absolutos se  recuperaron 965 empleos asalariados privados en todo el país. Por sectores, los mejores  desempeños estuvieron en Otros servicios n.c.p (+0,8%), Servicios Inmobiliarios (+0,3%) y  Pesca (+0,2%), entre otros; por el contrario, los peores desempeños relativos se vieron en  la Industria (-0,3%) y en la Intermediación Financiera (-0,3%). 

A nivel acumulado de la era Milei (febrero 2026 vs. noviembre de 2023,  desestacionalizado) son 205.680 los empleos perdidos en el sector privado formal (-3,2%). 

Entre los desempeños provinciales de enero, solo diez distritos presentaron subas  mensuales del empleo privado formal, liderados por La Rioja (4,4%), Catamarca (1,5%) y  Neuquén (0,8%); otras tres provincias no mostraron variación (0,0%); y, por el contrario,  los otros once subnacionales registraron caídas, con Santa Cruz (-0,8%) y Mendoza (-0,8%)  presentando las más fuertes.

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En dos años se perdieron más de 23.500 empleadores privados en Argentina

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En los últimos dos años, Argentina perdió 23.587 empleadores del sector privado, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El organismo releva a las personas humanas o jurídicas que cuentan con al menos un trabajador registrado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

El informe excluye a los empleadores de la Administración Pública, las organizaciones extraterritoriales y los hogares con servicio doméstico, con el objetivo de analizar exclusivamente el comportamiento del empleo formal en el sector privado.

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la cantidad de empleadores privados se redujo un 4,3 por ciento a nivel nacional. Se trata de una caída significativa tanto en términos absolutos como relativos, con impacto extendido en casi todo el país.

De las 24 jurisdicciones relevadas, sólo una registró crecimiento: Neuquén, con un aumento del 0,7 por ciento, equivalente a 59 empresas más. En contraste, el resto de las provincias evidenció retrocesos de distinta magnitud, desde caídas moderadas inferiores al 2 por ciento, como en San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta descensos de dos dígitos en Catamarca (10,8 por ciento), Tierra del Fuego (10,9 por ciento), Chaco (11,0 por ciento) y La Rioja (15,0 por ciento).

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con 5.949 empresas menos, lo que representa una baja del 3,5 por ciento. Le siguen Córdoba, con 4.011 firmas menos (7,7 por ciento); Santa Fe, con 2.414 menos (4,8 por ciento); y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una caída de 2.345 empleadores (1,9 por ciento).

Estas cuatro jurisdicciones explican gran parte de la contracción nacional, ya que concentran el 72 por ciento del total de empresas del país. Por ello, sus variaciones tienen un fuerte impacto en el resultado agregado.

La caída se mantiene en el último año

Si se analiza el período más reciente, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, la tendencia contractiva se mantiene. En ese lapso, el total de empleadores privados se redujo un 2,0 por ciento, lo que equivale a 10.646 empresas menos en todo el país.

En este caso, sólo dos provincias lograron mostrar mejoras: Neuquén, con un incremento del 0,5 por ciento, y San Juan, con una leve suba del 0,1 por ciento. En el resto de las jurisdicciones continuaron las caídas, con La Pampa registrando la menor baja (0,4 por ciento) y La Rioja la más pronunciada (7,1 por ciento).

En términos absolutos, Neuquén sumó 45 empresas y San Juan otras 8. Por el contrario, las mayores pérdidas volvieron a concentrarse en la provincia de Buenos Aires, con 3.061 empleadores menos; Córdoba, con 1.688; Santa Fe, con 1.053; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 925 menos.

El análisis, elaborado por Politikon Chaco en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, confirma un proceso sostenido de retracción del entramado empresarial formal en el país.

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