EMPLEO RURAL

Éxodo misionero: crece la cantidad de tarjetas CPF para argentinos que buscan trabajar en Brasil

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El diario brasileño Folha de São Paulo, uno de los más influyentes del país vecino, publicó este fin de semana un extenso artículo en el que analiza el aumento de trabajadores argentinos que buscan empleo en Brasil, con foco en la provincia de Misiones, principal región productora de yerba mate.

El informe pone el acento en un dato que refleja la magnitud del fenómeno: el fuerte crecimiento en la emisión del CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), un documento tributario indispensable para trabajar legalmente en Brasil.

Según datos de la Receita Federal, citados por el medio paulista, la cantidad de CPFs otorgados a ciudadanos argentinos pasó de un promedio de unos 8.000 por año entre 2016 y 2021 a cerca de 40.000 en 2025, lo que marca un salto significativo en el interés por acceder al mercado laboral brasileño.

El CPF funciona en Brasil como una identificación fiscal obligatoria para casi todas las actividades económicas: desde firmar un contrato laboral hasta abrir una cuenta bancaria o alquilar una vivienda.

Misiones, en el centro del fenómeno

El artículo sitúa el fenómeno principalmente en Misiones, provincia fronteriza con Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, y principal productora de yerba mate en la Argentina.

Según el reportaje, parte de los trabajadores rurales misioneros comenzó a tramitar el CPF para poder emplearse en actividades agrícolas del sur de Brasil, especialmente en las cosechas de uva, tomate y frutas.

“El número de CPFs concedidos a argentinos aumentó cerca de 8.000 al año entre 2016 y 2021 y llegó a casi 40.000 el año pasado”, señala la publicación brasileña.

Para el medio paulista, este crecimiento está vinculado a la situación económica del sector yerbatero argentino tras la desregulación del precio de la materia prima, que hasta 2023 era fijado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Trabajadores misioneros en las cosechas brasileñas

El artículo recoge testimonios de tareferos y productores misioneros que relatan cómo parte de la mano de obra rural comenzó a migrar temporalmente a Brasil.

Uno de ellos es Joaquín Ríos, un trabajador rural de San Pedro que viajó recientemente a la ciudad gaúcha de Pinto Bandeira para participar en la cosecha de uva.

Según cuenta al diario brasileño, en el establecimiento donde trabaja hay cerca de 500 argentinos empleados en tareas rurales.

Otro trabajador, Lucio Rodríguez Velásquez, asegura que viene realizando trabajos estacionales en Brasil desde 2018, en cosechas de tomate, uva y frutillas en distintas localidades del estado de Rio Grande do Sul.

Demanda laboral del lado brasileño

El reportaje también recoge la mirada de dirigentes rurales y empresarios brasileños, quienes destacan el creciente número de trabajadores argentinos en las cosechas.

El presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Bento Gonçalves, Cedenir Postal, afirmó que la presencia de argentinos en la vendimia viene aumentando en los últimos años.

Según explicó, muchos llegan por recomendación de familiares o conocidos que ya trabajan en el país vecino.

Al mismo tiempo, productores brasileños destacan la experiencia de los trabajadores misioneros en tareas agrícolas, particularmente en la cosecha de yerba mate, donde poseen un conocimiento específico del cultivo.

Un indicador que sigue creciendo

Más allá de las interpretaciones políticas que plantea el artículo, el dato que sobresale es el crecimiento acelerado del CPF entre ciudadanos argentinos, una señal clara del interés por acceder al mercado laboral brasileño.

En regiones fronterizas como Misiones, donde la movilidad laboral entre ambos países forma parte de la dinámica histórica de la zona, el aumento en la tramitación de este documento aparece hoy como uno de los indicadores más visibles de esa tendencia.

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Dos empleos cada 100 hectáreas: el riego puede generar más trabajo y de manera sustentable

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El crecimiento de la demanda global de alimentos vuelve cada vez más estratégico al riego en la producción agropecuaria. En un contexto marcado por sequías recurrentes y mayor variabilidad climática, mejorar la eficiencia en el uso del agua aparece como uno de los desafíos centrales para el agro argentino. Actualmente, en el país se riegan unas 2,1 millones de hectáreas, aunque el potencial estimado asciende a 7,5 millones.

Un informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) identifica allí un importante potencial productivo aún no aprovechado. El estudio plantea que la ampliación y modernización de los sistemas de riego no sólo permitiría incrementar la producción agrícola, sino también generar empleo, fortalecer las exportaciones y mejorar la sustentabilidad del sistema productivo.

“Hay muchas formas de cuidar el agua. Nosotros en nuestra casa, por ejemplo, cuando cerramos la canilla mientras nos cepillamos los dientes. Con esa acción chiquita estamos cuidando el agua. Con el riego en el campo pasa lo mismo: la propuesta no es gastar más agua sino justamente cuidarla y usarla mejor, más responsablemente”, explicó Antonella Semadeni, economista de FADA.

El estudio muestra que, solo en Córdoba y Buenos Aires, la expansión del riego permitiría sumar más de un millón de toneladas adicionales de soja, más de 3 millones de maíz y alrededor de 900 mil toneladas de trigo. En total, se podrían producir 5 millones de toneladas adicionales de estos granos.

Ese incremento productivo tendría un impacto directo en el empleo. Según las estimaciones del informe, el desarrollo del riego generaría dos puestos de trabajo cada 100 hectáreas, lo que equivaldría a más de 27 mil nuevos empleos vinculados a servicios, logística, industria, transporte y exportaciones.

“En ciertas zonas de Argentina, el riego no sólo mejora los rindes, es decir, lo que se puede producir por hectárea, sino que marca la diferencia entre poder o no sembrar”, señalan desde FADA.

Impacto potencial de expandir el riego en Argentina

  • Empleo: 2 nuevos puestos de trabajo cada 100 hectáreas irrigadas (más de 27.000 empleos).
  • Producción adicional: 5 millones de toneladas más de granos.
  • Detalle por cultivo:
    • Soja: +1.100.000 toneladas
    • Maíz: +3.200.000 toneladas
    • Trigo: +900.000 toneladas
  • Valor bruto de producción: +USD 1.120 millones.
  • Recaudación tributaria: +USD 432 millones.
  • Exportaciones: +USD 985 millones.
  • Inversión estimada: USD 2.328 millones en equipos de riego.
  • Costo promedio: alrededor de USD 2.000 por hectárea en sistemas con pivote eléctrico.
  • Impacto en rendimientos:
    • Soja: hasta +62%
    • Maíz: hasta +85%

Fuente: Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

La incorporación de nuevas tecnologías también permite optimizar el uso del agua. Sistemas de riego de precisión, sensores y monitoreo digital de cultivos hacen posible aplicar el recurso hídrico en la cantidad y el momento exacto que necesita la planta.

“El avance de la tecnología permite monitorear los cultivos y aplicar el agua en cantidad y frecuencia necesarias para la planta. Con esto podemos hacer un uso racional y responsable, amigable con el ambiente, porque se le da a la planta exactamente lo que necesita y cuando lo necesita”, explicó Semadeni.

Otro factor clave es la energía. El informe remarca que el riego eléctrico consume apenas un tercio de la energía requerida por sistemas alimentados a gasoil, aunque en muchas zonas rurales aún no existe acceso a redes eléctricas. Frente a este escenario, la incorporación de energías renovables, como paneles solares, aparece como una alternativa para impulsar el desarrollo de estos sistemas.

“El riego tiene múltiples beneficios: al aumentar la producción y los rendimientos, esto se traduce en uso de más insumos, más transporte, más servicios, más puestos de trabajo, más exportaciones y, por ende, más dólares para el país. Se moviliza la rueda de la economía a lo largo y ancho del país”, destacó Nicolle Pisani Claro, economista jefe de FADA.

Para potenciar este desarrollo, el informe plantea una serie de medidas de política pública orientadas a facilitar las inversiones en riego. Entre ellas, la amortización acelerada de los equipos, la devolución de saldos técnicos de IVA, la reducción del IVA sobre la energía eléctrica utilizada en riego agropecuario —actualmente del 27%— y el fomento de energías renovables aplicadas al riego. Varias de estas propuestas ya fueron incorporadas en el Régimen de Incentivo a la Mediana Inversión (RIMI).

“Si analizamos el empleo, pueden generarse más de 27 mil nuevos puestos. En otras palabras, dos trabajos cada 100 nuevas hectáreas con riego. También implica inversiones por USD 2.328 millones”, detalló Fiorella Savarino, economista de FADA.

Riego agrícola en Argentina: situación actual y potencial

Indicador Situación actual Potencial estimado
Superficie bajo riego 2,1 millones de hectáreas 7,5 millones de hectáreas
Producción adicional de granos 5 millones de toneladas adicionales
Empleo generado Más de 27.000 nuevos puestos de trabajo
Valor bruto de producción USD 1.120 millones adicionales
Exportaciones USD 985 millones adicionales
Inversión en equipos USD 2.328 millones
Costo promedio de instalación USD 2.000 por hectárea

Fuente: Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

Además, la mayor producción de granos implicaría USD 1.120 millones adicionales en valor bruto de producción, USD 432 millones en recaudación tributaria y cerca de USD 985 millones más en exportaciones, recursos clave para fortalecer la balanza comercial argentina.

Desde la perspectiva del productor, la inversión promedio ronda los USD 2.000 por hectárea en sistemas de pivote eléctrico. En términos productivos, el impacto puede ser significativo: los rendimientos pueden aumentar hasta 62% en soja y 85% en maíz en la provincia de Buenos Aires. En regiones como Córdoba, además, el acceso al riego puede definir la posibilidad misma de sembrar trigo en determinadas campañas.

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El RENATRE apuesta a ordenar el mercado laboral rural con un nuevo programa federal

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El mercado laboral rural suma una nueva herramienta institucional. El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) creó el Programa de Empleo Rural (PER), una plataforma de intermediación laboral que conecta oferta y demanda de trabajo en el sector agropecuario y forestal, con foco en empleo formal, capacitación y productividad. La decisión quedó plasmada en la Resolución 20/2026, publicada el 2 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial, y deja sin efecto el esquema previo aprobado en 2019.

El cambio importa ahora porque apunta a uno de los cuellos de botella más persistentes del sector: la dificultad simultánea de los empleadores para conseguir mano de obra registrada y de los trabajadores para acceder a empleos formales y estables. El PER busca cubrir ese vacío con una intermediación activa, federal y digital, financiada con recursos propios del organismo.

Qué establece la norma, en términos económicos

La resolución crea formalmente el Programa de Empleo Rural (PER) en la órbita del RENATRE y lo define como un servicio de intermediación laboral asistida. No se trata solo de un registro pasivo: el programa contempla entrevistas, diagnóstico de perfiles, vinculación con búsquedas concretas y acompañamiento en el alta temprana del trabajador.

El esquema está dirigido a trabajadores y empleadores rurales inscriptos en el RENATRE, con especial atención a beneficiarios del sistema de prestaciones por desempleo. Para los empleadores, la consecuencia operativa es clara: acceso a una base validada de perfiles laborales, asistencia técnica en el reclutamiento y reducción del costo de búsqueda. Para los trabajadores, mayor visibilidad de su perfil, orientación laboral y acceso a capacitaciones específicas.

La norma también define que la selección final no obliga a contratar, preservando la decisión empresaria, pero incorpora trazabilidad y seguimiento del proceso, reforzando la formalización de los vínculos laborales.

Contexto

El PER reemplaza a la Resolución 189/2019, que había establecido un esquema anterior de intermediación. La nueva iniciativa amplía el alcance y la ambición del instrumento, en línea con las funciones que la ley asigna al RENATRE de centralizar información y facilitar contrataciones en un sector caracterizado por la estacionalidad, la dispersión territorial y la informalidad estructural.

El programa se inscribe en un contexto de economías regionales presionadas, donde la productividad y el arraigo rural dependen cada vez más de contar con mano de obra capacitada y registrada. La norma reconoce ese problema y propone una herramienta superadora del simple registro administrativo.

Impacto concreto

El impacto económico no viene por la vía de subsidios directos ni cambios salariales, sino por la reducción de fricciones en el mercado laboral rural. Para las empresas agropecuarias y forestales, el PER puede bajar costos de contratación, acortar tiempos de búsqueda y mejorar el “match” entre puesto y trabajador.

En términos de empleo, el objetivo explícito es ampliar el trabajo formal, con efectos indirectos sobre la recaudación de aportes y contribuciones y sobre la cobertura de la seguridad social. También puede mejorar la competitividad de las unidades productivas al fortalecer competencias laborales alineadas con las necesidades reales de cada actividad.

Los sectores más beneficiados serían aquellos intensivos en mano de obra y con alta rotación estacional, mientras que el desafío estará en lograr una adopción efectiva del sistema en todo el territorio.

Continuidad y fortalecimiento institucional

La resolución envía una señal de continuidad y fortalecimiento institucional más que de giro. No desregula el mercado laboral rural, sino que refuerza la intervención del RENATRE como actor de articulación entre empleadores y trabajadores. También marca una apuesta por la gestión digital y federal, con acompañamiento personalizado y uso de información registral.

Hacia el sector productivo, el mensaje es de apoyo a la formalización sin imponer nuevas cargas directas. Hacia los trabajadores, una señal de mayor presencia estatal en la facilitación del acceso al empleo registrado.

Qué habrá que mirar hacia adelante

El impacto real del PER se medirá en su capacidad de generar colocaciones efectivas, en la calidad de los perfiles formados y en la adhesión de empleadores de distintas economías regionales. En los próximos meses, el indicador clave será si la plataforma logra convertirse en un canal habitual de contratación y no solo en una herramienta complementaria dentro del ecosistema laboral rural.

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El RENATRE lanza el “Programa de Empleo Rural”

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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) lanza el Programa de Empleo Rural (PER), una iniciativa creada durante el período 2025 y aprobada por el Cuerpo Directivo del organismo bajo la Resolución Nº 20/2026, orientado a promover el empleo formal, mejorar las competencias de trabajadores y trabajadoras rurales, y fortalecer la productividad y competitividad de las unidades agropecuarias y forestales de todo el país.

El servicio es gratuito y está dirigido a empresas rurales registradas en el organismo que requieran cubrir puestos de trabajo y fortalecer las capacidades de sus equipos. En una primera etapa, estará orientado a personas trabajadoras rurales beneficiarias del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (SIPRED).

Para acceder al programa, en el caso de las empresas, deben ingresar al Portal RENATRE e iniciar sesión con su cuenta registrada para gestionar el trámite; mientras que los trabajadores y trabajadoras solo deben completar con sus datos en el formulario web.

El objetivo fundamental del PER es conformar a largo plazo una red de perfiles laborales disponibles en línea con el fin de constituir un registro actualizado de personas rurales trabajadoras candidatas, dando a su vez asistencia técnica y personalizada a las empresas por parte del RENATRE, y brindando el seguimiento necesario en los procesos de selección y reclutamiento de personal. En el caso de las y los trabajadores beneficiarios de la prestación por desempleo, el programa contempla orientación y acompañamiento en la búsqueda laboral, capacitaciones en habilidades técnicas y blandas con certificación de competencias laborales, y asesoramiento sobre el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

“Con el desarrollo de este servicio, buscamos posicionar al RENATRE como el puente ideal entre los sectores empleador y trabajador. Brindamos al empleador la seguridad de poder contar con personal calificado y confiable, y al trabajador o trabajadora un espacio donde va a recibir apoyo para su contratación. Nuestra gestión abarca a una gran comunidad para seguir adelante con este proyecto, beneficiando directamente a más de 56 mil productores y 325 mil trabajadores en todo el país”, afirmó el presidente del registro, Abel Guerrieri.

Asimismo, el director del RENATRE, José Voytenco, destacó que este programa, cuya planificación estratégica se remonta a 2025 durante su presidencia en el organismo, “fortalece el trabajo rural, garantizando que cada trabajador y trabajadora accedan a un acompañamiento efectivo del Registro en su búsqueda de empleo. A través del PER, buscamos que el trabajo en el campo sea sinónimo de crecimiento y de un futuro más seguro para la familia rural”.

Con esta propuesta, el RENATRE busca fortalecer el desarrollo territorial, promover el arraigo de las familias rurales y contribuir al crecimiento productivo del sector.

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Intendentes del Alto Uruguay solicitaron intervención urgente para garantizar el acopio tabacalero

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Intendentes del Alto Uruguay, junto a entidades gremiales, empresas y cooperativas tabacaleras, solicitaron al gobernador Hugo Passalacqua la intervención inmediata del Estado para garantizar el inicio del acopio de tabaco previsto para el lunes 9 de febrero, ante bloqueos que impiden la libre circulación y ponen en riesgo el derecho a trabajar de miles de familias productoras.

El planteo fue formulado durante una reunión realizada el 6 de febrero en San Vicente, de la que participaron jefes comunales de la región y representantes de las principales entidades gremiales del sector: la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), la Cámara del Tabaco de Misiones y la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM). También acompañaron el reclamo empresas y cooperativas tabacaleras, entre ellas la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM), Massalin Particulares, Alliance One, C.I.M.A. y la Cooperativa Agroindustrial de Misiones Ltda., entre otras firmas de la cadena productiva.

En el documento elevado al Poder Ejecutivo provincial, los firmantes solicitaron la intervención de las Fuerzas de Seguridad para resguardar rutas y accesos a las plantas de compra, así como la actuación de la Justicia Federal y de Instrucción, a fin de garantizar la libre circulación y el normal desarrollo de la actividad frente a los bloqueos registrados.

El pedido se sustenta en el Acta de Acuerdo de Precio firmada el 28 de enero de 2026 en Leandro N. Alem, que fijó el valor del tabaco Burley Clase B1F en $4.062 por kilogramo, con el aval de más del 99% de la representación gremial y empresarial del sector tabacalero misionero.

Durante el encuentro se advirtió que las medidas de fuerza son impulsadas por un grupo reducido que no representa a los 13.700 productores tabacaleros de la provincia y que, mediante bloqueos, vulnera los derechos de la mayoría que necesita producir y comercializar su tabaco. Los intendentes y referentes alertaron además sobre las consecuencias sociales y económicas de la interrupción del acopio, que compromete ingresos clave para el inicio del ciclo lectivo —alimentos y útiles escolares— y profundiza procesos de migración forzada hacia países vecinos, con impacto directo en la economía regional y la soberanía productiva.

Del encuentro participaron el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; el subsecretario de Tabaco, Carlos Pereira; y el subsecretario de Planificación, Leonardo Amarilla. Entre los firmantes figuran los intendentes Fabián Rodríguez (San Vicente), Miguel Dos Santos (San Pedro) y Omar Wdowin (25 de Mayo), junto a otros jefes comunales y representantes de las entidades gremiales y cooperativas del sector.

Finalmente, los firmantes solicitaron al gobernador interceder ante el Gobierno Nacional, en particular ante los ministerios de Agricultura y Seguridad, para garantizar condiciones que permitan trabajar en paz, dentro de la ley y con libertad.

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