EMPLEO RURAL

Capital Humano homologó la primera paritaria rural bajo la reforma laboral

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El Ministerio de Capital Humano homologó este miércoles la primera paritaria del sector rural encuadrada en el régimen general de negociación colectiva establecido por la Ley N.º 14.250, tras las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802.

La decisión formalizó el acuerdo alcanzado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las principales entidades representativas del agro: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), CONINAGRO, Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación Agraria Argentina (FAA).

El acuerdo establece remuneraciones mínimas para trabajadores permanentes comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario regulado por la Ley N.º 26.727, además de distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio.

Desde el Gobierno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, calificó la homologación como un “hito histórico en materia laboral” y la vinculó con un proceso de actualización del sistema de negociación colectiva.

El cambio institucional detrás de la paritaria rural

La modificación no sólo tiene impacto salarial. También redefine el mecanismo institucional mediante el cual se negocian las condiciones laborales del sector agrario.

Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, las remuneraciones mínimas rurales eran definidas mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), un esquema donde el Estado tenía un rol central en la fijación salarial.

Con la reforma impulsada por la Ley N.º 27.802, las condiciones salariales pasan a discutirse bajo el régimen general de negociación colectiva previsto en la Ley N.º 14.250, trasladando mayor peso a la negociación directa entre sindicatos y cámaras empresarias.

La homologación realizada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social representa así el primer antecedente concreto de implementación de ese nuevo esquema en el ámbito rural.

El agro gana un marco de negociación más flexible

La medida también expone una reconfiguración en la relación entre Estado, sindicatos y entidades rurales.

El acuerdo reúne a actores históricamente influyentes del agro argentino, como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina, junto con el sindicato UATRE.

El Gobierno interpretó la homologación como un avance en “institucionalidad laboral”, al considerar que el nuevo régimen aporta previsibilidad y seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

La decisión además se inscribe dentro del proceso de reformas laborales promovido por la administración nacional, que busca modificar mecanismos tradicionales de regulación del trabajo y reducir la centralidad estatal en ciertas negociaciones sectoriales.

Qué cambia para el sector rural

El nuevo esquema implica que las futuras discusiones salariales del trabajo agrario podrán canalizarse mediante convenios colectivos negociados entre las partes y posteriormente homologados por la autoridad laboral.

En términos prácticos, el sistema se asemeja más al funcionamiento de otras actividades privadas que negocian salarios bajo convenios colectivos generales.

La novedad adquiere relevancia porque el trabajo rural históricamente mantuvo un régimen específico y diferenciado respecto de otros sectores de la economía.

El Gobierno sostiene que el cambio aporta mayor agilidad y modernización al sistema de relaciones laborales rurales.

Impacto potencial en Misiones y el NEA

La formalización de paritarias rurales bajo el régimen general puede tener impacto directo en provincias con fuerte presencia de economías regionales y trabajo agrario, como Misiones y otras jurisdicciones del NEA.

Sectores vinculados a producción yerbatera, forestal, tealera y actividades agroindustriales podrían verse alcanzados por futuras negociaciones bajo este nuevo esquema institucional.

Aunque el comunicado oficial no detalla cifras salariales específicas ni actividades regionales concretas, la modificación del mecanismo de negociación introduce una variable relevante para empleadores y trabajadores rurales del interior productivo.

La evolución de estos acuerdos será observada especialmente en regiones donde la actividad agraria tiene fuerte incidencia sobre empleo y dinámica económica local.

Una reforma que empieza a mostrar efectos concretos

La homologación de esta primera paritaria aparece como uno de los primeros efectos operativos visibles de la Ley de Modernización Laboral sobre el sistema de negociación colectiva.

El desafío hacia adelante será observar cómo evolucionan futuras discusiones salariales bajo el nuevo esquema y si el modelo logra consolidar mayor estabilidad en un sector históricamente atravesado por tensiones entre productividad, costos laborales y regulación estatal.

También quedará bajo análisis el alcance real de la negociación colectiva en actividades rurales específicas y la capacidad del nuevo sistema para equilibrar intereses entre sindicatos y entidades empresarias.

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CAME advierte por la crisis de las economías regionales y exige respuestas urgentes al Gobierno nacional

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) encendió una fuerte señal de alarma sobre la situación que atraviesan las economías regionales y reclamó al Gobierno nacional la implementación de políticas públicas diferenciales para evitar un mayor deterioro productivo, laboral y social en el interior del país.

A través de un memo institucional, la entidad sostuvo que las economías regionales representan un componente crítico del entramado productivo argentino, pero enfrentan una combinación de factores que están erosionando su rentabilidad, competitividad y capacidad de sostener empleo genuino en las provincias.

Según CAME, estas actividades abarcan el 63 por ciento de las explotaciones agropecuarias nacionales, generan alrededor del 70 por ciento de la mano de obra rural y exportan unos 8.700 millones de dólares anuales, consolidado 2024. La entidad remarcó que, a diferencia de los grandes complejos agroexportadores de la Pampa Húmeda, las economías regionales tienen una fuerte base MiPyME, alto uso de mano de obra intensiva y un fuerte impacto territorial en arraigo, empleo y valor agregado.

“Al campo no le está yendo bien”

Desde la entidad empresaria rechazaron la idea generalizada de que “al campo le está yendo bien” y remarcaron que no todas las actividades agropecuarias atraviesan la misma realidad.

“Las economías regionales tenemos más en común con la agricultura familiar que con las grandes agroexportadoras y los grandes acopiadores”, señala el documento, que reclama un marco legal propio y políticas específicas para revertir restricciones estructurales que vienen deteriorando la actividad.

En ese sentido, CAME impulsa el Proyecto de Ley “Régimen de Promoción MiPyME de las Economías Regionales”, que plantea una vigencia de 15 años, presupuesto propio y la creación de un Fondo de Fomento específico para el sector.

Los principales problemas: rentabilidad, impuestos y dólar

El diagnóstico presentado por la entidad enumera una serie de factores que están asfixiando al sector.

Falta de rentabilidad

Muchos productores no logran cubrir los costos de producción porque los precios de venta permanecen estancados o crecen por debajo de la inflación, mientras aumentan otros costos estructurales.

Presión tributaria

CAME calificó al sistema impositivo argentino como “distorsivo” en sus tres niveles -nacional, provincial y municipal- y sostuvo que se transformó en un obstáculo directo para la competitividad.

Aunque reconocen algunos avances en la Ley de Modernización Laboral, consideran que siguen siendo insuficientes.

Tipo de cambio y competitividad

La entidad advirtió que un tipo de cambio bajo o atrasado desalienta exportaciones, abarata importaciones y encarece los productos argentinos frente a competidores internacionales.

“El costo argentino dificulta competir con productos importados que ingresan a menor costo”, ejemplificaron, mencionando casos como el tomate.

Otro de los ejes centrales del planteo es el alto costo laboral. CAME propone reducir cargas patronales mediante la actualización del Mínimo No Imponible y revisar los Convenios de Corresponsabilidad Gremial para que reflejen mejor la realidad de cada sector productivo.

También pidió extender beneficios energéticos. Si bien valoraron la reducción del IVA para regantes agroindustriales, reclamaron que el mismo tratamiento alcance al gas de uso productivo, clave en numerosas agroindustrias.

En paralelo, advirtieron sobre la dificultad de acceso al financiamiento por altas tasas, falta de períodos de gracia y exigencias bancarias restrictivas.

“Sin rentabilidad no existe capacidad de pago”, resume el documento.

La entidad también apuntó contra el deterioro de rutas, los altos costos logísticos y la necesidad de avanzar en obras estratégicas como la hidrovía, la mejora ferroviaria y la creación de terminales intermodales o puertos secos.

Además, sumó una advertencia sobre riesgos externos vinculados al conflicto en Medio Oriente, que ya impacta en el precio del gasoil, el transporte y los fertilizantes.

El aumento del precio internacional del gas impulsó una fuerte suba de la urea -que llegó hasta el 50 por ciento-, agravando aún más los costos de producción agropecuaria

Para CAME, la salida no pasa por medidas generales sino por una estrategia específica para las economías regionales, que permita sostener producción, empleo y arraigo en el interior del país.

El mensaje al Gobierno nacional es claro: sin rentabilidad, sin competitividad y sin financiamiento, el motor productivo de muchas provincias comienza a apagarse.

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RENATRE sube la prestación por desempleo rural y recalcula costos laborales en economías regionales

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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) elevó desde mayo la base de cálculo de la prestación por desempleo rural del 55% al 60% de la mejor remuneración de los últimos 12 meses y actualizó en un 2% los montos mínimos y máximos del beneficio. La medida impacta de lleno en las economías regionales intensivas en mano de obra, como la yerba mate, la cosecha forestal y algunas actividades tabacaleras de Misiones, donde la estacionalidad laboral y la informalidad siguen siendo variables estructurales.

La nueva resolución fija un piso de $191.226 y un techo de $382.453 para las prestaciones por desempleo rural. Aunque el financiamiento proviene del aporte patronal del 1,5% sobre salarios previsto por la Ley 25.191, el movimiento del RENATRE vuelve a poner sobre la mesa un debate sensible para el NEA: cómo sostener cobertura social sin seguir elevando la presión sobre sectores productivos que ya operan con costos distorsionados por la frontera.

Más cobertura social en una economía de alta rotación laboral

La actualización del seguro de desempleo rural tiene una lectura distinta en Misiones respecto del centro del país. La provincia combina: alta proporción de empleo rural temporario. Producción primaria atomizada. Pequeños y medianos empleadores. Competencia fronteriza con Paraguay y Brasil. Y brechas cambiarias y fiscales que afectan márgenes

En actividades como la cosecha yerbatera, el tabaco o parte de la cadena forestal, la dinámica laboral no responde al esquema industrial tradicional. Existen períodos intensivos de contratación seguidos de meses de menor actividad, lo que convierte al sistema del RENATRE en una herramienta de contención económica para miles de trabajadores rurales.

El incremento dispuesto por el organismo mejora el ingreso de quienes quedan fuera del circuito laboral formal tras finalizar tareas temporarias. Para municipios del interior misionero, donde gran parte del consumo depende del movimiento de la economía rural, el efecto tiene también una derivación comercial: más recursos circulando en almacenes, estaciones de servicio y comercios locales.

Contener ingresos sin tocar aportes patronales

El dato relevante para el sector empresario es que la resolución no modifica el aporte obligatorio del 1,5% que realizan los empleadores rurales. El incremento se financia con recursos ya existentes del sistema.

Eso evita, al menos por ahora, una nueva presión contributiva sobre actividades que vienen absorbiendo: incrementos salariales. Suba de costos logísticos. Mayor costo energético. Caída de competitividad exportadora. Y atraso cambiario relativo frente a Brasil

Para la forestoindustria y la yerba mate, dos sectores clave de Misiones, el costo laboral se volvió un factor cada vez más sensible. Especialmente en empresas medianas que operan en zonas alejadas de puertos y con fuerte dependencia del transporte terrestre.

La decisión del RENATRE parece orientada a reforzar el componente social del sistema sin abrir un nuevo frente de conflicto con las entidades rurales y cooperativas.

Economía regional y frontera: la diferencia misionera

Mientras en Buenos Aires el debate laboral suele centrarse en la industria o los servicios urbanos, en Misiones la discusión tiene otra dimensión: la competencia de costos con Paraguay y Brasil.

Las llamadas asimetrías fronterizas —diferencias de impuestos, tipo de cambio, costos laborales y combustibles entre países vecinos— afectan directamente la rentabilidad del productor y del empleador misionero.

Por eso, cualquier modificación vinculada al empleo rural tiene doble lectura: social, porque mejora la cobertura de trabajadores temporarios. Y productiva, porque incrementa la necesidad de eficiencia en sectores ya tensionados.

    En la práctica, el desafío para el empresariado rural del NEA es evitar que mayores beneficios sociales convivan con un aumento de informalidad laboral. Ese equilibrio es especialmente delicado en economías regionales de baja escala y márgenes ajustados.

    Qué cambia desde mayo

    La resolución publicada este viernes establece: base de cálculo: pasa del 55% al 60% de la mejor remuneración mensual del último año. Monto mínimo: sube a $191.226. Monto máximo: asciende a $382.453. Incremento general: actualización del 2% sobre el beneficio ordinario. Y aplicación: rige para prestaciones liquidadas desde el 1 de mayo de 2026.

    Lo que empieza a mirar el sector productivo

    La decisión del RENATRE aparece en un contexto donde el mercado laboral rural atraviesa una transición compleja: menor dinamismo económico, mecanización gradual y presión creciente sobre costos operativos.

    En Misiones, el punto a seguir de cerca no será únicamente el monto del beneficio, sino la evolución del empleo registrado rural durante la próxima zafra yerbatera y forestal. Si el consumo interno sigue débil y el atraso cambiario persiste, las empresas podrían priorizar esquemas más flexibles de contratación o reducir niveles de actividad.

    Para el sistema del RENATRE, el desafío será sostener mejores prestaciones sin deteriorar el equilibrio financiero del fondo en un escenario donde la formalización laboral todavía avanza más lento que las necesidades sociales del interior productivo.

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    Cooperación internacional para el trabajo y la formalización del empleo rural

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    La ministra de Trabajo y Empleo de Misiones, Silvana Giménez, mantuvo una importante reunión en la Casa de Misiones en la Ciudad de Buenos Aires junto a Alejandro Salafranca, subsecretario de Trabajo de México; Eduardo Lépore, director del Proyecto de la Unión Europea por el Trabajo Decente; Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y ex embajador argentino en México; y Miriam Durán, representante de la Casa de Misiones.

    Durante el encuentro se avanzó en una agenda de cooperación e intercambio orientada a fortalecer políticas vinculadas a la formalización del empleo rural, promoviendo el trabajo decente y la generación de oportunidades para trabajadores del sector.

    La reunión permitió además presentar el modelo misionero de gestión y las políticas públicas impulsadas por la provincia para acompañar a los trabajadores, fortalecer el empleo registrado y generar herramientas de inclusión laboral, especialmente en ámbitos rurales y productivos.

    Se destacó la importancia de construir alianzas internacionales que permitan compartir experiencias, impulsar nuevas estrategias y consolidar espacios de articulación entre gobiernos, organismos internacionales y sectores vinculados al trabajo y la producción.

    Con el acompañamiento de la Unión Europea y Expertise France, se proyectan nuevas instancias de cooperación entre Misiones y México para avanzar en acciones conjuntas vinculadas al empleo rural, la capacitación y la formalización laboral.

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    Éxodo misionero: crece la cantidad de tarjetas CPF para argentinos que buscan trabajar en Brasil

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    El diario brasileño Folha de São Paulo, uno de los más influyentes del país vecino, publicó este fin de semana un extenso artículo en el que analiza el aumento de trabajadores argentinos que buscan empleo en Brasil, con foco en la provincia de Misiones, principal región productora de yerba mate.

    El informe pone el acento en un dato que refleja la magnitud del fenómeno: el fuerte crecimiento en la emisión del CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), un documento tributario indispensable para trabajar legalmente en Brasil.

    Según datos de la Receita Federal, citados por el medio paulista, la cantidad de CPFs otorgados a ciudadanos argentinos pasó de un promedio de unos 8.000 por año entre 2016 y 2021 a cerca de 40.000 en 2025, lo que marca un salto significativo en el interés por acceder al mercado laboral brasileño.

    El CPF funciona en Brasil como una identificación fiscal obligatoria para casi todas las actividades económicas: desde firmar un contrato laboral hasta abrir una cuenta bancaria o alquilar una vivienda.

    Misiones, en el centro del fenómeno

    El artículo sitúa el fenómeno principalmente en Misiones, provincia fronteriza con Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, y principal productora de yerba mate en la Argentina.

    Según el reportaje, parte de los trabajadores rurales misioneros comenzó a tramitar el CPF para poder emplearse en actividades agrícolas del sur de Brasil, especialmente en las cosechas de uva, tomate y frutas.

    “El número de CPFs concedidos a argentinos aumentó cerca de 8.000 al año entre 2016 y 2021 y llegó a casi 40.000 el año pasado”, señala la publicación brasileña.

    Para el medio paulista, este crecimiento está vinculado a la situación económica del sector yerbatero argentino tras la desregulación del precio de la materia prima, que hasta 2023 era fijado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

    Trabajadores misioneros en las cosechas brasileñas

    El artículo recoge testimonios de tareferos y productores misioneros que relatan cómo parte de la mano de obra rural comenzó a migrar temporalmente a Brasil.

    Uno de ellos es Joaquín Ríos, un trabajador rural de San Pedro que viajó recientemente a la ciudad gaúcha de Pinto Bandeira para participar en la cosecha de uva.

    Según cuenta al diario brasileño, en el establecimiento donde trabaja hay cerca de 500 argentinos empleados en tareas rurales.

    Otro trabajador, Lucio Rodríguez Velásquez, asegura que viene realizando trabajos estacionales en Brasil desde 2018, en cosechas de tomate, uva y frutillas en distintas localidades del estado de Rio Grande do Sul.

    Demanda laboral del lado brasileño

    El reportaje también recoge la mirada de dirigentes rurales y empresarios brasileños, quienes destacan el creciente número de trabajadores argentinos en las cosechas.

    El presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Bento Gonçalves, Cedenir Postal, afirmó que la presencia de argentinos en la vendimia viene aumentando en los últimos años.

    Según explicó, muchos llegan por recomendación de familiares o conocidos que ya trabajan en el país vecino.

    Al mismo tiempo, productores brasileños destacan la experiencia de los trabajadores misioneros en tareas agrícolas, particularmente en la cosecha de yerba mate, donde poseen un conocimiento específico del cultivo.

    Un indicador que sigue creciendo

    Más allá de las interpretaciones políticas que plantea el artículo, el dato que sobresale es el crecimiento acelerado del CPF entre ciudadanos argentinos, una señal clara del interés por acceder al mercado laboral brasileño.

    En regiones fronterizas como Misiones, donde la movilidad laboral entre ambos países forma parte de la dinámica histórica de la zona, el aumento en la tramitación de este documento aparece hoy como uno de los indicadores más visibles de esa tendencia.

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