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El REM del BCRA proyecta 2,3% de inflación para diciembre y un sendero descendente en 2026

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió este miércoles 7 de enero de 2026 el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a diciembre de 2025, que anticipa una inflación mensual de 2,3% para diciembre y consolida un escenario de desaceleración gradual de los precios a lo largo de 2026. El informe, elaborado a partir de las proyecciones de 44 consultoras y entidades financieras, también traza expectativas sobre empleo, tipo de cambio y comercio exterior, claves para la política económica del año en curso.

Inflación de diciembre y núcleo: señales de desaceleración gradual

Según el REM, la inflación de diciembre se ubicaría en 2,3%, lo que implica una baja respecto del 2,5% registrado en noviembre. El relevamiento se realizó entre el 23 y el 30 de diciembre de 2025 y contempló la opinión de 32 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, junto con 12 entidades financieras del país.

Los analistas que integran el denominado “Top 10” —aquellos que mejor proyectaron la inflación en el pasado— estimaron una suba de precios de 2,4% para diciembre, apenas 0,1 puntos porcentuales por encima del relevamiento previo. En cuanto al IPC Núcleo, el conjunto de participantes ubicó la variación mensual en 2,3%, con un ajuste al alza de 0,3 puntos respecto del REM anterior, mientras que el Top 10 también proyectó 2,3%.

Más allá de estas correcciones marginales, el REM ratifica una tendencia descendente: para enero de 2026 se espera una inflación general de 2%, y los analistas prevén que el proceso de desaceleración continúe hasta junio de 2026, cuando la inflación mensual alcanzaría el 1,5%.

Proyecciones para 2026: empleo, tipo de cambio y comercio exterior

El informe del BCRA no se limita a las expectativas de precios. En materia laboral, la tasa de desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2025 fue estimada en 6,8% de la Población Económicamente Activa. Para el cuarto trimestre de 2026, el conjunto de participantes proyecta una tasa de 6,9%, lo que representa una corrección a la baja de 0,4 puntos porcentuales frente al relevamiento previo. El Top 10, en tanto, fue aún más optimista y ubicó la desocupación esperada en 6,6%.

En el frente cambiario, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se situó en $1.484,3 por dólar para el promedio de enero de 2026. Este dato funciona como referencia clave para la planificación financiera y las decisiones de inversión en un contexto de normalización macroeconómica.

Respecto del comercio exterior, el REM proyecta para 2026 exportaciones de bienes por USD 91.407 millones, lo que implica USD 907 millones más que en la encuesta anterior. Las importaciones, en tanto, alcanzarían USD 80.442 millones, con una corrección a la baja de USD 1.056 millones. De este modo, el superávit comercial anual esperado se eleva a USD 10.965 millones, USD 1.963 millones por encima de la estimación previa.

Contexto y repercusiones: señales para la política económica

El Relevamiento de Expectativas de Mercado es seguido de cerca por el Gobierno, el sistema financiero y el sector privado, ya que condensa la visión de los principales analistas sobre la evolución de variables clave. La confirmación de una inflación en desaceleración y de expectativas relativamente ancladas refuerza el marco de previsibilidad macroeconómica, mientras que las proyecciones de superávit comercial y estabilidad cambiaria delinean un escenario más favorable para 2026.

Al mismo tiempo, las cifras de empleo y actividad continúan siendo un termómetro sensible del impacto social del proceso de ajuste y ordenamiento macroeconómico. En ese equilibrio entre estabilización y crecimiento se juegan buena parte de las decisiones de política económica del año.

Relevamiento Expectativas Mercado Dic 2025 by CristianMilciades

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El Renatre se reunió con la ministra de Trabajo de Misiones para fortalecer acciones conjuntas

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, la delegación de Misiones del RENATRE mantuvo un encuentro con la ministra de Trabajo y Empleo de la provincia, Silvana Andrea Giménez, a fin de determinar la implementación de operativos de fiscalización destinados a detectar y corregir irregularidades en materia de registración laboral, condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos rurales.

Durante el intercambio se analizaron distintos desafíos del ámbito rural local, incluyendo el fortalecimiento de la registración laboral; la lucha contra el trabajo infantil y el trabajo adolescente no protegido y la erradicación de la explotación laboral. A la vez, se destacó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta. Asimismo, se presentó la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS), destacando sus objetivos y alcances.

En ese marco, el jefe de la delegación del RENATRE Misiones, Fernando Pedro Graef, señaló que la reunión “nos permite seguir construyendo espacios de cooperación institucional con el fin de reforzar la protección de los trabajadores rurales y asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos laborales en toda la provincia”.

Del encuentro participaron el jefe de la delegación de Misiones del RENATRE, la Ministra de Trabajo y Empleo de la provincia; la coordinadora provincial de COPRETI Misiones, Antonela Pernigotti; y el agente de la delegación de Misiones del RENATRE, Nicolás Miranda Romero.

Con estos avances, el RENATRE continúa trabajando junto a los gobiernos provinciales para impulsar acciones concretas que fortalezcan la registración laboral y promuevan condiciones de trabajo dignas en el sector rural.

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Expectativas en alza, pero con cautela, qué condiciona la inversión en Argentina

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Un informe privado detectó una mejora incipiente en las expectativas de inversión en Argentina, aunque advirtió que el interés de los inversores permanece fuertemente condicionado a la implementación de reformas estructurales, la evolución del escenario político y la capacidad del país de transformar el ajuste fiscal en crecimiento sostenido. El relevamiento señala que, si bien el clima inversor muestra señales de recomposición, la estabilidad institucional y la agenda de reformas siguen siendo determinantes para consolidar ese proceso en el mediano y largo plazo.

El diagnóstico surge del Índice y Análisis de Riesgo País de América Latina 2025, elaborado por la Fundación Libertad y la Universidad Internacional de Florida, que mide percepciones de expertos regionales a través de una escala de 1 a 5. El documento describe a la Argentina como “un país en transición”, atravesado por costos económicos y sociales visibles, definiciones políticas pendientes y un escenario de inversión que empieza a recomponerse, pero aún lejos de una consolidación plena.

Inversión de largo plazo, con cautela y condiciones

Según el informe, el 63,3% de los especialistas recomienda invertir en Argentina bajo una perspectiva de largo plazo, una señal relevante en términos de expectativas, mientras que un 10% desaconseja directamente la inversión, al considerar que persisten riesgos estructurales que exceden el signo político del gobierno de turno.

El estudio remarca que el optimismo relativo se apoya en la corrección de desequilibrios macroeconómicos, pero advierte que la sustentabilidad de ese proceso depende de su traducción en crecimiento económico estable. En ese sentido, el documento subraya que la recuperación de expectativas no es automática ni garantizada, y que los inversores mantienen una postura de cautela ante la falta de definiciones de fondo en áreas clave.

La consolidación de un clima de negocios más favorable, según los expertos consultados, está atada a la capacidad del país de ofrecer reglas claras, previsibilidad normativa y estabilidad institucional, factores que siguen siendo evaluados con atención por los mercados.

Riesgo político, elecciones y gobernabilidad

En el plano político-institucional, el informe identifica a la polarización extrema y la desconfianza hacia la dirigencia como los principales ejes del riesgo país. En este marco, las elecciones legislativas aparecen como un punto crítico para el rumbo económico y regulatorio.

El análisis estima que el oficialismo necesitaría obtener entre el 40% y el 45% de los votos para facilitar la aprobación de leyes en el Congreso, reducir los bloqueos legislativos y disminuir el riesgo país, un indicador clave para el financiamiento y la inversión.

La lectura de los expertos es que la gobernabilidad legislativa será determinante para avanzar con reformas estructurales y sostener un programa económico consistente en el tiempo. Sin ese respaldo político, advierte el informe, el margen para consolidar expectativas positivas se reduce sensiblemente.

Economía real, empleo y reformas pendientes

En el frente económico, el relevamiento marca un cambio significativo en las preocupaciones dominantes: el desempleo desplazó a la inflación como el principal problema identificado por los especialistas. Si bien se reconoce una desaceleración en el ritmo de aumento de precios, el informe advierte que ese logro tuvo como contrapartida un estancamiento de la actividad económica y una mayor fragilidad laboral.

Los consultados coincidieron en que la sostenibilidad de las expectativas depende de la implementación de reformas estructurales clave, en particular en los planos laboral, previsional y tributario. Estas transformaciones son vistas como necesarias para mejorar la competitividad, reducir costos sistémicos y generar condiciones más favorables para la inversión productiva.

En el plano social, el estudio señala la existencia de una conflictividad latente, a la vez que advierte sobre el impacto del crimen organizado como un factor de riesgo adicional para la estabilidad y el clima de negocios.

Factores internacionales y agenda externa

A nivel internacional, el informe subraya la importancia estratégica de la relación de Argentina con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), actores centrales para el financiamiento, la credibilidad externa y el acceso a los mercados. Al mismo tiempo, identifica riesgos asociados a la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, un factor que también incide en las decisiones de inversión en América Latina.

En conjunto, el documento concluye que Argentina exhibe una ventana de oportunidad, pero que su aprovechamiento dependerá de decisiones políticas y económicas aún pendientes. El desafío central, según el análisis, será convertir el ajuste fiscal en crecimiento sostenido, empleo y estabilidad institucional, condiciones indispensables para que las expectativas de inversión se transformen en flujos reales de capital.

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Chaco: ERSA y TCM suspendieron choferes de colectivos y advierten por la continuidad del servicio

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La crisis del transporte urbano en el área metropolitana del Chaco sumó un nuevo capítulo con fuerte impacto social y laboral. Un total de 90 choferes de colectivos urbanos fueron suspendidos por las empresas ERSA y TCM, entre 40 y 50 trabajadores cada una, según confirmó la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida expone la profundidad del deterioro del sistema, presiona sobre la continuidad del servicio y reaviva el conflicto entre empresas, trabajadores y el Estado provincial, en un contexto de caída de pasajeros y atraso en el reconocimiento de costos.

El escenario se agrava porque, en Corrientes, la empresa ERSA ingresó además en el Procedimiento Preventivo de Crisis, lo que amplía el alcance regional del problema y eleva la incertidumbre sobre el empleo y la prestación del servicio interprovincial.

Empresas en crisis: costos atrasados, menos pasajeros y competencia informal

Desde el sector empresario, la Cámara del Transporte Automotor del Chaco anunció una conferencia de prensa para exponer la “grave y sin precedentes situación” que atraviesa el sistema. Entre los factores centrales, señalaron la falta de reconocimiento de costos desde hace más de un año, una caída sostenida de la cantidad de pasajeros y la ausencia de controles sobre transportes alternativos, que compiten con el servicio regular sin cumplir las mismas exigencias regulatorias.

En términos económicos, el atraso en la actualización de costos afecta directamente la capacidad de las empresas para afrontar salarios, mantenimiento de unidades y operación diaria. La combinación de ingresos reales en descenso y costos crecientes derivó, según el empresariado, en decisiones de emergencia como las suspensiones de personal, que buscan reducir gastos en el corto plazo.

Las empresas, entre ellas ERSA, no informaron hasta el momento si las suspensiones alcanzan también a los conductores que prestan servicios interprovinciales entre Chaco y Corrientes, un dato clave para evaluar el impacto regional de la medida.

Reacción sindical y silencio oficial

Desde la UTA, el sindicato rechazó las suspensiones y advirtió que evalúa medidas ante lo que considera una afectación directa a las fuentes de trabajo. El gremio sostiene que la crisis no puede resolverse trasladando el ajuste a los trabajadores y reclama respuestas institucionales que garanticen tanto la continuidad del servicio como el empleo.

Por su parte, la Subsecretaría de Transporte aún no se pronunció oficialmente sobre la situación. Ese silencio institucional suma incertidumbre en un contexto de alta conflictividad, donde confluyen intereses laborales, empresariales y la necesidad pública de sostener un servicio esencial para miles de usuarios del Gran Resistencia

Escenarios posibles

Las suspensiones de 90 choferes representan una señal de alerta sobre la sostenibilidad del transporte urbano en el Chaco. A corto plazo, el conflicto podría derivar en medidas gremiales, con impacto directo en la frecuencia y regularidad del servicio. A mediano plazo, el sector empresario advirtió que podrían registrarse nuevas consecuencias tanto en la continuidad del sistema como en las fuentes de trabajo, si no se corrigen los desfasajes económicos y regulatorios.

La crisis del transporte urbano vuelve así al centro del debate público, con implicancias económicas, sociales e institucionales que exceden a las empresas involucradas y ponen en juego la capacidad del Estado para ordenar, regular y sostener un servicio clave para la movilidad cotidiana en el área metropolitana del Chaco.

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Balance de fin de año: la mentira como política de gobierno

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Al finalizar el año, el gobierno de Javier Milei intenta imponer un balance triunfalista basado en una narrativa cuidadosamente construida. Según el relato oficial, la Argentina estaba “al borde de la hiperinflación”, el ajuste era inevitable y la desaceleración posterior de los precios constituye un éxito incuestionable. Sin embargo, un análisis riguroso de los hechos muestra otra realidad: decisiones políticas concretas que agravaron la crisis social, una fuerte transferencia de ingresos y una estrategia sistemática de distorsión de la verdad para eludir responsabilidades.

La mentira no aparece como un desliz ocasional, sino como un método de gobierno.

Inflación: el pico fue una decisión política

Argentina no llegó a la hiperinflación en 2023 como dijo Milei. La inflación era muy elevada, sin duda, pero no existían las condiciones técnicas ni económicas que definen un proceso hiperinflacionario. Esa afirmación, repetida hasta el cansancio por Milei y su gabinete, cumplió una función política clara: exagerar la herencia para justificar un shock de ajuste sin precedentes.

El dato que el gobierno omite deliberadamente es central: el mayor salto inflacionario se produjo en diciembre de 2023, cuando Javier Milei ya había asumido la Presidencia. Ese mes, los precios se dispararon como consecuencia directa de una devaluación superior al 100%, combinada con la liberación de precios regulados y el inicio de los tarifazos. No fue una fatalidad heredada: fue una decisión política consciente, tomada en nombre del llamado “sinceramiento” económico.

El oficialismo incorporó luego ese pico inflacionario —provocado por sus propias medidas— al paquete de la “herencia recibida”, y se atribuyó como mérito la desaceleración posterior. Primero provocó el shock, después celebró la comparación contra el daño autoinfligido.

Desaceleración sin recuperación

Es cierto que la inflación se desaceleró con el correr de los meses. Pero esa desaceleración ocurrió sobre un piso social devastado. Los salarios reales, las jubilaciones y los ingresos populares quedaron muy por detrás del aumento de precios acumulado tras la devaluación inicial. La inflación bajó, pero el poder adquisitivo no se recuperó.

El ajuste operó fundamentalmente a través de la licuación de ingresos. Jubilados que perdieron capacidad de compra mes tras mes, trabajadores formales con paritarias a la baja, trabajadores informales directamente expulsados del consumo básico. La inflación dejó de correr, pero el daño ya estaba hecho.

Pobreza y empleo: el uso político de los números

El gobierno celebró cifras de pobreza en descenso, pero evita explicar cómo se construyen esos datos y qué esconden. La baja estadística no implica una mejora estructural de las condiciones de vida. El empleo no crece, cada vez se precariza más, con altos niveles de informalidad y salarios deprimidos. La pobreza por ingresos puede reducirse marginalmente, mientras se consolida una pobreza estructural más profunda, con menos derechos, menos protección social y mayor vulnerabilidad.

Una vez más, el patrón se repite: usar indicadores parciales para construir un relato de éxito, mientras se ignoran las consecuencias de largo plazo del ajuste. Y encima con una inflación que no logran controlar por más que “dibujen” los números.

El relato como sustituto de la gestión

La mentira como política de gobierno no se limita a la economía. Atraviesa la política exterior, donde se anuncian apoyos y alianzas que no se traducen en beneficios concretos; y el plano institucional, donde se desacredita sistemáticamente a periodistas, opositores, sindicatos y organizaciones sociales para deslegitimar cualquier crítica.

Gobernar, para Milei, parece reducirse a ganar la batalla del relato, no a resolver los problemas reales. Cuando los datos no convienen, se reinterpretan. Cuando las consecuencias son evidentes, se niegan. Cuando la responsabilidad es propia, se la adjudica al pasado.

Balance final

El balance de fin de año no admite ambigüedades: el gobierno de Javier Milei eligió mentir. Eligió falsear la herencia, ocultar el impacto de sus propias decisiones y presentar como éxito lo que en realidad fue una brutal transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los grupos concentrados. La inflación de diciembre de 2023 no fue un accidente ni una fatalidad: fue el punto de partida deliberado de un programa que licuó salarios, jubilaciones y derechos.

La mentira dejó de ser un recurso discursivo para convertirse en arquitectura de gobierno. Se miente para justificar el ajuste, se miente para disciplinar socialmente, se miente para naturalizar el empobrecimiento y se miente para clausurar cualquier discusión democrática sobre alternativas posibles. El relato libertario no busca explicar la realidad: busca imponer resignación.

Frente a un gobierno que gobierna a fuerza de engaño, provocación y violencia simbólica, decir la verdad se vuelve un acto político. Nombrar las consecuencias del ajuste, señalar a los responsables y disputar el sentido común no es una cuestión retórica: es una tarea urgente. Porque cuando la mentira se institucionaliza, la democracia se vacía, y el costo lo paga —otra vez— el pueblo argentino.

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