Empresas argentinas

Con la estabilidad sola no alcanza: empresarios respaldan el rumbo, pero advierten por los costos de la transición

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Con la estabilidad sola no alcanza. Y ¿qué estabilidad? En el salón de convenciones del Loi Suites quedó revoloteando esa paradoja. El consenso de que con la estabilidad es una condición necesaria, pero por sí sola no alcanza. Y la pregunta sobre qué tipo de estabilidad está parada la Argentina. Entre los ejecutivos de finanzas de las principales empresas del país, no hay dudas de que las reformas macro que impuso Javier Milei son correctas, pero al mismo tiempo, admiten que pueden no ser suficientes para contener a una economía que anda en varias velocidades a la vez y, sobre todo, a quienes son las víctimas necesarias de un proceso de “destrucción creativa”. El mejor ejemplo de esas velocidades es que la visita del presidente Javier Milei -la primera desde que asumió- chocará de lleno con una protesta de productores yerbateros que reclaman por la caída de los precios que impuso la desregulación, pilar de la economía libertaria.

Pese a eso, hay confianza en que la desaceleración de la inflación es clave para fortalecer inversiones. Esa es la principal conclusión de una encuesta presentada con la participación de más de 100 de las principales empresas líderes de la Argentina. Los ejecutivos consultados prevén para el 2026 un crecimiento en las ventas y en la rentabilidad de sus compañías.   

Con respecto a las inversiones, el 84% de los empresarios destacó que crecerán o permanecerán constantes con relación al 2025. Este año estuvieron enfocadas principalmente en activos fijos, incorporación de tecnología y fortalecimiento del capital de trabajo. 

Pese a la alta expectativa, la primera jornada del encuentro realizado en la ciudad de las Cataratas careció de representantes del Gobierno nacional, aunque se espera que este viernes estén el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el de Economía, Luis Caputo y finalmente, el presidente Javier Milei. Sturzenegger, al igual que Patricia Bullrich, eran esperados este jueves, pero uno no llegó y la senadora optó por esperar la cadena nacional presidencial.

La postal del primer día de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas fue, entonces, la de un empresariado que respalda el rumbo general, pero comienza a ponerle condiciones al entusiasmo. El déficit cero, la baja de la inflación, la eliminación de la maraña cambiaria y la recuperación de estadísticas públicas confiables ya no aparecen como materias de discusión. El interrogante se trasladó a otro terreno: cuánto tiempo puede sostenerse la transición sin que sus costos económicos y sociales terminen debilitando las propias reformas.

Pablo Miedziak, presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, lo explicó con la imagen más potente de la jornada: en la Argentina corren dos relojes y no marcan la misma hora.

Uno es el reloj de las reformas estructurales. Allí entran la reforma laboral, el rediseño tributario, la transformación del Estado y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Son decisiones cuyos resultados se miden en años o décadas y que, según Miedziak, pueden definir el perfil productivo del país durante los próximos veinte años.

El otro es el reloj de la caja. No tiene la paciencia de la macroeconomía ni puede esperar a 2030. Es el de la pequeña y mediana empresa que debe pagar los salarios el cuarto día de cada mes, el del productor yerbatero que necesita liquidar la cosecha, el del hotel de Puerto Iguazú que factura en pesos y compite con Brasil o Paraguay y el del comerciante obligado a renovar capital de trabajo con tasas muy superiores a las vigentes en los países vecinos.

La distancia entre ambos tiempos concentra la principal amenaza. Las mismas medidas que podrían generar una economía más competitiva en el largo plazo también pueden acelerar, en el presente, la caída o reconversión de empresas y actividades que no tienen espalda financiera para esperar los beneficios prometidos. No es una impugnación del programa económico. Es el reconocimiento de que el tránsito hacia ese nuevo modelo tiene ganadores, perdedores y plazos que no siempre coinciden.

Para Miedziak, si ambos relojes no consiguen encontrarse, el peligro es el regreso del péndulo argentino: un nuevo salto desde una economía cerrada y regulada hacia una apertura extrema, o viceversa. La sustentabilidad de las reformas dependerá, por lo tanto, de que comiencen a producir resultados visibles en la vida cotidiana.

“No hay reforma sostenible sin resultados que la gente vea e impacte en su realidad personal y familiar”, planteó. La definición condensó el tono del encuentro: respaldo al rumbo, pero también un pedido para que el orden macroeconómico deje de ser solamente una promesa futura y empiece a convertirse en inversión, empleo y mejora de los ingresos.

Empresas resistentes, pero todavía cautelosas

La encuesta anual sobre financiación e inversión elaborada por EY Argentina y el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas expuso esa mezcla de confianza y prudencia. El relevamiento, que alcanza a más de cien compañías líderes, mostró que el proceso de estabilización todavía avanza de manera heterogénea.

Durante el último año, el 51% de las empresas indicó que sus ventas aumentaron, una proporción inferior al 62% registrado en el relevamiento anterior. En el otro extremo, el 32% informó una caída. La rentabilidad tampoco mostró un resultado uniforme: mejoró para el 32%, permaneció estable para el 30% y empeoró para el 34%.

La expectativa mejora cuando las compañías miran hacia 2027. El 68% prevé un crecimiento de sus ventas y el 53% espera una mayor rentabilidad. Casi la mitad proyecta aumentar sus inversiones, principalmente en bienes de capital e incorporación de tecnología, dos destinos que concentraron el 70% de las respuestas. Otro 19% planea reforzar el capital de trabajo.

La inversión, sin embargo, todavía depende demasiado de los recursos propios. La autofinanciación representa el 31% de las fuentes utilizadas por las compañías, seguida por los bancos y entidades financieras locales, con el 22%, y los aportes de las casas matrices, con el 15%. Para el 69% de los ejecutivos, las necesidades de financiamiento no cambiaron respecto del año anterior, un dato que también revela cautela frente al endeudamiento.

Alejandro Kelman, socio de EY Argentina, explicó que la autofinanciación continúa funcionando como el refugio natural de las empresas mientras se consolida el orden macroeconómico. El desafío será recuperar el crédito estructurado y el mercado de capitales para financiar proyectos de una escala que los balances empresarios difícilmente puedan sostener por sí solos.

Energía, agro e infraestructura encabezan las expectativas

La energía volvió a destacarse como el sector con mayor potencial de crecimiento, con el 37% de las menciones. Le siguieron los agronegocios, con el 23%, y la infraestructura, con el 17%. Son, precisamente, tres sectores que exigen inversiones de largo plazo, financiamiento abundante y reglas que sobrevivan a los cambios de gobierno.

Para mejorar la competitividad, el 61% de los ejecutivos reclamó una simplificación tributaria y administrativa. Otro 19% pidió acuerdos entre el Gobierno, los sindicatos y las empresas. Entre los incentivos fiscales, el 29% se inclinó por reducir alícuotas a cambio de reinvertir utilidades y el 28% propuso bajar las cargas sociales cuando se genere nuevo empleo.

La confianza necesaria para invertir sigue atada a tres demandas centrales: un plan económico claro y sustentable, mencionado por el 27%; una reforma tributaria que estimule la inversión, elegida por el 25%; y una política cambiaria estable, señalada por el 20%.

El respaldo al rumbo, en consecuencia, no equivale a un cheque en blanco. Los empresarios valoran la reducción de la inflación y la normalización de variables básicas, pero quieren saber si esas condiciones podrán sostenerse y si estarán acompañadas por impuestos más simples, crédito, infraestructura y reglas previsibles.

La tecnología aparece como otra frontera decisiva. El 28% de los consultados señaló a la inteligencia artificial como una de las tendencias con mayor impacto sobre sus negocios, mientras que el 26% manifestó preocupación por la irrupción de competidores no tradicionales. Para pasar de la estabilidad al crecimiento, el 30% priorizó aumentar la productividad mediante la integración de inteligencia artificial y tecnología, y el 29% volvió a reclamar reglas básicas que permitan planificar a largo plazo.

La microeconomía, la deuda pendiente

El economista Daniel Artana llevó la discusión hasta el núcleo del problema. La inflación, advirtió, afecta negativamente el crecimiento, pero derrotarla no resuelve por sí sola los déficits acumulados durante décadas. La macroeconomía puede encaminarse mientras la micro continúa atrapada entre baja productividad, informalidad, escasa innovación, deterioro del capital humano y una infraestructura insuficiente.

La inversión argentina apenas supera el 17% del producto, un nivel demasiado bajo para sostener una expansión robusta y prolongada. El rezago no nació con el actual Gobierno, sino que es consecuencia de lo que Artana definió como una “larga siesta de décadas”. Mientras el mundo atraviesa la revolución de la inteligencia artificial, la Argentina todavía debe reconstruir condiciones elementales para competir.

La salida implica asumir costos. Algunas empresas conseguirán reconvertirse; otras quedarán en el camino. Esa dinámica genera tensiones económicas, sociales y políticas que no pueden descartarse como un daño colateral sin importancia. La pregunta de largo plazo, señaló Artana, es qué dolor está dispuesta a soportar la sociedad para modificar una estructura que lleva dos décadas con la productividad estancada.

Allí reaparece la paradoja que atravesó toda la jornada. La estabilidad es imprescindible porque sin ella no hay cálculo posible, no existe crédito de largo plazo y cualquier inversión queda rehén de la próxima crisis. Pero la estabilidad también debe ser examinada por su calidad: puede haber equilibrio fiscal con empresas sin financiamiento, calma cambiaria con sectores incapaces de competir y menor inflación con familias cuyos ingresos todavía no alcanzan.

El empresariado reunido en Puerto Iguazú no pidió abandonar el programa ni volver atrás. Al contrario, consideró que las reformas deben sostenerse. Pero dejó una advertencia: el orden de las grandes variables solamente será políticamente durable si consigue bajar hasta la economía real.

En el Loi Suites hubo confianza, aunque sin euforia. Las empresas creen que pueden vender más, mejorar su rentabilidad e invertir. También saben que el crédito sigue siendo escaso, que la presión tributaria reduce competitividad y que no todos llegarán con la misma fortaleza al final del ajuste.

El Gobierno propone pasar de la estabilidad al crecimiento. Los ejecutivos financieros coinciden con ese destino. La discusión que quedó abierta en Puerto Iguazú es cómo atravesar el camino sin que el reloj de las reformas termine quedándose sin empresas, trabajadores y respaldo social antes de marcar la hora prometida.

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Alberto Arrúa presidirá el Grupo Parlamentario de Amistad con Nigeria

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El diputado nacional por Misiones Alberto Arrúa, de Argentina Federal, presidirá el Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con la República Federal de Nigeria, un espacio que buscará abrir una agenda de cooperación bilateral entre ambos países y fortalecer los vínculos parlamentarios con una de las principales economías de África.

La conformación del grupo se concretó en el Salón Blanco del Palacio Legislativo, con la participación del encargado de Negocios a.i. de la Embajada de Nigeria en Argentina, Malah Kabaju Yusuf, representantes de la Cancillería, legisladores de distintos bloques y empresarios argentinos con presencia en el mercado nigeriano.

Para Arrúa, la creación del GPA representa el punto de partida para construir una agenda de intereses compartidos. El legislador planteó la necesidad de “empezar a charlar temas importantes para ambas repúblicas y comenzar a trabajar en conjunto” y expresó su expectativa de que este sea “el primer encuentro de muchos para lograr una relación bilateral seria y productiva”.

Una agenda que combina política, comercio y soberanía

El nuevo espacio parlamentario tendrá por delante una agenda que excede el vínculo estrictamente político. Durante el encuentro se planteó la posibilidad de profundizar la cooperación económica y abordar problemáticas comunes, con participación de empresas argentinas que ya desarrollan actividades en Nigeria.

El encargado de Negocios nigeriano destacó precisamente el potencial de esa relación. Yusuf sostuvo que Argentina constituye un país estratégico en Sudamérica por sus recursos y su posición geográfica, mientras que definió al nuevo grupo parlamentario como una plataforma para discutir asuntos de interés común y generar condiciones para políticas de cooperación entre ambos gobiernos.

La dimensión económica aparece así como uno de los posibles vectores para consolidar el vínculo. La participación de representantes de compañías nacionales con presencia en Nigeria permitió incorporar al diálogo parlamentario una mirada vinculada con las oportunidades comerciales y de inversión.

Nigeria volvió a respaldar el reclamo argentino por Malvinas

La cuestión de las Islas Malvinas ocupó también un lugar central en la conformación del grupo. El representante diplomático nigeriano reiteró el respaldo de su país a la posición argentina y aseguró que Nigeria continuará acompañando la causa.

El diputado Rodolfo Tailhade, de Unión por la Patria, valoró especialmente ese respaldo y recordó el acompañamiento de Nigeria a las políticas argentinas vinculadas con la recuperación de las islas y otros asuntos relacionados con la soberanía.

Desde La Libertad Avanza, la diputada María Luisa González Estevarena también destacó el carácter transversal de la cuestión Malvinas y señaló que los Grupos Parlamentarios de Amistad pueden contribuir a la cooperación y a la búsqueda de soluciones frente a problemas comunes.

La coincidencia entre representantes de distintos bloques alrededor de este punto muestra, además, cómo la diplomacia parlamentaria puede funcionar como un canal complementario de la política exterior argentina.

África como espacio para diversificar vínculos

La conformación del GPA con Nigeria incorpora una dimensión estratégica para Argentina: ampliar la agenda internacional hacia África Subsahariana. En ese sentido, Tailhade remarcó las similitudes que existen entre Argentina y distintos países africanos en materia de desigualdad, pobreza y desarrollo, mientras planteó la necesidad de construir una agenda de trabajo común.

El funcionario nigeriano, por su parte, llamó a superar las miradas de corto plazo y avanzar en una relación que permita transformar los problemas compartidos en oportunidades de cooperación.

La participación de funcionarios de las áreas de África Subsahariana, Relaciones Económicas con África y Medio Oriente y Asuntos Parlamentarios de la Cancillería apunta a darle al nuevo grupo una articulación institucional más amplia que la estrictamente legislativa.

Para Misiones, la designación de Arrúa al frente del GPA agrega una oportunidad de incorporar la perspectiva de una provincia con una economía orientada al comercio regional y con interés en ampliar mercados externos. El desafío será convertir la nueva estructura parlamentaria en una agenda concreta de cooperación, intercambio comercial y vínculos empresariales.

El primer paso ya quedó formalizado. Ahora, la capacidad del grupo para sostener reuniones, identificar sectores complementarios y traducir el diálogo político en acuerdos será la medida de su impacto real.

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Grinman pidió consolidar el modelo económico de Milei, aunque reconoció que “hay empresas que la están pasando mal”

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El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, llamó a “consolidar este modelo” económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei, aunque reconoció que el proceso de transformación atraviesa una etapa de costos para parte del entramado productivo. El empresario formuló sus declaraciones durante su discurso en el Council de las Américas, donde planteó que el cambio de régimen económico exige una mayor participación y responsabilidad del sector privado.

Grinman sostuvo que durante años la Argentina estuvo atravesada por un Estado “omnipresente” y sobredimensionado que, según su diagnóstico, terminó limitando las posibilidades de expansión de las empresas. En ese marco, consideró que la recuperación del protagonismo privado modifica las reglas de funcionamiento de la economía y obliga a las compañías a asumir una mayor cuota de responsabilidad.

“Los argentinos durante años estuvimos acostumbrados a un Estado omnipresente y ese Estado sobredimensionado impedía a las empresas crecer, pero cuando el sector privado recobra protagonismo le toca asumir una mayor cuota de responsabilidad”, afirmó el titular de la CAC.

La definición adquiere especial relevancia porque Grinman no presentó el proceso como un tránsito sin costos. Por el contrario, reconoció que parte del sector empresario enfrenta dificultades en el actual escenario. “Representó al sector más dinámico de la economía”, señaló al referirse al empresariado, aunque inmediatamente admitió que “hay empresas que la están pasando mal”.

La tensión entre la apuesta por una economía con mayor protagonismo privado y los costos de la transición quedó así expuesta en el propio discurso empresarial. Para Grinman, el desafío consiste en atravesar esa etapa sin abandonar el rumbo que, a su entender, puede modificar estructuralmente la relación entre el Estado, las empresas y la generación de actividad económica.

En esa línea, comparó el proceso con la necesidad de abandonar una situación conocida para ingresar en un escenario de mayor exposición y competencia. “En muchos casos es salir de la zona de confort para navegar las aguas abiertas”, sostuvo.

El planteo también coloca el foco sobre los sectores que comienzan a ganar protagonismo dentro de la economía. Grinman destacó precisamente la aparición y expansión de nuevas actividades como una de las señales de transformación del aparato productivo, en un contexto en el que la inversión privada y la capacidad empresarial adquieren un peso mayor frente a un Estado con una participación más acotada.

La cuestión central, entonces, no pasa únicamente por sostener un determinado esquema macroeconómico, sino por determinar si ese cambio consigue traducirse en una mejora sostenible de las condiciones para producir, invertir y generar empleo. La advertencia del propio sector empresario sobre las compañías que atraviesan dificultades introduce una dimensión social que será determinante para evaluar los resultados de la transformación.

Grinman, sin embargo, sostuvo que los costos actuales pueden justificarse si conducen a una modificación estructural de la economía argentina. “Si ese es el precio que tenemos que pagar para transformar nuestro país creo que vale la pena”, afirmó.

Y cerró con una definición contundente: “Si consolidamos este modelo vamos a tener un país espectacular”. El desafío que queda planteado para el sector privado y para el Gobierno es convertir esa expectativa en resultados concretos: más inversión, empresas competitivas, empleo formal y una economía capaz de sostener el crecimiento más allá de la etapa de transición.

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Simplifican la importación de maquinaria usada para inversiones industriales y acelera los trámites para nuevas líneas de producción

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En una nueva señal orientada a facilitar las inversiones productivas, el Ministerio de Economía actualizó el régimen de importación de líneas de producción usadas, un instrumento que desde 2016 permite a las empresas incorporar equipamiento industrial del exterior cuando forma parte de proyectos de inversión destinados a ampliar o modernizar la capacidad productiva.

A través de la Resolución 272/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa reemplazó buena parte de la reglamentación vigente con el objetivo de adaptar el sistema a las modificaciones introducidas por el Decreto 483/2026 y simplificar el acceso de las empresas al régimen.

La reforma no cambia la esencia del programa, pero sí redefine su funcionamiento. El eje central pasa por una mayor digitalización de los procedimientos, la unificación de requisitos en un Manual de Usuario y una reducción de la incertidumbre administrativa para quienes planifican inversiones industriales de mediano y largo plazo.

Uno de los principales cambios es la incorporación de una Consulta de Encuadre Previa No Vinculante, un mecanismo mediante el cual las empresas podrán presentar la descripción técnica de su proyecto antes de iniciar formalmente el trámite. La autoridad de aplicación deberá emitir una opinión técnica en un plazo máximo de diez días hábiles, lo que permitirá detectar eventuales observaciones antes de avanzar con la inversión.

La medida también redefine qué se entiende por una “línea de producción completa y autónoma”, incorporando conceptos vinculados con la industria moderna. A partir de ahora, se incluyen expresamente procesos de transformación química, física y biológica, siempre que los proyectos incorporen componentes tecnológicos que automaticen o monitoreen la producción mediante sensores, dispositivos electrónicos o sistemas digitales.

Con esta actualización, el Gobierno busca adecuar un régimen concebido hace una década a los nuevos procesos de automatización industrial, donde la incorporación de tecnología ya no depende únicamente de grandes máquinas, sino también de sistemas inteligentes capaces de mejorar la productividad y la trazabilidad.

Otro aspecto relevante es que la resolución simplifica la documentación exigida para acreditar la antigüedad de la maquinaria importada y establece criterios diferenciados según se trate de equipos con menos o más de veinte años de fabricación. En el caso de bienes de mayor antigüedad, deberán acreditar procesos de reconstrucción o modernización (“revamping”) realizados previamente en el exterior, junto con documentación técnica que respalde la extensión de su vida útil.

La normativa también introduce mayor previsibilidad durante la ejecución de los proyectos. Las empresas podrán solicitar una única ampliación de plazos para importar equipos o poner en marcha la línea de producción, mientras que determinados cambios menores dejarán de requerir autorizaciones previas, reduciendo cargas burocráticas durante el desarrollo de las inversiones.

En materia administrativa, otra innovación relevante será la emisión automática de la Constancia de Expediente en Trámite (CET). Hasta ahora, este documento dependía de una intervención administrativa. Con el nuevo sistema podrá generarse automáticamente una vez cargada correctamente la información requerida, permitiendo a las empresas avanzar con determinados trámites aduaneros mientras continúa la evaluación técnica del proyecto.

Al mismo tiempo, la resolución mantiene los mecanismos de control estatal. Continúan vigentes las garantías aduaneras equivalentes a los tributos exceptuados, las auditorías técnicas, las inspecciones de campo y los procedimientos para ejecutar garantías cuando se detecten incumplimientos respecto del proyecto aprobado.

La evaluación de las solicitudes seguirá siendo realizada conjuntamente por las áreas de Comercio Exterior e Industria, aunque ahora podrán apoyarse en información proveniente de entidades públicas o privadas para enriquecer el análisis técnico, sin que esos informes tengan carácter vinculante.

La actualización también establece reglas de transición para cientos de expedientes iniciados bajo la normativa anterior. Esos proyectos podrán adaptarse al nuevo procedimiento y acceder a la emisión de la CET, además de contar con nuevos plazos para presentar las rendiciones de cuentas, que en la mayoría de los casos se extenderán hasta el 30 de junio de 2027 o seis meses después de la aprobación definitiva del proyecto.

Desde la perspectiva económica, la modificación busca resolver uno de los principales obstáculos que enfrentaban muchas inversiones industriales: la demora administrativa. En sectores donde la incorporación de maquinaria usada de alta complejidad representa una alternativa mucho más accesible que adquirir equipos nuevos, reducir tiempos de aprobación puede significar una diferencia determinante para concretar inversiones.

Al mismo tiempo, el mantenimiento del requisito de incorporar bienes nuevos de origen nacional dentro de los proyectos procura preservar un efecto de arrastre sobre la industria local, combinando la importación de tecnología con demanda para fabricantes argentinos.

En un contexto en el que numerosas empresas buscan modernizar procesos sin afrontar el elevado costo de equipamiento completamente nuevo, el nuevo régimen intenta equilibrar dos objetivos: facilitar la inversión privada y mantener mecanismos de control que garanticen que los beneficios fiscales efectivamente se traduzcan en mayor capacidad productiva.

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Argentina y Corea del Sur ponen en marcha el acuerdo operativo de Seguridad Social

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La Argentina dio un nuevo paso para fortalecer la protección social de los trabajadores con actividad internacional. El Gobierno oficializó la entrada en vigor del Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y la República de Corea, un instrumento que establece los procedimientos concretos para hacer operativo el tratado previsional entre ambos países.

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco de la Ley 24.080, que regula la difusión de tratados internacionales. El acuerdo entró en vigor para la Argentina el 28 de enero de 2026, tras la firma de los organismos competentes de ambos países.

Más que un trámite diplomático, la implementación del acuerdo tiene efectos prácticos para cientos de trabajadores, profesionales y empresas que desarrollan actividades entre Argentina y Corea del Sur. El objetivo es evitar que una persona deba realizar aportes previsionales simultáneamente en ambos sistemas cuando es trasladada temporalmente por su empleador o desarrolla tareas comprendidas por el convenio.

En términos concretos, el mecanismo permite coordinar la aplicación de las normas previsionales de ambos países, facilitando la certificación de la legislación aplicable, el intercambio de información entre organismos y la gestión de beneficios jubilatorios cuando una persona acumuló años de aportes en las dos jurisdicciones.

Para los trabajadores argentinos que son enviados a Corea del Sur, o para los ciudadanos coreanos que cumplen funciones en Argentina, el acuerdo brinda mayor previsibilidad jurídica y reduce costos administrativos. También representa una herramienta para proteger derechos previsionales en un contexto donde la movilidad laboral internacional crece impulsada por inversiones, tecnología, industria automotriz, energía, comercio y economía del conocimiento.

El impacto también alcanza a las empresas con operaciones binacionales. La existencia de reglas claras sobre qué sistema previsional corresponde aplicar disminuye conflictos administrativos, evita la doble imposición de contribuciones y simplifica la gestión de recursos humanos en proyectos internacionales.

La publicación oficial confirma que el acuerdo fue suscripto entre el Ministerio de Capital Humano de la República Argentina y el Ministerio de Salud y Bienestar de la República de Corea, organismos responsables de coordinar su implementación administrativa. Asimismo, establece que los textos en español, coreano e inglés poseen igual validez, aunque en caso de divergencias interpretativas prevalecerá la versión en inglés.

La entrada en vigencia de este instrumento consolida la cooperación bilateral en materia de Seguridad Social y se suma al conjunto de acuerdos internacionales que buscan garantizar la continuidad de los derechos previsionales de los trabajadores, independientemente del país donde desarrollen parte de su carrera laboral. En un escenario de creciente internacionalización del empleo y de las inversiones, este tipo de mecanismos ofrece mayor seguridad jurídica tanto para las personas como para las empresas que operan entre ambos mercados.

Acuerdo Argentina Corea del Sur by CristianMilciades

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