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Recesión, impuestos y mora: el termómetro pyme de Misiones expone la fragilidad de la economía nacional

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Mientras desde la macroeconomía se insiste en la estabilización y se proyectan escenarios de crecimiento, el pulso real de las pequeñas y medianas empresas misioneras describe un panorama mucho más áspero. La Encuesta Provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM), correspondiente a enero y elaborada con la participación de 290 empresarios de distintos sectores y municipios, confirma que el entramado productivo provincial sigue operando en modo defensivo, con actividad amesetada, empleo congelado y tensiones financieras crecientes.

El movimiento económico del mes fue mayormente “regular” para el 42% de los encuestados, en línea con la tendencia de los meses anteriores. Apenas un 17% calificó la actividad como “buena” y un 3% como “muy buena”, mientras que un 24% la consideró “mala” y un 12% “muy mala”. En otras palabras, el 36% se ubicó en terreno negativo, frente a solo un 20% en zona positiva. La mayor parte del universo empresario transita una franja gris de supervivencia: no hay colapso generalizado, pero tampoco dinamismo suficiente para hablar de recuperación sólida.

Ese clima de cautela se refleja con claridad en las decisiones sobre recursos humanos. El 85% de los empresarios evita modificar su plantel: no despide, pero tampoco contrata. La economía formal, lejos de expandirse, se congela. A la hora de explicar las dificultades para incorporar personal, los encuestados señalan como principal obstáculo las cargas laborales altas (28%), seguidas por la inestabilidad económica (18%), el riesgo sindical (15%) y el miedo a juicios laborales (15%). El costo de contratar, en un contexto de incertidumbre, se percibe como un riesgo que muchas pymes no están dispuestas a asumir.

Las problemáticas estructurales tampoco muestran cambios. En el plano nacional, la carga tributaria encabeza las preocupaciones con el 25%, seguida por el costo laboral (21%) y la recesión (16%). Más atrás aparecen la corrupción (11%) y el financiamiento (10%). El diagnóstico se repite mes a mes: la presión fiscal y los costos estructurales siguen erosionando márgenes en un contexto de demanda débil.

A nivel provincial, la carga tributaria vuelve a liderar las inquietudes con el 29%, acompañada por las barreras arancelarias (24%). En tercer lugar se ubica la corrupción (20%) y luego los problemas de infraestructura (10%). En los municipios, la informalidad y la competencia desleal se destacan como la principal distorsión (17%), seguidas por tasas e impuestos internos (14%), corrupción (11%), burocracia administrativa (10%) y problemas de infraestructura (10%). La presión impositiva y la competencia fuera del sistema formal aparecen como una combinación que debilita la competitividad de quienes operan dentro de la legalidad.

En materia de expectativas, el panorama ofrece un contraste significativo entre Nación y provincia. Respecto del crecimiento del país en los próximos seis meses, el 47% considera que Argentina crecerá, el 30% no sabe si lo hará y el 19% entiende que no crecerá. Es decir, casi la mitad mantiene una visión optimista a nivel nacional, aunque con un importante margen de incertidumbre.

Sin embargo, cuando la mirada se posa sobre Misiones, el optimismo se diluye: solo el 16% cree que la provincia crecerá en el próximo semestre, mientras que el 50% considera que no lo hará y el 29% no sabe qué esperar. Esta apreciación profundiza la visión negativa respecto del mes anterior y revela una brecha entre el discurso de recuperación nacional y la percepción concreta en el territorio.

En cuanto a precios, el 66% de los encuestados identificó variaciones entre el 0% y el 5%, mientras que el 21% percibió aumentos superiores al 5%. La mayoría observa movimientos acotados, en línea con la desaceleración inflacionaria, aunque un segmento relevante sigue enfrentando subas más significativas.

Más delicada es la situación de la cadena de pagos. El 29% indicó que la mora de clientes aumentó levemente durante enero y otro 29% señaló que se mantuvo estable. Sin embargo, un 24% afirmó que aumentó significativamente. La suma de quienes registran algún nivel de incremento en la mora supera la mitad de los casos, un dato que refleja tensión financiera en el circuito comercial.

El relevamiento también abordó la cuestión de los cheques rechazados. Solo el 38% de los encuestados no recibe cheques. Entre quienes sí operan con este instrumento, el 19% indicó que recibe con frecuencia cheques rechazados, otro 19% los recibe de forma ocasional y un 16% raramente. En conjunto, más de la mitad de quienes aceptan cheques enfrentan algún grado de rechazo, señal inequívoca de fragilidad en la solvencia de clientes y proveedores.

La Encuesta Provincial de la CEM -único relevamiento mensual de actualidad pyme en Misiones, sostenido desde hace más de dos años con participación activa de empresarios que operan a diario en el territorio- vuelve a exponer una economía que resiste, pero no despega. Con actividad mayormente regular, empleo congelado, presión impositiva persistente y deterioro en la cadena de pagos, el tejido pyme misionero transita una estabilidad frágil.

En ese contexto, el relato de recuperación nacional encuentra límites claros en la realidad empresarial del interior productivo. Sin alivio estructural en materia tributaria, laboral y financiera, el crecimiento seguirá siendo una expectativa estadística más que una experiencia concreta para quienes sostienen la economía real.

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El “Coimasgate” y el deterioro acelerado de la gestión Milei

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El escándalo bautizado como Coimasgate -o Karinagate, en alusión a la hermana del presidente- irrumpe en un escenario donde el gobierno libertario ya atravesaba un desgaste sostenido. A las crisis no cerradas del Libragate, el veto rechazado a la ley de emergencia en discapacidad y la tragedia del fentanilo contaminado, se suma ahora un caso de corrupción que, a diferencia de otros, utiliza palabras cargadas de sentido inmediato en la sociedad argentina: coimas y corrupción. Conceptos simples de entender que golpean de lleno la credibilidad oficial.

El relevamiento nacional de Zuban Córdoba muestra con crudeza cómo se procesa esta crisis. Un 62,3% de los consultados considera improvisada la respuesta del gobierno, y apenas un tercio la juzga como preparada. En términos políticos, esta percepción equivale a una deslegitimación del manejo presidencial en una crisis que, lejos de apagarse, amenaza con ramificarse en múltiples frentes.

Rechazo social y exigencia de renuncias

El estudio confirma un repudio mayoritario hacia los funcionarios señalados: 65,5% de los argentinos cree que Karina Milei y los hermanos Menem deberían renunciar y ponerse a disposición de la justicia. El dato adquiere mayor peso al observar que el reclamo no proviene solo de la oposición, sino que también atraviesa al círculo de poder económico y mediático. En paralelo, 69,9% de la población afirma que no pondría “las manos en el fuego” por los involucrados, marcando distancia de la reacción presidencial de blindaje político. El 56 por ciento cree que Milei debería ser sometido a un juicio político y el 60 cree que el Gobierno quedó debilitado.

El deterioro de la reputación ya se traduce en fuga de apoyo electoral. Un 12,8% de los votantes que acompañaron a Milei en el ballotage de 2023 asegura que ya no lo volverá a votar tras el escándalo, cifra que se suma a otro 13% que había roto con el oficialismo antes del caso. En un año electoral, incluso un 3% de fuga puede definir un resultado. 

La erosión se cristaliza en otro indicador: 47,4% de los encuestados percibe al gobierno de Milei como más corrupto que los anteriores, contra apenas un 22% que lo considera libre de corrupción.

El Coimasgate no se limita al plano político. Seis de cada diez argentinos creen que el escándalo impactará negativamente en los mercados y en la confianza de los inversores. Esa expectativa alimenta la noción de una policrisis, concepto acuñado por el consultor Mario Riorda para describir situaciones donde se entrelazan incertidumbre judicial, daño reputacional y consecuencias económicas.

Los datos revelan además un deterioro profundo en la imagen gubernamental: 66% considera que la reputación y credibilidad de la gestión Milei ha empeorado tras el caso. Para la mayoría, la Casa Rosada lo tomó como “un tema más” y no como una crisis central a resolver.

Argentina acumula experiencias históricas donde la percepción de corrupción quebró el contrato social entre gobierno y sociedad. El Coimasgate se inscribe en esa serie: un 56% avala incluso la posibilidad de un juicio político a Milei por este caso, un registro de magnitud que traduce la pérdida de autoridad simbólica.

El gobierno enfrenta, así, un escenario en el que la desconfianza se multiplica: hacia la transparencia institucional, hacia la estabilidad económica y hacia la capacidad presidencial de sostener la gobernabilidad. En un país con memoria política marcada por la corrupción, el término coima no admite grises.

El informe concluye que la crisis erosiona al oficialismo en tres dimensiones simultáneas: legitimidad política, estabilidad económica y viabilidad electoral. Tres frentes donde el margen de error se reduce al mínimo y donde cada gesto puede acelerar -o frenar- la caída de confianza.

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El rechazo a Milei domina el humor social y electoral, según un estudio nacional

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En vísperas del Día del Amigo, un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba y Asociados trazó una radiografía emocional de los vínculos entre la ciudadanía y la política en la Argentina. Con una muestra nacional de 1.300 casos relevados entre el 15 y el 17 de julio de 2025 (margen de error de ±2,71% y nivel de confianza del 95%), el estudio revela una sociedad profundamente polarizada, pero con una mayoría cada vez más crítica del Gobierno de Javier Milei.

El dato más elocuente del trabajo es la caída sostenida en la aprobación presidencial: el 56,8% de los encuestados desaprueba la gestión de Milei, mientras que solo el 42,8% la aprueba. La serie evolutiva muestra un deterioro persistente desde noviembre, cuando la aprobación era del 47,3%.

La imagen personal del mandatario también muestra un desgaste pronunciado: el 57,5% tiene una imagen negativa de Milei, frente al 41,9% que conserva una visión positiva. Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, refleja un patrón similar, con un 55,3% de imagen negativa y apenas un 38,6% positiva.

En términos identitarios, la grieta se reformula con fuerza: el 53,6% se define como “anti mileísta”, frente al 28,1% que se identifica con el oficialismo. Esta polarización también se expresa en otros ejes: el 45,2% se declara “anti kirchnerista” y un 34,3% se asume kirchnerista, mientras que el eje peronismo-antiperonismo aparece más equilibrado (39,7% versus 38,7%).

De cara a las elecciones legislativas de octubre, el humor social se inclina con claridad hacia el voto castigo: el 52,8% votará para sancionar al Gobierno, mientras que apenas el 38,3% busca premiarlo. El dato adquiere mayor relevancia al segmentar por voto previo: entre quienes eligieron a Milei en primera vuelta, el 28,4% ya no lo acompañaría; y entre quienes lo hicieron en el balotaje, esa cifra se dispara al 73%. En el caso de los votantes de Sergio Massa, más del 93% anticipa un voto opositor.

Las razones del rechazo al oficialismo son concretas. El 25,5% de los votantes críticos señala la “destrucción del Estado y las políticas públicas” como principal motivo. Otro 25,4% califica al Gobierno como cruel. Un 11,7% enfatiza la falta de mejoras económicas personales, y un 13,1% desaprueba su alineamiento con líderes como Donald Trump y el gobierno israelí.

En contraste, entre quienes valoran al Gobierno, los motivos más citados son el control de la inflación (23,6%), la honestidad y transparencia (19,7%), la reducción del déficit fiscal (17,9%) y el enfrentamiento con la “casta política” (13%).

Uno de los indicadores más contundentes del desgaste es la percepción sobre el propio Milei: el 55,4% de los consultados cree que el presidente ya no representa un cambio y que, por el contrario, se ha convertido en un riesgo para la sociedad. Apenas un 37,8% sostiene que aún encarna una transformación.

Pese a la crisis de representación, el estudio deja una señal positiva: el 68,1% de los argentinos cree que su voto tiene un impacto real en las decisiones del país. Y aunque el desencanto se percibe con claridad, solo el 21,6% consideró la posibilidad de no participar en las elecciones de octubre. El rechazo a Milei crece, pero el vínculo democrático, por ahora, resiste.

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Más del 60% de los empresarios de Misiones cree que Argentina no crecerá en el próximo semestre

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La percepción del empresariado pyme sobre el rumbo de la economía nacional continúa dominada por la incertidumbre y el escepticismo. Según la última Encuesta Provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM), solo un 38% de los empresarios encuestados considera que la Argentina crecerá en el próximo semestre, lo que deja al pesimismo como una señal clara del ánimo del sector privado.

El relevamiento, correspondiente al mes de junio, se realizó entre 382 empresarios misioneros de diversos rubros y localidades. Se trata de una muestra representativa del entramado pyme de la provincia, con más de dos años de continuidad mensual en la medición, lo que permite trazar tendencias claras sobre las percepciones empresariales.

A nivel nacional, el 38% que espera crecimiento contrasta con un amplio 62% que se divide entre quienes anticipan un estancamiento o caída económica, o directamente admiten no saber qué esperar. En cuanto al plano provincial, el pesimismo es aún más marcado: solo un 12% cree que Misiones crecerá, mientras que un 50% afirma que la economía provincial no crecerá y otro 33% se muestra indeciso.

El movimiento comercial se mantiene en niveles bajos: el 39% de los encuestados lo calificó como “regular”, en línea con la tendencia de los meses previos (en mayo fue 39%, abril 46% y marzo 45%). La incertidumbre también se refleja en la prudencia de las decisiones: más del 88% de los empresarios evita tomar determinaciones respecto al personal, sin cambios en relación a mediciones anteriores.

Las problemáticas que más preocupan

Al observar el contexto nacional, los empresarios identifican cuatro factores centrales que afectan la actividad:

  • Carga tributaria (25%)
  • Costo laboral (21%)
  • Recesión (16%)
  • Corrupción (13%)

A nivel provincial, se repiten las dos problemáticas históricas: la carga tributaria (30%) y las barreras arancelarias (26%). La corrupción alcanzó un 18% de las menciones.

En el plano municipal, los empresarios señalan cuatro obstáculos centrales para la actividad pyme:

  • Informalidad y competencia desleal (18%)
  • Tasas e impuestos internos (14%)
  • Burocracia (12%)
  • Movimiento comercial fronterizo (11%)

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El comercio supermercadista aún no percibe señales firmes de recuperación

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Según la Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC correspondiente a supermercados y autoservicios mayoristas, el panorama para el trimestre junio-agosto de 2025 sigue dominado por la cautela. Aunque las expectativas para el corto plazo muestran un leve repunte, la evaluación de la situación actual se mantiene marcadamente negativa en varios frentes clave como la situación comercial, el acceso al crédito y la evolución del empleo.

En mayo de 2025, apenas un 5,8% de los establecimientos consideró que su situación comercial era “buena”, mientras que un 30,4% la calificó como “mala”. El 63,8% restante la definió como “normal”. Este esquema arroja un balance de -24,6%, uno de los más desfavorables en los últimos trimestres, y refleja la continuidad de un contexto recesivo en el consumo interno.

De cara al trimestre junio-agosto de 2025, el 15,9% de los establecimientos espera una mejora en su situación comercial, frente a un 7,2% que prevé un deterioro. La mayoría (76,8%) anticipa que las condiciones se mantendrán sin cambios. Esto implica un balance positivo de 8,7%, una señal tenue de optimismo tras varios trimestres de estancamiento o caída.

Uno de los puntos más críticos sigue siendo el acceso al financiamiento. El 23,2% de los empresarios indicó que el acceso al crédito es “difícil”, mientras que solo un 4,3% lo consideró “fácil”. El 72,5% lo calificó como “normal”. El balance resultante es de -18,8%, confirmando que las restricciones financieras siguen siendo una barrera importante para la expansión del sector. En paralelo, la situación financiera de las empresas también presenta un saldo negativo (-10,1%), con un 15,9% que la considera “mala” frente a apenas un 5,8% que la califica como “buena”.

Respecto a las expectativas de empleo para el trimestre entrante, el 78,3% de las empresas prevé mantener su dotación de personal, mientras que un 20,3% anticipa una reducción y solo un 1,4% espera incrementarla. El balance de -18,8% revela que, aunque no se proyectan despidos masivos, la tendencia no es expansiva y persiste la prudencia a la hora de contratar.

En mayo, el 49,3% de las empresas afirmó que sus precios aumentaron, mientras que un 44,9% no registró variaciones. Solo un 5,8% reportó caídas. Para los próximos tres meses, el 44,9% espera subas adicionales, aunque más de la mitad (50,7%) estima que los precios se mantendrán estables.

En cuanto a los stocks, el 62,3% los consideró “normales”, mientras que un 20,3% declaró tener niveles por debajo de lo habitual, lo que podría estar asociado tanto a una menor reposición como a la cautela en la planificación ante la incertidumbre macroeconómica.

El 53,6% de los empresarios identificó a la “demanda” como el principal factor que limita su capacidad de expansión, muy por encima de otras variables como el costo laboral (26,1%), el costo del financiamiento (8,7%) o el acceso al crédito bancario (2,9%). Esta estructura reafirma el rol del consumo interno como principal motor —y a la vez, cuello de botella— para la recuperación del sector.

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) para supermercados y autoservicios mayoristas permanece en terreno negativo (-4,3%) y no muestra un giro decisivo en la percepción del sector. Aunque algunos indicadores como las expectativas futuras mejoran levemente, el diagnóstico general sigue apuntando a una actividad condicionada por la retracción del consumo, la dificultad de financiamiento y la prudencia empresarial. El segundo trimestre de 2025 se proyecta así como una etapa de transición, sin señales claras aún de reactivación sostenida.

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