El “Coimasgate” y el deterioro acelerado de la gestión Milei
El escándalo bautizado como Coimasgate -o Karinagate, en alusión a la hermana del presidente- irrumpe en un escenario donde el gobierno libertario ya atravesaba un desgaste sostenido. A las crisis no cerradas del Libragate, el veto rechazado a la ley de emergencia en discapacidad y la tragedia del fentanilo contaminado, se suma ahora un caso de corrupción que, a diferencia de otros, utiliza palabras cargadas de sentido inmediato en la sociedad argentina: coimas y corrupción. Conceptos simples de entender que golpean de lleno la credibilidad oficial.
El relevamiento nacional de Zuban Córdoba muestra con crudeza cómo se procesa esta crisis. Un 62,3% de los consultados considera improvisada la respuesta del gobierno, y apenas un tercio la juzga como preparada. En términos políticos, esta percepción equivale a una deslegitimación del manejo presidencial en una crisis que, lejos de apagarse, amenaza con ramificarse en múltiples frentes.
Rechazo social y exigencia de renuncias
El estudio confirma un repudio mayoritario hacia los funcionarios señalados: 65,5% de los argentinos cree que Karina Milei y los hermanos Menem deberían renunciar y ponerse a disposición de la justicia. El dato adquiere mayor peso al observar que el reclamo no proviene solo de la oposición, sino que también atraviesa al círculo de poder económico y mediático. En paralelo, 69,9% de la población afirma que no pondría “las manos en el fuego” por los involucrados, marcando distancia de la reacción presidencial de blindaje político. El 56 por ciento cree que Milei debería ser sometido a un juicio político y el 60 cree que el Gobierno quedó debilitado.
El deterioro de la reputación ya se traduce en fuga de apoyo electoral. Un 12,8% de los votantes que acompañaron a Milei en el ballotage de 2023 asegura que ya no lo volverá a votar tras el escándalo, cifra que se suma a otro 13% que había roto con el oficialismo antes del caso. En un año electoral, incluso un 3% de fuga puede definir un resultado.
La erosión se cristaliza en otro indicador: 47,4% de los encuestados percibe al gobierno de Milei como más corrupto que los anteriores, contra apenas un 22% que lo considera libre de corrupción.
El Coimasgate no se limita al plano político. Seis de cada diez argentinos creen que el escándalo impactará negativamente en los mercados y en la confianza de los inversores. Esa expectativa alimenta la noción de una policrisis, concepto acuñado por el consultor Mario Riorda para describir situaciones donde se entrelazan incertidumbre judicial, daño reputacional y consecuencias económicas.
Los datos revelan además un deterioro profundo en la imagen gubernamental: 66% considera que la reputación y credibilidad de la gestión Milei ha empeorado tras el caso. Para la mayoría, la Casa Rosada lo tomó como “un tema más” y no como una crisis central a resolver.
Argentina acumula experiencias históricas donde la percepción de corrupción quebró el contrato social entre gobierno y sociedad. El Coimasgate se inscribe en esa serie: un 56% avala incluso la posibilidad de un juicio político a Milei por este caso, un registro de magnitud que traduce la pérdida de autoridad simbólica.
El gobierno enfrenta, así, un escenario en el que la desconfianza se multiplica: hacia la transparencia institucional, hacia la estabilidad económica y hacia la capacidad presidencial de sostener la gobernabilidad. En un país con memoria política marcada por la corrupción, el término coima no admite grises.
El informe concluye que la crisis erosiona al oficialismo en tres dimensiones simultáneas: legitimidad política, estabilidad económica y viabilidad electoral. Tres frentes donde el margen de error se reduce al mínimo y donde cada gesto puede acelerar -o frenar- la caída de confianza.
