El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) autorizó a la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) atransferir la totalidad de su participación accionaria en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC), mediante la Resolución 130/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La operación, adjudicada a las firmas Edison Transmisión y Genneia, por un monto total de US$356.174.811,78, permite el ingreso de un nuevo actor privado al control de la red de transporte de energía en alta tensión de la Argentina.
La transferencia comprende el 50% del capital social total de CITELEC, sociedad que ejerce el control de Transener S.A. y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA).
El paquete accionario fue adquirido por la firma Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), constituida específicamente para este proceso por las empresas Edison Transmisión y Genneia, quienes participan en partes iguales. Edison Transmisión forma parte del conglomerado controlado por Edison Holding, mientras que Genneia es una empresa argentina líder en el segmento de generación de energías renovables.
En el texto oficial se detalló que el ENReGE evaluó si la operación vulnera las restricciones de integración vertical y horizontal previstas en la Ley N° 24.065. A pesar de que los compradores ya poseen activos en los segmentos de generación y distribución, el ente regulador dictaminó que no se configura una transgresión legal, ya que la tenencia del 50%, que será compartida con Pampa Energía, no otorga la condición de “accionista mayoritario” o controlante unilateral.
Asimismo, el organismo destacó que cualquier potencial abuso de poder de mercado se encuentra mitigado por tres ejes regulatorios fundamentales:
Libre acceso: la obligación de permitir el uso indiscriminado de la capacidad de transporte a terceros.
Tarifas reguladas: la remuneración de la transportista es determinada por el ENReGE, impidiendo cargos discriminatorios.
Ampliaciones controladas: la transportista no puede extender su red de forma discrecional; toda obra requiere audiencia pública y aprobación estatal.
La venta se realizó en el marco de una licitación pública, bajo los lineamientos de reforma del Estado establecidos en las Leyes 23.696 y 27.742. Con la firma de esta resolución por parte del directorio del ENReGE, se cumple una condición esencial para el cierre definitivo de la transacción.
La futura Central Hidroeléctrica Aña Cuá incorporará un moderno Sistema de Transferencia de Peces (STP), optimizado a partir de tres décadas de experiencia en Yacyretá, con el objetivo de favorecer la continuidad migratoria de especies emblemáticas del río Paraná.
La maquinización del brazo Aña Cuá no solo permitirá incrementar la generación de energía renovable del Complejo Hidroeléctrico Yacyretá. También incorporará una de las obras ambientales más relevantes del proyecto: un moderno Sistema de Transferencia de Peces (STP), diseñado para favorecer la continuidad de las migraciones naturales de las especies más representativas del río Paraná.
La futura Central Hidroeléctrica Aña Cuá, actualmente en construcción en el brazo homónimo del Paraná, contará con tres turbinas de 90 MW cada una, aportando 270 MW adicionales al sistema energético e incrementando aproximadamente un 10% la capacidad instalada del complejo. Junto con la infraestructura energética, el proyecto contempla obras destinadas a reducir impactos ambientales y preservar la biodiversidad de la región.
El desafío: la barrera de 24 metros
Uno de los principales desafíos de las centrales hidroeléctricas es que el desnivel generado para producir energía modifica el flujo natural del río y puede convertirse en una barrera para las especies migratorias. En el caso del brazo Aña Cuá, el embalse Yacyretá opera a una cota máxima de 83,5 metros sobre el nivel del mar, mientras que el cauce río abajo se encuentra a 59,5 metros, generando un salto cercano a los 24 metros que interrumpe los extensos desplazamientos que muchas especies realizan a lo largo de su ciclo de vida para reproducirse, alimentarse y sostener sus poblaciones.
En respuesta a este desafío, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) incorporó al Proyecto Aña Cuá un Sistema de Transferencia de Peces que toma como base la experiencia acumulada en las instalaciones ya existentes en la Central Hidroeléctrica Yacyretá, incorporando además mejoras y nuevos criterios de diseño.
Cómo funciona el sistema
El funcionamiento del STP se basa en atraer a los ejemplares desde aguas abajo mediante canales especialmente diseñados. El sistema contempla dos canales de entrada ubicados a distintas profundidades, capaces de generar condiciones de flujo diferenciadas para atraer a las diversas especies presentes en el río.
Una vez dentro del sistema, los peces convergen hacia un canal de acumulación donde un carro concentrador con una reja móvil los guía hacia la cámara de elevación. Desde allí, una canasta llena de agua, accionada mediante un sistema mecánico, los traslada hasta el nivel superior del embalse.
Posteriormente los peces son liberados en una Estación Ictícola, donde pueden realizarse tareas de conteo y monitoreo, para luego ser descargados hacia una zona de aguas calmas especialmente diseñada para que recuperen su orientación y disminuyan el estrés ocasionado durante el proceso de transferencia antes de continuar su migración.
Las especies en juego
Entre las especies consideradas para el diseño del sistema se encuentran algunas de las más representativas del Paraná: dorado, surubí, sábalo, pacú, manguruyú, boga, patí y armado común, entre otras de importancia ecológica, alimentaria, recreativa y económica para las comunidades del área de influencia.
Un aspecto biológico clave fue determinante para el diseño final: las distintas especies migran a diferentes profundidades y presentan velocidades de desplazamiento variables según sus características físicas. Mientras especies de gran porte, como algunos bagres, suelen desplazarse cerca del fondo, otras lo hacen en niveles medios o superficiales.
Esta diversidad de comportamientos fue uno de los elementos centrales considerados durante el desarrollo del proyecto. Del diseño inicial al sistema optimizado
El sistema fue revisado y perfeccionado a partir de estudios hidráulicos, investigaciones ictícolas y la experiencia acumulada durante más de 30 años en la operación de instalaciones similares en Yacyretá. Entre las principales mejoras incorporadas se destacan:
● La optimización de los canales de ingreso para adaptarlos a diferentes especies y comportamientos migratorios. ● La eliminación de estructuras cuya ubicación o condiciones hidráulicas presentaban baja eficiencia para la atracción de peces. ● La reducción de recorridos internos, lo que permite incrementar ciclos de operación y disminuir riesgos asociados al estrés y posibles lesiones. ● Un sistema de descarga en zonas de aguas tranquilas especialmente diseñado para favorecer la recuperación y orientación de los ejemplares antes de retomar su desplazamiento natural.
Monitoreo científico y mejora continua
El proyecto incorpora además una Estación Ictícola que permitirá realizar tareas de monitoreo, conteo y seguimiento científico, brindando información clave para evaluar el desempeño del sistema y continuar perfeccionando su funcionamiento.
Con esta infraestructura, Aña Cuá no solo ampliará la capacidad de generación energética del Complejo Yacyretá, sino que también incorporará soluciones orientadas a acompañar uno de los procesos naturales más importantes del río Paraná: la migración de los peces. De esta manera, la EBY continúa consolidando una estrategia ambiental orientada a compatibilizar la generación de energía renovable con la conservación de la biodiversidad y la fauna íctica de la región.
EFE – El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este lunes que las «posiciones contradictorias» de Estados Unidos están alargando las negociaciones para poner fin a la guerra, que se producen en medio de “una profunda sospecha y desconfianza”.
“Las posiciones contradictorias de los estadounidenses son la razón de la prolongación del proceso de negociación”, dijo Bagaei en una rueda de prensa en Teherán.
Además, el diplomático indicó que las negociaciones se producen “en medio de una profunda sospecha y desconfianza, y el intercambio de mensajes también se desarrolla en este clima”.
Los ataques en Líbano y el bloqueo de puertos
Bagaei insistió en que el alto el fuego en Líbano es «parte inseparable de cualquier tregua o acuerdo final para poner fin a la guerra», una afirmación que llega en medio de nuevos ataques de Israel contra los alrededores de Beirut.
También el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha acusado hoy a Estados Unidos de estár incumpliendo el alto el fuego con el bloqueo naval sobre los buques del país persa y al tolerar los ataques israelíes contra el Líbano.
“El bloqueo naval y la escalada de crímenes de guerra en el Líbano por parte del régimen sionista genocida son una clara prueba del incumplimiento del alto el fuego por parte de Estados Unidos”, dijo en X el ex general de la Guardia Revolucionaria.
Qalibaf, quien está al frente del equipo iraní que negocia Estados Unidos, advirtió de que el país norteamericano pagará por lo que Teherán considera el incumplimiento del alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.
“Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura”, aseguró.
Reticencias de Trump
Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó hace más de tres meses y reabrir completamente el estrecho de Ormuz.
Estados Unidos mantiene un cerco a los buques y puertos iraníes en represalia por el bloqueo de la República Islámica del estrecho, vía vital para la economía mundial.
A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador, relativos al programa nuclear de Teherán y a la reapertura de Ormuz.
Según fuentes citadas por el medio digital Axios, en el apartado nuclear Trump habría pedido detalles más concretos sobre cuándo y cómo Washington se haría con el control de las reservas iraníes de uranio enriquecido.
En medio de estas negociaciones, Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques esta madrugada, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y la respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque.
Por Dariel Pradas / IPS Noticias – El gobierno de Cuba aprobó nuevas normas para incentivar el desarrollo de las fuentes de energía renovable, mientras desregula los precios de venta del combustible en su red de servicentros estatales, en un intento de paliar la crisis energética causada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos a la isla desde enero.
Por cada kilovatio (kW), el Estado pagará 90 pesos o unos 0,18 dólares, según la tasa de cambio oficial, poco menor que la informal.
Asimismo, se exonera del pago del impuesto sobre los servicios por los ingresos provenientes de estas operaciones, tanto a los productores del sector no residencial como del residencial.
Diego Vázquez, un abogado de 43 años residente en La Habana, instaló un kit de paneles solares en la azotea de su casa cuando los apagones eléctricos empezaron a volverse insostenibles a mediados de 2025, lo que se transformó en colapso este año.
Sus paneles producen electricidad suficiente para llenar su batería de respaldo energético y dejar un sobrante inutilizado, pero nunca se había planteado hasta ahora vender al Estado los excedentes de su generación. Simplemente, hizo la instalación de los paneles para tener autonomía y no para integrarse a la red eléctrica.
“Tendré que hacer los cálculos y ver qué tan grande es mi excedente energético. Hay tantos apagones que no sé si vale la pena empezar a vender electricidad y todo el proceso burocrático que viene con eso”, dijo Vázquez a IPS.
Para poder suministrar electricidad a la red eléctrica, Vázquez tendría que realizar varias readecuaciones técnicas, como conectar a tierra la instalación, no muy común en los sistemas eléctricos residenciales. También debería solicitar un contador eléctrico “bidireccional”, que no solo haga lecturas del consumo, sino de la electricidad que se entrega al sistema.
Vender energía al estado ya era permitido desde hace años, pero no resultaba rentable.
El Ministerio de Finanzas y Precios emitió en 2021 la Resolución 359, que fijaba el precio de venta del kW en tres pesos o unos 0,025 dólares, según el cambio oficial de entonces. En octubre de 2023, la Resolución 238 duplicó ese monto.
Ninguna de las medidas fue popular, porque en ambos casos el coste de pagar la electricidad a la red, siguió siendo ínfimamente menor que el de importar o comprar en divisas los paneles solares.
El coste de la electricidad en Cuba para el sector residencial funciona con una tarifa progresiva que, tras superar los 450 KWh de consumo acumulado, empieza a valer más de seis pesos cada KWh, hasta alcanzar los 20 pesos el KWh (unos 0,04 dólares).
Mientras, en los mercados minoristas de la comercializadora estatal Copextel o de varios negocios privados, un módulo básico de paneles solares, de generación de un kilovatio aproximadamente, cuesta alrededor de 2500 dólares, inaccesible para los 13,5 dólares que representa el salario medio mensual en Cuba, según la tasa oficial de cambio.
Ante tan bajos incentivos, el mayor motivo por el que los cubanos invertían en paneles solares se debía a conseguir una autonomía en medio de los prologados apagones, que empeoraron tras el cerco petrolero causado por Estados Unidos desde finales de enero.
Con la nueva norma, el gobierno quiere aprovechar esas infraestructuras ya establecidas y sumar los kilovatios excedentes a una red eléctrica con déficits cada vez mayores.
Una estación de servicio de La Habana exhibe los nuevos precios “flotantes” en dólares para los combustibles. Estos precios oscilarán según “el proveedor, el costo de los fletes, la ruta del suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional”, estableció el gobierno cubano. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS
El 12 de mayo, las autoridades cubanas anunciaron que, a partir del 15 de mayo, “los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán, hacia el alza o la baja, de acuerdo con los costos reales de cada operación específica”.
Desde entonces, coexistirían diferentes precios minoristas de combustibles publicados en las estaciones de servicio, en los que influirá “el proveedor, el costo de los fletes, la ruta del suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional.”
El Ministerio de Finanzas y Precios añadió que ante el férreo bloqueo petrolero de Estados Unidos desde fines de enero, “los escasos combustibles llegan a altos costos, por lo que no es posible mantener un precio único y fijo para la venta en dólares en todo el país”.
Si bien el gobierno protegía con subsidios la volatilidad de los precios oficiales del combustible, la realidad desde febrero es que solo la gasolina —no el diésel— se estuvo vendiendo entre 1,1 y 1,3 dólares el litro, apenas 20 litros por vehículo y con una frecuencia muy limitada, por lo que el precio del litro en el mercado negro ha oscilado entre 6 y 10 dólares.
Para disponer de esos 20 litros, un usuario debe registrarse en la plataforma cubana Ticket y solicitar un turno en un servicentro determinado. Normalmente, las filas de cada servicentro superan los 20 000 usuarios mientras apenas atienden entre 40 y 100 clientes diarios en La Habana.
El 15 de mayo, los servicentros empezaron a anunciar aumentos de entre 50 % y 100 % en el precio de venta de la gasolina, según el establecimiento.
La medida llega cuando las empresas privadas llevan meses importando tanto diésel como combustible, desde que el 6 de febrero el gobierno autorizó la importación de combustible por empresas privadas, cuando antes solo se podía hacer desde la administración central del Estado.
Pasajeros viajan en triciclos eléctricos gestionados por conductores privados en La Habana. Los altos precios cubanos del combustible en el mercado informal han obligado a muchos conductores a sumarse a una transición energética en el transporte. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS
Importación de combustibles en marcha
“Es un proceso en marcha. Hay importaciones de combustible de algunos empresarios privados, que traen al país para sus negocios y, una parte, para ser comercializado. Pero las cantidades que hasta ahora se importan son mínimas”, dijo Argelio Abad, viceministro primero de Energía y Minas, en una conferencia de prensa el 20 de marzo.
En febrero, la Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos emitió una guía autorizando exportaciones y reexportaciones de productos de gas y petróleo estadounidenses a entidades elegibles del sector privado cubano.
Según datos de Reuters, entre febrero y marzo, el sector privado cubano ha importado de Estados Unidos unos 30 000 barriles (de 159 litros, traducibles en unos 4,8 millones de litros) de diésel fundamentalmente, del cual solo un 1 % fue de gasolina.
Eric Almeida, presidente de la empresa privada Quota, que asesora y brinda servicios profesionales a otras empresas nacionales e internaciones desde 2022, dijo a IPS que, desde abril, más empresas privadas empezaron a importar gasolina y a distribuirse en varios servicentros.
De acuerdo a Almeida, traer un tanque de 25 000 litros al Puerto del Mariel —a 50 kilómetros al oeste de La Habana—, cuesta entre 45 000 y 50 000 dólares.
Esa cifra aumenta 13 % entre las comisiones a una importadora estatal y por los servicios de manipulación del combustible de la Unión Cuba-Petróleo, la única empresa estatal en Cuba autorizada para ello.
Los tanques se almacenan en la refinería Ñico Lopez en La Habana, y luego se va surtiendo poco a poco en servicentros que se han dispuestos exclusivamente para atender a las empresas privadas que importaron su propio combustible.
En general, las licencias para importar combustible tienen como objetivo cubrir el gasto de carburantes de los propios negocios, por lo que revender ese combustible en teoría no se debería hacer o, al menos, conlleva grandes limitaciones, coincidieron varios empresarios entrevistados por IPS, interesados en esas operaciones.
Un trabajador de uno de esos servicentros especializados en la capital, quien pidió mantener su anonimato, dijo a IPS que su tarea es solo descontar la cantidad de combustible que los vehículos de las empresas van extrayendo del establecimiento.
En la práctica, él no lleva mucho control del proceso, pues un representante de las empresas es quien maneja la tarjeta con el combustible asignado, y la lista de los automóviles o camiones que tienen permitido llenar sus tanques.
“Nosotros no nos metemos en la lista de ellos. De haber una comercialización, una venta por la izquierda (informal), no tengo manera de controlarlo”, dijo.
El Gobierno Nacional informó que la licitación de baterías de almacenamiento de energía recibió 235 proyectos y superó, en más de diez veces, la potencia inicial licitada.
El proyecto inicial preveía la licitación de 700 megavatios (MW) a través de Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) bajo la órbita de la Secretaría de Energía.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la misma resultó “un éxito absoluto“, donde los proyectos ascendieron hasta los 8.335 MW (+1.090%), diez veces mayor a la oferta inicial. Se cubrieron todas las regiones del país donde se podía licitar.
Estas radicaban en nodos críticos del Noroeste y Noreste argentino, Centro, Litoral, Cuyo y Buenos Aires (excluyendo el AMBA).
“Esta iniciativa, junto con otra similar realizada en el AMBA el año pasado, mejora la confiabilidad de la red y da respuesta a los picos de consumo, sobre todo en el verano“, sostuvo el funcionario en sus redes.
El 16 de junio se publicarán los resultados de las propuestas presentas por las 37 empresas nacionales e internacionales. El 24 de ese mismo mes se realizará la apertura de las ofertas económicas.
La licitación se había lanzado a comienzos de marzo para sumar almacenamiento eléctrico en puntos críticos del país, con el objetivo de robustecer el sistema y reducir los cortes de luz.
La medida se apoyó en el antecedente de Almacenamiento en Gran Buenos Aires (ALMA-GBA), donde el Ejecutivo adjudicó 713 MW de almacenamiento en nodos críticos del AMBA, superando en más del 40% el objetivo inicial, con una inversión estimada superior a US$540 millones.
