Energía hidroeléctrica

Yacyretá: el director paraguayo habló de turbinas con vida útil agotada, pero omitió que la rehabilitación comenzó en 2023

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La situación operativa de la Central Hidroeléctrica Yacyretá volvió a instalarse en el centro del debate binacional luego de que el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez Cuevas, afirmara que las 20 turbinas de la represa tienen su vida útil agotada y que la central fue descuidada durante años. Sin embargo, sus declaraciones omitieron un dato clave: el proceso de rehabilitación integral del parque generador comenzó hace tres años y la primera unidad ya fue completamente renovada, mientras que el programa de recuperación quedó virtualmente paralizado tras cambios de política industrial en Argentina.

Benítez realizó las declaraciones durante un acto en el departamento paraguayo de Misiones, donde la EBY entregó más de 4.600 millones de guaraníes al sector campesino como parte de un programa de fortalecimiento de la agricultura familiar. Allí sostuvo que recibió una entidad en situación financiera crítica y destacó que el acuerdo tarifario alcanzado entre los presidentes Santiago Peña y Javier Milei permitió recuperar capacidad económica para afrontar compromisos financieros y sostener programas sociales.

Según el funcionario paraguayo, la central hidroeléctrica opera actualmente con veinte turbinas cuya vida útil se encuentra agotada. También señaló que durante 2025 se concretó la primera rehabilitación integral de una unidad generadora y anunció que para 2026 están previstas intervenciones sobre otras dos máquinas, además de analizarse la recuperación de seis equipos adicionales.

La afirmación, sin embargo, presenta una inconsistencia cronológica. La primera rehabilitación integral de una unidad generadora no ocurrió en 2025, sino en 2023. La Unidad Generadora N°4 (UG4) fue la primera turbina sometida a un proceso completo de rehabilitación dentro del Programa Estratégico para la Recuperación del Parque Generador de la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

Se trató de una intervención de alta complejidad tecnológica que incluyó la renovación integral del conjunto turbina-generador, con el objetivo de extender su vida útil por varias décadas más y garantizar la confiabilidad operativa de la central. La obra fue considerada un hito dentro del plan de modernización aprobado años antes por la conducción binacional.

Luis Benítez, director de la Entidad Binacional Yacyretá

Un programa estratégico que comenzó en 2016

El proceso de recuperación del parque generador no nació durante la actual administración de la EBY. El programa fue diseñado y aprobado en 2016 como una de las principales inversiones de largo plazo para preservar la capacidad de generación de la represa.

La licitación original contemplaba la rehabilitación de seis de las veinte unidades generadoras instaladas en Yacyretá, muchas de las cuales acumulaban más de tres décadas de funcionamiento continuo. La estrategia apuntaba a evitar fallas mayores, mejorar la eficiencia energética y extender la vida útil de los equipos por al menos treinta años adicionales.

La ejecución del programa avanzó con dificultades financieras y administrativas, pero logró concretar la recuperación integral de la UG4. Esa intervención representó la primera modernización profunda realizada sobre una turbina desde la puesta en marcha de la central.

El factor Milei y la incertidumbre sobre las obras

El futuro del plan de recuperación quedó condicionado por los cambios ocurridos en Argentina tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la privatización de IMPSA, empresa mendocina que había resultado adjudicataria en el proceso de fabricación y provisión de componentes estratégicos para la rehabilitación de las turbinas, generó un escenario de incertidumbre sobre la continuidad del programa.

Desde entonces, el proceso de mantenimiento integral perdió ritmo y no se registraron anuncios concretos sobre nuevas adjudicaciones o la reactivación de las obras previstas originalmente. Tampoco existen definiciones públicas respecto del cronograma para completar la recuperación de las restantes unidades contempladas en el plan aprobado hace casi una década.

La situación adquiere relevancia estratégica porque Yacyretá constituye uno de los principales activos energéticos de Argentina y Paraguay. La central aporta una porción significativa de la energía consumida en ambos países y su funcionamiento eficiente resulta clave para sostener la estabilidad del sistema eléctrico regional.

Entre la recuperación financiera y los desafíos estructurales

Las declaraciones de Benítez reflejan una realidad indiscutible: buena parte del equipamiento de Yacyretá se encuentra en una etapa avanzada de desgaste operativo y requiere inversiones millonarias para garantizar su funcionamiento futuro.

Sin embargo, también exponen una disputa implícita sobre la narrativa de la gestión de la represa. Mientras la conducción paraguaya pone el foco en el deterioro heredado y en la recuperación financiera alcanzada tras el nuevo esquema tarifario, los antecedentes técnicos muestran que el proceso de modernización del parque generador ya estaba en marcha antes de la actual administración y que una parte importante de esas obras quedó condicionada por decisiones políticas e industriales adoptadas posteriormente en Argentina.

En ese contexto, el verdadero desafío para la binacional no parece ser demostrar que las turbinas necesitan rehabilitación —un diagnóstico compartido desde hace años por especialistas de ambos países— sino definir cómo financiar y ejecutar un plan de modernización que permita preservar durante las próximas décadas uno de los complejos hidroeléctricos más importantes de América del Sur.

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Embid advirtió en Misiones que “las decisiones sobre el agua sin debate público son terribles”

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La visita del jurista español Antonio Embid Irujo a Misiones dejó algo más que una agenda académica. El profesor emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza instaló en Posadas una discusión de fondo sobre agua, energía, infraestructura y sostenibilidad, en momentos en que la región enfrenta tensiones crecientes entre preservación ambiental, desarrollo productivo y demanda energética.

Invitado por la Universidad Gastón Dachary (UGD), Embid participó del Seminario Internacional “Cambio Climático y Gobernanza del Agua: Perspectivas jurídicas, ambientales y culturales” y de la presentación de una propuesta de doctorado internacional en Derecho con anclaje regional para Misiones y el NEA.

Pero el núcleo político e institucional de su paso por la provincia estuvo en otro lugar: la necesidad de construir reglas modernas de gestión del agua y discutir públicamente el futuro de las grandes infraestructuras estratégicas.

“El agua abundante también puede convertirse en un problema”

Durante una entrevista concedida en el marco de su visita, Embid relativizó la idea de que Misiones está exenta de riesgos hídricos por su abundancia de agua.

“El problema fundamental hoy no es solamente tener agua, sino que sea potable y segura para el consumo humano”, sostuvo. Desde su mirada, la discusión contemporánea ya no se limita a la disponibilidad del recurso, sino a la calidad, la infraestructura de potabilización y la capacidad de sostener sistemas eficientes de abastecimiento.

El especialista remarcó que incluso territorios privilegiados desde el punto de vista hídrico pueden enfrentar problemas derivados de inundaciones, sequías o deficiencias estructurales en distribución y saneamiento.

La observación adquiere relevancia en una provincia atravesada por debates sobre expansión urbana, infraestructura pública y presión sobre recursos naturales estratégicos.

Uno de los planteos centrales de Embid fue la necesidad de contar con marcos regulatorios modernos que definan prioridades claras en el uso del agua.

Según explicó, las legislaciones contemporáneas establecen una jerarquía encabezada por el consumo humano, seguida por el uso agrario, industrial y energético. Para el jurista, el acceso al recurso por parte de los sectores productivos debe estar regulado mediante títulos jurídicos otorgados por el poder público.

La definición no es menor en una provincia donde el agua atraviesa actividades forestales, agrícolas, industriales, turísticas y energéticas.

En ese punto, Embid evitó ingresar en discusiones ideológicas sobre gestión estatal o privada del servicio. “Lo importante es que funcione con eficiencia y al menor costo posible”, señaló, aunque remarcó que en la mayor parte del mundo las grandes infraestructuras de abastecimiento continúan bajo titularidad pública.

Corpus, energía y sostenibilidad: el debate que vuelve

La entrevista también ingresó en uno de los debates históricos de Misiones: la posibilidad de avanzar en nuevas represas hidroeléctricas sobre el río Paraná.

Consultado sobre la eventual reapertura de la discusión en torno a Corpus, Embid evitó pronunciarse sobre el proyecto específico, aunque dejó una definición conceptual fuerte: “Las decisiones sin debate en estos temas son terribles normalmente”.

El jurista reivindicó la necesidad de plebiscitos, consultas públicas y procesos de evaluación ambiental previos a cualquier gran infraestructura. A su entender, la legitimidad de esas obras depende de que la sociedad conozca de antemano impactos, beneficios, territorios afectados y consecuencias ambientales.

“Sin información absolutamente difundida no se deberían adoptar esas decisiones”, afirmó.

La postura introduce un elemento institucional relevante en un contexto donde la discusión energética vuelve lentamente a escena impulsada por proyecciones de aumento de demanda eléctrica a mediano plazo.

Embid también buscó desmontar interpretaciones sobre una supuesta retirada europea de la energía hidroeléctrica.

Según explicó, en España no se eliminaron grandes represas hidroeléctricas, sino pequeñas infraestructuras obsoletas que interrumpían el flujo natural de los ríos y ya no cumplían funciones productivas.

El proceso responde —detalló— a directrices de la Unión Europea orientadas a la restauración ambiental y a recuperar dinámicas naturales de los cursos de agua.

Aun así, defendió la energía hidroeléctrica como fuente limpia dentro de las estrategias frente al cambio climático, aunque insistió en que cualquier nuevo desarrollo debe atravesar evaluaciones ambientales rigurosas y análisis de sostenibilidad.

La UGD busca posicionar a Misiones en una agenda jurídica regional

La presencia de Embid también funcionó como plataforma para presentar el Doctorado en Derecho de la Universidad de Zaragoza, una iniciativa impulsada junto a la UGD que permitirá a profesionales del NEA desarrollar trayectos doctorales internacionales sin residencia permanente en España.

La propuesta apunta especialmente a líneas vinculadas con derecho ambiental, recursos naturales, integración regional y gobernanza hídrica.

La elección de Misiones como punto de articulación no parece casual. La provincia concentra biodiversidad, recursos hídricos estratégicos y una ubicación transfronteriza que la convierte en un laboratorio natural para discusiones jurídicas sobre sostenibilidad, regulación ambiental y desarrollo.

Más allá de la actividad universitaria, el paso de Embid dejó instalada una discusión que empieza a ganar densidad institucional en el NEA: cómo compatibilizar crecimiento económico, expansión energética y preservación ambiental en un escenario atravesado por cambio climático y nuevas exigencias regulatorias internacionales.

El jurista español insistió en que el desarrollo sostenible implica precisamente eso: crear infraestructura y actividad económica sin deteriorar el recurso que deberá sostener a futuras generaciones.

Para Misiones, donde conviven presión productiva, patrimonio natural y demandas de infraestructura, la discusión sobre agua y energía podría dejar de ser exclusivamente técnica para transformarse en un eje cada vez más político y estratégico.

El modo en que evolucionen esos debates —y el nivel de consenso público que logren construir— aparece como una de las variables que marcarán la agenda ambiental e institucional de la región en los próximos años.

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La UGD activa una agenda jurídica regional con foco en agua, cambio climático y formación doctoral internacional

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La Universidad Gastón Dachary (UGD) puso en marcha esta semana una doble iniciativa orientada a consolidar una agenda jurídica con proyección regional e internacional: un seminario sobre cambio climático y gobernanza del agua y la presentación de un programa doctoral en Derecho vinculado a la Universidad de Zaragoza. Ambas actividades cuentan con la participación del jurista español Antonio Embid Irujo, referente iberoamericano en derecho de aguas y medio ambiente.

La propuesta combina formación académica, discusión institucional y debate sobre políticas públicas vinculadas a recursos estratégicos. En una provincia atravesada por discusiones sobre preservación ambiental, infraestructura energética y uso productivo del agua, el eje hídrico deja de ser exclusivamente ambiental para ingresar de lleno en el terreno del desarrollo, la regulación y la gobernanza.

El Seminario Internacional “Cambio Climático y Gobernanza del Agua: Perspectivas jurídicas, ambientales y culturales”, realizado en la sede central de la UGD, profundiza una línea de trabajo iniciada en 2025 sobre gestión hídrica trinacional y desarrollo sostenible en la región de frontera.

El nuevo enfoque incorpora variables que exceden la discusión técnica tradicional: derecho humano al agua, justicia ambiental, litigación climática, preservación del Acuífero Guaraní y regulación del uso de los recursos naturales en escenarios de mayor presión climática y productiva.

La actividad reunió a especialistas nacionales e internacionales junto a representantes institucionales vinculados a biodiversidad, derecho ambiental y gestión pública. Desde el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) se presentaron trabajos sobre conservación del patrimonio natural y legislación aplicada a los recursos hídricos provinciales.

La agenda no es menor para Misiones. Aunque la provincia posee disponibilidad hídrica superior a otras regiones del país, el debate comienza a desplazarse desde la abundancia hacia la calidad del agua, la infraestructura de potabilización y los criterios de sostenibilidad para actividades productivas y energéticas.

Embid: “El debate público debe preceder cualquier gran infraestructura”

Durante una entrevista concedida a Economis en el marco de su visita, Antonio Embid Irujo planteó que los grandes proyectos vinculados al agua y la energía requieren discusión pública, evaluación ambiental y legitimidad social previa.

El especialista señaló que el acceso al agua para consumo humano debe ocupar el primer nivel en la jerarquía de usos, seguido por los sectores productivos, agrícolas e industriales, bajo esquemas regulatorios modernos y con intervención del poder público.

En esa línea, el jurista vinculó el debate energético con la sostenibilidad ambiental, en referencia a discusiones históricas en Misiones sobre proyectos hidroeléctricos sobre el río Paraná. Según sostuvo, la construcción de grandes infraestructuras debe contemplar evaluación de impacto ambiental, análisis económico y participación ciudadana.

También remarcó que en Europa las decisiones sobre obras de gran escala vinculadas al agua no avanzan sin procesos formales de consulta y difusión pública. Para Embid, el problema no pasa exclusivamente por definir si la infraestructura es estatal o privada, sino por garantizar eficiencia, calidad del servicio y acceso seguro al agua potable.

Un doctorado internacional con base en Misiones

El segundo eje de la visita apunta al fortalecimiento académico regional. La UGD presentará el Doctorado en Derecho de la Universidad de Zaragoza, una propuesta orientada a profesionales de Misiones y el NEA que permitirá desarrollar trayectos doctorales sin residencia permanente en España.

El esquema prevé seguimiento académico, definición de líneas de investigación y actividades presenciales periódicas en la provincia junto a docentes e investigadores españoles.

La iniciativa busca construir masa crítica regional en áreas vinculadas a derecho ambiental, gobernanza de recursos naturales, integración regional y políticas públicas. La articulación con un equipo académico especializado en agua y sostenibilidad adquiere relevancia en una región marcada por la biodiversidad, los recursos hídricos y las tensiones entre conservación y desarrollo productivo.

La discusión ambiental entra en una nueva etapa institucional

La actividad impulsada por la UGD refleja además un cambio en el tipo de discusión jurídica y política que empieza a consolidarse en el NEA. El debate ya no se limita a la preservación ambiental como concepto abstracto, sino que incorpora variables de infraestructura, seguridad hídrica, energía, inversión y regulación estatal.

En la entrevista, Embid insistió en que el desarrollo sostenible implica compatibilizar crecimiento económico, creación de empleo y conservación del recurso para futuras generaciones. Bajo esa lógica, la sostenibilidad aparece como criterio ordenador de decisiones públicas que involucran desde producción hasta obras energéticas.

Para Misiones, donde conviven demandas de expansión económica con una fuerte identidad ambiental, la evolución de estas discusiones podría impactar tanto en políticas públicas como en futuros marcos regulatorios vinculados al agua, energía y uso territorial.

La agenda presentada por la UGD deja planteado un escenario de mediano plazo donde el derecho ambiental, la gestión del agua y la gobernanza climática ganarán centralidad institucional.

El avance de proyectos energéticos, la presión sobre infraestructura hídrica, las exigencias internacionales sobre sostenibilidad y la necesidad de financiamiento para obras públicas podrían convertir estos debates en un componente cada vez más relevante de la agenda regional.

La evolución de la discusión dependerá de cómo se articulen universidad, Estado, sistema judicial y sectores productivos en torno a un tema que, aunque históricamente asociado al ambiente, empieza a ser leído también como un factor de competitividad, gobernabilidad y planificación estratégica.

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Nación reordena las represas del río Santa Cruz y desplaza a ENARSA en plena privatización

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El Gobierno avanzó el 10 de abril con una decisión de alto impacto en el mapa de la obra pública energética: mediante el Decreto 238/2026, trasladó la conducción del proyecto hidroeléctrico del río Santa Cruz a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y desplazó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) como actor central en su ejecución. La medida, firmada por el Presidente junto al Ministerio de Economía, no solo redefine la estructura de gestión de una de las obras más relevantes del sistema eléctrico, sino que se inscribe en el proceso de privatización de la empresa estatal. ¿Se trata de una corrección técnica para destrabar una obra demorada o de un movimiento más amplio para reconfigurar el rol del Estado en infraestructura estratégica?

El dato operativo es concreto: la Subsecretaría de Recursos Hídricos asume la calidad de comitente, con todas las funciones, derechos y obligaciones del contrato y sus múltiples adendas. A la vez, el Ejecutivo ordena que las centrales retomen su denominación original —“Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”— y deja sin efecto disposiciones previas que habían modificado tanto la gestión como la nomenclatura del proyecto. En paralelo, instruye a la Jefatura de Gabinete a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para sostener la ejecución.

El rediseño institucional detrás del decreto

El movimiento no es aislado. El decreto se apoya en la Ley 13.064 de obra pública y en una extensa secuencia normativa que, desde 2009, fue modificando la estructura de responsabilidades sobre el proyecto. En ese recorrido, la obra pasó por distintos organismos, desde la órbita de Obras Públicas hasta Energía, con sucesivas delegaciones y transferencias.

El punto de inflexión reciente es el proceso de privatización de ENARSA autorizado en 2025. El propio decreto reconoce que la empresa estatal tiene obras en curso que no pueden interrumpirse sin comprometer su finalización. En ese contexto, el Gobierno opta por separar la ejecución de este proyecto específico del proceso de venta, trasladándolo a un área técnica del Ministerio de Economía.

La decisión implica una recentralización operativa: la Subsecretaría de Recursos Hídricos no solo administrará el contrato, sino que también concentrará la toma de decisiones sobre ejecución, financiamiento y control. En términos prácticos, se busca evitar que las demoras propias del proceso de privatización impacten sobre una obra de gran escala.

Al mismo tiempo, el decreto plantea un argumento de eficiencia: concentrar la infraestructura hidráulica en un solo organismo permitiría mejorar la coordinación, el control de fondos y la capacidad de gestión. Es un giro hacia una lógica más vertical dentro del Estado, en contraste con esquemas previos más fragmentados.

Entre la gobernabilidad energética y la estrategia de privatización

El reordenamiento tiene implicancias que exceden lo técnico. Por un lado, refuerza el rol del Ministerio de Economía como eje de coordinación de la política de infraestructura, en línea con su creciente centralidad en la toma de decisiones del Gobierno.

Por otro, condiciona el proceso de privatización de ENARSA. Al retirar de su órbita una obra de gran envergadura, el Ejecutivo reduce riesgos asociados a pasivos y compromisos en curso, lo que podría facilitar la estrategia de venta. Al mismo tiempo, delimita qué activos o proyectos permanecen bajo control estatal directo.

También hay un efecto en la relación con los contratistas y el financiamiento internacional. El decreto garantiza la continuidad contractual —incluyendo adendas y acuerdos de crédito vigentes—, lo que apunta a sostener la previsibilidad en un esquema que involucra compromisos de largo plazo.

En términos de gobernabilidad, la decisión busca evitar un cuello de botella: una obra paralizada o ralentizada en medio de un proceso de privatización podría generar tensiones tanto en el frente fiscal como en el energético. La intervención directa del Estado aparece como una forma de contener ese riesgo.

Un movimiento táctico con efectos abiertos

El decreto no cierra el escenario. Por el contrario, abre nuevas preguntas sobre la arquitectura futura del sector energético y el alcance real del proceso de privatización.

En lo inmediato, habrá que observar si la centralización en la Subsecretaría de Recursos Hídricos logra acelerar la ejecución de la obra o si surgen nuevas fricciones administrativas. También será clave seguir cómo se instrumenta el traspaso operativo desde ENARSA y qué impacto tiene en los tiempos del proyecto.

En paralelo, la redefinición de roles dentro del Estado podría anticipar un patrón: separar obras estratégicas de empresas en proceso de privatización para garantizar su continuidad bajo control directo.

La decisión ya está tomada. Lo que resta ver es si este rediseño logra ordenar una obra atravesada por años de cambios institucionales o si inaugura una nueva etapa de reconfiguración en la política de infraestructura energética.

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El Gobierno fijó en USD 28/MWh el precio de la energía de Yacyretá durante todo 2026

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La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía estableció que la energía generada y la potencia disponible de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) serán reconocidas y facturadas a un valor unificado de USD 28 por megavatio hora durante todo el año 2026. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 5/2026, publicada el 6 de enero, y apunta a consolidar un esquema de previsibilidad tarifaria, orden contable y sostenibilidad financiera para la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), sin requerir aportes adicionales del Tesoro Nacional.

La medida impacta de manera directa en las transacciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en la operatoria de CAMMESA y en la relación financiera entre el Estado argentino, ENARSA y la EBY, en el marco del Tratado de Yacyretá y del acuerdo bilateral vigente con la República del Paraguay.

Marco normativo y antecedentes del esquema tarifario

La resolución se sustenta en el entramado legal conformado por las Leyes N° 15.336, 20.646 y 24.065, y en el Tratado de Yacyretá aprobado por la Ley N° 20.646, que creó la Entidad Binacional Yacyretá como organismo internacional encargado de estudiar, construir, operar y explotar la central hidroeléctrica sobre el río Paraná.

De acuerdo con ese Tratado, cada Estado parte tiene derecho a retirar hasta el 50% de la energía generada, previéndose mecanismos de cesión voluntaria y compensación económica. En ese contexto, el Decreto N° 303 del 5 de mayo de 2025 facultó a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería a suscribir un Acta Acuerdo con la EBY y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) del Paraguay, estableciendo condiciones de asignación, retiro, cesión y pago de la energía producida.

Ese Acta Acuerdo fijó un valor provisorio y unificado de USD 28/MWh como esquema de remuneración, en el marco de un plan de reestructuración financiera de la EBY destinado a cubrir costos operativos, de mantenimiento e inversión. La Cláusula Sexta del acuerdo previó revisiones anuales, que fueron ratificadas por la Entidad Binacional mediante la Nota N° 52080 del 9 de octubre de 2025.

Aplicación en el MEM y reglas de facturación

La implementación del esquema tarifario comenzó en 2025 a través de la Resolución N° 258/2025, que reconoció formalmente el valor de USD 28/MWh para la energía entregada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), instruyendo a CAMMESA a su aplicación en el MEM. Posteriormente, la Resolución N° 288/2025 estableció los aspectos operativos y contables, definiendo que los montos serían convertidos a pesos al tipo de cambio de referencia “A 3500” del Banco Central de la República Argentina, vigente al vencimiento de cada obligación.

La Resolución 5/2026 extiende ahora ese criterio desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciendo que el precio será neto de todo cargo, tributo, deducción, retención o compensación, y deberá ser percibido íntegramente por la EBY. Asimismo, dispone que los servicios de reserva regulante, de corto plazo y los cargos de gestión vinculados a Yacyretá se liquidarán bajo el mismo tratamiento unificado, dejando sin aplicación, para ese período, lo previsto en el artículo 3° de la Resolución N° 288/2025.

Impacto financiero y sostenibilidad de la Entidad Binacional

Desde la Secretaría de Energía se destacó que la aplicación del esquema unificado permitió ordenar y homogeneizar la liquidación de transacciones en el MEM, aportando reglas claras, transparencia y previsibilidad para los agentes del mercado. Al mismo tiempo, el mecanismo fortaleció la sostenibilidad financiera de la EBY, reduciendo la incertidumbre sobre ingresos y contribuyendo a la continuidad del abastecimiento eléctrico sin requerir transferencias del Tesoro Nacional.

El procedimiento financiero previsto contempla que la EBY emita una nota de crédito a favor de ENARSA por la diferencia entre la tarifa histórica del Tratado y el valor de USD 28/MWh efectivamente abonado, y una nota de débito por el mismo importe con cargo al Gobierno argentino, como compensación por deudas vigentes vinculadas a la construcción del complejo hidroeléctrico.

Proyección institucional y repercusiones

La decisión consolida un esquema de cooperación energética bilateral entre Argentina y Paraguay, al tiempo que brinda previsibilidad al MEM para todo el ejercicio 2026. Para CAMMESA, ENARSA y la propia EBY, la resolución establece un marco estable de liquidación y facturación, reduciendo riesgos financieros y administrativos.

En términos institucionales, la medida refuerza el rol de Yacyretá como unidad técnico-económica estratégica dentro del sistema eléctrico argentino, con reglas homogéneas que buscan compatibilizar el cumplimiento del Tratado internacional con las necesidades de ordenamiento del mercado mayorista.

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