energía nuclear

Chernóbil, 40 años después: entre fantasmas y el riesgo latente

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A 40 años de la explosión en la central nuclear de Chernóbil, el mundo vuelve a posar la mirada sobre una tragedia que marcó un antes y un después en la percepción global de la energía nuclear. Ocurrida el 26 de abril de 1986, la detonación del reactor número cuatro fue consecuencia de una combinación de fallas estructurales y errores humanos durante una prueba de seguridad, liberando una nube radiactiva que se extendió por gran parte de Europa.

El accidente no solo provocó una crisis ambiental sin precedentes, sino que también evidenció las limitaciones del sistema soviético para gestionar emergencias de esta magnitud. La información fue inicialmente ocultada y recién dos días después se emitió una alerta pública, tras detectarse niveles anormales de radiación en Suecia.

Las consecuencias humanas siguen siendo objeto de debate. Mientras un informe de Naciones Unidas estimó en 4.000 las muertes atribuibles directa o indirectamente al desastre, otras organizaciones elevan la cifra a decenas de miles. Más de 600.000 personas participaron en las tareas de contención, muchas de ellas expuestas a altos niveles de radiación.

Una zona inhabitable por milenios

El área afectada se transformó en una extensa zona de exclusión que abarca miles de kilómetros cuadrados entre Ucrania y Bielorrusia. Allí, ciudades enteras como Prípiat quedaron abandonadas, congeladas en el tiempo. Según estimaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, la región no será habitable durante al menos 24.000 años.

Paradójicamente, la ausencia humana permitió el desarrollo de una suerte de reserva natural involuntaria, donde la fauna ha recuperado terreno en un entorno marcado por la radiación.

Lejos de ser solo un episodio del pasado, Chernóbil enfrenta hoy nuevas amenazas. La invasión rusa a Ucrania reintrodujo el riesgo nuclear en la zona, con la ocupación temporal de la planta en 2022 y posteriores ataques que comprometieron la seguridad de sus estructuras.

En febrero de 2025, un dron impactó contra el sistema de confinamiento externo -conocido como Nuevo Confinamiento Seguro- reduciendo su capacidad de contención. Informes recientes advierten que, en su estado actual, existe la posibilidad de fugas radiactivas y que las reparaciones podrían extenderse durante varios años.

A esto se suman advertencias de expertos sobre el impacto de ataques militares en la estabilidad del sitio, incluyendo la presencia de misiles en las cercanías y daños en infraestructuras críticas, lo que incrementa la incertidumbre sobre su seguridad futura.

Chernóbil no es solo un sitio geográfico: es un símbolo. Representa los límites del control tecnológico, los riesgos de la opacidad institucional y la persistencia de las consecuencias ambientales a largo plazo.

Cuatro décadas después, su legado sigue vigente, no solo como advertencia histórica, sino como recordatorio de que los riesgos nucleares, lejos de desaparecer, pueden reactivarse en contextos geopolíticos inestables.

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La revista TIME eligió a las 100 personas más influyentes del mundo: un argentino en la lista

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La revista TIME dio a conocer su tradicional listado de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026, una selección que combina política, economía, ciencia, cultura y tecnología, y que vuelve a marcar la agenda global sobre quiénes están moldeando el presente y el futuro.

En esta edición, el argentino Rafael Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), fue el único representante del país en integrar el ranking, dentro de la categoría “Líderes”, donde comparte espacio con figuras de peso internacional como Donald Trump, Xi Jinping, el Papa León XIV y Benjamin Netanyahu.

La elección de Grossi no es menor. TIME destacó su rol clave en escenarios de alta tensión internacional, particularmente en el conflicto en Ucrania, donde encabezó inspecciones en la planta nuclear de Zaporiyia tras la ocupación rusa, contribuyendo a evitar una escalada de riesgos mayores.

También se subrayó su intervención en el monitoreo del programa nuclear iraní, en un contexto geopolítico extremadamente sensible, donde la diplomacia técnica del OIEA resulta determinante para la estabilidad global.

Un argentino en el tablero global

El reconocimiento posiciona a Grossi como uno de los diplomáticos más influyentes del sistema internacional, en momentos en los que los organismos multilaterales atraviesan cuestionamientos sobre su eficacia.

De hecho, el propio titular del OIEA viene señalando la necesidad de revitalizar el rol de las Naciones Unidas frente a conflictos como los de Gaza, Sudán del Sur o el Cáucaso, en los que —según advirtió— la ausencia del organismo es cada vez más evidente.

Su nombre, además, aparece entre los posibles candidatos a ocupar la Secretaría General de la ONU, lo que refuerza su proyección en la escena global.

Una lista con fuerte presencia iberoamericana

El listado TIME100 también incluyó a una decena de figuras de Iberoamérica. Entre ellas se destacan:

  • Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la categoría “Líderes”
  • Wagner Moura, actor brasileño, en “Íconos”
  • Zoe Saldaña, en la categoría “Titans”
  • Benicio del Toro, entre los “Artistas”

Además, se reconoció a referentes en ciencia, activismo y medio ambiente, como la peruana Mari Luz Canaquiri Murayari y la brasileña Mariangela Hungria.

Según explicó el editor de TIME, Sam Jacobs, la selección de este año pone especial énfasis en sectores que están redefiniendo el mundo: inteligencia artificial, cambio climático, salud, filantropía y el creciente impacto de los creadores digitales.

La lista, como cada año, no solo funciona como un reconocimiento individual, sino también como una radiografía del poder global en transición, donde la influencia ya no se limita a la política tradicional, sino que se expande hacia nuevas áreas de innovación y transformación social.

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El RIGI abriría una inversión de más de US$ 230 millones para trasladar Dioxitek de Córdoba a Formosa

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El Gobierno nacional recibió una propuesta de inversión por más de US$ 230 millones para finalizar la planta de uranio de Dioxitek en Formosa y avanzar con el traslado de la histórica instalación ubicada en Córdoba capital. El proyecto, impulsado por la empresa estadounidense Nano Energy y con potencial encuadre en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), no solo busca resolver un conflicto urbano de décadas, sino que introduce una pregunta estratégica: ¿es este el punto de inflexión que transforma al sector nuclear argentino en un negocio exportador?

De conflicto urbano a oportunidad estratégica

La planta de Dioxitek en el barrio de Alta Córdoba quedó atrapada por el crecimiento urbano. Lo que en los años 80 era una instalación periférica hoy convive con un entorno densamente poblado. Esa tensión derivó en restricciones municipales, litigios judiciales y un plan de traslado que nunca terminó de concretarse.

Ahora, el escenario cambia. Mientras la Justicia Federal evalúa una prórroga de tres años para que la planta continúe operando en Córdoba, la propuesta de inversión privada reordena las prioridades. El traslado a Formosa, con una obra que ya tiene un 70% de avance, deja de ser un proyecto estancado para convertirse en una iniciativa con viabilidad financiera.

La clave no es solo la mudanza. Es el modelo: Dioxitek mantendría la propiedad de la planta y el terreno, pero cedería parte de su uso a una sociedad con el capital privado, bajo un esquema de usufructo.

El RIGI como herramienta y el cambio de lógica

El proyecto se inscribe en la estrategia del Gobierno de atraer inversiones externas para sectores considerados estratégicos. En este caso, el RIGI aparece como el instrumento para viabilizar una inversión de gran escala en una industria con altas barreras de entrada.

El acuerdo contempla dos etapas. La primera, finalizar y poner en operación la planta de dióxido de uranio (UO₂), insumo clave para abastecer a las centrales nucleares del país. La segunda, más ambiciosa, apunta a producir y exportar hexafluoruro de uranio (UF₆), un componente utilizado en el proceso de enriquecimiento.

Ese segundo paso redefine el alcance del proyecto. Argentina pasaría de un esquema centrado en el autoabastecimiento a uno con capacidad de inserción en el mercado internacional del combustible nuclear.

El trasfondo es técnico, pero las implicancias son políticas: la planta original estaba sobredimensionada respecto a la demanda interna —unas 230 toneladas anuales frente a una capacidad proyectada de hasta 500 toneladas—. Sin exportación, el modelo no cerraba.

Quién gana y quién queda condicionado

El movimiento fortalece al Gobierno en dos frentes. Por un lado, ofrece una salida concreta a un conflicto sensible en Córdoba, donde la presencia de material radiactivo en un área urbana generó cuestionamientos sostenidos. Por otro, se alinea con la narrativa oficial de apertura a inversiones y eficiencia en empresas estatales.

Al mismo tiempo, introduce nuevas dependencias. La viabilidad del proyecto queda atada al ingreso de capital privado y a la dinámica del mercado internacional del uranio, un terreno volátil y altamente regulado.

En términos institucionales, el esquema también reconfigura el rol del Estado. Dioxitek conservaría la propiedad, pero compartiría la operación en un modelo híbrido que combina control público y lógica de mercado.

La ecuación no es neutra. Implica redefinir el equilibrio entre soberanía tecnológica, rentabilidad y apertura económica.

Un proyecto que redefine el mapa nuclear

El traslado de Dioxitek deja de ser una discusión local para convertirse en una pieza dentro de una estrategia más amplia. La incorporación de una línea de producción exportadora marca un cambio cualitativo en el sector.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en dos decisiones: la eventual aprobación del proyecto bajo el RIGI y la definición judicial sobre la continuidad de la planta en Córdoba.

El desenlace no solo impactará en la geografía productiva del país, sino también en el modelo de desarrollo del sector nuclear. La pregunta ya no es si la mudanza se concretará, sino bajo qué condiciones y con qué consecuencias a largo plazo.

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Autorizan privatización parcial de Nucleoeléctrica con control del 51% en manos del Estado

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El Gobierno autoriza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina: se venderá 44% de acciones y lanzará un Programa de Propiedad Participada.

El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 695/2025, autorizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida establece la venta del 44% del capital accionario mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que otro 5% será destinado a un Programa de Propiedad Participada. El Estado Nacional conservará el control mayoritario con el 51% de las acciones, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Actualmente, el capital social de NASA se compone de un 79% en manos del Estado Nacional, un 20% de la Comisión Nacional de Energía Atómica y un 1% de ENARSA. El decreto instruye además transferencias accionarias internas para consolidar la participación estatal antes del proceso de privatización: ENARSA deberá ceder el 1% de su participación al Estado Nacional, y NASA deberá transferir el 0,01% del capital social de ENARSA.

El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de atraer capital privado para financiar proyectos estratégicos, entre ellos la Extensión de Vida de Atucha I, que prevé su reingreso al mercado eléctrico en 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), esencial para la continuidad operativa de Atucha II.

La medida se inscribe en la política de reducción del déficit fiscal y achicamiento del aparato estatal, con la intención de que la empresa gane competitividad bajo un esquema mixto. Según los fundamentos oficiales, la intervención estatal exclusiva “no ha dado los resultados esperados” y la participación privada se considera “el medio más idóneo” para garantizar eficiencia y rentabilidad.

Antecedentes y marco legal

La privatización parcial se apoya en el artículo 8° de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró a NASA “sujeta a privatización” bajo los lineamientos de la Ley 23.696 de Reforma del Estado.

Cabe recordar que NASA fue creada en 1994 por el Decreto 1540, que transfirió a la sociedad la operación de Atucha I y Embalse, además de la construcción de Atucha II. Desde entonces, la empresa ha registrado hitos en generación: en 2024 alcanzó un récord histórico de 10.449.015 MWh netos, con un factor de carga del 73,3%, cifras que la colocan en estándares internacionales de eficiencia operativa.

El proceso deberá pasar por la Comisión Bicameral del Congreso, como prevé la Ley 23.696, y contará con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía, encargada de definir los términos de la licitación.

La privatización parcial de Nucleoeléctrica abre un debate político y económico en torno al rol del Estado en sectores estratégicos como la energía nuclear. El Gobierno asegura que el Estado conservará el control mayoritario y la capacidad de decisión, pero la apertura al capital privado podría modificar los equilibrios en la gestión de inversiones y en la definición de prioridades tecnológicas.

Sectores sindicales y legislativos podrían cuestionar el esquema, especialmente en lo referido al Programa de Propiedad Participada del 5%, que requerirá aprobación de la Secretaría de Trabajo para su implementación. A nivel internacional, la licitación promete atraer a fondos especializados en energía y empresas del sector nuclear interesadas en acceder a un mercado con proyectos de largo plazo.

El impacto sobre la política energética será significativo: el Estado buscará descargar parte del costo de financiamiento en inversores privados, mientras asegura su control estratégico en la operación de las centrales. En paralelo, la medida se alinea con los compromisos de equilibrio fiscal y con la estrategia de mostrar al mercado internacional señales de apertura a la inversión extranjera en sectores de alta sensibilidad.

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Energía: Atucha I será desconectada por mantenimiento por 30 meses

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Este 24/06 Atucha I cumple 50 años de operación y el 30 de septiembre próximo será desconectada de la red por (al menos) 30 meses para extender su vida útil. Javier Milei deberá usar miles de dólares para importar energía.

Este lunes (24/06) la central nuclear Atucha I cumple 50 años de operación y, para seguir en funcionamiento, deberá encarar la extensión de su vida útil. Eso implicará que debe ser desconectada de la red para realizar las obras de modernización. Se estima que estará parada por, al menos, 30 meses. Todo un problema para Javier Milei.

“Atucha I se tiene que desconectar de la red y apagar, llevar a un estado frío para poder iniciar las obras de construcción. A más tardar, el 30 de septiembre, Atucha I tiene que estar apagada“, anunció el pasado 4 de junio, en conferencia de prensa, Luis Fasanella, nuevo titular de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares de la Argentina (Atucha I y II y Embalse, en Córdoba).

La Central Nuclear Atucha I inició su construcción en junio de 1968 y se convirtió en la primera central nuclear de potencia de América Latina. Fue conectada al Sistema Eléctrico Nacional el 19 de marzo de 1974 y comenzó su producción comercial el 24 de junio de ese mismo año.

De acuerdo a lo informado en la página web de Nucleoeléctrica (NA-SA), el Proyecto de Extensión de Vida de Atucha I se viene ejecutando “desde 2008” y su “finalización permitirá extender su operación por veinte años adicionales a plena potencia”.

Según explicó Fasanella, Atucha I tiene que “encarar su revamping para su extensión de vida”, y se estima que podrá retomar operación recién en “unos 30 meses“, para que pueda seguir funcionado por otros “20 años” más, en principio.

Esto representa un grave problema para el Gobierno nacional, ya que deberá importar energía para suplir la falta de Atucha I (lo que se suma a los problemas energéticos por no acordar las obras complementarias para poner en marcha el bendito gasoducto Néstor Kirchner y los sistemas de transporte de energía eléctrica). La opción más viable sería comprarle a Paraguay, aunque actualmente existe cierta tensión con el presidente Santiago Peña debido a que la Entidad Binacional Yacyretá del lado argentino adeuda al Tesoro paraguayo unos US$ 123 millones por cesión de energía y otros US$ 85 millones por gastos de funcionamiento, según el Gobierno paraguayo.

Un reciente acuerdo entre Lula da Silva y Santiago Peña condiciona a Javier Milei, quien ya ha recibido este reclamo histórico de Paraguay pero no ha dado respuestas.

Pero más allá de Paraguay, para el Gobierno representa un verdadero escollo en sus balances el tener que desembolsar miles de dólares para acceder a energía importada. Hay quienes creen que el Presidente dispondrá más aumentos de tarifas para intentar compensarlo, con lo cual los ciudadanos podrían ver aún más abultadas sus facturas energéticas. Pero hay que tener en cuenta que aún las tarifas no terminaron de “sincerarse” porque subiría la inflación (y Javier Milei no puede permitirse que eso suceda, ya que viene jactándose de su éxito en ese menester).

Así las cosas, y dado que estas obras de extensión de vida útil ya estaban programadas desde hace tiempo, es esperable que el Gobierno nacional ya esté pensando alternativas para subsanar la falta de energía que habrá en la Argentina desde el 30 de septiembre próximo. Dos años y medio sin la energía de Atucha I parece mucho tiempo. 

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