Estados Unidos

Expectativas en alza, pero con cautela, qué condiciona la inversión en Argentina

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Un informe privado detectó una mejora incipiente en las expectativas de inversión en Argentina, aunque advirtió que el interés de los inversores permanece fuertemente condicionado a la implementación de reformas estructurales, la evolución del escenario político y la capacidad del país de transformar el ajuste fiscal en crecimiento sostenido. El relevamiento señala que, si bien el clima inversor muestra señales de recomposición, la estabilidad institucional y la agenda de reformas siguen siendo determinantes para consolidar ese proceso en el mediano y largo plazo.

El diagnóstico surge del Índice y Análisis de Riesgo País de América Latina 2025, elaborado por la Fundación Libertad y la Universidad Internacional de Florida, que mide percepciones de expertos regionales a través de una escala de 1 a 5. El documento describe a la Argentina como “un país en transición”, atravesado por costos económicos y sociales visibles, definiciones políticas pendientes y un escenario de inversión que empieza a recomponerse, pero aún lejos de una consolidación plena.

Inversión de largo plazo, con cautela y condiciones

Según el informe, el 63,3% de los especialistas recomienda invertir en Argentina bajo una perspectiva de largo plazo, una señal relevante en términos de expectativas, mientras que un 10% desaconseja directamente la inversión, al considerar que persisten riesgos estructurales que exceden el signo político del gobierno de turno.

El estudio remarca que el optimismo relativo se apoya en la corrección de desequilibrios macroeconómicos, pero advierte que la sustentabilidad de ese proceso depende de su traducción en crecimiento económico estable. En ese sentido, el documento subraya que la recuperación de expectativas no es automática ni garantizada, y que los inversores mantienen una postura de cautela ante la falta de definiciones de fondo en áreas clave.

La consolidación de un clima de negocios más favorable, según los expertos consultados, está atada a la capacidad del país de ofrecer reglas claras, previsibilidad normativa y estabilidad institucional, factores que siguen siendo evaluados con atención por los mercados.

Riesgo político, elecciones y gobernabilidad

En el plano político-institucional, el informe identifica a la polarización extrema y la desconfianza hacia la dirigencia como los principales ejes del riesgo país. En este marco, las elecciones legislativas aparecen como un punto crítico para el rumbo económico y regulatorio.

El análisis estima que el oficialismo necesitaría obtener entre el 40% y el 45% de los votos para facilitar la aprobación de leyes en el Congreso, reducir los bloqueos legislativos y disminuir el riesgo país, un indicador clave para el financiamiento y la inversión.

La lectura de los expertos es que la gobernabilidad legislativa será determinante para avanzar con reformas estructurales y sostener un programa económico consistente en el tiempo. Sin ese respaldo político, advierte el informe, el margen para consolidar expectativas positivas se reduce sensiblemente.

Economía real, empleo y reformas pendientes

En el frente económico, el relevamiento marca un cambio significativo en las preocupaciones dominantes: el desempleo desplazó a la inflación como el principal problema identificado por los especialistas. Si bien se reconoce una desaceleración en el ritmo de aumento de precios, el informe advierte que ese logro tuvo como contrapartida un estancamiento de la actividad económica y una mayor fragilidad laboral.

Los consultados coincidieron en que la sostenibilidad de las expectativas depende de la implementación de reformas estructurales clave, en particular en los planos laboral, previsional y tributario. Estas transformaciones son vistas como necesarias para mejorar la competitividad, reducir costos sistémicos y generar condiciones más favorables para la inversión productiva.

En el plano social, el estudio señala la existencia de una conflictividad latente, a la vez que advierte sobre el impacto del crimen organizado como un factor de riesgo adicional para la estabilidad y el clima de negocios.

Factores internacionales y agenda externa

A nivel internacional, el informe subraya la importancia estratégica de la relación de Argentina con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), actores centrales para el financiamiento, la credibilidad externa y el acceso a los mercados. Al mismo tiempo, identifica riesgos asociados a la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, un factor que también incide en las decisiones de inversión en América Latina.

En conjunto, el documento concluye que Argentina exhibe una ventana de oportunidad, pero que su aprovechamiento dependerá de decisiones políticas y económicas aún pendientes. El desafío central, según el análisis, será convertir el ajuste fiscal en crecimiento sostenido, empleo y estabilidad institucional, condiciones indispensables para que las expectativas de inversión se transformen en flujos reales de capital.

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Estados Unidos acorrala a buques venezolanos y sacude el precio del petróleo

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El precio del petróleo registró una leve suba hoy, 22/12, mientras Estados Unidos intensificaba sus operaciones marítimas cerca de Venezuela con el fin de interceptar un tercer buque petrolero, en medio de una escalada de presión contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La acción de Washington encendió las alarmas geopolíticas y marcado un nuevo capítulo en las tensiones entre Caracas y Washington.La campaña de Estados Unidos contra los buques petroleros venezolanos

La Guardia Costera de Estados Unidos mantiene una persecución activa de un petrolero sancionado, identificado como Bella 1, que se dirigía hacia aguas venezolanas para cargar crudo. Según Bloomberg Línea, fuentes oficiales estadounidenses afirmaron que el buque navegaba presuntamente bajo una bandera falsa y estaba sujeto a una orden judicial de incautación al estar implicado en evasión de sanciones.

Dos interceptaciones recientes

Este operativo se produce tras dos interceptaciones recientes: primero, el buque Skipper el 10/12 y, este fin de semana, el petrolero Centuries, cargado con aproximadamente dos millones de barriles de crudo venezolano, también fue abordado por fuerzas estadounidenses en el mar Caribe. Ambos incidentes forman parte de una campaña más amplia de Washington para cortar las principales fuentes de divisas de Caracas.El aumento del precio del petróleo

El contexto de estas operaciones se ha traducido en un aumento moderado de los precios del petróleo. Los futuros del crudo Brent y del West Texas Intermediate (WTI) mostraron alzas luego de varias semanas de pérdidas, impulsados por las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro ante el acoso a los buques vinculados a Venezuela.

El WTI cotizó a US$ 58 el barril, un aumento de 2,6% en el día. Mientras que el mercado futuro de Brent llegó a US$ 62,05, también una suba de 2,6%.

Bloqueo al petróleo venezolano

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha reforzado su bloqueo al petróleo venezolano en un intento por debilitar al régimen de Maduro, a quien Washington designó como organización terrorista extranjera por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Esta medida busca, según funcionarios de la Casa Blanca, reducir los ingresos que sostienen al gobierno chavista y forzar cambios políticos en Caracas.

Sin embargo, la crisis también ha generado fuertes declaraciones de rechazo desde Venezuela. La vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, calificó el abordaje de los buques como “robo y secuestro”, denunciando lo que Caracas considera un acto de “piratería” por parte de Estados Unidos. Maduro, por su parte, ha denunciado ante foros internacionales una “campaña de agresión” y ha llamado a denunciar las acciones ante instancias como la ONU.

Analistas de la industria advierten que este bloqueo podría provocar que los tanques de almacenamiento de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) se llenen rápidamente, forzando eventualmente a reducir la producción si no se encuentra salida para el crudo. Asimismo, señalan que la presión sobre la flota de transporte clandestina o “flota oscura” —utilizada para evadir sanciones— podría dificultar aún más las exportaciones.

Impactos y perspectivas regionales

Aunque la producción de petróleo en Venezuela representa una fracción menor de la demanda global, el giro de los acontecimientos ha puesto de nuevo en el centro del debate la fragilidad de los mercados energéticos ante riesgos geopolíticos.

El repunte de precios se interpreta como una reacción del mercado ante la posibilidad de interrupciones reales o percibidas en el suministro, pese a que analistas sugieren que el efecto directo en la oferta global podría ser limitado.

Mientras tanto, Caracas busca aliados y condena enérgicamente las acciones marítimas de Estados Unidos, que, según Maduro, violan el derecho internacional. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan estos eventos, que podrían redefinir no solo las relaciones entre Washington y Caracas, sino también el equilibrio de fuerzas en el mercado petrolero mundial.

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China denunció ante la comunidad internacional la confiscación arbitraria de buques por parte de Estados Unidos

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió un fuerte pronunciamiento contra la incautación de buques extranjeros por parte de Estados Unidos, al advertir que este tipo de acciones “constituyen una grave violación del derecho internacional”. La declaración se conoció luego de que la Guardia Costera estadounidense confiscara un petrolero el 20 de diciembre, en un operativo que Washington justificó bajo el argumento de que el buque integraba la denominada “flota en la sombra”.

El posicionamiento chino introduce un nuevo elemento de tensión diplomática e institucional en torno al régimen de sanciones unilaterales impulsado por Estados Unidos y reaviva el debate sobre soberanía, comercio internacional y legalidad de las medidas coercitivas en el sector energético y marítimo global.

Rechazo a las sanciones unilaterales y advertencia por violación del derecho internacional

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, se expresó en una rueda de prensa diaria en respuesta a consultas de los medios sobre la incautación del buque, ocurrida el 20 de diciembre, y cuestionó abiertamente el accionar de Washington.

China siempre se opone a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, afirmó el vocero. En ese sentido, agregó que el país asiático también rechaza “cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, atente contra la soberanía y la seguridad de otros países o constituya actos de intimidación unilateral”.

Las declaraciones se produjeron luego de que un funcionario de la Casa Blanca afirmara que el petrolero pertenecía a la denominada “flota en la sombra”, según consignó la agencia Xinhua. Para China, este tipo de justificaciones no habilitan la confiscación de activos ni la retención de embarcaciones bajo el marco del derecho internacional vigente.

El eje Venezuela y la defensa de la cooperación energética soberana

En su exposición, Lin Jian hizo referencia directa a Venezuela, al sostener que “Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”. En la misma línea, añadió que China considera que la comunidad internacional “comprende y apoya la postura de Venezuela en la salvaguardia de sus legítimos derechos e intereses”.

El pronunciamiento chino se inscribe en un contexto de creciente conflictividad en el Caribe, donde Estados Unidos intensificó operativos de interdicción marítima que derivaron en la confiscación de crudo venezolano y el abordaje de buques petroleros, afectando directamente al comercio energético.

Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro calificó estas acciones como “piratería de corsarios”, enmarcándolas en lo que definió como un despliegue militar agresivo. A través de un mensaje difundido por su canal oficial de Telegram, el mandatario denunció que se trata de una campaña sostenida de agresión contra el país.

Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros”, expresó. Según el jefe de Estado, estos grupos actúan como “piratas contratados por un Estado imperial”, con prácticas orientadas históricamente al control del comercio y de los recursos venezolanos.

Impacto político y económico en el comercio energético y marítimo

Las declaraciones se producen luego del asalto de Estados Unidos a dos buques en cercanías de Venezuela, ejecutado por fuerzas militares. En esos operativos, el petróleo fue confiscado, las embarcaciones retenidas y las tripulaciones permanecen ilegalmente detenidas, según la denuncia venezolana.

En paralelo, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó que zarpó desde territorio venezolano un buque de la empresa estadounidense Chevron con destino a Estados Unidos, cargado con petróleo venezolano. La funcionaria precisó que la operación se realiza “con estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera”, dentro de los acuerdos vigentes y la legalidad nacional e internacional.

Este contraste expone una tensión estructural en el sistema de sanciones, con efectos directos sobre la seguridad jurídica del transporte marítimo, el comercio energético y la estabilidad de los flujos internacionales de petróleo. Al mismo tiempo, anticipa reacciones diplomáticas y políticas de países que cuestionan la legalidad de las incautaciones unilaterales y el uso de la fuerza en aguas internacionales.

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China desplazó a Brasil y lideró el comercio exterior argentino en noviembre

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China se consolidó en noviembre como el principal socio comercial de la Argentina por tercer mes consecutivo, en un contexto marcado por la guerra comercial con Estados Unidos y el impacto de las retenciones cero a las exportaciones. El fenómeno fue determinante para explicar el fuerte salto de las ventas externas y el superávit comercial más alto de los últimos 18 meses, según datos oficiales difundidos por el INDEC.

El informe de Intercambio Comercial Argentino correspondiente a noviembre de 2025 mostró un superávit de u$s2.498 millones, el mayor en un año y medio. En términos desestacionalizados, las exportaciones crecieron 12,8% respecto de octubre, mientras que las importaciones cayeron 6,9%, configurando un escenario favorable para la balanza comercial.

Exportaciones en récord histórico y fuerte tracción de China

De acuerdo con el INDEC, las exportaciones totalizaron u$s8.096 millones en noviembre, lo que implicó un incremento interanual del 24,1%, equivalente a u$s1.570 millones adicionales frente al mismo mes de 2024. En términos desestacionalizados, se trató de un récord histórico.

China concentró el 16,3% del total de las exportaciones argentinas, ubicándose nuevamente en el primer lugar como destino de ventas externas. Tradicionalmente, ese rol lo ocupa Brasil, aunque en los últimos meses se verificó un deterioro del intercambio bilateral, con una caída significativa en las exportaciones de vehículos.

Según la consultora LCG, si bien Brasil continúa siendo el principal comprador en el acumulado de 2025, perdió participación interanual (-4,8%). En contraste, China mostró una expansión del 57,4% como destino de exportaciones argentinas, acompañada por subas hacia Estados Unidos (+26,4%) e India (+45,7%).

Soja, productos primarios y el efecto de las retenciones cero

El salto exportador tuvo como principal motor a los productos primarios, que explicaron el 60% de la mejora interanual, con fuerte protagonismo de semillas y oleaginosas, especialmente la soja. Desde LCG recordaron que el informe del INDEC “contabiliza los embarques, por lo que aún puede estar impactando lo liquidado en el cupo de retención 0%”.

En la misma línea, el economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), Federico Bernini, explicó que el aumento en los envíos de soja se debe a que “no todo lo declarado sin retenciones en septiembre se vendió en ese momento; mucho se vendió en octubre y otro tanto en noviembre”.

Un análisis de Abeceb precisó que el sector sojero aportó u$s2.229 millones al superávit comercial, muy por encima del promedio del resto del año (u$s1.347 millones). Ese resultado se explicó casi en su totalidad por un incremento de u$s539 millones en las exportaciones de porotos de soja.

La consultora destacó además que China absorbió más del 90% de las exportaciones argentinas de este producto, en un contexto de desvío de compras desde Estados Unidos hacia Argentina y Brasil, en plena tensión comercial entre las dos principales economías del mundo.

Más allá de la soja: energía, industria y carne

Además del complejo sojero, en noviembre se observaron avances interanuales en las exportaciones de petróleo crudo, trigo y vehículos para el transporte de mercancías, en particular pickups. Bernini explicó que, tras paradas de planta en meses previos, las terminales automotrices buscaron compensar la menor producción con mayores envíos al exterior.

También se registró un incremento en las exportaciones de aluminio y acero, impulsado por la eliminación temporal de retenciones dispuesta por el Gobierno. Esta medida buscó amortiguar el impacto de la decisión de Estados Unidos de eliminar en abril la cuota sin aranceles para la importación de estos productos.

En el sector cárnico, Bernini subrayó el aumento de las exportaciones de carne tanto hacia China como hacia Estados Unidos, favorecidas por el hecho de que las ventas brasileñas están alcanzadas por un arancel del 50%, lo que mejoró la competitividad relativa de la Argentina.

Importaciones en alza interanual, pero con desaceleración mensual

En contraste con el dinamismo exportador, las importaciones crecieron 6,6% interanual en noviembre. Las subas más relevantes se registraron en vehículos para el transporte de pasajeros, bienes ingresados por servicios postales (courier) y urea, el fertilizante más utilizado por el sector agropecuario.

Sin embargo, la serie desestacionalizada mostró el nivel más bajo de los últimos tres meses. Tanto LCG como Abeceb coincidieron en que los valores elevados de meses previos estuvieron influenciados por el escenario preelectoral y por las expectativas de una corrección cambiaria, que llevaron a muchas empresas a adelantar importaciones.

Un escenario externo clave para el cierre de 2025

El desempeño de noviembre confirmó la relevancia del contexto internacional y de la política comercial interna en la dinámica del comercio exterior argentino. La combinación entre guerra comercial global, retenciones cero y cambios en los flujos de demanda de China permitió a la Argentina cerrar el penúltimo mes del año con un resultado comercial excepcional.

De cara al cierre de 2025, la sostenibilidad de este desempeño dependerá de la continuidad de estos factores y de la evolución del vínculo comercial con los principales socios, en un escenario global todavía marcado por tensiones y reconfiguración de mercados.

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Una jueza peruana de la CPI denunció sanciones de EE.UU. y alertó sobre un ataque al Estado de derecho

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EE.UU. sancionó a una jueza peruana de la Corte Penal Internacional y expuso una tensión inédita sobre la independencia judicial global

Las sanciones económicas y migratorias impuestas por Estados Unidos contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) abrieron un conflicto institucional de alto impacto político y jurídico. Entre los afectados se encuentra la magistrada peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, jueza de la Cámara de Apelaciones del tribunal con sede en La Haya, quien denunció que las medidas le bloquearon cuentas, tarjetas de crédito y transferencias internacionales. El caso reaviva el debate sobre la independencia judicial, la vigencia del Estatuto de Roma y los límites del poder político frente a la justicia penal internacional.

Las sanciones de EE.UU. y el alcance sobre la Corte Penal Internacional

La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza integra la Corte Penal Internacional desde hace casi ocho años. El tribunal fue creado en 1998 mediante el Estatuto de Roma para juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. En 2025, el gobierno de Estados Unidos sancionó a seis jueces y a tres fiscales de la CPI, incluido el fiscal principal Karim Khan.

Según informó el Departamento de Estado, las sanciones responden a la “oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por la soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI”. Washington sostuvo que la Corte “constituye una amenaza para la seguridad nacional” y la acusó de actuar como un instrumento de “guerra jurídica” contra Estados Unidos y su aliado Israel. Parte de las medidas se anunciaron luego de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes vinculados a Gaza.

En el caso de Ibáñez Carranza, el Departamento de Estado señaló que fue sancionada por “autorizar la investigación de la CPI contra personal estadounidense en Afganistán”. La magistrada explicó que la decisión cuestionada corresponde a 2019, cuando un panel de cinco jueces de la Cámara de Apelaciones habilitó investigaciones por crímenes cometidos en el territorio afgano, sin distinción de autores: talibanes, fuerzas estatales o fuerzas extranjeras.

Las Naciones Unidas condenaron las sanciones como “un ataque contra el Estado de derecho”. La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que las medidas buscan influir directamente en el trabajo judicial y equiparan a jueces internacionales con “presuntos terroristas o líderes de cárteles”.

Impacto personal, económico y familiar de las sanciones

Más allá de la dimensión institucional, la jueza peruana describió el impacto concreto de las sanciones en su vida cotidiana. Entre las restricciones figuran la cancelación de visas, el bloqueo de cuentas en dólares en cualquier país, la anulación de tarjetas de crédito y la imposibilidad de utilizar servicios financieros o plataformas vinculadas a empresas con sede en Estados Unidos.

“No puedo ordenar una comida, no puedo tomar un taxi Uber, no puedo enviar dinero a mi país”, relató. Ibáñez Carranza explicó que transfería mensualmente fondos a Perú para el mantenimiento de su vivienda y el pago de servicios básicos, pero que una operación vía Western Union quedó retenida sin explicación. Las sanciones, además, se extienden indirectamente a familiares y personas que intentan asistir a los magistrados afectados. En su caso, su hija vio cancelada una visa sin fundamentos explícitos.

El alcance extraterritorial de las medidas generó tensiones incluso en Europa. Bancos con sede en Países Bajos restringieron inicialmente operaciones de los jueces sancionados, lo que derivó en gestiones ante autoridades holandesas para garantizar el funcionamiento básico de cuentas en euros. “La pregunta era si Europa es realmente un espacio seguro o si sus bancos están subordinados a la política estadounidense”, sostuvo la magistrada.

Ibáñez Carranza acumuló más de 35 años de trayectoria como fiscal en Perú antes de llegar a la CPI, incluyendo causas emblemáticas como la investigación contra Abimael Guzmán, exlíder de Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua en 2005. Desde esa experiencia, afirmó que las sanciones buscan intimidar, pero no condicionarán sus decisiones: “Frente a unos hechos y una evidencia, lo único que puedo aplicar es el derecho y mi conciencia”.

Repercusiones políticas y debate sobre el futuro de la CPI

El conflicto se inscribe en un escenario de presión creciente sobre la Corte Penal Internacional. Además de las sanciones estadounidenses, algunos jueces enfrentan órdenes de arresto emitidas por Rusia, en represalia por decisiones judiciales vinculadas al conflicto en Ucrania. En paralelo, varios Estados se negaron a ejecutar órdenes de arresto de la CPI, y parlamentos nacionales, como el de Venezuela, debatieron proyectos para retirarse del Estatuto de Roma.

Para la magistrada peruana, el objetivo de fondo es debilitar el sistema de justicia internacional y desalentar investigaciones sobre crímenes atroces. “El ataque no es solo contra los jueces, es contra las víctimas”, sostuvo. Recordó que el principio de complementariedad del Estatuto de Roma establece que la CPI actúa solo cuando los Estados no investigan o juzgan adecuadamente, y que la Corte no persigue países sino hechos y responsabilidades individuales.

Lejos de paralizar su actividad, Ibáñez Carranza aseguró que la CPI continuó dictando sentencias relevantes y celebrando audiencias, incluso después de las sanciones. Mencionó decisiones en casos de la República Centroafricana, Sudán y Filipinas. Según su evaluación, las presiones externas produjeron un efecto inverso al buscado: mayor cohesión interna entre los jueces y fiscales del tribunal.

En términos políticos, el episodio plantea interrogantes sobre la gobernanza global, el respeto a la independencia judicial y el equilibrio entre soberanía estatal y justicia internacional. La jueza advirtió que la respuesta de la Unión Europea será clave: no solo en declaraciones de respaldo, sino en medidas prácticas que garanticen condiciones operativas mínimas para el funcionamiento de la Corte.

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