La declaración conjunta del 13 de noviembre entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, celebrada por el Gobierno como un avance decisivo hacia un “Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca”, recibió una lectura muy distinta por parte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El instituto advierte que, detrás del discurso de la “alianza estratégica” y la “reciprocidad”, el borrador difundido por la Casa Blanca configura un esquema profundamente asimétrico, con compromisos concretos y costosos para la Argentina y beneficios acotados, condicionados o directamente indeterminados para Estados Unidos.
El análisis de CEPA muestra que, mientras Argentina asume obligaciones específicas en aranceles, barreras no arancelarias, normas técnicas, propiedad intelectual, acceso agrícola, estándares regulatorios, comercio digital, empresas públicas y minerales críticos, las contrapartidas estadounidenses se reducen a un conjunto de promesas generales: eliminar o reducir aranceles para ciertos recursos naturales y productos sin disponibilidad equivalente en su territorio, evaluar “positivamente” el impacto del acuerdo al aplicar medidas de seguridad nacional y considerar ampliaciones de cupos agrícolas. En términos prácticos, señala el informe, el marco otorga derechos a Estados Unidos y obligaciones a Argentina, replicando moldes de acuerdos usados por Washington con economías mucho menos industrializadas.
El capítulo arancelario es el más ilustrativo. La Casa Blanca destaca la apertura argentina para importaciones estadounidenses en sectores de alto valor agregado —medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, vehículos y dispositivos médicos— sin un correlato de acceso concreto para manufacturas argentinas. Esta asimetría se vuelve especialmente significativa cuando se observa la estructura del comercio bilateral: en los primeros nueve meses de 2025, Argentina importó desde Estados Unidos más de USD 5.000 millones en bienes industriales, mientras sus exportaciones se concentraron en petróleo, metales básicos y alimentos primarios. CEPA alerta que un mayor ingreso de bienes estadounidenses, impulsado por rebajas arancelarias, puede llevar rápidamente a la reversión del actual superávit comercial —apenas USD 360 millones hasta septiembre— y reinstalar un déficit estructural.
El agro aparece como un terreno sensible. El Gobierno celebró la posible ampliación del cupo de exportación de carne vacuna hacia Estados Unidos, de 20.000 a 80.000 toneladas. CEPA matiza: el aumento llevaría la participación del mercado estadounidense sobre el total de exportaciones argentinas de carne del 3% al 7%, y está condicionado a la aprobación del Congreso estadounidense, además de ser vulnerable a objeciones sanitarias. En paralelo, el acuerdo abre el mercado local a carne aviar, bovinos vivos, productos porcinos, lácteos y otras proteínas norteamericanas con estándares regulatorios de origen. Para el informe, esto implica un doble riesgo: competencia creciente para la producción local y una presión alcista sobre los precios internos, que tenderían a alinearse con los valores exportables.
El capítulo técnico-regulatorio es uno de los más sensibles. El marco propone que Argentina reconozca automáticamente normas y certificaciones estadounidenses para el ingreso de productos al país. En la práctica, esto implica que organismos como ANMAT, SENASA o el INTI quedarían subordinados a estándares externos, reduciendo su capacidad de control sanitario, industrial y de seguridad. La aceptación automática de normas de la FDA para medicamentos y dispositivos médicos —y de estándares de seguridad y emisiones para vehículos— representa, según CEPA, una cesión inédita de soberanía regulatoria, que podría contradecir además la normativa de armonización del Mercosur. A ello se suma el compromiso de eliminar gradualmente la tasa de estadística solo para bienes estadounidenses, pese a las restricciones de la OMC sobre tratamientos discriminatorios.
El informe también señala áreas de largo alcance: la obligación de revisar subsidios y el funcionamiento de empresas públicas podría tensionar el rol de compañías estratégicas como YPF, INVAP o ARSAT. El capítulo de propiedad intelectual, con énfasis en medicamentos y biotecnología, apunta a fortalecer la posición de laboratorios norteamericanos, restringiendo el espacio de la industria nacional de genéricos. En comercio digital, la aceptación de jurisdicción estadounidense para ciertos flujos de datos plantea interrogantes sobre privacidad, almacenamiento y regulación de plataformas.
La dimensión geopolítica aparece en el apartado sobre minerales críticos. El marco promueve la cooperación para facilitar la inversión y el comercio en litio, tierras raras y recursos estratégicos, en un contexto de disputa global por el abastecimiento. Para CEPA, esto alinea a la Argentina con la estrategia estadounidense de alejamiento de las cadenas de suministro controladas por China. El capítulo sobre uranio es aún más delicado: el informe recuerda que el recurso es clave para la soberanía energética nuclear argentina y que comprometerlo como commodity puede condicionar el desarrollo de largo plazo del sector nuclear nacional.
El documento también subraya un punto macroeconómico: la apertura unilateral de importaciones estadounidenses es incompatible con políticas de tipo de cambio competitivo. Para que los bienes norteamericanos ingresen masivamente, se requiere un peso apreciado. CEPA ve aquí una tensión con los compromisos de acumulación de reservas del FMI y advierte que la combinación de apertura y atraso cambiario podría acelerar la sustitución de producción local por importaciones, el cierre de empresas industriales y una mayor vulnerabilidad externa.
Finalmente, el informe abre una preocupación institucional. La Constitución argentina reserva al Congreso la facultad de legislar en materia aduanera, aprobar tratados y regular el comercio exterior. También reconoce a las provincias como titulares de los recursos naturales. Sin embargo, el marco fue comunicado primero por la Casa Blanca y luego por canales oficiales argentinos, sin difusión pública del texto completo ni participación parlamentaria. Para CEPA, la opacidad se asemeja al caso del swap financiero con el Tesoro de Estados Unidos, en el que —según el instituto— se evitó deliberadamente el control legislativo. La pregunta que queda planteada es si la negociación del acuerdo comercial seguirá ese mismo camino.
El resultado final dependerá de la redacción definitiva, del tratamiento en el Congreso y de la reacción de los sectores productivos, especialmente industria, farmacéuticas, agro y minería, además de las provincias dueñas de los recursos naturales. Pero la advertencia está clara: más allá de la retórica de la “reciprocidad”, lo que se perfila es un cambio estructural en las reglas de juego del desarrollo argentino, con consecuencias productivas, regulatorias y geopolíticas que merecen un debate público amplio y transparente.
