EVASIÓN

La Aduana incautó 180 toneladas de soja de contrabando en Misiones

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La Dirección General de Aduanas (DGA), en conjunto con la Gendarmería Nacional, secuestró tres camiones con 180 toneladas de soja en las inmediaciones de la ciudad de San Vicente, provincia de Misiones, cuyo valor ascendía a $ 28 millones y que se intentaba trasladar de forma ilegal a Brasil, informó hoy el organismo en un comunicado.

La mercadería fue secuestrada tras un control de transito realizado por agentes especializados de Aduana junto con Gendarmería sobre la Ruta Nacional 14 en las inmediaciones de la ciudad de San Vicente, en la provincia de Misiones.

Allí los agentes les solicitaron a los conductores los avales de la mercadería, pero la documentación -señala Aduana- “evidenciaba faltas graves”.

Entre las irregularidades, la carta de porte -documento electrónico obligatorio para amparar el transporte de granos- estaba vencida, y, por otro lado, las patentes registradas no coincidían con las que realmente portaban los camiones.

Además, se descubrió que tanto el remitente como el destinatario del envío eran contribuyentes inscriptos ante la AFIP recientemente, y estos “no tenían la capacidad económica y financiera acordes a la operación en cuestión”.

Los tres camiones llevaban 60 toneladas de soja cada uno -por un total de 180 toneladas- cuyo valor asciende a $28.272.000.

La carga se dirigía a El Soberbio, un pueblo ubicado sobre la frontera con Brasil, en la ribera del Río Uruguay, por lo que el organismo conducido por Guillermo Michel llegó a la conclusión de que la mercadería “iba camino a salir del país por la vía del contrabando”, pasando primero por un “centro de acopio clandestino”.

Como consecuencia, las autoridades secuestraron los medios de transporte y su carga; y asimismo se dio intervención al Juzgado y Fiscalía Federal de Oberá, que también ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los conductores, quienes quedaron supeditados a la causa.

No se trata del primer caso donde se intenta trasladar soja de contrabando.

El dìa anterior, agentes de la Aduana, en un operativo conjunto con la Prefectura Naval Argentina en El Soberbio, incautaron 198 bolsas de granos de soja, señaló el organismo dependiente de la AFIP en el comunicado.

La bolsas, de 8,8 toneladas, tenían un valor que ascendía a $1.400.000.

En lugar de ser trasladadas por vía terrestre, en este caso los granos de soja estaban siendo bajados de un camión a un bote en la ribera del Río Uruguay.

Al exportarse mercadería sin declarar por un paso no habilitado -en infracción al Código Aduanero-, se dispuso el secuestro de la mercadería como también la afectación en la causa judicial correspondiente de las cuatro personas involucradas en la maniobra.

Por otro lado, la DGA, en conjunto con Gendarmería, evitó la semana pasada el contrabando de 150 toneladas de soja que intentaban ingresar a Brasil, también vía Misiones a través de la Ruta Nacional 14.

Los 146.710 kilos de soja quebrada o partida a granel tenía un valor de $ 15 millones.

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Productores de tabaco avalan medidas de la AFIP para frenar la evasión

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La Federación Argentina de Productores de Tabaco, que nuclea a agricultores de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca, Corrientes y Chaco, resaltó el acierto de las medidas tomadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) destinadas a asegurar el cumplimiento de la Ley de Impuestos Internos (modificado por la Ley N° 24.674) y la Ley 19800, que ordena la recaudación y distribución del Fondo Especial del Tabaco.

Ante el reclamo de los agricultores por el no pago de los impuestos establecidos en ambas leyes por parte de empresas comercializadoras de cigarrillos -con directo perjuicio hacia los productores- la AFIP dispuso que todas las cigarreras deban tributar el Impuesto Mínimo Interno mediante un aplicativo que determina el monto según el volumen comercializado. Este aplicativo compele a todas las firmas a cumplir con los pagos para acceder a las estampillas de uso obligatorio.

Paralelamente, la AFIP y la Casa de la Moneda pondrán en vigencia un nuevo modelo de estampillas para frenar la falsificación, otra de las operatorias detectada por el organismo tributario.

Cabe recordar que en las provincias tabacaleras hay 23 mil productores registrados (al menos 15 mil de ellos pequeños agricultores) y la actividad genera trabajo para cien mil personas en forma directa.

“Los miles de productores tabacaleros de la Argentina nos sentimos escuchados después de demostrar con números el enorme perjuicio que generan las empresas cigarrilleras que se manejan al margen de la Ley. Existe una responsabilidad social de los organismos públicos para frenar el empobrecimiento de los agricultores, pero también existe una responsabilidad social de las empresas, que no pueden crecer desmesuradamente como crecieron a costas del sacrificio del que trabaja la tierra”, manifestaron.

Los productores recordaron que para no pagar los impuestos que se redistribuyen para sostener políticas públicas y mejorar el precio de la materia prima, varias empresas autodenominadas Pymes tabacaleras recurrieron a medidas cautelares ante la Justicia Federal. Sin embargo, estas cautelares fueron revocadas por la inequidad generada entre quienes sí cumplen y quienes pretenden evadir el pago. En setiembre pasado, la Cámara Federal de Rosario, Sala B, de la provincia de Santa Fe, revocó la medida cautelar concedida el 13 de enero de 2022 a favor de las cuatro empresas integrantes de Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET). Desde entonces,  Bronway Technology SA, Tabes SA, Formen SA y Cigarrillos y Tabaco SA  no tienen aval judicial para su pretensión, pero igualmente no pagan el impuesto interno mínimo. En paralelo, todas las empresas que se niegan a pagar los tributos acapararon hasta el 40% del mercado de venta de cigarrillos con productos ultrabaratos, con el consiguiente perjuicio a la salud pública, la pérdida de recursos fiscales coparticipables entre las provincias y la afectación a los productores primarios por reducción del FET.

La Federación Argentina de Productores Tabacaleros espera que estas medidas de la AFIP que pretenden asegurar la recaudación se sostengan en el tiempo para permitir la recomposición del Fondo Especial del Tabaco y de los recursos fiscales afectados, y aclaran que defenderán toda acción tendiente a salvaguardar la calidad de vida y la economía de los más vulnerables de la cadena productiva del tabaco. 

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Confirmaron el procesamiento de detenidos por megacausa de contrabando de soja a Brasil

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La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el procesamiento de los nueve imputados y detenidos por la megacausa donde se investiga el contrabando de soja ilegal a Brasil, entre ellos el exjefe del Escuadrón 9 de Gendarmería Nacional de Oberá, informaron fuentes judiciales.

Las apelaciones fueron elevadas por los defensores de los imputados, pero al ser desestimadas y ratificada la etapa de instrucción del juez federal de Oberá, Marcos Gallandat Luzuriaga, la causa quedó cerca de ser elevada a juicio oral.

La causa en cuestión comenzó a ser investigada en marzo de 2021 y en noviembre de ese año se produjeron 12 allanamientos simultáneos en distintas localidades de Misiones, entre ellas Oberá, Panambí, El Soberbio, San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande.

En los allanamientos se detuvieron a siete personas, más adelante se entregó a la justicia un octavo sospechoso, un empresario dueño de un emprendimiento turístico; el noveno imputado fue detenido en Oberá la semana pasada.

En su resolución, el juez dispuso el procesamiento con prisión preventiva de los detenidos por los delitos de “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y la participación de un agente de la fuerza de seguridad”.

En relación al exjefe del Escuadrón 9 de Gendarmería de Oberá se le agregó el delito de “cohecho pasivo, todos en concurso real”.

Otros agentes de la fuerza involucrados fueron también acusados por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Asimismo se dispuso un embargo de $3 millones a cada uno de los implicados.

El modus operandi de la organización consistía en la utilización de Cartas de Porte y Formularios CTG (Código de Trazabilidad de Granos) emitidas por personas físicas o jurídicas sin capacidad económica ni de almacenamiento, con destinaciones falsas, a través de las cuáles se hacían figurar las adquisiciones, únicamente para dar la apariencia de legalidad al desplazamiento en ruta de las cargas.

Una vez traspuestos los controles de ingreso a Misiones, las cartas de porte eran anuladas, modificadas o bien los camiones se desviaban a otros destinos de los declarados.

A su vez, los camiones transitaban con mayor peso que el declarado en las Cartas de Porte respectivas, por la falta de control del verdadero peso de los vehículos en las balanzas correspondientes.

Una vez ingresadas las cargas a Misiones, con complicidad de los agentes de la fuerza, se liberaban las rutas nacional N°14 y provincial N°2 para que los camiones cargados con soja transiten sin inconvenientes.

Cuando estos eran detenidos se ordenaba dejarlos continuar sin darse conocimiento a la AFIP, Fiscalía o al Juzgado.

Cuando las cargas a granel llegaban hasta depósitos en las zonas lindantes a las localidades de El Soberbio y Colonia Aurora, eran fraccionadas en bolsas para su posterior paso ilegal hacia Brasil por puertos no habilitados.

El perjuicio fiscal considerado por la AFIP para 2020 por evasión es de $139.652.145,35 (en concepto de IVA) y $465.507.151,16 (en concepto de Impuesto a las Ganancias).

Respecto de 2021 el perjuicio se estimó en $480.677.034,36 (IVA) y $1.605.256.781,20 (impuestos a las ganancias), a lo cual se suma el no pago de las retenciones a las exportaciones de oleaginosas y la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el blue.

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Secuestraron casi 48 toneladas de soja a granel que tenían como destino a Misiones

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Como resultado de un control llevado a cabo sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura de Oncativo, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Pilar” detuvieron la marcha de un camión con acoplado. Durante la inspección los uniformados detectaron que la documentación presentada no coincidía con la carga trasladada.

El Magistrado orientó la intervención de funcionarios de AFIP-DGI.

Personal dependiente del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María” en el kilómetro 626 de la Ruta Nacional N° 9, controlaron un rodado procedente de la ciudad de Río Segundo que se dirigía hacia la localidad de Alicia (Misiones). Al momento de solicitar la documentación, los gendarmes observaron que el remito presentado por el conductor no coincidía con la carga del camión.

Ante esta situación, el Juzgado Federal de Villa María a cargo del Dr Facundo Sadi dispuso dar intervención a AFIP-DGI y conforme a la orientación del supervisor regional de Río Cuarto, el transporte quedó en resguardo de Gendarmería Nacional hasta la interdicción.

Ayer, integrantes de AFIP-DGI procedieron a la incautación de la carga de soja entera a granel y tras el correspondiente pesaje se secuestraron un total de 47.780 kilos. El avalúo supera los 4.250.000 pesos.

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La Afip clausuró varios negocios en Misiones por emitir comprobantes no válidos como facturas

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), clausuró nueve locales comerciales ubicados en distintas localidades de Misiones, tras constatar irregularidades.

Los rubros alcanzados por las sanciones incluyen establecimientos de gastronomía, hotelería, supermercados y transporte de carga frecuentados por personas de alta capacidad contributiva.

Las principales inconsistencias verificadas por los agentes que llevaron adelante las fiscalizaciones fueron la emisión de comprobantes no válidos como facturas y la falta de registración.

Los operativos se realizaron en Posadas, Garupá, Oberá, Alem, Eldorado, Puerto Rico y Puerto Iguazú, precisó el organismo conducido por Carlos Castagneto en un comunicado.

Durante los procedimientos los agentes de la DGI comprobaron una serie de irregularidades como la falta de emisión de facturas o comprobantes equivalentes, falta de inscripción y registración, y transporte de mercadería sin respaldo documental, así como también la utilización de controladores fiscales desactualizados.

A raíz de las inconsistencias encontradas en esos procedimientos, el personal del organismo procedió al cierre de los establecimientos.

En ese sentido, las sanciones de la AFIP a estos comercios se enmarcan en la Resolución General 5115/2021, que estableció plazos para la adquisición y utilización obligatoria de ese equipamiento que reemplaza los de primera generación de 1996 y a los de segunda generación de 2013.

El nuevo controlador fiscal también reemplaza la factura en soporte papel y permite obtener el reporte de operaciones que los Responsables Inscriptos en IVA deben informar semanalmente y los Monotributistas en forma mensual.

La falta de utilización de controladores con nueva tecnología motiva la aplicación de multas y puede derivar en la sanción de clausura.

Los controles se focalizan en sectores con mayor capacidad económica y tienden a garantizar la igualdad tributaria, aclaró el organismo.

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